Un contrato con la Armada, delitos tributarios, amplios prontuarios policiales y el vínculo con una frustrada autoridad gubernamental son parte de los antecedentes de los últimos caídos en la lucha contra el robo de madera en la región del Bío Bío y La Araucanía.
Se trata de Carlos Cigarroa Arriagada, Miguel Terán Carrasco y Rodrigo Ormeño Gómez, alias El Mentolato.
El primero de ellos corresponde a un viejo conocido, sindicado por el SII como el responsable de un perjuicio fiscal de más de $300 millones, ilícito por el que terminaría pagando una salida alternativa por apenas $250 mil. El segundo, un empresario que ostenta vínculos contractuales con variadas reparticiones públicas. Y el último de ellos, un imputado que pavimentó un camino en el que acumula numerosos antecedentes policiales.
La Unidad de Investigación de BioBioChile analizó más de un centenar de páginas contenidas en expedientes judiciales, querellas del Servicio de Impuestos Internos, documentos reservados de fiscalía y contratos comerciales. Todas ellas dan forma a los perfiles de quienes -según el Ministerio Público- están detrás de un delito de larga data, pero que recién fue tipificado.
Carlos Cigarroa, un viejo conocido
Carlos Cigarroa Arriagada (41) cayó el pasado lunes 7 de noviembre, a las 05:20 horas. Pero no por robo de madera. Fue durante un control de identidad que el hombre terminó detenido, específicamente por porte de arma prohibida. Según información policial, fue controlado al interior de su vehículo. Al momento de la inspección, efectivos de Carabineros lo vieron lanzando un objeto a la parte trasera del automóvil: resultó ser un arma de fuego, con 17 tiros, y municiones calibre 9 mm. En sus vestimentas portaba otro cargador de pistola con 16 tiros en su interior.
Pese a ser arrestado por un delito diferente al del hurto de madera, su nombre se vincula al ilícito a través de una querella presentada por Forestal Arauco en septiembre de 2021 en su contra. En ella, la compañía lo sindica como el responsable de robo calificado y receptación.
El libelo, precisamente sitúa una camioneta de su propiedad en “faenas extractivas no autorizadas” en el predio Chacay, ubicado en Cañete.
El documento detalla ilícitos perpetrados en el fundo desde el 7 de septiembre de 2021 al 13 del mismo mes. ¿El avalúo? $18 millones. En total, la madera robada asciende a 261 metros ruma de pino radiata, apunta la acción legal.
Pero hay más. La querella también relata un enfrentamiento armado en el lugar, donde parte del grupo ocultó el vehículo de Cigarroa al percatarse de la presencia de personal forestal. En esta indagatoria, el hombre figura como querellado, en una investigación aún desformalizada.
Nexos con empresas en la mira del SII y fiscalía
Los antecedentes forestales de Cigarroa, sin embargo, no se limitan tan sólo a los hechos acaecidos en Cañete. Se remontan, al menos, a seis años atrás.
Fue en 2016 que el hombre aparece por primera vez en el mapa delictual que trazó un equipo especial del Servicio de Impuestos Internos contra el robo de madera en el Bío Bío.
De acuerdo a documentos revisados por este medio, Cigarroa forma parte de cinco sociedades. Una de ellas, corresponde a Forestal Rabal Limitada, sindicada en dos querellas del SII como facilitadora de facturas falsas en favor de otros dos viejos conocidos del rubro: Innovaciones Forestales y Forestal Los Acacios. Hoy, dos altos exejecutivos de estas últimas firmas se encuentran formalizados, en una trama que incluye el posible blanqueo de madera robada, tal como reveló la Unidad de Investigación de BioBioChile.
Según informes del SII, Forestal Rabal, propiedad de Cigarroa, facilitó tres facturas de venta de madera falsas a Forestal Los Acacios. Esto, durante febrero de 2014 y abril del mismo año. La conclusión fue tajante: lo investigado dio cuenta “de compras de madera inexistentes”, cita el documento.
Por estos hechos, el organismo estimó que el empresario contribuyó a causar un perjuicio fiscal que superaba los $300 millones de pesos. Sin embargo, pese a los antecedentes y a que el SII apeló a una “especial intencionalidad” del imputado, él no fue condenado.
