Cámaras policiales: testigos revelan presiones para favorecer a Motorola en licitación de Martorell

Dos nuevos querellados sumó esta semana la investigación por corrupción, que sustancia la Fiscalía Centro Norte, en contra de la extitular de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), Katherine Martorell, además de cinco miembros de la Comisión Evaluadora que adjudicó a Motorola Solutions una licitación de 300 cámaras corporales para Carabineros.

Nuevos testimonios -a los que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile- apuntan al teniente coronel de la policía verde olivo, Juan Carlos Banda Marín, y al ingeniero de la SPD, Nelson Donoso Yantén, a quienes se les acusa de haber favorecido a la gigante internacional en el concurso público cuyo valor alcanzó los 378 millones de pesos.

Ambos nombres constan en una ampliación de querella presentada por la firma Pegasus -uno de los oferentes excluidos- en la que se revelan declaraciones, hasta ahora secretas, de los involucrados en la indagatoria a cargo del fiscal Francisco Ledezma.

A los seis primeros querellados se les imputan delitos de falsificaciones, prevaricación y fraude al Fisco, mientras que a los dos nuevos investigados se les sindica como responsables de tráfico de influencias y negociación incompatible.

El inicio

Tal como develó este medio en 2020, la indagatoria comenzó tras una primera acción judicial presentada por la empresa perdedora, en la que se denuncia un verdadero entramado criminal para favorecer a Motorola Solutions por sobre el resto de los participantes.

Y es que a juicio de los querellantes las captadoras de imágenes vendidas por la multinacional, poseían solo “pre grabado”, en circunstancias que las bases del concurso establecían, además de este último requisito, el “post grabado”. Algo que fue confirmado, en parte, por la Contraloría y el Tribunal de Contratación Pública en un fallo emitido a comienzos de este año.

De acuerdo a nueva información contenida en un reciente informe emanado desde la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac) de la PDI, una de las figuras claves en el proceso que dio por ganador a Motorola Solutions corresponde a Juan Carlos Banda Marín.

Este último, jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (IDI) de Carabineros, quien a su vez, lideraba al interior de la institución el proyecto de las cámaras con la empresa.

Según consta en la nueva presentación -ingresada ante el Séptimo Juzgado de Garantía por la abogada de Pegasus, Montserrat Rodríguez Ferrer- Banda perdió los estribos en una reunión con dos de sus subalternos: el capitán Manuel Arenas y el suboficial Miguel Vergara Gómez.

“Ya basta, no informen más”

El libelo apunta a que -en medio del proceso- ambos funcionarios de la Central de Control de Imágenes de Carabineros (CENCICAR) advirtieron formalmente de las deficiencias de las cámaras adquiridas por la subsecretaría, entonces presidida por la RN Katherine Martorell, lo que desató el enojo de Banda.

Al menos así consta en la declaración que prestaron ante la fiscalía los funcionarios uniformados. Arenas testimonió:

—Recuerdo que una de las últimas reuniones (…) con la empresa Motorola (Solutions) y personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el comandante Banda antes de iniciar la reunión, nos dijo de forma no adecuada: “No digan nada sobre problemas de la plataforma, todo está bien y funcionado. Ya basta de estar informando por documento las observaciones”.

Según se desprende de la versión de Arenas, Banda hacía referencia a los problemas revelados por este medio en octubre de 2020. Se tratan de vulnerabilidades en la trazabilidad de los videos que deben ser enviados al Ministerio Público o Fiscalía Militar y que, en buenas cuentas, permitían compartir el material privado por redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería.

Arenas prosiguió:

—Al finalizar la reunión, el comandante Banda cerró la puerta y nos dijo al teniente Gajardo, suboficial Vergara y a mí: “Ya estoy aburrido de ustedes capitán. Ya basta. Ustedes cuestionan todo el proyecto, no informen más. Yo estoy a cargo del proyecto y nadie más, yo tomo las decisiones y cuando digo algo, se dice ‘a su orden"”.

No molestar al Gobierno

El capitán además contó de eventuales presiones recibidas por Banda y la importancia que tenía el proyecto para la administración de Sebastián Piñera. Arenas dijo que este último le advirtió:

—Tienen que saber que este proyecto sí o sí debe salir. No entienden que no puedo representar ni cuestionar al Gobierno, o me quitan los recursos. Por lo tanto, está todo bien y no representen nada más.

Todo lo mencionado por el funcionario fue ratificado ante la fiscalía por Vergara, quien replicó en los mismos términos lo ocurrido.

Arenas, sin embargo, corrió peor suerte. En su testimonio apuntó que días después de esa primera reunión, Banda le comunicó que sería sacado de sus funciones. Fue, finalmente, trasladado a una comisaría de Puente Alto.

—Posteriormente a estas situaciones me enteré vía informal de mi traslado hacia la 66° Comisaría Bajos de Mena, a pesar de ser el único funcionario de Carabineros certificado por la empresa Axon. Posterior a esto, llamé al comandante Banda consultándole por esta información y él me confirmó que el traslado había sido gestionado por él.

“Espionaje” y fuga de información

Tal como detalló BioBioChile, la puesta en marcha del sistema para administrar las imágenes de las cámaras tuvo de todo. Entre otras situaciones a solucionar, se debía restringir que los empleados de Motorola Solutions no tuvieran acceso íntegro al sistema como “administradores”, ya que la información alojada tiene carácter secreto.

Con todo, durante su implementación y de madrugada, un empleado de la firma fue sorprendido mirando videos operativos de Carabineros sin explicación, lo que obligó la apertura de un sumario interno.

Ello derivó, según contó el suboficial Vergara, en que el capitán Arenas le ordenara eliminar todos los perfiles que mantenían empleados del personal de Motorola Solutions.

