Sumario reservado de PDI: la carta ganadora de Anguita en juicio con el Estado por $2 mil millones

“No se actuó acuciosa y profesionalmente al no analizar en forma objetiva el sitio del suceso, el cual fue tratado en forma superficial, generando una sucesión de imprecisiones a partir de la existencia de ideas preconcebidas”.

Esta es una de las conclusiones que consta en los informes reservados que realizó la PDI por el homicidio de Viviana Haeger. Una carta que podría ser la ganadora de Jaime Anguita, en medio del juicio por casi 2 mil millones de pesos que inició contra el fisco.

La Unidad de Investigación de BioBioChile accedió a los sumarios administrativos que la PDI guardó celosamente tras destaparse las irregularidades. Declaraciones de los policías que revisaron la casa familiar, testimonios de cercanos, amistades e incluso amantes y amores pasados de los involucrados en este enigmático caso policial constan en las más de 1.600 páginas analizadas por este medio.

En ellas, se van enumerando las negligencias cometidas en la investigación que dejaron a seis funcionarios sancionados administrativamente. Solo uno de ellos terminó destituido de su cargo, mientras que el resto quedó con anotaciones negativas en su hoja de vida. Todo ello, aun cuando admitieron que no hicieron una exhaustiva revisión del lugar, donde -según la investigación de la fiscalía- estaba el cuerpo de Viviana Haeger.

En simple, los informes privados dan cuenta que hubo un actuar ineficiente y que desde un principio trabajaron el tema como un posible secuestro y no como un homicidio, lo que los llevó a que el cuerpo de la víctima demorara 42 días en encontrarse al interior de la buhardilla de la casa.

La buhardilla

Javier Vega ingresó a la PDI 9 años antes de la muerte de Viviana Haeger. Al momento del hallazgo, el 10 de agosto de 2010, se desempeñaba en la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Varas (Bicrim). Él fue uno de los primeros funcionarios en revisar la buhardilla de la casa familiar donde apareció el cuerpo de la contadora, luego de más de un mes de búsquedas incansables en los alrededores y al interior de la vivienda.

De ahí que se convirtiera en un testigo clave del sumario que indagaba las negligencias de la PDI. En su relato, cuenta paso a paso lo vivido ese invierno -desde la perspectiva policial- en la residencia de Parque Stocker.

Cuando declaró ante el Departamento de Control de Procedimientos Policiales, dijo que la orden de revisar la casa la recibió del comisario Jaime Muñoz, jefe de la sección.

—En el segundo piso del inmueble, en el dormitorio matrimonial, junto a una cama de una plaza que ocupa una menor de edad, se ubica una puerta de acceso lateral de un metro veinte de alto por cuarenta centímetros de ancho, la cual no recuerdo si estaba abierta o cerrada —detalló en el sumario que inició el 22 de noviembre de 2010.

El testimonio prosigue:

—De propia iniciativa ingresé medio cuerpo a esa mansarda con la finalidad de ver en el interior, pero como estaba muy oscuro y no tenía una linterna no logré apreciar nada que pudiera ser relevante. Misma acción que efectuó el comisario (Jaime) Muñoz y el subinspector (Pablo) Alegría.

Jaime Muñoz ratifica esta información. En esos años era jefe de la sección y pertenecía a la institución desde 1989. Pero hay dos puntos en los que se contraponen: la iniciativa propia y la linterna.

—Le correspondió revisar al inspector Javier Vega y al subinspector Pablo Alegría. Les ordené expresamente que revisaran los dormitorios, debajo de las camas, entretecho y la mansarda. Recuerdo haberle dado la instrucción específica al inspector Vega que revisara la mansarda ya que él andaba con una linterna de su propiedad.

El primer día no hubo rastros de Viviana. Nadie la encontró ni vio algo sospechoso en el segundo piso de la casa. Al miércoles 30 de junio, el comisario Muñoz determinó que la línea investigativa sería el secuestro. Planificaron una nueva revisión en el domicilio.

No entró

Pablo Alegría llevaba seis años en la PDI. A esa altura ya estaba como subinspector en la Bicrim. En medio de la búsqueda -según su declaración- subió hasta el segundo piso y vio que el dormitorio se encontraba desordenado. De su declaración se desprende una falta de coordinación en las diligencias.

—Lo que me llamó la atención fue que la cama del señor Anguita estaba corrida de su ubicación original. Sobre esta había documentación desordenada, además me pude percatar que en el otro sector de la pieza, junto al clóset que también estaba desordenado, había en la pared una puerta de acceso.

Luego de ver la mansarda, decidió no ingresar porque ya había sido inspeccionada. Al menos eso le informaron sus colegas.

Una situación similar le ocurrió a Jorge Márquez Monsalve, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Puerto Montt. En su testimonio, asegura que preguntó si el dormitorio había sido revisado, y le respondieron que sí, pero no recuerda quién. El policía se percató de la buhardilla y volvió a consultar si la habían inspeccionado. La respuesta nuevamente fue afirmativa. En su declaración se lee:

—Igual ingresé por esta puerta y me pude percatar que el lugar era utilizado como bodega. En la entrada encontré una tarjeta de presentación del doctor Pedro García Huidobro, cirujano plástico, la cual le hice entrega al señor Galleguillos, ya que me llamó la atención encontrar esta tarjeta en el lugar. Solo ingresé un metro.

