Cuatro recompensas por un crimen: cómo guerrilleros chilenos terminaron la vida de policía argentino

Eran pasadas las dos de la madrugada cuando sonó un teléfono en la habitación de Marcela Aigo. Su esposo, oficial de policía, contestó el teléfono. Entre el silencio de la noche escuchó unas palabras que siguen dando vueltas en su cabeza diez años después.

— “Oficial, levántese y venga al hospital. A su cuñado le dispararon en un operativo en Pilo Lil. Lo van a intervenir”.

Su hermano, José Aigo, era sargento y trabajaba en la Brigada Rural del cuerpo policial de Neuquén. Esa noche del 7 de marzo de 2012 tenía que cumplir algo habitual, rondas en las carreteras de la provincia, a pocos kilómetros de Junín de los Andes y de la frontera con Chile, específicamente con la actual región de los Ríos.

— “Yo presentí que mi hermano estaba muerto“, dice. “Me enteré, y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. No podía dimensionarlo”.

La génesis del “Caso Aigo”

José Aigo (39) cruzaba a bordo de una camioneta policial Ford Ranger el campo argentino por la ruta 23. Lo acompañaba Pedro Guerrero, subcomisario. Estaban a 50 kilómetros de Junín de los Andes, pasando por el paraje Pilo Lil, cuando divisaron una camioneta Mitsubishi L 200.

La hicieron parar. Los efectivos presumían que se trataba de cazadores furtivos. Aigo hizo bajar a sus tres ocupantes, mientras comenzó a revisar acuciosamente el vehículo. En un momento dado, el sargento se dio cuenta de que portaban armas de alto calibre. Además, no lucían como los cazadores que solían pesquisar, según comentó Guerrero posteriormente. No llevaban la tenida adecuada para esa actividad.

Luego de que Aigo les pidió los documentos, insinuó que iban a tener que ir a declarar a la comisaría. Es así donde comenzó la tragedia: Aigo se agachó en el asiento del copiloto para revisarlo con una linterna. Fue ahí cuando uno de los pesquisados le disparó por la espalda tres veces.

Se abrió un fuego cruzado, tras lo cual Pedro Guerrero subió a su compañero herido a la patrulla y enfiló hacia San Martín de los Andes. Aigo murió minutos después en el hospital. Guerrero no fue herido. Todo esto, según la versión que ha recopilado tanto la policía como la fiscalía a través de los años.

Las primeras pericias dieron con un pasaporte de un chileno entre los bienes que los perpetradores dejaron atrás: Alexis Alfredo Cortés Torres, “que registra, además, viajes por Colombia, Venezuela y Bolivia”, señaló El Mercurio en marzo del 2012. Posteriormente se vinculó a Cortés Torres al Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

En tanto, luego se reveló que quien ultimó a Aigo fue Jorge Antonio Salazar Oporto, vinculado al MIR- EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres). Estaba prófugo de la justicia chilena desde 1997, año en que hirió a un carabinero en un enfrentamiento en Lontué, región del Maule.

Un reporte de inteligencia entregado al ministerio de Interior chileno afilia a Salazar Oporto “con grupos subversivos de la región, entre otros Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), el PRT y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA, de Perú)”, según publicó La Tercera en marzo del 2012.

Junto a esto, el mismo reporte lo describió como “un sujeto peligroso que circula clandestino con documentos falsos y armado”.

En el asiento del piloto iba Juan Marcos Fernández, hijo del intendente (el símil del alcalde en Chile) de ese entonces de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández. Este último era miembro del Frente para la Victoria, el partido oficialista de entonces, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Salazar Oporto y Cortés Torres lograron escapar, se supo tiempo después, a Chile a través de un paso fronterizo clandestino. En tanto, el chofer de la camioneta, Juan Marcos Fernández, fue detenido.

