“Los resultados de todas estas diligencias descritas, son ilegales, como consecuencia inválidos y en definitiva inservibles para la indagatoria. De hecho, varios de ellos debieron repetirse”.

Esta es una de las conclusiones que constan en sendos informes elaborados por la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, en los que se enumeran los “graves” e “inexcusables” errores cometidos por la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Médico Legal (SML) y el propio Ministerio Público en el denominado caso Tomás.

Los documentos -a los que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– fueron solicitados por la defensa del único imputado y tío abuelo del menor, Jorge Escobar Escobar, y develan un actuar negligente de los organismos. Una concatenación de equivocaciones y negligencias que finalmente provocó que hasta la fecha no se tenga un culpable.

Muestras degradadas por su mala conservación, peritajes realizados por profesionales con falta de experiencia, con poca prolijidad y con juicios “altamente cuestionables”, figuran en lo que la propia Cartagena calificó como una “comedia de errores espantosos”.

“Injustificable desde cualquier metodología”

El 26 de febrero de 2021, la doctora Carla Aldana Saavedra fue una de las primeras personas que se constituyó en el sitio del hallazgo. En su calidad de legista del Servicio Médico Legal, y al mismo tiempo, de la Brigada de Homicidios de Concepción, se encargó de tomar las primeras muestras.

Según detalla la fiscal Cartagena, a simple vista, y sin ninguna prueba biológica, la profesional emitió su primer juicio que descartó un ataque sexual. Por lo mismo, la legista no permitió a sus colegas de la PDI recoger muestras relacionadas a un ultraje.

“Lo anterior es muy grave, imposible para el más brillante de los peritos-médicos. Injustificable desde cualquier metodología posible”, reprocha el documento.

Doble vinculación

A juicio de la persecutora, esto “se torna peligroso”, especialmente al considerar que dicha impresión fue escuchada “por todo el personal BH que la acompañó” y la predispuso a ella y a quienes la escoltaron en la diligencia.

El trabajo de la doctora no terminó ahí. Fue ella misma quien se encargó de realizar la autopsia, lo que según fiscalía provocó una doble vinculación con la investigación, y por ende, debía abstenerse.

Aldana también descartó realizar una autopsia bucal, incluso cuando el odontólogo forense de SML, Manuel Maurelia, le recomendó hacerla antes que cualquier otro examen.

“Eliminó la posibilidad de encontrar uno o más perfiles de sus atacantes”

La comedia de errores continuó. De acuerdo al documento, las ropas del menor terminaron en un embalaje defectuoso, desencadenando que cualquier muestra de ADN que hubiese en ellas se desgradara. Incluso, hubo vestigios que no fueron encontrados durante los primeros análisis, por la falta de experticia de la policía que se quedó con ella.

En efecto, varias de estas pruebas biológicas, levantadas mediante tórulas, pasaron inadvertidas en los primeros exámenes practicados. Esto agotó completamente las muestras sin dejar ningún excedente para pericias futuras.

En este escenario, más de un año después, los investigadores se vieron en la obligación de revisar los envoltorios de dichos hisopos, confirmando que sí existía presencia de ADN de un adulto.

Todas estas faltas fueron tan graves que eliminó la posibilidad de encontrar uno o más perfiles de sus atacantes.

Situación similar ocurrió con otras muestras biológicas. Todas fueron puestas en un mismo recipiente que fue imposible identificar a qué pertenecía cada una. Lo mismo sucedió con los excedentes de sangre: se almacenaron de forma tan incompetente que terminaron descompuestos.

“Experiencia reducida”

Los estudios histopatológicos sufrieron el mismo derrotero: lo normal es que se deriven a la región de La Araucanía donde existen dos médicos de esta área. Pero las muestras fueron a parar a Antofagasta para que una profesional, a honorarios, las revisara.

Según corroboró la fiscalía, la legista no registra ninguna especialidad médica en la Superintendencia de Salud, menos la que se requería: anatomopatóloga. La profesional tiene una “experiencia reducida”, remata el informe.

Lo anterior llevó a que tuviera que hacerse un nuevo estudio con tres profesionales, donde echaron por tierra las conclusiones de esta médica. Los nuevos resultados arrojaron que hubo intervención de terceros y una posible manipulación del cuerpo post mortem, lo que no había sido advertido en una primera instancia.

