Una nueva cadena de negocios vinculado al tráfico y blanqueo de madera robada quedó expuesta, luego de la caída del empresario Walter Araneda Parra en el megaoperativo de Contulmo.
Según antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, el nombre del empresario figura -a juicio del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos (SII)- en la cúspide de una organización, cuyos nexos se extienden hasta la gran industria y compañías exportadoras.
De acuerdo a la indagatoria conjunta de ambos organismos, Araneda Parra empleó un modus operandi consabido en el negocio: ocupar guías de despacho y facturas falsas, para ingresar al mercado formal productos obtenidos de manera ilícita.
Su entramado también consistía en trabajar coordinadamente con personas de confianza que lo apoyaban sorteando bloqueos y controles policiales. Así, le era más fácil extraer madera ilegal de predios en conflicto.
Los siete clientes
Un informe contenido en el expediente investigativo -al que accedió este medio- devela que los productos explotados “en negro” por el empresario fueron a parar a siete firmas que no sólo mantienen operaciones formales sino que corresponden a destacadas compañías del rubro.
Los investigadores estudiaron los movimientos comerciales de Inversiones Forestales Los Coigües, la misma que -según el SII- es “administrada de hecho” por Walter Araneda. ¿El periodo de estudio? Enero de 2018 a mayo de 2022.
Así, el principal comprador corresponde a la Sociedad Forestal e Industrial MBM Limitada, con sede en Los Ángeles. Según constató BBCL, la firma fue constituida en junio de 2001 por Rodrigo Muñoz Galaz y concentró el 47,2% de las ventas de Araneda.
Un documento reservado del OS-9 de Carabineros constató que a las bodegas de la empresa, con casa matriz en Avenida Las Industrias, fueron a parar dos camiones propiedad del imputado. Fue él quien coordinó la salida de los vehículos cargados con madera desde un predio forestal custodiado por una comunidad mapuche.
A la policía le llamó la atención que el remolque de uno de los camiones era de la propia MBM, lo que revelaba un grado de cercanía entre ambos comerciantes.
Ahora, consultado por BBCL Investiga, Rodrigo Muñoz Galaz, gerente general de MBM, reconoció los negocios con Araneda, pero descartó haber tenido conocimiento del origen ilícito de la materia prima.
“Si hubiera estado al tanto del origen ilegal de la madera no la habría comprado”, dice hoy tras conocer la formalización de su exsocio.
El mismo Muñoz Galaz forma parte de Forestal Demian Spa, el cuarto comprador con mayor participación (8,2%).
“Fuimos víctimas”
A MBM le siguen la Forestal FC SpA (12,2%) y Tulsa S.A. (9,9%). Esta última corresponde a una compañía dedicada a la fabricación y exportación de paneles para la construcción. Fue fundada en 1994 por empresarios chilenos y estadounidenses que asentaron la sede de la compañía en Lota. Su nombre lo tomaron de la ciudad homónima emplazada en Oklahoma.
Luego de que explotara el caso, esta misma se declara como una “víctima” de las operaciones de Araneda. Requeridos por este medio, indican que según sus registros, adquirieron desde la empresa de Araneda trozos de madera entre diciembre de 2018 y octubre de 2019.
“Bajo los estándares en esos años para revisar el origen de la madera, contamos con la escritura de propiedad de aquel bosque y la respectiva Norma de Manejo aprobada por Conaf”, explican.
De este modo, aseveran que ante los riesgos por este delito, desde 2020 la empresa “implementó un sistema y aplicación que permite tener estricto control mediante GPS del lugar en que se despacha la madera, además del camión y conductor que transportan los trozos a nuestra planta de tableros en Colcura”.
El quiebre con Forestal Arauco
A todos los anteriores se suma la segunda empresa del rubro más grande del mundo: Forestal Arauco S.A.
La firma, propiedad de la familia de Anacleto Angelini, concentra casi un 4% de las operaciones de Araneda, aunque con una salvedad: cortaron todo vínculo tras percatarse que la madera que le compraron podría haber sido robada a ellos mismos o a sus competidoras.
El quiebre entre Araneda y la transnacional chilena quedó registrada en una intervención telefónica en la que el imputado le hizo saber a un hombre identificado como “Ricardo” que Forestal Arauco le “cerró el contrato por maderas ilícitas” y que no puede “hacer nada por el momento”, ya que toda la madera que se vende en el sector donde vive es de origen ilegal.
Desde Arauco detallan que en 2020 tuvieron “una compra menor” con Los Coigües SpA, equivalente a 200 metros de madera. Algo así como ocho camiones. Según sus registros, esto se traduce en un 0,001% de su abastecimiento total de ese año.
“Esa fue la primera y única compra que se registra con ese proveedor hasta el día de hoy, ya que a los pocos días, tras detectarse inconsistencias en la procedencia de la carga, se tomaron las medidas antes indicadas, de manera que hace más de tres años no existe relación alguna con dicho proveedor, lo que da cuenta de la efectividad de nuestro sistema de trazabilidad y de los controles implementados”, acotan.
