—Yo en ese momento me metí a la pieza cuatro con mi señora, me encerré y, por la desesperación de lo que estaba pasando, salté por el balcón hacia el primer piso y caí a la calle.
Lo que vivió L.E.P.M. forma parte de la carpeta investigativa por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma Yáñez. Su caso deja al desnudo el control territorial que ejercen bandas extranjeras en cités ubicados en pleno centro de Santiago. Pero este testimonio y este crimen no son los únicos: declaraciones recabadas tras el asesinato del turista estadounidense, Eric Garvin, apuntan a un mismo fenómeno que acarrea consigo un entramado donde confluyen el tráfico de drogas y armas, enfrentamiento de bandas rivales y homicidios.
El escenario es siempre el mismo: inmuebles, cuyas administraciones son derrocadas por la vía de la violencia para quedar en manos de organizaciones criminales. Una especie de mini-favelas que -al igual que como ocurre en Río de Janeiro- corresponden a asentamientos que, en la práctica, carecen de derechos de propiedad regulares y mantienen precarias condiciones de seguridad y habitabilidad.
Los huéspedes
5 de abril de 2023.
Minutos antes de que asesinaran al suboficial Palma, Ovicmarlixon Gárces Briceño -de acuerdo a la investigación que lidera el fiscal Felipe Olivarí- protagonizó un primer intento de homicidio. Esta vez frustrado. La víctima corresponde justamente a L.E.P.M., administrador de un cité ubicado en la intersección de San Francisco con Coquimbo.
Esa noche llegó al lugar junto a su pareja y un eventual arrendatario. Lo hicieron a bordo de un taxi. Tenía planeado mostrar la habitación a este último y -de paso- cobrar el arriendo a los que ya residían ahí. Pero fue emboscado. Los antecedentes del Ministerio Público apuntan a Ovicmarlixon y al menos otros dos sujetos también vinculados al homicidio del carabinero.
En su alocución, L. contó que en diciembre de 2022 comenzó a administrar la casa de Santiago Centro, propiedad de su jefe. Contaba con 18 piezas, las que en su totalidad eran habitadas por extranjeros a cambio de $150 mil. Eso, en la teoría:
—Nunca me pagaban lo que valía el arriendo, por lo que cada vez que iba a cobrar me pagaban lo que tenían. En ocasiones $100 mil, $30 mil. Eran variados los montos. Cuando comencé a cobrar y conocer la gente que vivía en el lugar, me di cuenta que la mayoría de las personas que vivían ahí traficaban droga —narró.
“¡Quieto, mamahuevo!”
Por un llamado telefónico que recibió de uno de los arrendatarios, L. supo que desconocidos buscaban apropiarse de la administración del inmueble. Un fenómeno que -a estas alturas- ya no es aislado.
—Me dijo que ahí el dueño era otro y que yo no volviera más al lugar.
Pese a la advertencia, el miércoles 5 de abril, entre las 20:30 y 21:00 horas, L. llegó al cité y cumplió sus labores de administrador. Una vez ahí, notó que algo pasaba: el lugar estaba silente, lo que, a su juicio, era extraño. Entró a la casa y tras saludar a la amiga de una arrendataria se pilló de frente con personas desconocidas.
—Con mi señora subimos la escalera y de la primera pieza salió una mujer a la cual no conocía (…) apenas me vio cerró la puerta y en ese momento de la pieza N°4 salió un sujeto que vestía con una polera azul, andaba con un bolso cruzado, jeans, zapatillas blancas, estatura baja, lentes tipo ópticos, pudiendo percatarme que tenía un tatuaje en el brazo derecho.
Su relato lo complementa su esposa:
—¡Quieto, mamahuevo! —dice ella que el desconocido le gritó.
No fue el único: un segundo sujeto salió al encuentro y, detrás de este, un tercero.
—En ese momento salieron más personas corriendo a tomar a mi señora y a las otras dos personas que andaban con nosotros —detalló el hombre. La emboscada estaba en curso.
Armas y narco en cités de Santiago
Precisamente, el narcotráfico y las disputas por arriendos son parte de los fenómenos latentes en la zona. Bien lo sabe el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés Bastarrica. Fue él quien estuvo a cargo de presidir la audiencia por el homicidio del turista estadounidense, Eric Garvin. Un crimen que presenta similares características al del suboficial Palma.
En medio de la formalización de los imputados por la muerte del norteamericano, el juez reflexionó sobre el impacto de la venta de drogas asociada a las bandas que operan en los cités:
—Los fenómenos delictivos en Santiago tienen como principal causa, actualmente, dos cuestiones que no han sido abordadas debidamente, ni por la legislación ni por los intervinientes del sistema penal: las bandas criminales dedicadas a la toma de inmuebles y sus posteriores arrendamientos, y todas las cuestiones relativas al microtráfico.
Según cifras del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, de un total de 167 homicidios (frustrados y consumados) registrados en 2022 en Santiago, 54 de ellos están asociado al crimen organizado.
Las disputas armadas por los arriendos incluso forman parte de los gráficos del Ministerio Público: ese mismo año, el 3% de los homicidios lo motivó este fenómeno.
