Del Bío Bío a La Araucanía: el mapa de la violencia rural que suma apenas 4 imputados en 5 meses

Apenas cuatro personas han sido formalizadas en las más de 110 investigaciones abiertas por hechos de violencia rural en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, en los primeros cinco meses de este 2022.

La Unidad de Investigación de BioBioChile analizó las 117 causas iniciadas por el Ministerio Público en la Macrozona Sur, entre el primero de enero de este año y el 15 de mayo.

Entre los delitos más comunes figuran ataques incendiarios y robos con intimidación.

¿Las comunas más afectadas? Victoria, Lumaco y Collipulli, en La Araucanía. Y Contulmo, Cañete y Tirúa, en el Bío Bío.

Desde fiscalía explican que la falta de detención en flagrancia en la zona dificulta y ralentiza las indagatorias. Tanto las características del lugar de los hechos, como el cuidado de quienes cometen los ilícitos -que en algunos casos incluso eliminan la evidencia- repercute en que los tiempos no sean los deseados.

Con todo, enfatizan en que tras meses o incluso años de investigación, este 2022 lograron condenar a 40 personas por delitos vinculados a la violencia rural.

En tanto, desde el Gobierno destacan el diálogo con las comunidades y los afectados, asegurando avances en materia de estrategia y seguridad. Sin embargo, la percepción es distinta en las víctimas: “Aquí hay un notable abandono de deberes por parte del Estado chileno”, manifiesta uno de sus voceros.

El primer homicidio de 2022: sin responsables

César Andrés Millahual Cayupe fue asesinado el pasado 18 de enero tras recibir un disparo en la espalda. Estaba trabajando en una faena forestal del sector Butamalal de Cañete, cuando a las 11:45 horas cerca de 10 encapuchados llegaron a bordo de tres camionetas. Lo intimidaron a él y a su compañero.

El impacto balístico fue letal. Con tan sólo 22 años, el joven se convirtió en la primera víctima fatal de violencia rural en 2022.

Según consta en la querella de nueve páginas presentada por el Gobierno, los encapuchados que protagonizaron el ataque robaron dinero, la billetera y el celular al compañero de trabajo de César, también operario forestal.

El trabajador estaba tendido en el suelo cuando escuchó un disparo y se percató cómo el grupo que los atacó huía del lugar. A veinte metros de distancia, vio a su amigo herido. Decidió trasladarlo él mismo al hospital cañetino. Pese a los esfuerzos, murió a las 12:28 horas.

Posterior al homicidio, el entonces encargado de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, apuntó sus dardos contra la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). Por su parte, la organización negó toda participación en el hecho.

“Lo que hoy está ocurriendo en Wallmapu requiere de una autocrítica mayor, que permita rectificar el actuar de algunos grupos mapuche que han visto en el lucro maderero su única motivación”, señalaron desde la RML.

Tras las declaraciones no se supo más del caso. La investigación no registra movimientos adicionales a la admisibilidad de la querella. Así, su última actualización en el expediente del Poder Judicial data del 20 de enero.

La causa incluye uno de los seis delitos de homicidios que investiga el Ministerio Público, desde principio de 2022 hasta el 15 mayo. En ese periodo, emergen 143 ilícitos que confluyen en 117 causas abiertas por violencia rural.

Las indagatorias pueden contar con uno o más delitos asociados. Así, los ilícitos más frecuentes son “incendio solo con daños o sin peligro de propagación”, “atentado explosivo o incendiario” y “robo con intimidación”. En concreto, 37 indagatorias incluyen el primer delito mencionado, 30 al segundo y 17 al tercero.

Del total, 70 causas no están judicializadas. En otras palabras, el 60% aún no ha requerido la intervención de un tribunal (por lo que se mantienen sólo bajo el actuar de fiscalía). Por esto, no existe su registro digital público en el portal del PJUD.

De aquellas donde sí existen registros abiertos, 38 corresponden a La Araucanía y nueve al Bío Bío.