Hoy, Forestal Arauco es uno de los querellantes en la causa que se tramita ante el Juzgado de Garantía de Cañete, puesto que también fue víctima de la sustracción de madera desde sus predios.
Los últimos de la lista
El listado lo completan Forestal Los Andes SpA (3,6%) y Forestal Collicura Limitada (2,6%). La primera fue fundada en octubre de 2016 en Temuco, mientras que la segunda hizo lo propio una década antes, en 2006, en Concepción.
Desde esta última compañía reconocieron haber mantenido vínculos comerciales con Los Coigües, pero sólo durante seis meses, entre agosto de 2019 y enero de 2020.
A modo de prevención, la firma asegura que endureció ese mismo año sus sistemas de trazabilidad, incluyendo servicios de georreferenciación para evitar verse vinculados a este tipo de situaciones.
Del listado de clientes de Los Coigües, dos corresponden a socios de la Corporación de la Madera (Corma): la Forestal Arauco y MBM.
Al respecto, desde la principal agrupación gremial del rubro aseguran valorar la labor de los investigadores.
“Como gremio confiamos y valoramos en el trabajo de las instituciones, en su minuto fue el parlamento con la promulgación de la ley robo de madera, y en este caso son las policías y el Ministerio Público, que con su labor, están contribuyendo al esclarecimiento de los hechos relacionados al robo de madera”, dice Alejandro Casagrande, presidente de la Corma para las regiones del Bío Bío y Ñuble.
“Junto a ello, queremos expresar nuestro total repudio frente al accionar de las bandas organizadas relacionadas al robo de madera, las que usan la violencia y el engaño para realizar sus ilícitos y con ello afectando el bienestar y la calidad de vida de miles de personas que conviven a diario con miedo. Miedo de no regresar a sus casa, miedo a perder sus cosas, miedo a perder la vida”, sentencia.
“Bastaba una guía de despacho”
Tal como reveló la Unidad de Investigación de BioBioChile, la asociación de Araneda incluso contó con la protección de la comunidad mapuche Leviqueo.
Escuchas telefónicas dejaron en evidencia que la colectividad negoció con el empresario la explotación de un predio en conflicto y, peor aún, participó de la quema de dos camionetas policiales cuyos ocupantes eran carabineros de civil que vigilaban de cerca los movimientos del comerciante.
Los nexos del imputado que este jueves fue puesto a disposición de la justicia, sin embargo, no quedan ahí e incluso podrían haberse extendido hasta la propia policía.
Al menos así se desprende de una intervención a su celular personal registrada el 15 de junio de 2020, cuando Walter se comunicó con una voz masculina sin identificar. En la ocasión, le señaló al desconocido que -por medio de un amigo- averiguó con Carabineros cómo evitar ser detenido mientras transportaba madera “en negro”. Bastaba con transitar con una guía de despacho a bordo del camión y que ni siquiera era necesario acreditar la legalidad de los productos para zafar de los controles, le hizo saber.
Repartija de millones
Las bicicletas económicas del imputado también forman parte de la carpeta investigativa. Un oficio reservado de la Unidad de Análisis financiero (UAF) cifró las salidas en efectivo de Los Coigües, entre 2019 y 2021, en $614 millones.
El organismo especializado contabilizó, durante el periodo analizado, transferencias a cuentas de esa misma sociedad y de siete familiares directos e indirectos de Araneda Parra, por un total de $75 millones. Todo ello, “sin que se pudiese establecer una razón de negocio” para dichos movimientos.
El análisis también contempló las entradas y salidas de una cuenta personal del empresario. Sólo entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 recibió más de $227 millones de parte de Los Coigües.
De la misma cuenta salieron millonarios depósitos a personas de confianza del comerciante. A saber: $16,2 millones a la expareja y la madre de sus hijos; $6,1 millones a su hermano; $8,5 millones al representante legal de Los Coigües y chofer de unos de los camiones de Araneda; $12,3 a la madre de este último; $37,7 millones a su contador Guillermo Meza; y 10,1 millones a uno de sus choferes y operadores.
Al tribunal
Así las cosas, se espera que este viernes se conozcan las medidas cautelares que recaerán sobre Araneda, tras la audiencia de formalización de este jueves que se extendió por más de siete horas.
Junto al empresario, cayeron otras 10 personas: su contador Guillermo Meza (un viejo conocido) y Ricardo Escobar, dos de sus principales colaboradores. A ellos se suman la madre del primero, Verónica Parra.
En la misma calidad aparecen Gloria Cheuquelao y Zunilda Arellano, además de los choferes y mecánicos Felipe Videla, José Flores, Eduardo y Lucas Valencia, y Sebastián Toledo.