Pese a que en la segunda revisión encontraron esta evidencia que antes no habían visto, simplemente decidieron no realizar otra inspección en profundidad.

Fueron negligentes

Precisamente, la descoordinación en la examinación del domicilio fue clave a la hora de establecer sanciones.

Pablo Alegría, por ejemplo, fue castigado por ver que existía una buhardilla pero no ingresar a revisarla. El sumario explica que su actuar “no permitió ubicar el cuerpo sin vida de Viviana Haeger que se encontraba al final de esa mansarda, hecho que perjudicó la investigación”.

El proceso disciplinario es lapidario. Respecto del equipo en su conjunto, establece que no fueron capaces de “repasar y/o realizar un nuevo rastreo planificado y ordenado por áreas de trabajo en el interior del domicilio”.

El prefecto Juan Francisco Galleguillos era jefe de la Prefectura de la provincia de Llanquihue. El encargado de la investigación. Esa misma tarde de la desaparición les preguntó al comisario Jaime Muñoz (Bicrim), Yanko Olmedo (Brigada Investigadora de Robos, Biro) y Jorge Márquez (BH) si habían revisado la casa. Todos respondieron que sí, sobre todo la Bicrim, que era la encargada del primer y segundo piso.

—Debo señalar que dispuse que funcionarios de la Biro y BH Puerto Montt, apoyaran la labor de la Bicrim Puerto Varas, pero nunca se formó un grupo multidisciplinario —se lee en el oficio.

Esto, precisamente, fue otro de los principales problemas. Al menos así lo determinó el cierre del sumario administrativo cuando concluyó que los seis funcionarios fueron negligentes. Sobre todo el prefecto Juan Francisco Galleguillos por su falta de “organización, planificación y dirección del trabajo”.

Respecto de este último, el sumario es claro:

“No asumió en propiedad su cargo como jefe ejecutivo, ya que al tomar conocimiento del hecho y las características, debió solicitar formalmente la conformación de un grupo multidisciplinario investigativo (…) además de ordenar y dirigir las tareas de los funcionarios investigadores”.

Según se desprende del resultado del proceso disciplinario, jamás se delimitaron de manera clara las responsabilidades de cada uno, lo que finalmente repercutió en el resultado de la indagatoria.

Ideas preconcebidas

Pero no fue el único error. Otra de las conclusiones a las que se llegó fue que -tal como se adelantó- la indagatoria se basó en ideas preconcebidas de los policías. Es decir, se apuntó a la tesis del secuestro, dejando de lado otras líneas investigativas. Como un robo con homicidio, por ejemplo.

“Uno de los errores cometidos por el equipo investigador, desde el momento que fue recibida la denuncia, fue orientar las pesquisas en dilucidar un posible secuestro (…) no se actuó acuciosa y profesionalmente”, reza el informe final del sumario.

El prefecto Galleguillos fue destituido y sancionado con seis días de permanencia en el cuartel. El resto recibió solo castigos de acuartelamiento y anotaciones en sus hojas de vida.

Si bien hubo otros policías amonestados, no fue directamente por no inspeccionar a fondo la buhardilla sino por equivocarse en tomar correctamente las declaraciones.

Echó a la PDI

Las negligencias y el consiguiente proceso disciplinario calaron hondo en la PDI.

Incluso, provocó que Jaime Anguita echara de la casa a funcionarios al no obtener pistas del paradero de su esposa. El informe presentado por uno de los detectives sancionados relata:

“Dada las condiciones y características en este caso, a medida que fueron pasando los días desde cuando desapareció Viviana Haeger y en vista a que no se obtenía información o antecedentes concretos que permitieran su ubicación, el ambiente en torno a la familia Anguita Haeger se fue tornando cada más hostil para el desarrollo de las diligencias”.

Ello, “considerando la lógica desesperación de no tener novedades o noticias respecto de su ser querido, llegando inclusive al punto de no permitir la continuidad de un servicio dispuesto en la vivienda en cuanto a la permanencia de detectives en la casa habitación”.

En simple, Anguita echó a los policías que estaban ahí en caso de “una comunicación telefónica u otra circunstancia vinculada a la señora Haeger”.

Daño institucional

Como corolario, en el informe final del sumario se manifiesta que la institución entera se vio manchada por los yerros en la indagatoria.

“Ubicar el cuerpo sin vida de la señora Viviana Haeger que se encontraba al interior de esta mansarda, hubiese evitado el desprestigio institucional, la crítica y el cuestionamiento de la opinión pública en las actuaciones de la PDI en este caso”, se lee en las conclusiones del procedimiento administrativo.

Precisamente, documentos filtrados a la prensa en 2012 ya daban cuenta de la importancia que tenía el caso para la policía civil.