Con todo, el detalle de ilícitos en las causas no judicializadas es el siguiente:

Sin querella del Gobierno

Tras analizar sólo aquellas causas judicializadas (47), se desprende que el delito más común en la región del Bío Bío es el “incendio con peligro para las personas”, mientras que en La Araucanía es el de “incendio solo con daños o sin peligro de propagación” (ver gráfico).

En la primera zona, le siguen lesiones (2), posesión de municiones (2), robo con intimidación (2) y usurpaciones (3).

Dentro de las causas por usurpaciones destaca la toma del fundo San Miguel, en Alto Bío Bío. En detalle, se le consideran los delitos de “usurpación violenta” y “no violenta”.

El caso se remonta a fines de marzo, cuando se dio a conocer un video que evidenciaba un diálogo entre encapuchados y el propietario del predio.

“Lo vamos a dejarlo en que usted lo toma o lo deja. Sale por las buenas, o sale por las malas”, le advirtieron. ¿El plazo para dejar su casa? Tres semanas.

La toma llegó al Ministerio Público a través de una denuncia, la que en sus páginas apunta a 13 sospechosos pertenecientes al Lof Kallaki. Sin embargo, el hecho de que figuren sus nombres no implica que la investigación haya acreditado su responsabilidad en el delito. Es más, ninguno ha sido formalizado.

En este ilícito existe una salvedad. Actualmente, la legislación no permite detener a una persona en hipótesis de flagrancia por la comisión de un delito de usurpación, lo que repercute directamente en que no haya detenidos.

A cuatro meses de la toma, el Gobierno aún no se querellaba por el hecho.

Respecto a la familia afectada, ésta efectivamente fue expulsada del lugar, luego de que un incendio destruyera la casa patronal.

Las comunas más afectadas de La Araucanía

El 80% de las causas judicializadas confluyen en La Araucanía (38). De ellas, seis se encuentran en calidad de reservadas y dos no cuentan con documentación.

Hasta mayo de 2022, los datos sindican a Victoria como la comuna más afectada por la violencia rural. Son cuatro causas que incluyen uno o más de los siguientes delitos: “incendio con peligro para las personas”, “incendio solo con daños o sin peligro de propagación” y “lesiones graves”.

Ninguna investigación cuenta con formalizados.

Con tres causas, respectivamente, le siguen Lumaco y Collipulli. En la primera comuna, dos de las tres se encuentran tipificadas bajo el delito de “Incendio solo con daños o sin peligro de propagación”. La otra corresponde a “Posesión, tenencia y porte de armas”. Aquí aparece el primer formalizado del recuento: un joven de 23 años.

Uno de los incendios en la zona ocurrió la noche de entre el 23 y 24 de enero de este año. Consistió en la quema de una retroexcavadora. A diferencia de otros casos, donde no hay indicios de autorías, en este hecho sí se “conoce” a los responsables, salvo que no existen nombres concretos. Se trata de la organización Weichan Auka Mapu (WAM), la que mediante un panfleto reivindicó el siniestro:

“FUERA LAS FORESTALES, YANACONAS, MILICOS, ÁRIDOS, Y TODO INVERSIONISTA CAPITALISTA”, exigieron.

Además, los peritajes apuntan a que mediante otro escrito, demandaron la liberación de los denominados presos políticos mapuches.

“Corre conchatumadre“

Tal y como se indicó previamente, Collipulli también surge como una de las comunas más afectadas. A tan sólo a una hora de distancia de Lumaco, la violencia también se extiende hacia sus confines.

En concreto, tres causas se adjudican a la zona. ¿Los delitos a investigar? “Atentado explosivo o incendiario” e “incendio solo con daños o sin peligro de propagación”.

Uno de estos ataques ocurrió a principios de marzo en la Reserva Nacional Malleco y fue adjudicado por la ORT Wenteche Mangil Wenu de la CAM. En la causa no se registran sospechosos, ni formalizados.

A las agrupaciones se suma otra más: la Resistencia Mapuche Malleco (RMM). Fue en febrero de 2022 que se reivindicó un ataque ejecutado en Curacautín, donde cerca de ocho encapuchados intimidaron con armas de fuego al conductor de un camión forestal.

“Bájate conchatumadre, corre conchatumadre, entrégame tu teléfono y documentos (sic)”, le gritaron.

