Zoom a la libertad condicional: menos beneficios, ministros y jueces bajo la lupa y aumento de amparos

Al buscar en el sitio web del Poder Judicial el nombre de Adalio Mansilla Quinchamán (29) arroja una serie de coincidencias. Todas causas penales por graves delitos que tienen a Mansilla como principal imputado. Y condenado. Según los registros, su ingreso al circuito delictual se puede situar en 2009, año en que registra una causa por “homicidio en riña o pelea”. De ahí en más sólo siguió acumulando procesos.

Un pequeño resumen: en 2010 fue condenado a cinco años de internación en régimen cerrado con Programa de Reinserción Social por el delito de homicidio calificado; en julio de 2015 fue condenado a 10 años y un día por homicidio; en diciembre de ese mismo año, a través de un procedimiento abreviado, fue condenado a 541 días de cárcel por lesiones menos graves; y así suma y sigue.

Pero pese a la larga lista de delitos que acumuló a sus cortos 29 años, Adalio recuperó su libertad. Lo hizo en octubre de 2021 junto a otros cinco presos a los que la Comisión de Libertad Condicional que funcionó al interior de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas les concedió su solicitud de libertad condicional. No obstante, el joven puntarenense no duraría mucho en las calles del extremo sur. Un nuevo homicidio a mediados de enero de 2023 lo traería, nuevamente, a las secciones policiales de diarios y noticiarios.

El inicio

Dos veces por año quienes están privados de libertad pueden postular al beneficio de la libertad condicional. Abril y octubre. Primer y segundo semestre. Para acceder a él, los internos deben cumplir una serie de requisitos establecidos en el Decreto Ley 321 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que regula la materia. “La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración de la pena”, señala desde un inicio el citado cuerpo legal.

El público objetivo de dicho beneficio es toda persona condenada a una pena privativa de libertad de más de un año de duración que cumpla los siguientes beneficios: haber cumplido la mitad de la condena impuesta por sentencia definitiva; mantener conducta intachable durante el cumplimiento de dicha pena, es decir, contar con nota “muy buena”; y con un informe de postulación psicosocial favorable de Gendarmería de Chile, el que no es vinculante.

También hay matices. Por ejemplo, las personas condenadas a presidio perpetuo calificado podrán postular a este beneficio transcurrido los 40 años de privación de libertad, mientras que quienes hayan sido condenado sólo a presidio perpetuo podrán hacerlo tras 20 años tras las rejas. ¿Quién decide sobre las postulaciones? El artículo 4 del Decreto Ley 321 señala que la postulación de los internos a este beneficio será resorte de la Comisión de Libertad Condicional.

La mencionada comisión funcionará en cada respectiva Corte de Apelaciones del país los primeros quince días de los meses de abril y octubre de cada año. La misma, estará compuesta por un ministro del tribunal de alzada y cuatro jueces de juzgados de garantía o tribunal oral en lo penal, elegidos previamente por la Corte. Un dato. A diferencia del resto del país, la Comisión de Libertad Condicional que funciona al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago está integrada por 10 jueces.

En octubre de 2021 fueron 30 las solicitudes que revisó la Comisión de Libertad Condicional que sesionó al interior de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. De estas, seis se otorgaron, el 20%, una de ellas la de Adalio, y 24 fueron rechazadas. Nadie imaginaría lo que vendría. Adalio fue detenido el pasado martes 17 de enero por el homicidio del joven estudiante Roberto Verdugo (21), quien fue descuartizado al interior de una casa de la población Nelda Panicucci. Adalio está confeso.

Casos como este ponen en el ojo del huracán las solicitudes que conceden las comisiones de libertad condicional. Bajo este contexto, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío solicitó a todas las Cortes del país las cifras de solicitudes recibidas en el periodo 2016 y 2022, desagregando el dato entre las concedidas, rechazadas y en las que se omitió pronunciamiento. Respondieron de Iquique, Antofagasta, Santiago, San Miguel, Valparaíso, Rancagua, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. ¿Cómo han evolucionado? A continuación la respuesta.

De norte a sur

En los últimos siete años la Comisión de Libertad Condicional que funciona al interior de la Corte de Apelaciones de Iquique revisó 2.542 solicitudes de internos de la región. De estas, 1.135 fueron concedidas, lo que se traduce en un 44,6%, y 1.406 fueron rechazadas, el 55,3%. Al desglosar las cifras por periodo, el año en que más solicitudes ingresaron a la comisión fue el 2021. Aquel periodo se revisaron 603 peticiones, donde solo fueron concedidas 29, un 4,8%.