Perjuicio fiscal de $300 millones, castigo por $250 mil
La investigación, finalmente, culminó en una suspensión condicional del procedimiento. ¿La salida? El pago de $250 mil, en una cuota, a beneficio del Hogar de Menores Manos Abiertas de la comuna de Curanilahue.
Fuentes de este medio aseguran que Cigarroa no se llevó a condena porque sus facturas “eran pocas”. Y a diferencia de otros, su sociedad era verdadera y no tenía historial delictual.
Las condenas, dicen los mismos consultados, fueron para las empresas fantasmas que se crearon como palos blancos y aquellas que sí tenían antecedentes.
Al momento de la investigación, aseguran que Cigarroa reconoció y aportó datos de otros involucrados. De ahí que, a ese tiempo, no habían antecedentes que hicieran pensar que era “un malo malo”, cuentan.
Blanqueo de automóviles
El perfil de Cigarroa lo completa otra arista policial. De acuerdo a A19.cl, documentos internos de Carabineros y escuchas telefónicas también lo vinculan a una banda dedicada al blanqueo y venta de autos robados mediante encerronas y portonazos. ¿El lugar de los asaltos? Santiago ¿La zona de venta? La provincia de Arauco.
Por ejemplo, un informe del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros de Concepción concluye que “se puede establecer fehacientemente que Carlos Mauricio Cigarroa Arriagada se dedica a la comercialización de vehículos provenientes de ilícitos”.
De acuerdo al mismo documento, los automóviles “son comercializados mediante un sistema informal bajo la modalidad de prenda, la que consiste en vender un vehículo con algún sistema de limitación al dominio; es decir, son intransferibles, haciendo coincidir la placa patente de confección artesanal (falsa) que mantiene instalada el otro móvil, con otro vehículo de similares características”.
En el expediente judicial, citado por el medio del periodista Carlos Basso, también aparecen testimonios que apuntan a que Cigarroa vendió una camioneta de origen ilícito a un afectado que declaró que “la había recibido en parte de pago por madera vendida desde su faena, de parte de don Carlos Cigarroa”.
Fuentes de este medio apuntan a que el nombre del sujeto forma parte de una “potente línea investigativa” en el marco de dicha indagatoria.
Por si fuera poco, en su prontuario policial también confluyen investigaciones por lesiones menos graves (donde registra una condena), maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar, desacato y amenazas.
Firma quincenal
Tras ser detenido este mes por porte de arma prohibida, y pese a la mochila judicial que pesa sobre él, quedó con firma quincenal y arraigo nacional, luego de que el Ministerio Público no solicitara su prisión preventiva.
Su abogado, el defensor penal público Patricio Robles, cuenta a BioBioChile que tras ser detenido y formalizado, el imputado hizo uso de su derecho a guardar silencio.
Respecto de las medidas cautelares solicitadas por fiscalía, el defensor apunta que “el imputado voluntariamente accedió” a éstas y que “no hubo oposición por parte de la defensa”.
Además, a su juicio “no existen, hasta el momento, otras investigaciones que se crucen con esta causa formalizada”.
Se fijaron tres meses como plazo de investigación.
Miguel Terán: el empresario
El segundo de los caídos corresponde Miguel Terán Carrasco (37). Se trata de un empresario y profesor de educación física, que registra vínculos comerciales con numerosas entidades públicas, entre ellas la Armada. También es cuñado de la frustrada delegada presidencial de Arauco, Silvia Prieto, con cuya familia también mantiene negocios vigentes.
El Ministerio Público lo investiga como uno de los 12 miembros de una banda dedicada al robo de madera en el Bío Bío y La Araucanía, desbaratada recientemente. Dentro de la formulación de cargos de la fiscalía, expuesta en octubre de este año, Terán figura como uno de los dos empresarios que lideraba el clan.
La indagatoria apunta a una verdadera estructura delictual, en la que cada miembro cumplía roles y tareas definidas para ingresar a predios forestales, donde mediante la violencia y el uso de armas de fuego, concretaban el robo para luego vender la madera en aserraderos.
Entre los nexos descubiertos figura uno que llamó particularmente la atención: Arnaldo Millán, a quien se le atribuyen vínculos con la Coordinadora Arauco-Malleco.
