Expulsado del Ministerio Público terminó un funcionario administrativo de la Fiscalía Local de Alto Hospicio, luego de que se descubrieran sus vínculos con el denominado grupo “K-Pop Primera Línea” de Iquique. Una organización que más tarde se haría conocida como la responsable de perpetrar varios de los ataques que convirtieron a la avenida Héroes de la Concepción en la “zona cero” del estallido social iquiqueño.

La historia de Eduardo Meneses Santis quedó plasmada en un expediente administrativo de 320 páginas, al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile. En él, se le acusa, a quien era conocido como el “Tío Fiscal” al interior de la banda, de prestar apoyo logístico a sus integrantes e incluso husmear en sistemas reservados de fiscalía. Cargos que descarta de plano el aludido.

Este último, incluso, contraatacó con una demanda laboral en contra del Ministerio Público. En la acción legal, el destituido funcionario no sólo acusa un actuar arbitrario y discriminatorio por parte de la institución que entonces dirigía Jorge Abbott, sino también “una conducta de venganza”.

En tanto, su cónyuge, Ghislaine Reyes Gazzo, está a la espera de ir a juicio este 20 de febrero. Está imputada por la fiscalía por asociación ilícita.

Suspendido

La suerte de Eduardo Meneses Santis cambió de golpe el verano de 2020. En pocos meses pasó de lucir una carrera sin sobresaltos al interior de la institución a convertirse rápidamente en sujeto de interés para los organismos que investigaban al grupo que tomó su nombre -a modo irónico- del bullado informe big data del gobierno de Sebastián Piñera.

Para entonces, a juicio del Ministerio Público, la asociación contaba con una estructura jerarquizada, lo que la erigía como una de las más organizadas en la zona. Así, en medio de las pesquisas, la identidad de Meneses llegó a oídos del OS-7 de Carabineros y -por consecuencia- al fiscal del caso, Maximiliano Mariángel.

Las alertas se encendieron de manera inmediata en el organismo persecutor. Rápidamente se ordenó la apertura de un sumario y se apartó de sus funciones al administrativo de modo preventivo.

Molotovs

Lo primero fue aclarar cómo operaba la “K-Pop Primera Línea” y quiénes participaban de ella. A través de seguimientos y revisión de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que el grupo se organizaba de manera previa en Plaza Condell, para luego perpetrar los ataques en la denominada “zona cero”.

Entre los sospechosos figuraban dos: un tal Homer, quien más tarde sería identificado como Juan Riquelme Rivera, reconocido como el líder de la banda; y Ghislaine Reyes Gazzo. Esta última, resultaría ser cónyuge del funcionario de la fiscalía.

Los hechos constan en una declaración de dos carillas prestada por uno de los fiscales de la zona en medio del proceso administrativo. Según el persecutor, Meneses Santis era asiduo de las manifestaciones. No sólo como acompañante de su pareja, sino también como ayudista del grupo. El fiscal así lo describe en su testimonio:

—El tal Homer, en calidad de jefe de esta asociación, impartía instrucciones (…) para lo que tomaba contacto con diferentes sujetos, uno de los cuales resultó ser el funcionario Eduardo Meneses y, principalmente, doña Ghislaine Reyes.

De acuerdo al persecutor, este hecho quedó al descubierto luego de que los investigadores siguieran al líder a una reunión que tuvo lugar en los denominados “negocios azules” de calle La Tirana.

—Durante intervenciones telefónicas nos percatamos que la señora de Meneses es partícipe directa de la asociación ilícita para la confección de bombas molotov. Por ejemplo, participando de la obtención de insumos para las mismas —sostuvo el persecutor.

En las filas de la agrupación se cuentan también dos figuras que alcanzaron notoriedad pública recientemente: Claudio Romero Domínguez (21) y Brandon Rojas Cornejo (22). Ambos fueron parte de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022.

“Tenían mano para su libertad”

Las escuchas también dejaron en evidencia a Meneses. Según quedó detallado en el proceso administrativo, las conversaciones al interior de la banda daban cuenta de que el funcionario sirvió para alertar al grupo de los movimientos de las policías con el fin de evitar ser atrapados.

—(Meneses) entregaba información a los integrantes de este grupo, ya sea de carácter logístico como la ubicación de las policías, el reconocimiento de los mismos o el estado de sus avances. Y esa información era para que su mujer se las transmitiera a los integrantes de la asociación y les permitía evitar las capturas y actuar con relativa impunidad.