Un poco más al sur de Iquique, en Antofagasta, la comisión al interior de la Corte de Apelaciones de la ciudad puerto analizó 3.083 solicitudes entre 2016 y 2022. De ellas, 1.539 fueron acogidas, el 49,9%, casi la mitad de internos que buscaron salir de la cárcel, y 1.469 rechazadas, el 47,6%. En el mismo periodo se decidió omitir pronunciamiento en 75 casos. Al examinar los números de la segunda región se pueden advertir dos situaciones.

La primera de ellas apunta a que el número de solicitudes no ha variado en demasía entre 2016 y 2022. El peak en el periodo analizado ocurrió en octubre de 2021 con 300 peticiones, versus abril de 2019 donde solo 153 internos buscaron abandonar su régimen cerrado. Lo que sí ha variado es el número de solicitudes acogidas. Por ejemplo, entre 2016 y 2018 se ve que, salvo en octubre de 2016, en todos los procesos más de 100 internos recibieron el beneficio, situación que no se repite frecuentemente desde 2019 en adelante.

Centro

Es la Comisión de Libertad Condicional que sesiona al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago quien más solicitudes ve. La razón, por los números, es simple. Según cifras de Gendarmería de Chile, la región Metropolitana es la zona que más internos tiene bajo sistema cerrado. Al 31 de diciembre de 2022, el número de reclusos era de 17.325.

En ese contexto, entre 2016 y 2022 la cantidad de postulaciones que conoció la comisión del tribunal capitalino fue de 19.914. De ese cuantioso número solo 2.951 personas accedieron al beneficio, el 14,8% del total. Y, al alero de la estadística, cada año la Corte capitalina hace más restrictiva la libertad condicional. Esto porque si en 2016 se otorgaron 1.011 libertades, en 2022, sumando ambos semestres, la cifra fue de 46 solicitudes concedidas. Lo mismo se puede ver en 2021 cuando se otorgaron 78 beneficios.

Su par de región, la Corte de Apelaciones de San Miguel, no se queda atrás. En los siete años analizados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, la comisión de la Corte sanmiguelina revisó 2.511 solicitudes. De estas, concedió 982, el 39,1%, y rechazó el 60%. Una Corte restrictiva, al alero de los números. Al igual que los tribunales del norte, cada año esta comisión otorga menos beneficios. Y es que si en 2018, de un total de 322 solicitudes de libertad condicional, la comisión concedió 247, un 76,7%, el año 2022, de 454, la instancia accedió a 14. Un notable descenso.

Más al sur, otra comisión que analiza y resuelve un importante número de solicitudes es la que funciona al interior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la misma que en 2016 le otorgó el beneficio de la libertad condicional a Hugo Bustamante. Al igual que Adalio, Bustamante -de amplio prontuario- reincidió: en 2020 asesinó y violó a la joven Ámbar Cornejo (16) en Villa Alemana, un caso que conmovió al país y que escaló al nivel de una acusación constitucional contra la ministra que presidió la comisión aquella fecha: Silvana Donoso Ocampo.

Bustamante recibió el beneficio durante el primer semestre de 2016, cuando se revisaron 875 solicitudes. De estas, se concedieron 788, es decir, el 90%. La segunda parte del año ingresaron 398 peticiones, de las que se aprobaron 340, un 85,4%. Un dato de la causa. Desde que el caso de Hugo Bustamante se hizo público en 2020 se puede advertir una importante disminución en el otorgamiento de las solicitudes de libertad condicional en la región de Valparaíso.

En el análisis macro, entre 2016 y 2022 la Comisión de Libertad Condicional que sesiona al interior de la Corte de Apelaciones de la quinta región ha revisado 6.420 solicitudes. Al desmenuzar la cifra podemos ver que se han concedido 2.452 solicitudes, un 38,1%, y 3.968 han sido rechazadas, un 61,8%. Tras sortear la acusación constitucional en su contra, que pasó la valla de la Cámara de Diputados, pero no la del Senado, la ministra Donoso dijo a Revista Ya: “Yo tengo mi conciencia más que limpia”.

En la región de O’Higgins, la Comisión de Libertad Condicional que sesiona al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua conoció entre 2016 y 2022 un total de 3.538 solicitudes. Durante dicho periodo 686 internos recuperaron su libertad a través de este beneficio, un 19,3%, mientras que 2.797 presidiarios vieron truncada su petición, 79%. En el mismo tiempo se puede observar que en 55 casos el tribunal de alzada rancaguino omitió pronunciamiento.

