—Se acabaron los tiempos en donde ustedes hacen lo que quieren.
—Estamos haciendo lo que nosotros debemos.
—¡Eso es lo que hacía Paul Schäfer! ¡¡Eso es lo que hacía!!
La frase los alteró a todos. Algunos rostros quedaron descompuestos. Incrédulos. La otra mitad de los presentes se levantó de sus sillas. Exigían respeto, que una cosa no tenía nada que ver con la otra, que ya era suficiente. El salón era un caos. El nombre abrió una herida que aún duele.
—¡¡Le mientes al público!!
Eso no es correcto, vociferó uno. Te puedes sentar por favor, exigía otro. Pero la reunión ya estaba desatada, e intentar calmar los ánimos era un imposible.
En la sala estaban reunidos los accionistas de Agripalma S.A, una de las tres empresas que conforman la estructura societaria de Villa Baviera. En su mayoría colonos alemanes que han vivido toda su vida en la ex Colonia Dignidad, en Parral. Casi la mitad no habla español. Otros a medias. Un porcentaje restante necesitaba que explicaran más lento.
Estaban ahí después de tres años sin poder juntarse, en medio de una lucha judicial que enfrenta a un grupo de accionistas contra los gerentes de las principales firmas de la malla: Bardana S.A., Cinoglosa S.A. y la propia Agripalma S.A. A ellos hoy los apuntan como los “nuevos jerarcas”.
La cita fue el pasado viernes viernes 29 de abril, a las 9:00, con una temperatura de dos grados. ¿La razón? Presentar los estados financieros desde 2019 a 2021 y los informes de gestión.
La asistencia estaba completa. Los ánimos desbordados. El Ministerio Público ya los tenía en la mira por posibles delitos de administración desleal, lavado de activos y/o negociación incompatible, luego de que uno de los accionistas -Inversiones Callaqui- ingresara una querella criminal acusando estos ilícitos.
Villa Baviera en el ojo de la justicia
La estructura de Villa Baviera se creó bajo la administración de Paul Schäfer en la década de los noventa. Un sociedad de tres niveles que hoy es parte de una investigación a cargo de la Fiscalía Local de Parral.
En concreto, según detalla el libelo al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, la malla societaria está dispuesta de tal forma que, mientras los accionistas (en su mayoría colonos) no obtienen réditos en décadas, en el tercer nivel -de la que no son parte de manera directa- celebran jugosas utilidades.
La presentación -ingresada ante el Juzgado de Garantía de Parral- apunta justamente contra “los nuevos jerarcas” de la ex Colonia Dignidad, quienes figuran como directivos en las distintas empresas que conforman el denominado Holding Villa Baviera.
La querella incluso arguye la existencia de una firma que actúa como “búnker jurídico” que le permite quedarse con los dineros.
Estructura: Nivel 1
Fue en 2016 cuando Inversiones Callaqui SpA comenzó a adquirir parte de las acciones de Agripalma S.A., Bardana S.A. y Cinoglosa S.A. con la finalidad de obtener réditos económicos en el mediano plazo, situación que jamás ocurrió.
Estas tres compañías (denominadas A, B y C) conforman el primer nivel de la estructura societaria y son propietarias en partes iguales de la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Cerro Florido Limitada. Esta, a su vez, posee entre su patrimonio los principales activos provenientes de la época de la creación y desarrollo de Villa Baviera.
Los querellados son Markus Blanck Heimann, Thomas Schnellenkamp Witthahn y Hans Schreiber Nill, directores de las “A, B y C” y al mismo tiempo, parte de la cúpula de Cerro Florido y sus 14 filiales.
Según se lee en la querella, ellos tres han abusado de su posición para perjudicar a las A,-B y C (y en consecuencia al querellante), incurriendo en administración desleal.
Nivel 2
En el segundo nivel y actuando como embudo, figura la mencionada Cerro Florido, dirigida por los querellados Markus Blanck Heimann, Thomas Schnellenkamp Witthahn y Hans Schreiber Nill, quienes también son parte del directorio de las A, B y C.
