Fue en diciembre de 2021 cuando un grupo de individuos armados ingresaron a la fuerza a un domicilio ubicado en la comuna de Recoleta, región Metropolitana (RM), y amenazaron a los dueños de casa. Según desclasifican fuentes policiales, el tenor de la visita fue notificar que desde aquella fecha el inmueble les pertenecía y que si querían seguir haciendo uso de él debían pagar una renta.

Uno de los participantes de ese sorpresivo y violento hecho fue Edwin Yoni Jara Huerta, ciudadano de nacionalidad peruana que el pasado miércoles 28 de septiembre fue hallado sin vida al interior de un vehículo quemado en la comuna de San Joaquín durante la madrugada. Jara era parte de una organización criminal compuesta íntegramente por pares de su misma procedencia.

Su muerte, que es investigada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, abrió una caja de pandora relacionada a las bandas del crimen organizado de origen peruano que están directamente relacionadas al delito de la “amenaza con fines extorsivos”. Y este es solo uno de los tantos giros de negocio que tienen. También se dedican al robo, al secuestro y al subarriendo de habitaciones en grandes casonas o como son conocidas judicialmente: domicilios comunitarios.

“Las bandas extranjeras en general están operando en lo que hemos denominado nosotros el sector macrozona centro que involucra a varias comunas de la RM. Si hacemos un estudio geográfico sería desde Conchalí, Recoleta, Independencia, Santiago Centro, Estación Central, Quinta Normal, parte de San Joaquín y de San Miguel”, explica el subcomisario Cristián Alvarado Acuña, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Independencia de la Policía de Investigaciones (PDI).

Es en esa zona “donde podemos encontrar domicilios que reúnen las características para albergar a muchas personas y son ocupadas como viviendas de ciudadanos extranjeros”, agrega el funcionario policial. Edwin Jara, por ejemplo, era parte de una de las bandas que operan en el sector llamada “Los destructores de Lima”.

Llamados y extorsión

Voz 1: “Te voy a dar una recomendación, que mejor juegues con Dios y no con el diablo, porque a la persona con quien tú estás hablando es el mismo diablo, el mismo diablo en persona“.

Víctima: “Claro, si sé“.

Voz 1: “Por eso, conserve bien con él y a ver si quedamos en un solo acuerdo (…) Un monto y aquí no ha pasado nada y nosotros nos vamos a… en cualquier momento nos vamos a identificar, los podemos reunir con ustedes para prestarles la seguridad necesaria que ustedes se merecen. Si las cosas siguen así a su negocio no va a pasar, nadie va a prender un atentado contra su negocio, ustedes van a trabajar normalmente y como corresponde, con la seguridad nuestra“.

Lo anterior es parte de una conversación entre una víctima y un hombre que se hizo llamar “Nueva Generación”. Ambos de nacionalidad peruana. Tal como se puede apreciar, el sujeto se comunica con un solo fin: solicitar dinero a cambio de -supuestamente- brindar seguridad a un negocio ubicado en la comuna de Estación Central.

Vea video:

El caso hoy es investigado por la fiscal adjunta Alika Sukni Bunster, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien el pasado 22 de septiembre envió una orden de investigar a la Bicrim Independencia. Dentro de las diligencias solicitó tomar declaración a la víctima y testigos, junto con individualizar al imputado. Se investiga como amenaza simple.

Pero el caso tiene una particularidad. Junto a la llamada, la víctima recibió munición en su local comercial en señal de amenaza. Es decir, se investiga como amenaza presencial. Y es que la “amenaza con fines extorsivos” tiene dos modalidades: virtual y presencial. Dentro de la primera, encontramos una amplia gama de nacionalidades, no así con la segunda. Y es que la amenaza presencial la predominan los individuos con nacionalidad peruana. La clave para entender esto es la víctima.

Presenciales: fuego o bala

Lo ocurrido en 2021 en Recoleta es un ejemplo de cómo comenzaron las amenazas con fines extorsivos en el país, pero al día de hoy la situación, como ocurre con otros delitos, tiene elementos más violentos. Afectan a comerciantes y emprendedores principalmente extranjeros. ¿La razón? La exposición de datos a través de redes sociales.

El modus operandis es similar en casi todas las denuncias. Lo primero que ocurre es que una banda se acerca a un local comercial, prenden fuego, tiran balazos y luego envían el vídeo a la víctima cobrando dinero. La virtualidad en este tipo de casos no existe.

