“Aquí no hay un control y el nivel de violencia y el nivel de impunidad es alto”.

Marcadas por la desprotección y el temor, las palabras corresponden a una funcionaria judicial de Cañete. Su testimonio forma parte de casi una veintena de entrevistas que fueron prestadas en privado por empleados de tribunales de la Macrozona Sur a la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud).

Entre el 03 y el 06 de mayo de este año, la agrupación gremial visitó en terreno a jurisdicciones del Bío Bío y La Araucanía, donde recopilaron -de primera mano- el sentir de los trabajadores. Los testimonios, más tarde, serían enviados por el organismo a la Corte Suprema, en búsqueda de nuevas medidas de protección.

Algunos narran su percepción con mayor optimismo que otros, pero todos, sin excepción, reconocen la inseguridad que sienten al ir a sus trabajos.

Sin ir más lejos, una de las consultadas define la situación como “una bomba de tiempo”, mientras, uno de sus compañeros, alerta que “la violencia se está apoderando” del lugar.

Camino al trabajo

De acuerdo a las entrevistas a las que accedió este medio, uno de los principales problemas que enfrentan los funcionarios judiciales son los viajes de ida y vuelta hacia sus puestos de trabajo.

Lo que en otros lugares corresponde a una tarea cotidiana, en la Macrozona Sur se transforma en una situación de constante tensión.

“El problema más grande y grave que tenemos nosotros es de las condiciones en que se encuentra la ruta para llegar a cada uno de los tribunales (…) ha habido episodios de ataque a vehículos de Gendarmería, a vehículos particulares, vehículos de servicio de salud, y obviamente a camiones también”, relata una jueza de Collipulli.

Lo mismo ocurre a casi dos horas de distancia, en Nueva Imperial. Un funcionario de acta de la zona cuenta que en el trayecto hacia su empleo ha debido enfrentar “situaciones graves”.

“Por ejemplo, yo vivo en la zona rural compleja del conflicto mapuche y me ha tocado que toman permanentemente la carretera de Temuco o de la zona de Los Ríos, que cubre el sector de Padre las Casas hacia allá. En una oportunidad estaba tomada y tuve que pasar por entre medio de las brasas”, asevera.

Él mismo indica que no importa a qué hora salga, de igual manera siente que arriesga su vida. “Estas personas no miden consecuencias, si pueden tirar una piedra arriba de una pasarela la van a tirar. Si tienen que cortar un árbol, lo van a atravesar”, lamenta.

El peligroso panorama no es aislado. Se repite también a 162 kilómetros, en Cañete. Así lo retrató un juez de esa comuna, con 10 años de experiencia en la zona, entrevistado el pasado 04 de mayo:

“Nos hemos visto con muchos problemas para la realización de las audiencias (…) Por ejemplo, tuvimos una audiencia de juicio y no se pudo llevar a cabo porque no llegan los intervinientes porque están las rutas cortadas. Entonces estamos con esas dificultades que están atrasando todo el sistema del funcionamiento judicial”, plantea.

“Un canto amenazante”

Una vez en el trabajo, el panorama tampoco cambia. El mismo magistrado relata que “en el supermercado se encuentran con personas que de repente pueden hacer gestos, un canto amenazante. Porque los ubican a ellos (los funcionarios judiciales)”.

“Cañete es un lugar relativamente chico, por lo tanto, los intervinientes con frecuencia están tomando contacto con ellos y a su vez los reconocen. Aunque los vean en la calle, los reconocen”, cuenta el juez.

Pueblo chico, infierno grande. En sus palabras se cumple el dicho. Es más, comenta que la “actitud amenazante” no queda en el “gesto”, sino que pasa a mayores.

“Han habido hechos en los cuales han detectado a personas, por ejemplo, fotografiando la patente de los vehículos de los funcionarios, incluso a un juez”. ¿El propósito? Desconocido. “No se sabe quién está detrás de uno, quién lo sigue”, sostiene.

“Estamos en riesgo de muerte, es una situación bastante fuerte”, confiesa.

La jueza de Collipulli complementa: “De repente se encuentran panfletos con alusiones al Poder Judicial, ‘los tenemos en la mira’”, detalla.

Por ello, la idea de migrar hacia otras localidades menos conflictivas es recurrente. “Se hace necesaria una ayuda, un apoyo psicológico, sin dudas. Pero lamentablemente también estamos sufriendo que los funcionarios estén con mucho ánimo de salir de Cañete”, dice el magistrado.