La víctima descendió y mientras escapó miró hacia atrás. A sus espaldas, vio cómo el camión ardía. Durante el ataque, al hombre además le robaron distintas pertenencias.

Transcurrido el tiempo, los peritajes dieron cuenta de la reivindicación en un lienzo con letras rojas: “FUERA LAS FORESTALES DEL WALLMAPU RESISTENCIA MALLKO”, firmaron.

Con todo, el hecho se investiga como “incendio solo con daños o sin peligro de propagación” y “robo con intimidación”. Aquí tampoco hay arrestos ni formalizados.

En riesgo vital

Hay más. Dentro de las cifras de La Araucanía, figura el caso del camionero Ciro Palma. La madrugada del 22 de abril fue baleado en su cabeza con armamento de guerra mientras transitaba por la Ruta 5 Sur, a la altura de Ercilla.

Las lesiones mantuvieron al hombre de 35 años en estado grave e incluso en riesgo vital. En su investigación, confluyen los delitos de “ataque incendiario” y “lesiones graves”.

Según los antecedentes que tuvo a la vista este medio, en el momento y lugar del ataque, un grupo de sujetos además quemó vehículos que se encontraban en la ruta. Más tarde, se dio a conocer que en el sitio se encontró un lienzo de la Resistencia Mapuche Malleco (RMM).

“Presidente y ministrxs. Sin lucha no hay territorio. Policías y Poder Judicial los tenemos en la mira ¡¡Caerán!! Libertad a todos los PPM del Wallmapu. Seguiremos luchando por nuestros caídos”, advertían.

Recién tras dos semanas en estado crítico, Palma presentó mejoras en su condición de salud. Al igual que en la causa por homicidio de César Millahual Cayupe, en esta tampoco hay detenidos ni formalizados. Han pasado más de tres meses.

Las reivindicaciones

Así las cosas, los datos evidencian, en el periodo analizado, el actuar de al menos tres agrupaciones en La Araucanía: la WAM, la Resistencia Mapuche Malleco y la ORT Wenteche Mangil Wenu de la CAM. Otros hechos fueron adjudicados por dos brazos armados más de la coordinadora.

Uno de ellos ocurrió el 30 de enero de este año en Temuco, específicamente en el sector Bochoco, a la altura de la comunidad Antonio Curapil. Allí se registró la quema de la cabina de un camión forestal, seguido de una serie de disparos.

Bajo la clasificación de “atentado explosivo o incendiario” e “incendio con peligro para las personas”, la causa aún no tiene formalizados. El ataque se lo adjudicó la ORT Anganamun, mediante imágenes en redes sociales.

El tercer órgano de la CAM que actúa en la zona es la ORT Laukenche. Precisamente fueron ellos quienes se adjudicaron un ataque incendiario realizado la madrugada del 27 de febrero en el Fundo Lisahue de Nueva Imperial. En el lugar, dos trabajadores fueron intimidados y cinco máquinas resultaron dañadas por la acción del fuego y los disparos percutidos. En la causa, al igual que en el resto donde hubo reivindicación, tampoco hay personas formalizadas.

Las comunas más afectadas en el Bío Bío

Nueve causas fueron abiertas en la región del Bío Bío. De ellas, siete corresponden a delitos cometidos en la provincia de Arauco. ¿Las comunas más afectadas? Cañete, Contulmo y Tirúa.

De la información analizada por esta unidad de investigación se desprende que son otros los grupos que actúan en la región. Sin embargo, esto no descarta la operación de agrupaciones de La Araucanía en la zona.

El nombre de la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) reluce como uno de los actores territoriales más activos. En efecto, el grupo fue noticia luego de que se adjudicaran los cinco ataques que dejaron más de 30 máquinas quemadas en la comuna de Los Álamos, el pasado 28 de abril.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío, el hecho fue claramente planificado. Los cortes de ruta, la cantidad de maquinaria afectada y las armas que portaban los cerca de 40 encapuchados sindicados en el lugar, dieron pie a una querella de parte del Gobierno.

Al igual que en el resto de las causas mencionadas, la investigación tampoco cuenta con formalizados.

