Fue una de las primeras medidas que anunció Ángel Valencia tras asumir como fiscal nacional del Ministerio Público. La creación “a la brevedad posible”, según dijo, de una “Unidad Investigadora” de amenazas contra fiscales y autoridades. Dicho anuncio lo realizó durante su viaje a la región de La Araucanía, territorio en el que precisamente se han dado casos de esta índole.

“Los y las fiscales son abogados del pueblo de Chile. Debemos fortalecer la seguridad de quienes con su trabajo permiten que las personas estén seguras”, expuso en la actividad. Y es que el crimen organizado en Sudamérica -con presencia en el país- ha dado muestras de su poder, con el que incluso son capaces de amedrentar a la autoridad. Y más.

Recordado es el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien en mayo de 2022, en medio de su luna de miel en Colombia, fue ejecutado por sujetos armados. Ese mismo mes también fue asesinada la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado y su asistente, Jefferson Mendoza, tras ser atacados en el vehículo en que se movilizaban en la ciudad de Manta.

Si bien Chile aún no ha llegado a ese nivel de violencia contra la autoridad, sí se han registrado casos en los que los persecutores han sido blancos de amenazas en función de su cargo o por investigaciones asignadas. La necesidad de seguridad, al alero de la llegada de bandas internacionales, incluso ha llevado a algunas fiscalías, como la de Arica, a adquirir vehículos blindados.

“No queremos mártires”

Una encuesta realizada en julio de 2022 por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) reveló que del 64% de los persecutores afiliados que contestaron la consulta, 445 fiscales de 710 asociados aproximadamente, un 35,4% ha sido víctima de amenazas por su cargo o por alguna investigación que ha desarrollado. Se trata de 160 casos.

De estos, en un 74,83% se denunciaron los hechos al Ministerio Público (110), y en el 60,54% se inició una investigación penal (89), donde en un 49,44% se tuvo algún resultado durante la indagatoria. Para Francisco Bravo, presidente de la ANF, la nueva criminalidad que se ha venido desarrollando en el país “sin duda que aumenta el riesgo para los fiscales y sus familias”.

Pero no solo amenazas. Un 8,70% de los funcionarios que respondieron la encuesta señaló haber sido víctimas de agresiones a raíz del cargo o investigación que desarrollaba. 38 casos. De estos, en 23 casos se denunciaron los hechos a la institución y en 16 se inició una investigación para dar con los eventuales responsables.

“La situación ha cambiado. Hoy los riesgos son mucho mayores. El crimen organizado no tiene límites, no se inhibe. El año pasado en América Latina mataron a 4 fiscales”, se lamenta Francisco Bravo, quien funge como fiscal adjunto de la Fiscalía Local Santiago Norte. Análisis que es compartido por pares y exmiembros de la institución.

Luis Toledo, exdirector de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía Nacional por más de 20 años, señala que “lamentablemente hay que tomar consciencia que estamos en una región que pertenece a la parte del continente más violenta del mundo, donde durante el año 2022 nos sorprendimos que una de las amenazas latentes que era la muerte de persecutores penales”.

Una fuente de la institución complementa que “​​claramente el crimen en general ha mutado, pasando de ser una actividad normalmente vinculada con la ‘oportunidad’ delictual, a una cada dia mas profesional, donde existe mayor planificación, mayores recursos logísticos, y por cierto mayor violencia en la comisión de sus programas delictuales. Nunca antes se veía, que distintas bandas, que por naturaleza mantenían rivalidad, el día de hoy, para poder alcanzar objetivos más grandes, trabajan en conjuntos”.

Amenaza

El VII Informe Anual del Observatorio del Narcotráfico 2022, que realiza el Ministerio Público, dio cuenta que una de las amenazas ante el avance del crimen organizado son los ataques a la institucionalidad. El texto se pregunta: “¿Está nuestro país en condiciones de evitar que tengamos que lamentar también un atentado o la muerte de un persecutor?”

El documento, a renglón seguido, señala que es “imposible anular por completo la posibilidad que ello ocurra, pero la despersonalización de las investigaciones penales o el cambio real de identidad y el apoyo del Estado para una eficaz protección, son temas pendientes”.