Otros incluso concretaron el cambio de domicilio. Un funcionario de Nueva Imperial relata: “Yo tuve que irme de este pueblo por amenazas. Trabajé muchos años como actuario criminal, entonces trabajábamos con presos (…) Sufrí bastantes atentados y era medio complicado el tema familiar, con mi señora y mi hijo y yo… Tuve que decidir irme de acá, de mi pueblo, irme hacia Temuco a un lugar donde no me conociera nadie”.

Peligro en las audiencias

“La idea no es estigmatizar a la gente, tampoco a gente que viene de una comunidad”, aclara uno de los funcionarios judiciales de Victoria.

Gran parte de los entrevistados habla con cuidado de la inseguridad que sienten. No adjudican los problemas a alguna organización o grupo étnico específico.

De hecho, más de uno afirma directamente desconocer si los ataques tienen o no relación con el denominado conflicto mapuche.

“Yo creo que hay mucha gente que utiliza el conflicto para esconder otro tipo de ilícito”, indica una funcionaria del Juzgado de Garantía de Cañete.

“No tengo idea si es de la etnia o no, a veces se autoproclaman atentados”, comenta el administrador de otro juzgado de la zona.

Lo que sí sostienen, y están todos de acuerdo, es que los ánimos suelen agitarse en aquellas audiencias de gran exposición mediática, como en causas ligadas a ataques, homicidios, tráfico de armas, droga o similares.

“Aquí usted en Cañete dice ‘hoy día hay una audiencia de conflicto’ y usted va a las 10 u 11 de la mañana y el centro se está cerrando y Cañete se cierra y cierran los colegios“, relata una de las funcionarias de garantía de la comuna.

Si bien el “cierre” de pueblos no fue comentado por trabajadores de otras zonas, algunos de ellos apuntan a otro factor: la gran cantidad de gente que se congrega en estas causas, ya que los acusados suelen ser acompañados.

“Generalmente, hay imputados que vienen con mucha gente de apoyo, vienen como 40 personas y eso hace que se empiecen a caldear los ánimos de repente, como pasó el otro día con el defensor que fue agredido”, recuerda un encargado de causa en Victoria. Acota, eso sí, que son casos puntuales.

En la misma línea, un importante funcionario judicial de Angol cuenta que hay causas que “ameritan un mayor resguardo”:

“La congregación de gente que viene a las audiencias y se apuesta a las afueras del tribunal es significativo (…) en el año 2013 hubo un episodio en donde ingresaron al tribunal, rompieron vidrios del frontis y también agredieron a funcionarios de Carabineros”.

En ese marco, la mayoría de los empleados judiciales apuntó a deficiencias de seguridad al interior de los tribunales. Señalan que la coordinación con Carabineros y Gendarmería es clave, pero creen que independiente de aquello, es necesario hacer mejoras en la infraestructura de los juzgados.

Por ejemplo, muchos trabajadores apuntan a que no cuentan con rutas de evacuación seguras. Tal es el caso de Lebu, donde uno de sus tribunales colinda con dependencias de Gendarmería, y las únicas vías de escape con las que cuentan los funcionarios son “una salida hacia la calle” o el interior de una cárcel.

“No sé si es lo más seguro, porque tendríamos que salir hacia dentro de la cárcel, pero es nuestra única forma de escape, no tenemos otra”, comenta una funcionaria de la comuna.

“La justicia no hace justicia”

Los entrevistados coinciden en que las audiencias a distancia vienen a solucionar el riesgo de violencia de la presencialidad. En palabras de una administradora judicial de Victoria: “Nosotros creemos que la vía telemática es la más adecuada para abordar este tipo de causa”.

Sin embargo, existe un problema en esa “solución”. El internet en las zonas rurales, tanto en el Bío Bío como La Araucanía, no siempre es buena. De igual forma, la Unidad de Investigación de BioBioChile constató en terreno que la señal telefónica es inexistente en tramos de la provincia de Arauco.

“El internet aquí es muy deficiente, han botado varias antenas repetidoras”, explica una funcionaria del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Cañete. La violencia es tal, que cuando van los equipos a reparar estas torres “les roban los vehículos o los asaltan y los queman”.

Pares del Juzgado de Letras de Cañete, señalan que “hay gente que sí o si tiene que venir presencial, porque carece de medios tecnológicos y si hay una situación (como cortes de ruta o cualquier eventualidad) su audiencia se va a suspender”.

Así, “la sensación de una justicia oportuna no se va a poder cumplir”, lamentan.

Con todo, los funcionarios públicos apuntan a problemas que afectan su trabajo, tanto en la presencialidad como a distancia. A ello se suma el aumento de causas, y no solo de violencia rural.

“La justicia -es irónico que yo lo diga, porque trabajo acá- no hace justicia, porque un delito que es un delito de varios, no es nada”, espeta una cañetina.