Sur y extremo sur

También contestó el requerimiento de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío la Corte de Apelación de Concepción, en la región del Bío Bío. La comisión que sesiona al interior de dicho tribunal ha analizado y zanjado 3.276 solicitudes de libertad condicional, de las cuales ha concedido 1.372, un 41,8%, y rechazado 1.807, un 55,1%. Al igual que el resto de las Cortes analizadas, en Concepción se puede ver que desde 2020 en adelante el número de solicitudes concedidas ha disminuido a dos dígitos.

Más al sur, en Puerto Montt, la comisión al interior de la Corte de la región de Los Lagos ha revisado 2.060 solicitudes de libertad condicional. En contexto: al 31 de diciembre de 2022, la zona registraba, en los sistemas de Gendarmería, a un total de 2.308 internos bajo sistema cerrado. En ese sentido, de las peticiones conocidas, la Comisión de Libertad Condicional concedió 614, un 29,8%, y rechazó 1.446, es decir, un 70,1%.

En el caso de Puerto Montt las solicitudes concedidas han disminuido considerablemente, mientras que -como en todas las Cortes en cuestión- las peticiones no han variado demasiado. Por ejemplo, durante el año 2016 de los 424 internos que buscaron su salida bajo este beneficio, 237 lo consiguieron. Seis años después, en 2022, de las 373 solicitudes, sólo cinco fueron concedidas.

Ya en el extremo sur, en Punta Arenas, la comisión al interior de la Corte de la región de Magallanes ha revisado 574 solicitudes. De estas, concedió 242, un 42,1%, y rechazó 328, un 57,1%. Dentro de las peticiones aceptadas está, precisamente, la de Adalio Mansilla. Y es que el joven puntarenense se encuentra confeso y en prisión preventiva al interior de la cárcel de la ciudad.

¿Se podría haber evitado su tercer crimen? Según reveló el diario La Prensa Austral, el informe psicosocial elaborado por Gendarmería, al momento de su postulación, dio cuenta que Mansilla presentaba “un riesgo medio de reincidencia”. Pese a esto, la comisión que analizó su caso, compuesta por la ministra Marta Jimena Pinto, e integrada por los jueces de juicio oral Jaime Álvarez, Guillermo Cádiz y Constanza Sutter, y el juez de garantía, Ricardo Larenas, estimó otra cosa. Por tres votos contra dos Adalio recuperó su libertad.

¿Qué hay detrás de la baja?

Quien ha investigado el beneficio de la libertad condicional es la académica Catalina Droppelmann, directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Una reciente investigación, titulada “Libertad Condicional en Chile: Análisis de una reforma en curso”, de la que la psicóloga y Doctora en Criminología de la Universidad de Cambridge es parte, da cuenta de cómo han variado las solicitudes de libertad condicional que año a año resuelven las Comisiones de Libertad Condicional.

El documento, que forma parte de un libro que se lanzará este mes, señala que el caso de Ámbar Cornejo marcó “un precedente importante en la manera en cómo jueces y juezas que participan de las Comisiones de Libertad Condicional vieron su trabajo expuesto de manera pública, pudiendo ser cuestionados y juzgados por sus decisiones en tales instancias”.

Asimismo, uno de los hitos del mismo artículo, al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, es el aumento de las libertades condicionales a través de recurso de amparo, pasando del 43% en 2020 al 61% en 2022. ¿Qué explicaría esto? “Algunos participantes del estudio refieren el rol que han jugado los casos mediáticos que han aparecido en la prensa”, señala. Y agrega que “la mayoría de las personas entrevistadas identificaron al caso de Ámbar y la posterior acusación constitucional como un hito que resintió la labor de los jueces y juezas al interior de las comisiones”.

A raíz de este negativo hito, la publicación menciona que “las comisiones han sido más cautelosas en la entrega de libertades condicionales, dejando muchas veces los casos que consideran complejos a la decisión de la Corte de Apelaciones respectiva”. En el mismo sentido, añadió que “para algunos jueces el episodio de la acusación constitucional también sirvió para que las comisiones argumentar de mejor manera sus decisiones, lo cual implicó profundizar más en los informes de postulación, aumentando los rechazos y motivando la presentación de recursos de amparo”.

Dentro de las conclusiones que expone el estudio, precisa que “las numerosas modificaciones aplicadas a la Libertad Condicional han resultado en un progresivo incremento de las restricciones a su postulación y una consecuente disminución de su concesión, perdiendo con ello, parte importante de su naturaleza como mecanismo progresivo de cumplimiento de pena orientado a la reinserción social”.