Bajo este contexto, añade que es “necesario que nuestra legislación se prepare para mayores desafíos y también riesgos, especialmente de quienes deben dirigir investigaciones contra el crimen organizado. No somos los primeros en decirlo, pero nos hacemos eco de quienes han levantado su voz, exigiendo mayores garantías para ejercer su función”.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, detalla que “lo que hemos podido apreciar en otras partes del mundo es que la existencia de organizaciones criminales, que suponen una forma de criminalidad más sofisticada, (…) ponen en riesgo la integridad física y la tranquilidad de los funcionarios públicos que están encargados de hacer cumplir la ley. Y en ese sentido creo que la presencia de organizaciones criminales en el país evidentemente implica un nivel de riesgo que antes no conocíamos”.

En su zona esto se ha traducido “de dos formas”, explica. La primera de ellas son “situaciones explícitas de amenazas en contra de los fiscales, de sus familias”. La segunda es “a través de información que se le entrega a la fiscalía de la existencia de una situación de riesgo, normalmente de la información que procese y que trabajan las policías, (…) se hace ver que hay algún fiscal que está enfrentando una situación de peligro, que existe alguna amenaza que no ha sido explicitada, pero que podría afectarlo”.

La misma fuente de la institución define el riesgo de los persecutores en dos áreas: “La primera va de la mano de la falta de preparación en medidas de autocuidado de los propios fiscales. Es común que los persecutores expongan su diario vivir en plataformas sociales a las cuales puede tener acceso cualquier persona incluido los que no tienen las mejores consideraciones respecto de ellos”.

En segundo lugar apunta a la “facilidad que hoy en día existe para acceder a un arma de fuego. Hoy en día la constitución de un fiscal en un sitio del suceso es un riesgo, por sobre todo en poblaciones conflictivas, y en que ni siquiera se les dota de protecciones personales y menos de vehículos para su desplazamiento. Antiguamente cuando un fiscal se constituía en un sitio del suceso existía un riesgo de recibir un piedrazo, hoy es más factible de recibir un disparo”.

Fiscales en alerta

El seis de julio de 2022 el directorio y los consejeros regionales de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público enviaron una carta al entonces fiscal nacional, Jorge Abbott. El tenor de la misiva, a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, buscaba plantear la “preocupación con relación a los riesgos de seguridad en que estamos ejerciendo nuestras funciones”.

Bajo la consigna “no queremos mártires”, el texto da cuenta de las cifras que arrojó la consulta realizada por la ANF. Dichos datos “hacen que los y las fiscales de Chile nos mantengamos en estado de alerta. Información personal de fiscales en manos de imputados y familiares de estos, con la cual han proferido amenazas de agresión o muerte, tanto en audiencias como en la vía pública, o incluso proveniente desde el interior de los penales”.

Asimismo, la carta señala que “los seguimientos a fiscales también son una constante, sin mencionar la grave situación en que hoy se encuentran los investigadores en la zona sur del país con hechos de violencia rural y el robo de madera, con la emboscada sufrida por un compañero en Tirúa -zona en la que incluso se han tenido que cerrarse fiscalías locales completas-, o la situación de quienes deben enfrentar los carteles de narcotráfico que están solapando la zona norte del país, como es el caso de Alto Hospicio”.

Es precisamente el norte del país una de las zonas donde el crimen organizado ha permeado, situación que se ha traducido en un importante incremento en la tasa de homicidios y que ha llevado a las autoridades del Ministerio Público a elevar la seguridad. En la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, por ejemplo, y tal como adelantó este medio, en septiembre de 2022 se realizó una licitación privada abierta para hacerse de dos vehículos SUV blindados.

En aquella oportunidad, el fiscal regional, Mario Carrera, dijo a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que “los distintos grupos vinculados al crimen organizado en Latinoamérica ya han cobrado la vida de cuatro fiscales durante el presente año. Y la verdad es que son los mismos grupos que están empezando a operar en este país, de una u otra manera, entonces no tenemos porqué pensar que cuestiones que han ocurrido en Perú, Ecuador, Guatemala, Colombia, con el fiscal de Paraguay que se encontraban de vacaciones, no nos vayan a ocurrir a nosotros”.

Ahora, al ser consultado sobre esta situación, agrega que las amenazas a persecutores “es un tema en el que hay máxima preocupación al interior de la institución, tal cual como lo señaló el fiscal nacional a propósito de su visita a Arica. Como fundamento, (…) basta ver lo que ha ocurrido en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y recordar algo que a veces se les olvida en Santiago: nosotros estamos a 20 kilómetros de Perú. Lima está a la mitad de distancia de lo que nos queda Santiago, y esta última ciudad la tenemos a casi la misma distancia que la que nos queda Ecuador”.