Para entonces, a inicios de septiembre de 2020, ya se mantenían registros de controles de identidad que -de acuerdo a la ley- no pueden ser observados por terceros ajenos a Carabineros.

Pese al mandato de Arenas, Vergara aseguró que Banda le ordenó retrotraer la medida.

—Al día siguiente se recibe la instrucción por parte del comandante Banda, el cual manifiesta que recibió una nota de molestia por el bloqueo de las cuentas de Motorola Solutions, ordenando que se reactivaran de manera inmediata todos los accesos desactivados.

Y peor aún:

—Se le manifestó que esa acción ponía en riesgo grabaciones de procedimientos reales (…) Es dable hacer presente que la orden impartida por el comandante Banda puso desde ese momento en riesgo la integridad de los datos, seguridad de los mismos y, por ende, no se puede prevenir la fuga de información.

“Así las cosas, resulta evidente la intervención del querellado Banda en la evaluación en el proceso de entrega y recepción conforme de las cámaras adquiridas, buscando ocultar las falencias existentes durante el proceso posterior a la adjudicación”, reza la querella.

Post-adjudicación

La segunda figura clave en el proceso, a juicio de la demandante, es el funcionario de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Nelson Donoso Yantén.

Al ingeniero se le acusa de no haber revertido la adjudicación, pese a haber tenido fundamentos para hacerlo.

Y no sólo eso. También reconoció que la Resolución 731, mediante la cual la subsecretaria Martorell respondió formalmente al recurso de Pegasus cuenta con una firma ingresada de manera irregular. Al exhibírsele el documento, Donoso aseveró:

—Reconozco su contenido como la respuesta técnica que me solicitó la fiscalía de la subsecretaría, sin embargo, no reconozco mi firma de responsabilidad, la que se encuentra contenida en este decreto. Si bien se consigna mi nombre, puedo observar que alguien firma por poder sobre mi firma de responsabilidad.

Martorell: “No me sorprende”

A raíz de estos nuevos antecedentes, Pegasus solicitó que se cite a declarar a Katherine Martorell, a Juan Carlos Banda Marín y a Nelson Donoso Yantén. Lo propio requirieron, en calidad de testigo, respecto del excarabinero y gerente de Motorola Solutions, Ramón Bórquez Bustos, conocido en redes sociales como “el prefecto del amor”.

Requerida por este medio, la exsubsecretaria evitó profundizar en la nueva acción legal, aunque apuntó sus dardos contra Pegasus.

“Yo entiendo que aquí hay una práctica permanente de la empresa perdedora de querellarse en contra de servicios públicos cuando no se adjudica. Por lo tanto, no me sorprende que siga haciéndolo”, aseveró.

Y añadió: “Creo que es muy importante destacar lo que dijo el Tribunal de Compras Públicas en cuanto a que uno, no hay perjuicio para el Estado; dos, que las cámaras funcionan y están funcionando; y tres, que la empresa Pegasus no tenía ninguna posibilidad de adjudicarse la licitación, porque no cumplía con las bases ni con los requerimientos técnicos”.

“Cierre de filas”

Desde la vereda contraria, la abogada de Pegasus, Montserrat Rodríguez, cuestionó el “cierra de filas” en favor de Motorola Solutions.

Y si bien declinó referirse a los antecedentes de la carpeta investigativa, “para no entorpecer la investigación”, aseveró que en virtud de los antecedentes recopilados hasta ahora “hemos ampliado la querella existente, con el fin de que sean investigadas nuevas aristas por parte de la fiscalía”.

“Se hace necesario esclarecer las acciones destinadas a favorecer la adjudicación a un único oferente, al punto de ni siquiera cobrarle multas por los incumplimientos contractuales, pese a los reclamos por parte de los oferentes de las ilegalidades existentes”, comentó.

En esa línea, dijo esperar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) “se haga parte en la presente investigación”, algo que hasta el momento no ha ocurrido pese a contar con los antecedentes.

Asimismo, añadió que “no se entiende el cierre de filas existente por parte de algunos funcionarios, destinados a ocultar la ilegalidad y mantener la contratación a un oferente que no cumplía con los requisitos legales para ser adjudicado”.

“Deberá investigarse con mayor acuciosidad el rol de las autoridades del gobierno anterior para mantener a firme la ilegal adjudicación, efectuando, por medio de la querellada Martorell, amenazas veladas a través de la prensa”, sentenció.

“Se descartó cualquier represalia”

El teniente coronel Juan Carlos Banda continúa trabajando en el área de gestión y proyectos de Carabineros. Ligado principalmente a temas hospitalarios y de infraestructura. Ya no es jefe del IDI.

Consultado por la licitación, aseguró que él no participó de ninguna parte del proceso y apuntó que “todo lo vio la Subsecretaría de Prevención del Delito. Carabineros jamás tuvimos participación en ello”.

Respecto del traslado del capitán Arenas, Banda se excusó: “Yo no tenía ninguna vinculación directa con él, yo no era mando de él (…) Hubo una investigación interna en la cual se descartó de plano cualquier represalia interna”.

La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó obtener un pronunciamiento de los titulares actuales del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de Prevención de Delito. Ninguno de ellos estuvieron disponibles para este reportaje. Asimismo, rehusaron confirmar o descartar la situación actual del funcionario querellado por estos hechos.

Motorola Solutions fue contactado por este medio. Su representación en Chile elevó la solicitud de prensa a Motorola Internacional, sin que hasta ahora haya una respuesta oficial.

El excarabinero y gerente de Motorola Solutions, Ramón Bórquez Bustos, se excusó de no poder hacer declaraciones.