En un comunicado que se publicó meses después se atribuyeron el crimen, eximieron de toda responsabilidad a Juan Marcos Fernández, aseguraron que el enfrentamiento no fue planificado y que ya estaban “a salvo”. “Fue una odisea y a la vez un verdadero viaje místico por nuestro Wallmapu”, relataron.

Con esto, se vinculó el asesinato también a la causa guerrillera que ha intentado levantar en varias oportunidades los denominados mapuche argentinos, que habitan en la zona sur del país vecino.

Salazar Oporto y Cortés Torres se mantienen prófugos de la justicia argentina hasta el día de hoy. No se han tenido más antecedentes de su paradero, a pesar de varias pesquisas realizadas por el Ministerio Público Fiscal.

Incluso, buscando levantar antecedentes al estilo estadounidense, se dispuso de dos recompensas por información de importancia de cualquiera de los dos chilenos, tanto desde el gobierno como de la provincia. La primera, al día de hoy, asciende a 2 millones de pesos argentinos, 19 mil dólares estadounidenses. La segunda, de $8.000 USD. Todo esto, por cada uno. Por ende, entregar información de ambos significa un incentivo de aproximadamente 43.000.000 de pesos chilenos.

Prófugos

¿Dónde están Cortés Torres y Salazar Oporto? En eso trabaja la fiscalía y el gobierno argentino. Son prófugos de la justicia. Los más de $27.000 USD por información de cada uno son un aliciente a que los ciudadanos argentinos entreguen pistas sobre su paradero y lleguen a encarar un juicio por los hechos.

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, explicó a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que no descarta ninguna hipótesis: “Pueden estar en Chile o en otro país. Siempre vinculado obviamente a la actividad terrorista guerrillera, que es la actividad que ellos desarrollan, ya sea a nivel de actividad o nivel ideológico”.

Aldo Aigo aventura una teoría: “En Chile no están, porque los persiguirían. Personalmente creo que están en otro lado, donde el gobierno sea de la ideología de ellos y puedan estar cómodos y puedan comulgar con la ideología de la gente que gobierna esos países. Venezuela, por ejemplo, es un punto. Es un país donde a ellos les conviene estar. Allí podrían estar libremente”.

Gerez, en tanto, enfatiza que que todo este tema está relacionado directamente al conflicto rural que se vive tanto en el sur de Chile como en Argentina.

“Tanto el MIR como el FPMR son grupos anárquicos que tienen por objetivo combatir la autoridad del Estado. No creen en la democracia. Ese es su denominador común”, observa. “Como en democracia no existe posibilidad de que estos grupos impongan por la fuerza sus ideas, están utilizando las organizaciones de base indigenista, como la Coordinadora Arauco Malleco, Weichan Auka Mapu y RM, Resistencia Mapuche. Esas organizaciones son de base indigenista, anarquista y violentista”, sigue el persecutor.

No obstante, hace la diferencia:

— “Ninguna de estas organizaciones representa el pueblo mapuche, o están legitimadas para reivindicar derechos legítimos del pueblo mapuche, porque son grupos y expresiones minoritarias, que bajo la bandera mapuche pretenden reivindicar derechos y territorio a través de la violencia. Pero el pueblo mapuche no es sinónimo de violencia, es un pueblo que cultiva la tierra, vive en armonía y filosóficamente está en paz con la naturaleza. Sus posibles conflictos los resuelven a través del diálogo. Son comunidades pacíficas. Por tanto, a estos grupos prefiero denominarlos “de base indigenista”, y no asociarlos al pueblo mapuche”.

Errores en procedimientos

Una vez comenzó el proceso de investigación, varias partes denunciaron que hubo intentos de entorpecer la investigación y posterior juicio, dada la participación de Juan Marcos Fernández, hijo del intendente, que fue detenido la misma noche del asesinato.

A medida que pasaron los días, el caso tuvo repercusiones a nivel nacional. Dos semanas después de lo ocurrido, el Gobierno Argentino, ordenó al Ejército aportar “tecnología y conocimientos” a la causa y al juez Joaquín Consentino, según informó el diario Clarín.