Respecto a los asesinatos vinculados al tráfico de drogas o bandas ocurridos en la jurisdicción que agrupa 14 comunas, el ente persecutor identifica dos “sectores de interés” en Santiago y uno en Renca (ver foto): El Barrio Yungay y Sector Matta en la primera y la zona norte del centro cívico en la segunda.
Homicidios asociados a tráfico de drogas o bandas bajo la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
“Le dispararon a un carabinero”
De vuelta a L. Una vez fue emboscado, él y su pareja emprendieron inmediatamente la huida.
—Yo en ese momento me metí a la pieza cuatro con mi señora, me encerré y, por desesperación de lo que estaba pasando, salté por el balcón hacia el primer piso y caí a la calle. Luego sale mi mujer, también salta. Yo iba corriendo hacia el taxi cuando mi mujer estaba en el piso. Me devuelvo a verla para levantarla, pero salió el sujeto de polera azul con una pistola, me apuntó y disparó en cuatro ocasiones, por lo que al no poder acercarme a donde mi señora, corrí.
L. escapó en el mismo taxi en el que llegó. Según el conductor, en ese momento el hombre le dijo que los venezolanos querían tomarse el inmueble. Al cabo de un rato se detuvieron para chequear que estuvieran bien, bajaron del auto y advirtieron un auto azul con los vidrios abajo.
—Veo al mismo sujeto de la casa que andaba con polera azul sentado adelante, en el lado del copiloto, iba con una pistola en la mano y nos disparó desde el auto, por lo que yo me tiro al piso. Cuando me pongo de pie escucho que calles más adelante se escuchan dos disparos. Nos subimos de nuevo al taxi y nos fuimos.
Según se desprende de la indagatoria, estos últimos tiros fueron los que finalmente le quitarían la vida al suboficial Palma. Al llegar a casa, L. logró reencontrarse con su esposa, quien fue auxiliada en el lugar por un tercero. Fue ella quien le contó del homicidio del uniformado.
—Me dice que le dispararon a un carabinero, ya que a ella le dijeron que había una persona muerta y fue a ver quién era, porque pensaba que era yo. Y vio al carabinero en el piso. Estaba muerto.
“Todo un negocio detrás”
A juicio del juez Sallés Bastarrica, los hechos delictivos descritos, especialmente el microtráfico, deben verse de manera integral.
—Si se analiza como fenómeno aislado efectivamente son pequeñas cantidades de droga que se pueden emparejar, eventualmente, con un consumo. Pero si se analizan desde una perspectiva global, evidentemente trae asociado todo un negocio detrás, toda una red de protección, bandas organizadas, armamento, etcétera.
En definitiva, explica, el ilícito pone en riesgo al resto de la comunidad, porque provoca un “multiplicador” de delitos de igual o distinta naturaleza.
—Desgraciadamente es un flagelo que no ha sido abordado a cabalidad por distintas cuestiones y que ha transformado determinados barrios. Tanto en la zona céntrica de Santiago como en algunas otras zonas de la ciudad (…) Los vecinos, aquellos que no se dedican a estas actividades delictivas, son verdaderos rehenes de aquellos que poseen el poder de las armas de fuego para el control de estos territorios. Es este fenómeno el que el sistema judicial debe combatir.
Un extranjero sin identificar
14 de enero de 2023.
Eric Garvin llegó a Chile a fines de 2022 con un amigo. ¿El objetivo? Conocer distintos países de Sudamérica. Cada uno arrendó una pieza: Eric en calle Bulnes, en Santiago Centro; y su amigo, en Recoleta. El 15 se irían a Argentina a continuar la aventura, pero el plan no se concretó.
La noche de su muerte, Eric salió a comer, tomó una foto y con ello, selló su destino. Al momento de sacar su celular y posicionarlo en frente suyo, en dirección a un cité -emplazado en calle Bulnes, entre Juan Martínez de Rozas y San Pablo- se le acercó a paso apresurado un desconocido que lo apuntó con una arma. Rápidamente otros hombres intentaron meter por la fuerza a Garvin al inmueble. Fue entonces que comenzaron los disparos. Fueron seis. Dos dieron en su abdomen y uno en la pierna izquierda.
Al no saber nada él, el amigo del turista interpuso una denuncia por presunta desgracia. El 21 de enero, la Policía de Investigaciones encontró el cuerpo de Garvin en el Servicio Médico Legal.
La indagatoria por el asesinato quedó en manos del fiscal Arturo Gómez Mieres. Casi tres meses después, la PDI arrestó a dos extranjeros: Jeancarlo Huaman Malca (peruano) y César García Martínez (venezolano). En el operativo también se arrestó a un tercero, compatriota de García: un tal Ernesto Castro Pantoja, quien también ha sido identificado como Joniel Eduardo Muñoz Moreno y cuya verdadera identidad aún debe ser determinada. Sea como sea, tanto a él como a García Martínez, se les investiga por otro homicidio registrado en la zona. Esta vez la víctima, también del país caribeño, murió tras recibir 19 tiros.