De un total de nueve, hay dos causas en el Bío Bío que sí cuentan con formalizados. Ambas son por “posesión, tenencia, porte de munición y sustancia química”. Una en Cañete, con un imputado al que se le comunicaron cargos; y otra en Tirúa, con dos.

El caso de la segunda comuna ha sido más mediático. Según los antecedentes divulgados por medios de comunicación, se trataría de tráfico de municiones en el territorio. ¿Los formalizados? Alexis Manríquez Maril y Robinson Parra Sáez.

De estos nombres surge el nexo con dos organizaciones: Los Huellanos y otra que aún no cuenta con un nombre público. Según fuentes del Gobierno, ambos grupos armados operan en los sectores de Curapaillaco y en La Puntilla de Quidico.

Homicidios

En total, seis homicidios figuran dentro de las causas, tanto en el Bío Bío como en La Araucanía. Ninguno cuenta con formalizados. Según el registro, tres están en calidad de reservados, mientras que uno aún no ha sido judicializado.

Fuentes de esta unidad de investigación confirmaron que la causa no judicializada corresponde al homicidio de Manuel Huenupil Antileo, ocurrido el pasado 05 de mayo entre Tirúa y Carahue. El comunero de 45 años murió baleado, luego de que el vehículo en el que transitaba fuera atacado a tiros en la zona de “Casa de Piedra”.

Comunidades calificaron a Huenupil como un “activo miembro” de sus procesos reivindicativos, apuntando la responsabilidad del hecho a la WAM.

“No es primera vez que este grupo armado se entromete de manera violenta en las recuperaciones de comunidades, actuando como pandilla que se traslada de un lugar a otro según la cantidad de las plantaciones forestales para extraer y hacer sus negocios”, arremetieron.

En esa misma ocasión, las comunidades mapuche-lafquenche de Tirúa sur y Hueñalihuen manifestaron: “Quemar y atentar contra de personas humildes, mapuche o chilena, no es lucha mapuche”.

Este medio logró establecer que los tres homicidios en calidad de reservados, corresponden a la región de La Araucanía. Dos ocurrieron en Carahue y uno en Traiguén. Este último fue el pasado 16 de febrero, cuando carabineros fueron atacados a disparos por encapuchados, mientras verificaban daños a una torre de vigilancia de Conaf. Según los antecedentes investigativos, se trató de homicidio en calidad de frustrado.

En tanto, los otros dos homicidios figuran como calificados. Uno de estos se remonta al 21 de enero, cuando dos personas murieron tras ser baleadas por al menos tres sujetos que descendieron de una camioneta en el sector Miramar de Carahue.

Ese día, fuentes de Radio Bío Bío indicaron que los desconocidos, tras cometer el asesinato, tomaron rumbo hacia la comuna de Tirúa en la provincia de Arauco.

Un mes después, durante la noche del 20 de febrero, dos patrulleros forestales fueron encontrados muertos al interior de una camioneta en el fundo “El Encanto” de Mininco. Ambos trabajaban en la empresa First Security, la que presta servicios a CMPC.

Al día siguiente se dio a conocer el nombre de las víctima: Benjamín Eduardo Bustos Manríquez de 23 años, oriundo de Vilcún y Alejandro Ignacio Carrasco Mellafe de 30, domiciliado en Nueva Imperial.

Las diligencias concluyeron que se trató de un homicidio con arma de fuego. Ambos hombres fueron acribillados a corta distancia.

Cuando ocurrió el ataque, según reveló en esa fecha la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, ambos cumplían labores de apoyo y protección a brigadistas que custodiaban la extinción de un foco de incendio que se desarrollaba al interior del fundo. Tanto Benjamín como Alejandro recibieron disparos en la cabeza, pecho, hombros y brazos. Todo esto, cuando el vehículo permanecía inmóvil.

Falta de flagrancia

De los datos analizados se desprende otra conclusión más. Al revisar los expedientes del Poder Judicial, de las 47 causas judicializadas, 21 registran sólo la querella o denuncia que dio origen a la investigación, sumado a su admisibilidad. De haber movimientos, éstos corresponden exclusivamente a cambios de abogados o agrupación de indagatorias.