Contar con un funcionario del Ministerio Público de su lado le entregó confianza a la banda. El persecutor, consultado en el sumario, así lo destaca:

—Durante el tiempo que duró la investigación, él mismo era reconocido por los integrantes del grupo (…) como el “Tío fotógrafo” y posteriormente como el “Tío fiscal”. Esto, ya que Ghislaine les contó al resto que su esposo trabajaba en la fiscalía y que si ella caía detenida “tenía mano” para su libertad.

Información reservada

Ante la evidencia recopilada, el Ministerio Público siguió de cerca los pasos de Meneses al interior de la institución. Así, solicitaron a la gerencia informática de la Fiscalía Nacional chequear si el funcionario había utilizado las plataformas internas para buscar información de la llamada “Primera Línea”. Los peritajes arrojaron resultados positivos.

El sumario estableció que Meneses empleó “su cargo, medios y recursos fiscales” para acceder a data rotulada como “reservada”, la que daba cuenta de la “mantención y trámite de causas investigativas de carácter penal respecto al menos de un sujeto involucrado”.

En buenas cuentas, la indagatoria constató que el funcionario revisó la ficha interna de uno de los imputados para conocer si era o no objeto de investigación por el Ministerio Público. Lo hizo el 1 de abril de 2020.

“Un acceso infundado se transforma no sólo en ilegal, sino que además socava la confianza misma en el sistema”, reza parte de las conclusiones del sumario.

“Fuero interno”

Una vez conocidos los resultados del procedimiento en su contra, Meneses hizo llegar un escrito dirigido al fiscal regional, Raúl Arancibia, en el que entregó parte de sus argumentos.

En el documento, Meneses bajó el perfil a su ingreso al sistema de fichas del Ministerio Público y aseguró que esto “se trata de un comportamiento generalizado en toda la fiscalía, sin que sea un misterio que todos los funcionarios ingresen a consultar en la base de datos sobre personas que están siendo investigadas”.

Según aseguró, la información que él obtuvo “no fue divulgada a nadie, quedando sólo en su fuero interno”.

Respecto de su participación como el “Tío fotógrafo”, sostuvo que él tiene como pasatiempo la fotografía y que además fue invitado a participar como observador de derechos humanos.

La explicación fue estimada como “del todo inverosímil” por el Ministerio Público. Por eso, el encargado del sumario sugirió la expulsión del funcionario. Más tarde sería el propio fiscal regional quien ratificaría la sanción.

“Arbitrario”

La historia del llamado “Tío fiscal”, sin embargo, no queda ahí. Tras ser destituido por el Ministerio Público, contraatacó y presentó una demanda laboral en contra de la institución.

En el libelo, acusa a su exempleador de haber impedido el “debido ejercicio de defensa” y que su remoción se basó “sobre la base de un proceso arbitrario y discriminatorio”.

“No es racional que el suscrito haya sido sancionado sin permitirme siquiera probar mis alegaciones y defensas, a través de los diversos medios de prueba existentes, otorgándome un término probatorio para ello. La sanción así determinada lo es sobre la base de un proceso carente de prueba de descargo, lo que debería concluir con una absolución o sobreseimiento”, reza el escrito ingresado por su abogado, Enzo Morales.

“Una venganza de Carabineros”

Consultado el representante de Meneses, descarta de plano que el funcionario hubiese servido de informante de la “Primera Línea”. Explica que la participación en las marchas se dio puesto a que sirvió -en sus tiempos libres- como corresponsal de un medio local que denunció casos de brutalidad policíaca en el estallido social.

Es más, asegura que el trabajo de Meneses sirvió de evidencia para procesar judicialmente por apremios ilegítimos a carabineros de la zona. De ahí -sostiene- que el OS-7 mencionara su nombre al fiscal que indagaba a la “Primera Línea”.

“Fue sancionado por una venganza de Carabineros, coludidos con el Ministerio Público, ya que, sus cientos de registros gráficos (imágenes y vídeos) se viralizaron en redes sociales y han servido como evidencia irrefutable de la brutalidad policial y violaciones a DDHH cometidas por Carabineros contra manifestantes en el estallido social en Iquique”, dice el abogado Morales.

A través de la demanda ingresada, Meneses busca su reingreso a la institución. La causa sigue su tramitación ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.