En concreto, el organismo persecutor argumenta que, luego de irrumpir y usurpar los predios, la banda los reivindicaba con apoyo de la CAM.
Respecto a Terán, se sostiene que fue contactado por el otro líder del grupo para explotar el bosque de pino usurpado a Mininco. Todo esto, en su calidad de representante de la empresa Forestal Bosques Sur SPA. Para la explotación, habría aportado maquinaria forestal y camiones para transportar la madera. En la causa, al menos seis imputados corresponden a trabajadores de su compañía.
Operaciones irregulares por $500 millones y cuñado de una casi-autoridad
El nombre de Terán no era asiduo en los tribunales de justicia. Pero todo cambió a inicios de este año. La primera causa contra el empresario se abrió en enero recién pasado, cuando el SII decidió querellarse contra él y otros 11 imputados, por delitos tributarios.
De acuerdo a documentación tenida a la vista por este medio, Terán forma parte de una quincena de sociedades, dedicadas al rubro forestal y de transportes. Todas ellas, en estrecha relación con la familia Prieto.
Fuentes oficialistas apuntan que las sospechas que recaían sobre Terán pudieron haber motivado la renuncia apresurada de Silvia Prieto, antes de asumir como delegada presidencial de Arauco tras ser nombrada por el gobierno de Gabriel Boric.
Consultada por BBCL, Prieto descartó profundizar en el tema, pero confirmó que su salida se debió estrictamente a motivos de salud tal como lo aseveró en primera instancia.
Sea como sea, precisamente una de las firmas del imputado, Sociedad Forestal y Minera Terán y Manzo Limitada, figura como la responsable de declarar facturas falsas en la causa abierta por el SII este año.
En efecto, dichos documentos tributarios provenían de personas naturales, que -de acuerdo al libelo- “desconocieron constituir sociedades, realizar inicio de actividades y ninguno cuenta con el capital social para realizar las actividades económicas indicadas”.
“Estas facturas yo no las he emitido. Yo nunca he emitido factura alguna, ni siquiera sé cómo hacerlo. No tengo clave de internet ni computador ni tarjeta bancaria. No sé quién emitió estas facturas y nunca he recibido dinero por los montos que indican”, testimonió un involucrado, cuyo nombre consta en uno de los papeles cuestionados por el organismo fiscalizador.
Con todo, según la indagatoria, Terán incluyó en su declaración 29 facturas falsas, por operaciones forestales que -a juicio del SII- nunca se realizaron. Un esquema que se estila en el negocio del blanqueo de madera robada, de acuerdo a otras investigaciones analizadas por BBCL.
En total, según el informe de fiscalización del SII, el perjuicio fiscal causado, a julio 2021, supera los $126 millones.
El mismo documento da cuenta de las altas sumas de dinero que Terán movilizaba: sus operaciones sólo con facturas presumiblemente falsas, superan los $511 millones. Todas están relacionadas al ámbito forestal: supuestas cosechas de bosques, arriendo de skkiders y transportes de productos madereros (lea la querella completa aquí).
Un negocio con la Armada
Las redes de Terán, sin embargo, no sólo quedan ahí. Entre 2012 y 2016, por ejemplo, registra contratos, a través de su sociedad Terpri Limitada (donde participa con su esposa, María José Prieto), con una docena de instituciones públicas. Aquí destacan las municipalidades de Arauco, Lota, Lebu, Coronel, Tirúa, Mulchén, Hualqui, Cañete, Curanilahue y Contulmo. A ellas, se suman el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Departamento de Bienestar de la Segunda Zona Naval de la Armada.
En 2019, incluso llegó a ganar una licitación pública para la explotación comercial de predios fiscales de la misma institución de la defensa nacional. El llamado lo hizo la Comandancia en Jefe de la Segunda Zona Naval para la explotación comercial de eucaliptus en la península de Tumbes.
La Unidad de Investigación de BioBioChile solicitó vía Transparencia el contrato adjudicado por el hoy imputado (vea el archivo aquí). Dicho concurso lo ganó Terán a través de la misma empresa por la que se encuentra querellado por el SII, con una pequeña salvedad: su nombre fue modificado y pasó a llamarse Sociedad Forestal y Minera Terán y Prieto Limitada.