En simple, el 45% de las causas judicializadas por violencia rural iniciadas entre el 01 de enero y el 15 de mayo de 2022, no presentan diligencias ni movimientos asociados a investigaciones.

Al respecto, el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, César Schibar, asegura a este medio que existen diligencias reservadas que no necesariamente se registran en el archivo judicial del PJUD, lo que podría explicar por qué en algunas de las causas no se visualizan avances. Donde sí queda constancia es en la carpeta investigativa que lleva fiscalía.

—Ahí la gran mayoría de las causas que han ingresado en este 2022 se encuentran con diligencias, se encuentran con actividades pendientes, con orden de investigar o instrucciones despachadas por parte de fiscalía a las policías, a la espera de los resultados de estas —garantiza.

Respecto a los pocos formalizados, el fiscal reconoce en conversación con la Unidad de Investigación de BioBioChile que existen algunos factores o condiciones que, preliminarmente, favorecen la impunidad en la comisión de este tipo de delitos.

—Son sectores rurales, donde no hay cámaras, hay ausencia de testigos. Los imputados actúan, en algunas oportunidades, en la noche. No dejan huella. Utilizan sus rostros cubiertos. Por lo tanto, todos esos elementos, y la sumatoria de aquellos, van dificultando estas investigaciones.

El persecutor también cuenta que la planificación de los delitos es cada vez más sofisticada. Por ende, dejan menos aspectos al azar.

—Incluso se ha podido constatar que, en el caso de la utilización de armas, los imputados al disparar recogen los casquillos y las municiones que van utilizándose. Las guardan y se retiran con ellas, no dejan evidencia. En algunos casos utilizan guantes.

Todo esto, dice, repercute en que haya o no detenidos, lo que lleva a que las investigaciones tomen más tiempo. Por ejemplo, indica que en los homicidios de los carabineros Eugenio Naín y Francisco Benavides, la recopilación de antecedentes tardó cinco meses para identificar a los imputados y luego formalizarlos. En el caso del crimen del PDI Luis Balcázar, hubo resultados después de un año de diligencias.

En un caso más reciente, se encuentra la detención del vocero de la CAM, Héctor Llaitul, quien recién fue detenido tras dos años de investigación del Ministerio Público.

Con todo, concluye en que la flagrancia tiene un rol fundamental.

—En la medida que existan detenciones en hipótesis de flagrancia, la regla general es que estos pasen a control por parte de la fiscalía y se proceda a la formalización por parte de los tribunales (…) Al momento de tener poca flagrancia, entonces, la posibilidad de la formalización o de la judicialización disminuye. Es por eso que tenemos que realizar una investigación de mayor extensión en el tiempo y ahí uno puede entonces entender que no exista, en este 2022, tanto detenidos o formalizaciones como uno desea tener.

A su vez, el persecutor apuntó a que los resultados no se van a ver en este primer semestre de 2022.

—Vamos a hablar a partir del segundo semestre o el próximo año, como ocurre en los juicios orales que tuvimos este primer semestre… que son (casos) del año pasado o hace dos años atrás.

En esa línea enfatiza que durante este primer semestre se pudo condenar a 40 personas en 26 causas distintas, por distintos delitos graves, vinculados a la violencia rural, tales como incendios, homicidios, tenencia de armas, tráfico de armas y municiones.

Así, suma que a la fecha hay más de 60 personas en prisión preventiva en investigaciones que se encuentran plenamente vigentes. La gran mayoría de ellas con acusaciones presentadas a la espera de poder realizar las audiencias de preparación y posteriormente las de juicio oral.

—Tenemos fiscales con dedicación exclusiva en este tipo de delitos —precisa.

“No será con violencia”

La Unidad de Investigación de BioBioChile consultó a las delegaciones presidenciales del Bío Bío y La Araucanía, respecto a los hechos de violencia rural en sus regiones.

Desde el Bío Bío, la delegada Daniela Dresdner indica que efectivamente existen hechos de violencia en la zona que están asociadas al robo de madera y al crimen organizado. Para su combate, señala, se encuentran trabajando con distintas instituciones.