Tal como publicó Radio Bío Bío en mayo de ese año, un correo con información reservada fue enviado “por error” desde la misma institución.

En él, se develaba la instauración de una mesa de trabajo para analizar la estrategia comunicacional sobre el contenido del sumario. Se determinó que el caso Haeger sobrepasaba los intereses regionales y afectaba directamente a los intereses institucionales. Por ello, se delegó la responsabilidad de dicha estrategia a la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos.

¿El propósito? Minimizar el “daño colateral” que pudiese provocar la entrega del resultado del sumario, considerando que si la información llegaba por fuentes extraoficiales a la prensa, podría haber acarreado consecuencias nocivas para la PDI.

Usted sabe quién

El abogado de Anguita, Patricio Serrano, no solo se sostiene de todos estos desaciertos de cara al juicio civil. Uno de los puntos más fuertes que tiene es que al ex esposo de Viviana lo detuvieron por ser el principal sospechoso de su muerte. Esto, luego que José Pérez Mancilla -único condenado- confesara en 2015 que la mató por orden de Jaime. Eso le provocó estar en prisión preventiva por un año y 9 meses y ocupar las planas de todos los medios de comunicación. Pero, en el juicio se concluyó unánimemente que las pruebas no eran suficientes para condenarlo.

Otro de los argumentos expresados en su demanda es que cada detalle personal suyo salió a la luz, incluidos datos de su vida sexual y amorosa. Como cuando se ventiló la historia con su amante, oriunda de Hornopirén. Ella tenía 18 años y Anguita 27.

La mujer declaró voluntariamente ante la fiscalía el 28 de julio de 2010. Su testimonio fue incluido dentro del sumario, donde calificó a Anguita como un hombre “muy poco creativo y varonil” en la parte sexual. Incluso, catalogó su primera relación con él como “muy mala”.

El problema para Anguita es que dicho testimonio no quedó resguardado solamente en el expediente judicial y administrativo, sino que salió a la luz pública en el libro Usted sabe quién, del periodista Rodrigo Fluxá, texto en el que se basó la serie de Netflix estrenada este año, 42 días en la oscuridad.

“Persona calculadora”

También salieron a la luz pública los problemas maritales que ellos tenían. Una de las declaraciones de una amiga de Viviana, también contenido el en sumario da cuenta que todos los intentos por tener un acercamiento con su esposo fueron un fracaso:

—En ciertas ocasiones le sugerí que busque a otra persona, ya que su lucha por reencantar a su esposo era en vano, y trabajamos en varios ámbitos para lograr ese fin, el que nunca se cumplió, ya que Anguita nunca se preocupó de su familia ni de ella, lo que podía percibir a través de sus hijas, quedándome bastante claro el tema del padre ausente.

En otras de las tantas páginas analizadas, se lee el testimonio de Magaly, la gemela de Viviana. Ella describe diferentes aspectos de la personalidad de su cuñado que la hicieron sospechar:

—Me molestaba que ella fuera tan perfecta, ya que por ejemplo, cuando estábamos frente a su esposo Jaime, mi hermana no decía garabatos, pero en las oportunidades que estaba sola con nosotros siempre fue más relajada en todo sentido, atreviéndome a decir que Jaime, humillaba a mi hermana, sobre todo cuando visitaba a su familia en el norte. Era una persona muy calculadora. Siempre estaba preocupado de lo que va a pasar, por lo mismo manipulaba siempre a mi hermana.

El juicio

El sumario con las negligencias de la PDI fue presentado íntegramente en agosto recién pasado por el abogado de Anguita, ante el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt.

Con la documentación buscan acreditar el “daño inconmensurable” del que dice ser víctima el viudo de la contadora.

“Estamos confiados que con la prueba rendida, más las respuestas a los oficios despachados, lograremos la convicción del tribunal en orden a que se acredite tanto la falta de servicio como el daño generado”, dice a BioBioChile el representante de Anguita, Patricio Serrano.

En cuanto al sumario de la PDI, su posible carta ganadora, asegura que “es una prueba importante, ya que es la propia institución quien sanciona a sus miembros por un actuar negligente, pero no es la única prueba que permite acreditar que los organismos del Estado no actuaron en la forma que se espera al tenor de su deber legal y constitucional”.

Los argumentos de Serrano, sin embargo, contrastan con lo mencionado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad a cargo de la representación del fisco que ya anunció su negativa a los montos solicitados por el viudo. En su contestación del 1 de febrero de 2021, el organismo calificó como “exorbitante” la suma solicitada.

En tanto, requeridos por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la PDI respondió que tras lo sucedido están en una constante mejora de sus procesos y de las actuaciones que realizan.

“El año 2011 se implementó a través del Departamento VII de Control de Procedimientos Policiales, “Protocolos de Actuación Policial”, que fueron instruidos a todo el personal institucional, los que establecen el accionar policial en caso de llevar a cabo investigaciones en diversos delitos, tales como presuntas desgracias, secuestros y homicidios entre otros, procesos que son evaluados permanentemente”, detallaron.

Con todo, tras recibir las pruebas del demandante, la decisión está ahora en manos de la Justicia.