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Diferencias abismales se observan entre los montos ofertados por las empresas de casinos en las licitaciones de 2022 en comparación a 2018. Mientras hace cuatro años las ofertas estuvieron sobre el 30% de los ingresos brutos de las plazas a concursar, ahora los aportes ni siquiera superaron el 2%. Todo ello, mientras la FNE investiga a Enjoy, Dreams y Marina del Sol por un posible caso de colusión en el concurso público. Y también bajo el silencio de las municipalidades, las que -de paso- dejarían de percibir importantes sumas para financiar obras de desarrollo.
En la mira de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se encuentra Dreams, Enjoy y Marina del Sol, por un posible caso de colusión en las licitaciones de licencias de casi una decena de casinos del país.
Específicamente, según trascendidos, las indagatorias apuntan a un eventual pacto entre las compañías, con el objetivo de no competir en los procesos de licitación. Y así, reducir al mínimo los aportes económicos que finalmente deben llegar a las arcas municipales donde operan.
La Unidad de Investigación de BioBioChile analizó y comparó las ofertas presentadas durante los concursos públicos de 2018 y 2022 por las firmas que forman parte de las pesquisas. Los hallazgos apuntan a multimillonarias diferencias.
Si en el primer periodo las ofertas rondaron entre las 120 mil y 800 mil UF ($4 mil millones-$28 mil millones), en el proceso actual el promedio llega apenas a las 18 mil UF ($600 millones).
En simple, mientras en 2018 las ofertas estuvieron por sobre el 30% de los ingresos brutos de las plazas a concursar, en 2022, el escenario es totalmente opuesto. En la mayoría de los casos, el ofrecimiento bordea tan sólo el 2% de los ingresos brutos de 2018 (último periodo sin pandemia ni estallido social), e incluso, en el Casino Marina del Sol de Talcahuano, la oferta ni siquiera alcanzó el 1%.
¿El principal argumento de la industria? El cierre obligado por la pandemia. Ello, pese a que las cifras quedaron amarradas por los próximos 15 años, tras un proceso en el que efectivamente hubo nula competencia.
La FNE en alerta
Vamos por parte. En agosto de 2015 se promulgó la actual Ley de Casinos, normativa que -entre otras materias- fija los deberes tributarios de los concesionarios del juego. Entre ellos, figura justamente un aporte económico anual que deben ser desembolsados en favor de las municipalidades donde operan.
Este año, la industria copó portadas de medios de comunicación, luego de que se conociera, a principios de agosto, que las policías chilenas -en el marco de la investigación por posible colusión- allanaron los domicilios de tres altos ejecutivos del área. A saber: Jaime Wilhelm, CEO de la empresa Dreams; Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol; y Henry Comber, presidente de Enjoy.
Inmediatamente se levantaron las suspicacias y las consultas respecto de qué hay detrás de las diligencias ordenadas por la FNE.
Un artículo del Diario Financiero publicado apenas días después de las pesquisas apunta a un eventual amañe de la licitación, o bid-rigging. Práctica que en Chile es considerada en la categoría de “cartel duro” y que incluso podría llegar a tener una sanción penal de 10 años de presidio.
Tal como se adelantó, en medio del golpe a la industria, BBCL comprobó que -no obstante ser diferentes comunas- las ofertas presentadas son rotundamente menores a las de 2018, cuando no sólo hubo competencia sino que incluso se llegó a tribunales con acusaciones cruzadas.
El triunfo de Dreams
Por procedimiento, los montos ofertados se mantuvieron bajo secreto hasta el pasado 5 de agosto, cuando se abrieron los sobres de seguridad en la audiencia celebrada por el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y Juegos en dependencias del Ministerio de Hacienda.
El detalle de la instancia quedó consignado en su acta notarial. En total, fueron 10 casinos los licitados, todos por distintas sociedades que ganaron los concursos para operar por 15 años en establecimientos distribuidos entre la región de Antofagasta y la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
En la práctica, sin embargo, todo se reduce a cinco concesionarios: Dreams, con cuatro plazas; Enjoy, con uno; Marina, con tres; y Egasa y Empresas Cardoen, con una respectivamente. Las tres primeras, como ya se dijo, están indagadas por el eventual pacto de no agresión.
Así, este año Dreams se alzó victoriosa en Temuco, por un aproximado de apenas 12 mil UF; lo propio hizo en Valdivia, por 6 mil UF; Punta Arenas, por poco más de 10 mil UF; y el gigante Monticello de Mostazal por 25 mil UF.
En total, por las cuatro plazas, la firma desembolsó unos $1.800 millones. Como punto de referencia, en 2018, sólo para obtener la concesión de una plaza (el Casino de Iquique) la misma firma desembolsó un aporte anual que supera los $7.900 millones.
Y hay más. Los montos ofertados por Dreams en la licitación de este año ni siquiera alcanzan a representar el 2% de los ingresos brutos obtenidos en 2018 (último año de operación normal). El caso más significativo es justamente el Monticello, dada su importancia y cercanía con la región Metropolitana. Allí, la cifra apenas se ubica en torno al 1%. Cuando se adjudicaron el Casino de Iquique en el proceso anterior, lo hicieron desembolsando casi el 40% de sus ingresos. Cuantiosa diferencia.
