La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, ha sido protagonista de varias polémicas que han golpeado al gobierno del Presidente Gabriel Boric. La última: una denuncia en la que sostuvo que durante la administración de Sebastián Piñera un avión con ciudadanos venezolanos expulsados del país regresó con los mismos ocupantes.
La grave acusación, que generó una serie de reacciones políticas, carecía de sustento, motivo por el que la titular de Interior tuvo que salir a disculparse entrada la madrugada de este jueves.
“Emití información incorrecta”, explicó Siches a través de Twitter.
Pero… ¿Qué motivó aquellos dichos? ¿Fue una invención o un error en la información que le entregaron?
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío examinó un documento que, según quienes conocen la trastienda de este nuevo episodio en el que se ve envuelta la ministra del Interior, podría haber generado la polémica que terminó por enredar a la mano derecha de Boric para sostener dicha afirmación y que venía repitiendo desde el 1 de abril.
El escrito, emitido por la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica-Parinacota de la PDI, se da en el contexto de la fallida expulsión de tres ciudadanos venezolanos formalizados por el delito de tráfico de migrantes y tenía como destino el Juzgado de Garantía de Arica.
“El día 03 de marzo del presente se llevaría a cabo la materialización de expulsión de dichos extranjeros a su país de origen, en vuelo chárter de la aerolínea SKY”, consigna el texto, el que también llevó hasta el Ministerio del Interior de parte de la policía civil.
En el ordinario, además, se detalla que durante un plan de expulsión administrativa “los extranjeros fueron extraídos por parte de personal de esta Prefectura de Migraciones desde el Complejo Penitenciario de Arica, el día 02.MAR.022, a fin de realizar todos los trámites atingentes al proceso de materialización”
Vea el texto
No obstante, ese mismo día, durante la tarde, fue negada la autorización de Venezuela para llevar a cabo el procedimiento policial.
“Con esa misma fecha, 02 de marzo del presente, siendo las 18:39 horas, se recepcionó mediante correo electrónico de nuestra Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, que dicho vuelo, no fue autorizado por la República Bolivariana de Venezuela, por lo que no es posible llevar a cargo dicho procedimiento policial, contemplado para 23 extranjeros de nacionalidad venezolana, quienes en la actualidad se encuentran custodiados en dependencias de nuestro Cuartel Policial ubicado en Angamos 990. Arica”, refuerza el documento.
En concreto, la finalidad de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica-Parinacota de la PDI era solicitar “el reingreso de dichos extranjeros al Complejo Penitenciario de Arica y a su vez ampliar el plazo para llevar a efecto la respectiva expulsión del territorio nacional del extranjero mencionado”.
En síntesis, el error del gobierno habría sido confundir un texto en que se acreditaba una intención que nunca llegó a ser materializada, caso que sí se conoció a nivel de medios de comunicación, especialmente puesto que fue Venezuela quien denegó la autorización para que ese avión viaje desde nuestro país.
Solicitud al gobierno venezolano
Es más, el paso previo para armar el plan de vuelo fue la solicitud a la Embajada de Venezuela en Chile para concretar dicho viaje, la que fue negada. “Se informa ante esa solicitud el gobierno venezolano por asuntos administrativos en Organismos encargados de los asuntos migratorios y judiciales tiene a bien solicitar posponer la ejecución del mencionado vuelo”.
Y explican que “se manifiesta que se detectó que datos de identificación de ciudadanos sujetos a la medida de expulsión, suministrados por la Policía de Investigaciones (PDI), no coinciden con la base de datos de ciudadanos venezolanos”.