Los reales dueños del patrimonio de estas tres firmas son, en teoría, sus accionistas. Sin embargo, ellos denuncian no haber obtenido dividendo alguno por décadas, tampoco Inversiones Callaqui.
En este segundo nivel, tildado de “búnker jurídico” por el querellante, es donde se cierra la llave que impide el flujo del dinero hacia el primero, acusan.
Nivel 3
Por último, está el tercer nivel de la estructura, lugar donde emergen otras 13 empresas del consorcio cuyos giros están vinculados en su mayoría al rubro inmobiliario. ¿Los representantes legales? Los mismos directores de Cerro Florido.
Según se relata en el escrito, es aquí donde se han producido millonarias compraventas del grupo por más de mil millones de pesos.
Se trata de operaciones que no fueron autorizadas por ninguna asamblea, ni tampoco por alguno de los directorios de las A, B y C, lo que desató la molestia de los accionistas.
Es gracias a esos contratos, de acuerdo al libelo, que Cerro Florido obtuvo en 2018 utilidades por $147 millones y en 2019 por más de $9 mil millones. Esos resultados nunca fueron traspasados al primer nivel del holding, añade el documento.
Así lo explica en simple uno de los abogados patrocinantes en la querella, Gonzalo Elgueta Ortiz.
—Todas estas estructuras societarias se encuentran dirigidas y controladas por quienes son hoy los descendientes de los antiguos jerarcas de Colonia Dignidad. Ellos mantienen una serie de privilegios, administran el poder y controlan todo el quehacer al interior de Villa Baviera.
Malla societaria de Villa Baviera
Ilusionando a sus accionistas
Según se desprende del escrito, Inversiones Callaqui fue poco a poco comprendiendo el entramado societario que le impide obtener utilidades a pesar de su participación directa en las tres empresas (A-B-C) propietarias de Cerro Florido, y por consecuencia, del holding Villa Baviera.
De acuerdo a lo expuesto en la querella, “la estructura del holding económico que rige hasta hoy proviene de un diseño jurídico societario encomendado y elaborado en la época del sr. Schäfer”.
Todo ello, “a fin de crear la ilusión de participación de sus accionistas (los colonos y ex colonos)”, cuando “en la realidad lo que hacía era despojar a éstos de los mecanismos normales y esperados de reparto de utilidades, de administración y rendición de cuentas, apoderándose del control, uso goce y disposición del patrimonio societario, sin la necesidad de aparecer como dueño”, explica el documento.
En resumidas cuentas, Cerro Florido actúa de forma autónoma, concentrando y blindando la instancia de las decisiones y disposiciones patrimoniales en su directorio, agregan.
En efecto, dicho órgano tiene la potestad de instruir a las demás sociedades del holding (filiales o empresas coligadas) para la celebración de determinados actos y/o contratos y también el poder de reflejar, fidedignamente o no, los efectos patrimoniales y financieros de ello en las otras sociedades de la estructura, sostienen.
Dicho de otro modo, se acusa que los “nuevos jerarcas” utilizan sus cargos en las distintas reparticiones para materializar la comisión de ilícitos que ahora son investigados por la justicia.
De la propia acción legal se desprende que los accionistas, incluyendo a Inversiones Callaqui, no pueden realizar inspecciones de cuenta o auditorías. De ahí que en la última reunión los ánimos estuvieran crispados.
“Los apellidos de los antiguos jerarcas y ‘altos mandos’ de Schäfer se repiten una y otra vez en los cargos de directores y gerentes del supuesto holding y son ellos, los querellados, que mantienen ilícitamente el control y disposición de todos los bienes sociales”, reza el escrito.
Utilidades sin repartir
—Mi cliente ha trabajado más de 30 años y solo ha recibido $3.000 pesos.
(La reunión seguía alborotada)
—Más de 60. Yo he trabajado más de 60 años y no he recibido nada.
La indignación en el rostro de algunos alemanes era evidente. La otra mayoría simplemente asentía a lo que decía la directiva. No entendían español. Las cifras expuestas eran un rompecabezas.