Como soldados
Fue el propio persecutor Gómez quien en la audiencia de formalización de los imputados, vinculó el caso al control armado de inmuebles en la zona.
—Aquí hay una serie de cités que están tomados por una banda peruana que se denominan “Los del Bulnes” o “Los del portón”, por un portón alusivo que hay acá (…) Al ser toma, ellos cuidan y vigilan como soldados que no ingresen otras personas a tomarse estos cités —sostuvo.
Una testigo protegida así lo confirma. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, en el barrio hay, a lo menos, una organización criminal que no sólo se preocupa de proteger y ejecutar las tomas, sino que también trafican y portan armas automáticas.
Los organismos involucrados en la investigación lograron acreditar, por ejemplo, que dos pistolas utilizadas en el asesinato de Eric participaron de otros asesinatos. Una en tres y otra en dos.
Según el Informe de Homicidios de 2022 de la SACFI Centro Norte, las armas de fuego figuran como el elemento más utilizado para cometer homicidios (consumados y frustrados), tanto en 2021 (44%) como en 2022 (48%). Le sigue el arma blanca: 42% en 2021 y 38% en 2022.
De acuerdo a la jefa de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, fiscal Tania Sironvalle, estas cifras, junto con detectar el aumento de la cantidad de imputados desconocidos asociados al delito de homicidio bajo hipótesis de bandas criminales, preocupan al organismo.
—Este estudio empezamos a realizarlo con nuestros analistas criminales y el equipo de trabajo de la Fiscalía SACFI Centro Norte el año 2021 (…) El informe sobre 2022 nos permitió tener ciertas conclusiones que nos alarmaron respecto al aumento de homicidios con armas de fuego y homicidios además vinculados a bandas criminales —advierte.
Fue por esto, comenta, que el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, reforzó el equipo de trabajo. Así, aumentó el número de persecutores, abogados asistentes y apoyos administrativos. A partir de este 10 de abril, los profesionales además investigan en profundidad los homicidios vinculados al crimen organizado.
En 2022, el 25% de los imputados por homicidio en la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte fueron extranjeros (11% más que en 2021). Las nacionalidades más frecuentes son: peruana (20), venezolana (19) y colombiana (13). En tanto, el 67% de los investigados correspondió a chilenos y el 8% a imputados sin identidad confirmada.
De acuerdo al análisis del Ministerio Público, los motivos detrás de los asesinatos varían según la nacionalidad del imputado:
Imputados chilenos
Primer motivo: VIF o violencia de género (17% de los homicidios)
Segundo motivo: Riña (16% de los homicidios)
Tercer motivo: “Otro”, “Sin información” y problemas de convivencia vecinal (12% de los homicidios, cada uno).
Imputados peruanos
Primer motivo: “Sin información” (40% de los homicidios)
Segundo motivo: Problemas de convivencia vecinal, Robo y VIF o violencia de género (15% de los homicidios, cada uno)
Tercer motivo: Asociado a tráfico de drogas o bandas (10% de los homicidios).
Imputados venezolanos
Primer motivo: Asociado a tráfico de drogas o bandas (32% de los homicidios)
Segundo motivo: Robo (21% de los homicidios)
Tercer motivo: VIF o violencia de género (16% de los homicidios).
Imputados colombianos
Primer motivo: VIF o violencia de género (39% de los homicidios)
Segundo motivo: “Otro”, riña y robo (15% de los homicidios, cada uno)
Tercer motivo: Asociado a tráfico de drogas o bandas y problemas de convivencia vecinal (8% de los homicidios, cada uno)
“La Fortaleza Narco”
Es tal la magnitud de lo que ocurre en el cité de Bulnes con San Pablo, que este sector del Barrio Yungay pasó a ser llamado “La Fortaleza Narco”. Torres de vigilancia conforman un deteriorado paisaje ubicado sólo a ocho cuadras de la residencia personal del Presidente Gabriel Boric.
Sólo entre 2022 y el pasado 4 de marzo, en la misma cuadra donde mataron a balazos al estadounidense amante de los viajes, hubo nueve asesinatos. La cifra, informada por el Ministerio Público durante la audiencia, incluye el crimen de Garvin.
Al igual que en la casa donde ocurrió el homicidio frustrado de L.E.P.M., en este caso los arriendos de habitaciones bordean los $100 mil mensuales. Sus huéspedes son también principalmente migrantes que llegan a Santiago.
El pago de los alquileres se transformaron justamente en un botín preciado para estas bandas. Un reportaje de T13 vincula este fenómeno con el homicidio del ciudadano peruano Edwin Yoni Jara Huerta. Lo encontraron quemado al interior de un auto en San Joaquín. ¿Los responsables? Sus compañeros de banda que en algún momento estuvieron bajo su mando.
El pasado 7 de marzo, un incendio afectó a parte de su estructura. Pero eso no impidió que la banda siguiera operando en el lugar.
Fuentes cercanas a la investigación advierten que todo sigue igual: “Ha existido rotación de sujetos, pero la dinámica delictual es la misma”.