En Arica, además de los vehículos, se contrató a 19 profesionales para crear la Unidad Contra el Crimen Organizado, la cual se encuentra en proceso de capacitación hasta marzo. Un punto no menor, reconoce el fiscal Carrera, es que a los 45 detenidos en prisión preventiva vinculados al Tren de Aragua, se suman otros 55 con directa relación al crimen organizado. A esto se agrega que hasta el cierre de este artículo la región no ha registrado homicidios, situación totalmente diferente a 2022, donde a esta misma fecha se reportaron 7 hechos de sangre.

Utilizar instituciones

Pilar Lizana, investigadora de Athenalab, dice que “el crimen organizado es una amenaza que busca utilizar a las instituciones del Estado para consolidarse en los territorio, ya sea mediante la corrupción comprando a funcionarios que puedan servir al negocio o realizando acciones en contra de aquellos funcionarios que realizan labores para combatirlo”.

Bajo ese contexto, agrega que “considerando el avance del crimen organizado transnacional en el país, de la mano de grupos como el Tren de Aragua o los carteles mexicanos de los que se han identificado indicios de sus exploraciones en territorio nacional, el riesgo para quienes persiguen ese tipo de crimen es cada vez mayor”.

De ahí, sigue, que resulta “fundamental fortalecer la institucionalidad, no sólo protegiendo a quienes persiguen el crimen, sino que también demostrando que los procedimientos y las instituciones reaccionan de manera firme contra él. Hay que revalorizar la acción del Estado y protegerlo de los métodos corruptos que este tipo de delincuentes puedan utilizar”.

Francisco Bravo, presidente de la ANF, indicó que “actualmente se desarrolla un trabajo de coordinación con la Gerencia de Víctimas de la Fiscalía Nacional que ha encabezado una política de seguridad para fiscales y funcionarios del Ministerio Público que espero se active aún más y aborde otros aspectos relacionados con la seguridad no sólo de fiscales si no de sus familiares”.

Con otros organismos dice que “existe una mesa de seguridad que coordina el ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama, pero en la que la asociación no participa”. En La Araucanía, el fiscal regional dice que “la situación de la seguridad ha sido una preocupación de larga data, lo que nos llevó a elaborar y trabajar en un protocolo de seguridad que es propio de la zona, y que contempla la situación de seguridad de los fiscales y de los funcionarios”.

Luis Toledo alerta que el riesgo para los fiscales “evidentemente” ha aumentado. “Nosotros no tenemos gran cantidad de denuncias todavía vinculadas a esto, pero las organizaciones criminales se han fortalecido y la violencia asociada a ellos también en torno a que ocupan armas de fuego cada vez más poderosas. Es habitual hoy día incautar a nivel de procedimientos policiales armas de fuego calibre 9 mm, algunas que son capaces incluso de pasar las puertas de un vehículo”.

Desde el Parlamento, el diputado independiente Jaime Araya, sostuvo que “la instalación de bandas internacionales de reconocida peligrosidad, han cambiado el panorama que existía hace algunos años. Los propios resultados de las investigaciones desarrolladas por distintos fiscales, le está pegando muy fuerte a estas trasnacionales del crimen y hace previsible que estén dispuestos a desarrollar todo tipo de acciones destinadas a lograr que la institucionalidad se inhiba en la persecución penal”.

Asimismo, agrega que “la compra de vehículos blindados por parte de la fiscalía de Arica y Parinacota, es un buen ejemplo de una medida de absoluta responsabilidad y criterio preventivo, que solo evidencia que esto es una amenaza real, que existe en todos los lugares donde se instalan bandas criminales internacionales, y frente a dicha amenaza lo razonable es tomar todas las medidas para impedir que cumplan sus designios”.

“¿Está nuestro país en condiciones de evitar que tengamos que lamentar también un atentado o la muerte de un persecutor?”, como se preguntó el último Observatorio del Narcotráfico. La respuesta la sabremos con el tiempo. No obstante, el presidente de la ANF dice que “hemos tratado de generar conciencia del problema manifestando nuestra preocupación a autoridades políticas de gobierno y parlamentarios. El Ministerio Público implementó el año pasado una encuesta similar. Luego de eso se categorizó a fiscales y funcionarios en distintos niveles de riesgos para implementar medidas concretas desde protección de vehículo, cámaras de seguridad y otras medidas“.