—Esa es una política muy importante que nuestro gobierno impulsa y que complementa con una serie de iniciativas legislativas que pronto serán presentadas para reforzar y ampliar las facultades del Estado para perseguir delitos relacionados al crimen organizado y al narcotráfico —adelanta.

A su vez, sostiene que el despliegue preventivo de las policías y las Fuerzas Armadas en la provincia de Arauco y en la comuna de Alto Bío Bío, se realiza con la finalidad de prevenir e inhibir la existencia de ataques.

—No será con violencia, sino con diálogo como seguiremos avanzando en dar respuesta a las deudas que el Estado tiene en el territorio y que se profundizaron en los últimos años.

A su juicio, mantendrán y profundizaran las conversaciones abiertas con aquellas comunidades que quieren avanzar en soluciones por la vía pacífica.

—Son la mayoría —asegura.

Respecto a las víctimas, comenta que se encuentran trabajando para llegar con ayuda a cada una de ellas.

—Este semestre ya hubo una entrega significativa de recursos económicos y seguiremos entregando ayuda psicológica, legal y económica para estas familias.

Sobre posibles cambios que hayan identificado en cuanto a la actividad de las organizaciones que operan en la zona, declinó responder. En esa misma línea, confirmó trabajos en medidas de seguridad, que por tratarse de operaciones policiales y estratégicas, prefirió mantenerlas bajo reserva.

Desde la delegación presidencial de La Araucanía evitaron referirse al actuar de agrupaciones radicales en el territorio por tratarse de “información estratégica de seguridad”.

Requeridos por si existe un catastro de víctimas, la respuesta fue afirmativa. “Para ello existe el programa de violencia rural del Ministerio del Interior que funciona regionalmente en el Bío Bío y Araucanía. En nuestra región funciona el Centro de apoyo a víctimas que tiene su asiento en Victoria. Existen dos psicólogos, un abogado, un asistente social, un administrativo, un auxiliar”, espetaron vía comunicado.

“Vienen a atacar un cáncer con un paracetamol”

Por su parte, y en vista de los antecedentes de esta investigación, el presidente de la fundación Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur, Fernando Fuentealba, apuntó a un “desapego” del Estado con la realidad que viven en las regiones afectadas.

—Es el Estado el que está fallando absolutamente en todos sus estamentos —manifiesta.

Argumenta que, como fundación, no quieren que la violencia se normalice y se les rebaje a un número o a una cifra de un total de hechos.

—Lo peor de todo es que no existe, no existe ningún plan. Esto ha sido de una falsedad enorme. No hay un plan de apoyo a las víctimas, real. No hay una respuesta como lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, lo que ocurrió con la Comisión Valech.

Fuentealba profundiza sus críticas:

—Acá vienen a atacar un cáncer con un paracetamol (…) Aquí hay un notable abandono de deberes por parte del Estado chileno. Esa es la sensación que tienen todos, porque además todos los días estamos sumando víctimas, en distintas zonas de la Macrozona.

Con todo, critica la implementación “ineficiente” del Estado de Excepción en la zona. En esa línea, apunta a que la medida se ejecute de forma clara y contundente, para que las Fuerzas Armadas sean el apoyo de seguridad, para que los fiscales asistan a los lugares y hagan las investigaciones.

—No existen las voluntades por los distintos estamentos del Estado —concluye.

La Fiscalía Nacional, organismo al que este medio solicitó las cifras vía Transparencia, no estuvo disponible para este reportaje.

La Unidad de Investigación de BioBioChile accedió vía Transparencia a aquellas investigaciones del Ministerio Público relacionadas a la violencia rural que contaran con uno o más de los siguientes 13 tipos de delitos, entre el 01.01.2022 y 15.05.2022:

– Atentado explosivo o incendiario
– Incendio solo con daños o sin peligro de propagación
– Lesiones menos graves
– Incendio con peligro para las personas
– Lesiones graves
– Homicidio
– Robo con intimidación
– Usurpación no violenta
– Lesiones leves
– Posesión, tenencia, porte de armas
– Posesión, tenencia, porte de munición y sustancia química
– Robo con violencia
– Usurpación violenta