Caso Tomás: pericias inservibles

La Brigada de Homicidios de la PDI también fue cuestionada por su actuar. Los documentos detallan que “hubo una inexplicable reticencia a considerar sospechoso (a Jorge Escobar)”. Esto, porque después de cuatro días de encontrado el cuerpo, recién se puso resguardo policial al tío abuelo.

“Al no vigilar sus movimientos durante ese espacio temporal se dejaron abiertas dudas acerca de si pudo desplazarse, vincularse al NNA o su cuerpo, lo que a estas alturas nos consta que ocurrió”, sentencia el texto.

También hubo un ambiguo tratamiento por parte de la Brigada de Homicidios hacia Escobar. De partida, porque todas las pericias y declaraciones que se le tomaron no fueron bajo la calidad de imputado. Por lo tanto, hubo violación de garantías y resultaron inservibles para la investigación e inválidas para la imputación de cargos y en un eventual juicio.

“Si el personal policial estimó y estaba convencido de que el tío abuelo, no era sospechoso, ni sujeto de interés en la investigación, estás pericias no debieron realizarse a su respecto”, explica el documento.

El mapa

Un caso concreto es cuando a Escobar se le incautó un mapa realizado a mano alzada que dibujaba trazos del camino que supuestamente recorrió junto al pequeño. Adjuntado a eso iba un informe de pericia caligráfica del mismo. Como nunca le leyeron los derechos como imputado ni reconocieron que fue ordenada por la fiscal Cartagena, su uso fue invalidado para la imputación de cargos por estas irregularidades.

A eso se suma otro desacierto de la policía, que fue considerar el último punto de avistamiento donde se vio al niño, sólo con el testimonio del tío abuelo. La BH tomó de “forma ciega, absoluta e indiscutida” ese sector para armar sus informes, planos y mediciones.

“Lo anterior es un error grueso e inexcusable (…) Salvo los dichos del tío abuelo, no hay ningún otro antecedente que le dé a ese lugar alguna certeza. Por el contrario, a estas alturas, todo indica que el señalamiento de ese punto por parte del tío abuelo fue instrumental y dirigido a desviar la atención policial de otros sectores, objetivo que se cumplió”.

Predisposición de BH en el caso

Cuando apareció el cuerpo del niño, el fiscal José Ortiz ordenó la detención inmediata del tío abuelo, pese a que BH le advirtió que no lo hiciera. Era un error y un inconveniente. Lo hizo igual.

A juicio de Cartagena, esto no sólo representó una equivocación del persecutor, sino que también fue el punto de quiebre entre la relación profesional de ambos organismos.

“Este hecho marcó definitivamente y de forma negativa la predisposición del personal BH-PDI para con la fiscalía y los fiscales y también para con la indagatoria”, acota.

Incluso, Cartagena en los documentos desclasifica una reunión que sostuvo con esa institución y quien por entonces era el jefe de todas las Brigadas de Homicidios de Chile, prefecto inspector Juan Carlos Carrasco.

De acuerdo a lo expresado por la persecutora, el detective intervino de forma “inadecuada, irrespetuosa y absolutamente dañina”.

En concreto, Cartagena sostiene que Carrasco les hizo saber “que la investigación ya está aclarada” y que -a partir de ese momento- todas las actuaciones “fueron realizadas bajo la absoluta convicción de que el niño se había perdido solo y había fallecido al margen de la intervención de terceros”.

“Tenemos pocas dudas que si la cabeza de las BH de Chile se dirigió de esa manera a la fiscal regional, titular y cabeza de la investigación, poco podía esperarse del futuro vínculo con la BH local, subordinada al prefecto inspector Carrasco”, sentencia.

Sin respuestas

Requeridos por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la PDI declinó emitir un pronunciamiento. Misma postura tomó el SML de Concepción, quienes aseguraron no tener conocimiento de los informes.

La Defensoría Penal Pública del Bío Bío tampoco se refirió. A su juicio, se trata de “una investigación que, pese a la orden de la Corte Suprema de ser cerrada, sigue abierta. Esos informes son sólo parte de la larga lista de errores en la imputación formulada a don Jorge Escobar”.