Esto, luego de que un anterior socio traspasara su parte en la firma a Hernán Prieto Saldías, suegro de Terán y padre de la casi-delegada.
La licitación abarcaba 88,34 hectáreas de bosque en pie, denominados “Rodales, en modalidad derecho a puerta”. Todo esto, en los Fundos Lorena y Playa Blanca.
El contrato detalla que las faenas de extracción de la madera serían de cargo de la compradora y su vigencia era hasta enero de 2020. ¿El precio de compraventa? $38 mil pesos por metro ruma de eucaliptus sin corteza.
Armada responde
BBCL consultó a la Armada por la relación contractual, desde donde confirmaron que efectivamente “el empresario maderero se adjudicó una licitación abierta, de carácter público en 2019”.
“Esta relación comercial se desarrolló dentro del marco legal vigente, desconociéndose la naturaleza del resto de las actividades particulares que realizan las empresas representadas por el señor Terán, en otras zonas de la región del Bío Bío y del país”, agregaron.
Respecto al historial de Terán y a otras relaciones contractuales con él, indican que “los únicos antecedentes que se verifican son los que se establecen en las bases de licitación y con anterioridad a 2019 no se había tenido ninguna relación contractual con este empresario”.
“Una imputación ambigua”
Felipe Moraga representa a Miguel Terán en la causa por hurto de madera que lidera la Fiscalía Regional de La Araucanía. En conversación con BBCL, el abogado asegura que la imputación realizada por el Ministerio Público y partes querellantes es “absolutamente ambigua y genérica”.
“Se acusa a todos los imputados por todos los delitos sin ninguna distinción. Se acusa de usurpación a personas que físicamente estuvieron imposibilitadas de participar en dichos hechos; de amenazas a personas que no tienen ninguna vinculación en el hecho. Asimismo ocurre con las vinculaciones de la ley de armas”, lanza.
Y añade: “En general, es una formalización que no distingue correctamente las participaciones, e incluso no tiene que ver con la nueva ley de robo de madera por ser hechos totalmente anteriores a su entrada en vigencia”.
“De persistir esta forma de formalización ambigua y abstracta, recurriremos de cautela de garantía o recurso de amparo para que se restablezca la correcta administración de justicia y el imperio del derecho en un estado democrático”, manifiesta. Incluso, adelantó que pedirán una audiencia de revisión para la medida cautelar de su representado, quien hoy permanece en prisión preventiva.
Así las cosas, aclara que en esta etapa procesal no reconocen ningún delito y que “la hipótesis es de absolución de cada uno de los cargos imputados”. Sumó a sus argumentos la “irreprochable conducta” penal de Terán. Es decir, que hasta el día de hoy, no cuenta con condenas.
El Mentolato: robos y amenazas
Rodrigo Ormeño Gómez (43), alias El Mentolato, cayó detenido junto a otras dos personas a principios de octubre de este año. Sindicado como uno de los cabecillas de una agrupación dedicada al robo de madera en la provincia de Arauco, el ahora formalizado cumple su prisión preventiva en la región del Bío Bío. Se le imputan los delitos de sustracción de madera y amenazas.
En concreto, según consta en la querella interpuesta por Forestal Arauco, Ormeño participó del robo de 23 metros ruma de pino en el predio San José de Colico, ubicado en Curanilahue. El avalúo se cifró en $1,5 millones.
Según la misma acción legal, tras concretar el hurto junto a sus pares, abandonaron el recinto en distintos vehículos, siendo fiscalizados en la Ruta 160 por Carabineros.
“Mentolato”, cita el documento, “se opuso a la fiscalización indicando que los vehículos de carga contaban con toda la documentación fundante”, lo que derivó en que fueran trasladados a una unidad policial para así verificar los antecedentes.
Fueron peritos del OS-9 de Carabineros quienes más tarde determinaron que “si bien la guía de despacho era verdadera, esta contenía información incompleta, ya que no contaba con las coordenadas de origen”. Además, el plan de manejo era por madera de eucalipto y no de pino. Nada coincidía.