Dependiendo de la nacionalidad de la banda, el dinero solicitado tiene un nombre diferente. En el caso de los venezolanos se le llama “vacuna”, en los colombianos es “cuota” y en los peruanos es “cupo”. Son estos últimos los que predominan en las denuncias que se realizan en las policías y que tienen el componente de la presencialidad.

Actualmente, según fuentes de La Radio, son alrededor de cinco las bandas peruanas que se dedican a las amenazas presenciales. Operan en la ya mencionada “macrozona centro” y, a diferencia de otras nacionalidades, no pertenecen siempre a un grupo en particular. Es decir, perfectamente se pueden cambiar de bando.

Uno de los grupos son “Los destructores de Lima” o “Jauría”, a la cual pertenecía Edwin Yoni Jara Huerta. Otros son “Los pulpos”. Todas estas bandas se encuentran en espacios donde hay mayor presencia de inmigrantes de su misma nacionalidad porque estas son sus principales víctimas. Y se instalan en “domicilios comunitarios”.

Cada “domicilio comunitario” puede tener entre 15 y 20 habitaciones. Son casonas ubicadas en los barrios que conformaban la antigua comuna de Santiago y esta sería la base del negocio de estas bandas. Los precios de los arriendos fluctúan entre los 200 y 300 mil pesos. En concreto, una casa con 15 habitaciones a 200 mil pesos podría dejar una ganancia mensual de 3 millones de pesos.

Según fuentes de La Radio, sobre el 30% de las personas que son amenazadas materializan el pago y la comuna donde se han realizado la mayor cantidad de denuncias es Estación Central. Si hablamos por nacionalidad, la víctima tiene mucho que decir. Los ciudadanos peruanos son una “mala víctima”, reconoce una fuente policial, esto porque es “malo para denunciar”.

El subcomisario Alvarado detalla que las denuncias han aumentado. “Tuvimos un aumento significativo a principios del mes de julio de este año”, dice. Y agrega que esto se “inició con los llamados extorsivos y a través del análisis de las amenazas que son telefónicas, logramos tener acceso a información que hablaba también de esta modalidad presencial”. A esto también se sumó la modalidad de amenazas en los domicilios comunitarios donde son amenazados quienes viven en estos lugares por las bandas.

Para Pablo Carvacho, director de Investigación y Desarrollo del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, las amenazas extorsivas “son una herramienta clásica de las bandas organizadas para ir controlando territorio”. Esto, explica, porque el crimen organizado lo que busca es “tener mercados ya sea por el pago de amenazas, por desarmar autos, por drogas, etc. Es ir generando algún tipo de mercado ilícito y esta es una de las tantas formas”.

Los destructores de Lima

Es una de las bandas descubiertas por la PDI operando en la “macrozona centro”. Se hacían llamar “Los destructores de Lima”. Uno de sus miembros fue Edwin Jara Huerta. Un reportaje de T13 dio cuenta de que su muerte se trataría de un ajuste de sus mismos pares de banda. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío buceó a Jara y a Frank Toledo en los buscadores del Poder Judicial.

Toledo, quien era el líder de dicha organización, se encuentra hoy en prisión preventiva al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 desde diciembre de 2021. En el buscador del Poder Judicial tiene varias causas a su haber, una de ellas en etapa de preparación de juicio oral por los delitos de receptación y tenencia, posesión o porte de arma. También tiene causas por robo con intimidación.

Ese vacío de poder hizo que Edwin Jara tomara la posta en la organización. Fuentes de La Radio comentan que el rápido ascenso en la estructura se debe a que Jara era un tipo muy inteligente, estructurado, ordenado y que ingería muy poco alcohol. Era carismático. Frank, en cambio, era más duro. Pero Jara también cuenta con prontuario.

En mayo de 2021 fue condenado por los delitos de robo con intimidación y receptación de vehículo, y por la falta de ocultamiento de identidad. La pena privativa de libertad que le fue impuesta a Edwin Jara fue sustituida por la expulsión del país, la que se materializó -según un documento reservado del Departamento de Policía Internacional de la PDI- el 4 de agosto de 2021.

Pero Jara volvió, lo que evidencia lo vulnerable y líquida que es nuestra frontera. Su vida terminó el pasado 28 de septiembre en San Joaquín. Tres personas fueron detenidas por el hecho, las cuales fueron formalizadas por el delito de homicidio calificado e incendio, porte y tenencia de arma de fuego, y drogas. Todas peruanas.

“Es una investigación que ha sido compleja, difícil, toda vez que se trata solamente de funcionarios extranjeros que no son personas de nacionalidad chilena, por lo tanto eso complejiza más aún la investigación”, señaló tras la captura de los sujetos el fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, en un punto de prensa.