“Ribetes políticos”

“Hace unos años atrás no habríamos pensado tener secuestros con tortura con relato de una víctima y 14 personas involucradas con un nivel de organización bastante elevado”, comenta la jueza titular de uno de los juzgados de Collipulli.

Las causas se han complejizado. La duración de las investigaciones e incluso de las audiencias, han aumentado. Si bien algunos entrevistados rememoran hechos de 2013, todos evidencian que la violencia e inseguridad creció en los últimos años.

“Del 2017 en adelante se veía solo en contra de las forestales. Hoy día ya no son tan solo las forestales el blanco de la violencia, (puede ser) gente particular y a todos nos puede tocar”, reflexiona una funcionaria de Cañete.

Desde el TOP de la misma comuna, una trabajadora declaró el 04 de mayo que aumentaron “los atentados, los delitos… no solamente de causas relacionadas con violencia rural, sino que con todo tipo de delitos. Muchos robos con violencia, disparos en la ruta, a cualquier hora, incendio de vehículos que bajan a la gente a punta de pistola… parece aquí el Oeste”.

Ella misma señala que los primeros Estado de Excepción generaron una baja de estos casos. Antes de la medida, recuerda, “hubo un tiempo en que la sirena (de bomberos) no paraba de tocar”.

“Eso también es preocupante, aquí no paraba, era un infierno, desde la madrugada hasta la noche. Yo no sé como esos pobres bomberos tenían vida, a ese nivel. Las casas del lago en ese tiempo las quemaron, muchas incidentes en la ruta, quema de vehículos… no paraban”, dice.

Pese a la disminución de casos, actualmente está notando “todo lo contrario”. “Comenzó a sonar un poco más”, lamenta, en referencia a la alarma bomberil.

Con desesperanza, un colega de Angol afirma que existe incertidumbre: “Estamos hablando de muchos años donde nadie ha podido llegar a un punto de encuentro”.

“Yo también soy funcionario y parte de la población, por lo tanto, obviamente, siento ese temor que ha habido un aumento de este tema y no hay una solución, no hay estrategias, no hay nada en verdad”, manifiesta evidenciando una notable sensación de abandono.

“Esto tiene tantos ribetes políticos que uno no tiene nada que hacer”, complementa un administrador judicial de Cañete.

“Es algo que sale del Poder Judicial”

La conclusión de la Aprajud fue lapidaria: Los funcionarios judiciales se sienten desprotegidos “porque no todos los tribunales cuentan con adecuadas vías de evacuación o de escape en caso de siniestro, incendio o ataque de turba”.

Se suma que “la mayoría de los jueces en estas dos regiones, se quedan teletrabajando” por temor. Sin embargo, el resto de los trabajadores acude de manera presencial, “exponiéndose a agresiones” o peligros en las rutas, acota el presidente nacional de la agrupación, Patricio Aguilar.

A modo de análisis, el timonel de la directiva regional de Aprajud en el Bío Bío, Rodrigo Salinas, apunta a los factores que dificultan las investigaciones: “El área es extensa, hay una baja densidad poblacional que también influye y por la zona geográfica particular hay mucho bosque”.

“Las gestiones de las policías y de los fiscales han sido infructuosas en buscar a todos los culpables de todos los atentados y de los actos delictuales que se han efectuado”, resuelve.

Respecto al panorama, arremete: “Es un tema económico y un tema de poder y, en ese sentido, es un tema que sale del Poder Judicial. El Poder Judicial podrá tomar sus propias decisiones en cuanto al resguardo de sus funcionarios e instalaciones (…) no podemos y tampoco nos corresponde intervenir en lo que corresponde a las políticas que permitan prevenir totalmente la situación política y de este conflicto”.

Un magistrado de la zona llegó a la misma conclusión. Los hechos “van aumentando en grado de violencia y en grados de inseguridad, (pero) son situaciones que lamentablemente son solucionadas como un asunto de orden público y ahí ya el Poder Judicial poco y nada puede hacer”.

El informe de seguridad que recopiló los testimonios de los funcionarios de distintos escalafones del Poder Judicial, fue presentado junto a un petitorio el 04 de julio ante la Corte Suprema. En las entrevistas se consideró a empleados de los siguientes tribunales de la Macrozona Sur:

Juzgado de letras y Garantía de Lebu, Juzgado De Garantia de Cañete, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, Juzgado de Letras de Cañete, Juzgado de Garantía de Victoria, Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, Juzgado de Garantía de Angol, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, Juzgado de Letras de Nueva Imperial.

Las identidades de los consultados fueron mantenidas en reserva por este medio por temas de seguridad