El ilícito trajo sospechas a distintas empresas. Son al menos tres, las que según la querella proveyeron de camiones para la ejecución del robo. Entre ellas, figura el Aserradero y Barraca Los Ríos SPA, propiedad de Angélica Ormeño Gómez, hermana de Mentolato (lea la querella por sustracción de madera).
Durante esa misma noche, trabajadores de la empresa Maxcon, que presta servicios a la forestal, realizaban labores de supervisión. Precisamente, a raíz de este hecho surge otra querella, pero por el delito de amenazas.
“Oye huevón acaso no quieres a tu familia”, “me las vas a pagar tú y tu familia” y “los voy a matar a todos”, son parte de las intimidaciones que profirió El Mentolato, según el documento legal (lea la querella íntegra aquí).
Alto compromiso delictual
A diferencia de Terán, El Mentolato no es un primerizo en las páginas policiales. Durante una de las audiencias de revisión de cautelares, el abogado querellante que representa a Forestal Arauco, Enrique Hernández, profundizó en el prontuario de Ormeño para argumentar la necesidad de la prisión preventiva.
Robo con fuerza en 1998; tráfico de drogas en 2003; robo con violencia (delito por el que fue condenado a 10 años de cárcel y por el que se le otorgó la libertad condicional en 2015); receptación en 2007; y microtráfico de drogas entre 2015 y 2016, figuran en su expediente.
Por si fuera poco, Ormeño cuenta con otra investigación vigente por amenazas de muerte efectuadas contra un funcionario de Carabineros, la que data de enero de este año.
Y no sólo eso. Un documento de Gendarmería también da cuenta de su peligrosidad. Es más, fue calificado por la institución como un individuo “con alto compromiso delictual”.
Por esto, el director regional de Gendarmería, coronel Pedro Ferrada, solicitó autorización para trasladar al imputado desde el CDP de Lebu hacia el CCP de Concepción, debido a que este último cuenta con “las condiciones de operatividad idóneos para contener a este tipo de internos”.
Historial de motines
Entre los argumentos figura un informe en el que la institución califica a Ormeño como “un reo de connotación pública”, pero además porque “dicho interno presenta un amplio prontuario policial (…) además de un gran registro de faltas y sanciones dentro de su historial carcelario”.
En efecto, su ficha incluye una observación de seguridad fechada el 18 de enero de 2021 donde se clasifica a El Mentolato como un “líder negativo”.
“Ha liderado dos intentos de motín en el C.D.P de Arauco, junto con otros internos, donde resultó herido un funcionario de la institución”, reza el escrito.
“En el mismo tenor, el Sistema de Control de Conducta, da cuenta de a lo menos 14 faltas al régimen interno que registra el interno Ormeño Gómez, en su paso por las unidades penales, siendo generalmente catalogadas como faltas graves”, continúa el documento.
Así las cosas, su traslado a Concepción fue aceptado por el Juzgado de Garantía de Curanilahue en la audiencia de revisión de cautelares de este martes.
¿Situación hostil?
En la misma instancia, el abogado de Ormeño, Julio Briones, desestimó las acusaciones que pesan sobre su representado.
Sobre las amenazas, afirmó que “todos aquellos que vieron al imputado junto a las supuestas víctimas, coincidían en que sólo estaban conversando, sin apariencia alguna de situación hostil entre las partes. De modo tal que solo dieron fe de la supuesta flagrancia, en base al relato de las supuestas víctimas y a prejuicios dados por la mala fama que ostenta mi representado”.
A su juicio, Ormeño “podría solicitar el sobreseimiento de las amenazas simples de las cuales se les acusa”.
Respecto al robo de madera, el defensor cuestionó la idoneidad de los peritos a cargo del informe del OS-9 de Carabineros y alegó que éste “no es exacto”, ya que las características de la madera incautada, la ligan a un predio de su propiedad y no a “San José de Colico” de Arauco.
Sus argumentos, sin embargo, fueron desechados por el tribunal, por lo que se determinó mantener la prisión preventiva, en virtud de los antecedentes expuestos por los intervinientes.
Para mala fortuna de El Mentolato, la fiscalía concretará el próximo 19 de diciembre una nueva formalización por robo con violencia en el predio Chilcoco en su contra.
El destino judicial de los tres imputados está ahora en manos de los tribunales.