Requeridos por este medio, Dreams envió una declaración para referirse a la investigación de la FNE, así como también a la licitación de 2022.
“Rechazamos categóricamente cualquier vinculación de nuestra compañía con prácticas que atenten contra la libre competencia y manifestamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades correspondientes”, reza el escrito.
Asimismo, explicaron que la baja competitividad y -por consecuencia- la caída drástica en los aportes a las arcas municipales derivado del concurso público de este año, podría deberse al escaso interés “mostrado por diferentes actores del mercado”. Esto, debido “al daño económico ocasionado tras permanecer 15 meses sin abrir producto de la pandemia y, asimismo, a que el proceso no haya generado las condiciones necesarias para atraer a más competidores”.
“Este año, a diferencia de lo que ocurrió en procesos anteriores, no participó ninguna de las grandes cadenas internacionales, ni siquiera aquellas que ya operan en Latinoamérica”, argumentaron.
Marina del Sol: 0,9%
Marina del Sol triunfó este año en tres comunas por las que ofertó, en total, 28 mil UF (poco menos de mil millones de pesos). Se trata de Calama, Osorno y Talcahuano.
El caso más notorio es justamente esta última plaza, la que pese a ser el buque insigne de la firma, su oferta económica representa apenas el 0,9% de los ingresos brutos percibidos en 2018.
En concreto, la Municipalidad de Talcahuano percibirá un aporte anual de 10.969 UF. Es decir, unos $370 millones. Las otras dos comunas, Calama y Osorno, recibirán 10.641 y 6.696 UF respectivamente (ver infografía).
Tal como se adelantó, en ninguna de las comunas mencionadas hasta aquí hubo competencia entre las compañías investigadas. Lo que sí hizo Marina fue -en primera instancia- disputar la plaza de Copiapó a la firma de capitales españoles Egasa. Al poco andar, sin embargo, la compañía presidida por Nicolás Imschenetzky echó pie atrás y dejó el camino llano para los europeos, quienes precisamente serán los que entregarán el aporte más contundente del proceso de este año: más de 76 mil UF. Unos 2.600 millones de pesos en beneficio de la comuna.
El último de la lista de indagados, en tanto, es Enjoy. Este 2020 obtuvo la renovación del permiso de operación en Los Ángeles. Allí comprometió un aporte anual de unos $760 millones, lo que representa un margen superior al de sus competidores: el 15% de los ingresos brutos de 2018.
Los tres grupos económicos que forman parte de la investigación de la FNE concentran el 73% de las licencias de juegos, consignó Emol. Mientras que Dreams y Enjoy anunciaron en febrero de este año haber llegado a un acuerdo para su fusión, lo que aún se encuentra en proceso de análisis por la FNE.
“Somos tildados de malos”
Consultados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, Marina del Sol señaló escuetamente que “siempre va a colaborar con esta y cualquier investigación”.
En todo caso, en una entrevista con La Tercera, el principal accionista de la compañía, Nicolás Imschenetzky, dijo que no sabe qué puede tener que ver su empresa con una colusión en la licitación.
“En mi caso, hay desconcierto. Nosotros gastamos dinero, tiempo, esfuerzo en levantar licitaciones en otras ciudades, lo logramos hacer y a pesar de eso somos tildados de malos”, se lamentó ante el periódico.
Henry Combert, presidente de Enjoy, aseguró que no se referiría al tema.
El silencio de los alcaldes, salvo uno
BBCL también intentó obtener una respuesta de quienes debieran ser los principales interesados en aclarar el entuerto que destapó la FNE: las municipalidades. Finalmente son ellas las beneficiadas con los aportes que surgen de los casinos para importantes obras de desarrollo.
Pese a enviar sendas solicitudes a las comunas concernientes en la licitación de este año, Punta Arenas fue la única en responder, en la voz del alcalde de la ciudad, Claudio Radonich.
“Esta es una industria muy concentrada que finalmente genera ciertas condiciones de mercado donde los actores son muy pocos, lamentablemente impidiendo una mayor competencia que genera en nuestro caso un mayor beneficio para nuestra comunidad”, señala.
“Uno de los temas que lamentamos en este proceso de licitación es que las municipalidades no fueron partícipes activas de este proceso, por lo tanto, uno se entera por la prensa finalmente de esta situación”, agrega.
“En un momento dado por la prensa salió justamente que respecto del operador local había presentado recursos judiciales hace un tiempo respecto de esta licitación, y finalmente uno hubiera esperado que la Superintendencia incorporara más apertura en estos procesos que son tan importantes”, añade.
“También por la prensa nos enteramos de esta investigación de la FNE respecto de la concentración del mercado, tema que desconocemos y hasta ahora no ha llegado ningún requerimiento de parte de esta fiscalía”, concluye.
Así las cosas, la última palabra la tendrá la justicia.