El 2019 fue un año de números rojos para las sociedades Agripalma, Bardana y Cinoglosa (A, B y C). Entre las tres acumularon pérdidas por $770 millones, mientras en ese mismo periodo Cerro Florido celebró $1.078 millones en utilidades que no fueron repartidas entre sus accionistas, denuncian.
¿La razón? Las ventas por las que Cerro Florido sacó cuentas alegres se realizaron en el tercer nivel de la estructura, específicamente en las filiales Inmobiliaria Küstrin Ltda. e Inmobiliaria Heidenheim Ltda.
“Estos resultados bajos para la magnitud de la principal transacción de esos años no fueron traspasados a las A, B, C en forma proporcional, ya que Cerro Florido controla los retiros que otorga y no una asamblea de accionistas y, en consecuencia, no dio lugar a pago de dividendo alguno para sus accionistas”, reza el escrito.
Lo anterior, aseguran, es la muestra empírica de que que los “nuevos jerarcas” de Villa Baviera están realizando “actividades delictuales”.
Así las cosas, el balance individual de Cerro Florido al 2019 expuesto por los denunciantes muestra un valor en activos por sobre los $8 mil millones, sumando el patrimonio de las filiales. En contraposición, las A, B y C a ese mismo año alcanzaban poco menos de $5 mil millones sumando su participación en las empresas relacionadas.
Esto último no tiene sentido, pues en teoría Agripalma, Bardana y Cinoglosa son los dueños en partes iguales de Cerro Florido.
Al respecto, el abogado Elgueta explica que:
—Esta estructura o tinglado societario debidamente diseñado busca hacer creer a los colonos y a los accionistas que ellos participan de alguna toma de decisiones y que conocen la realidad de los negocios, sin embargo no es así.
Y ahonda:
—Son los querellados quienes hoy día cumplen este rol de poder y control con privilegios y además, son quienes realizan en secreto todas las operaciones y la toma de decisiones en perjuicio de los excolonos y en beneficio de una sociedad llamada Cerro Florido que tiene un rol central en esta estructura.
Todo debe ser resuelto por la Justicia
Con todo, será la Justicia la que deberá resolver la disputa judicial.
Según fuentes consultadas por este medio, las diligencias encargadas por la fiscalía a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI continúan su curso.
Del resultado de éstas, dependerá la decisión que tome el fiscal del caso, Nelson Riquelme, quien busca establecer la existencia efectiva de un delito que deba ser perseguido en sede penal, o bien, si se trata de un caso que debería ser zanjado por la justicia civil.
En este contexto, desde la Fiscalía Local de Parral se excusaron de no poder emitir un pronunciamiento formal.
Asimismo, BBCL conversó en terreno con colonos, quienes declinaron referirse a esta disputa por temor a represalias.
Pugna judicial continuará
Luego de la publicación de este reportaje, el abogado que representa los intereses de varios de los directivos de las sociedades mencionadas tomó contacto con BBCL para entregar su versión de los hechos.
Según indicó el jurista César Ramírez, están absolutamente dispuestos a colaborar con la investigación penal. Aseguró que han proporcionado todos los antecedentes al Ministerio Público para desvirtuar la imputación.
—Lo más complejo es que se profirieron expresiones que resultan calumniosas, injuriosas en relación a mis representados… particularmente al señalar que ellos (…) se estarían comportando del mismo modo que lo hizo Paul Schäfer.
A juicio del abogado, aquellas aseveraciones son ofensivas, por lo que están estudiando alguna presentación ante la justicia.
—Por instrucción de mis representados, nos reservamos eventuales acciones legales en contra de quienes profirieron dichas exclamaciones en la junta de accionistas, que por lo demás, aprobó la gestión de mis representados por amplia mayoría.
Por último, el profesional indicó que la querella ingresada en contra de sus representados tiene como fin la obtención de réditos económicos.
—Es un reclamo de carácter económico, y desde nuestro punto de vista, lo que se busca la utilización de tal querella a efectos de forzar una eventual negociación, la cual no puede verificarse mientras no existan los supuestos necesarios para ello.