Ya a la segunda noche había al menos 100 policías y una avioneta ayudando a la búsqueda.

No obstante, desde el interior del cuerpo policial, efectivos retirados han declarado que no se siguieron los procedimientos adecuados. La escena del crimen no fue tratada debidamente. Asimismo, quienes han indagado el caso denunciaron que se tomaron decisiones extrañas. Por ejemplo, no dar la orden de seguir inmediatamente a los perpetradores esa misma noche.

Así lo relata José Aigo, padre del caído sargento, en un reportaje realizado por la periodista Lucía Pysny para el canal 24/7 de la provincia de Neuquén.

— “Nos llegó una versión, que los tenían cercados, que un poblador encontró un arma. Pero los dejaron ir. Esa es la realidad. Porque fíjese, la policía nos contaba que cuando se enteraron que lo mataron, querían ir en el momento. Y el jefe de policía no los dejó, les dijo que no. (…) Los mandaron donde no tenían que ir”.

Eso es secundado por Juan Fuentes, que describe cómo se tomaron decisiones poco acertadas las horas posteriores al suceso, como demoras y contaminación de la escena:

—”La mayoría de los que trabajábamos en la Brigada Rural teníamos conocimiento del lugar. Vos sabés que a un cierto kilometraje te vas a encontrar con una comunidad. Bueno, llevá un móvil con personal idóneo. Esos tipos no se te pueden ir. Conseguí caballos en la instancia y mandá cinco montados. No esperar a que vengan perros rastreadores de Neuquén, a 400 kilómetros, con gente que nunca caminó por la zona. Se tardó mucho el inicio de la búsqueda. También, el lugar del hecho se fue contaminando de a poco, porque a medida que iban llegando grupos, iban pisando”.

En tanto, una empleada municipal de Junín de los Andes, Nora Torres, denunció en el reportaje haberle iniciado un trámite para acceder a la asignación universal, un beneficio estatal, a Salazar Oporto, en el que presenció una posible irregularidad.

“Él se presentó para pedir la asignación. En ese momento vino una empleada de San Martín de los Andes. Y me pasó algo muy particular por la atención que ella tuvo con el tipo. Le pedí los documentos. (…) Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo su nombre: Jorge Antonio. (…) Me guardé el recuerdo de él, porque ella tomó los papeles que él traía, los puso en una caja donde llevaba la documentación y dijo “de estos me ocupo yo”. Nunca había hecho eso con nadie. Me acordé de cómo iba vestido, su calzado y la colita que llevaba. Él vino en noviembre y lo de Cochele pasó en marzo”.

El juicio y la absolución

El fiscal Gerez detalla que la misión de los guerrilleros en Argentina era establecer actividad “importante para la organización”. Sir ir más lejos, Cortés Torres hizo una ruta Cuba-Venezuela-Buenos Aires-Mallín Ahogado, con un pasaporte válido.

“Los datos que le venía a suministrar Cortés Torres a Salazar Oporto eran valiosos. Creemos, también, que vino a entregarle dinero. Hubo muchos pagos en dólares en billete, algo escaso en Argentina. Todos los que se relacionaron con ellos y recibieron pagos por ayuda o servicio, fue en dólares suministrados por su organización”, manifiesta.

“Lo que creemos es que posiblemente iban a instalar alguna escuela de guerrilla en el límite de la cordillera entre Chile y Neuquén, con el ejercicio de movimientos como el de las FARC en Colombia, para entrenar organizaciones de base indigenista con esos protocolos (de guerrilla)”.

Finalmente, Juan Marcos Fernández, el hijo del intendente que ofició de “fletero” esa trágica noche, encaró la justicia. Lo hizo junto a Analía Godoy, su pareja, en un juicio aparte. Fueron declarados culpables por falso testimonio y encubrimiento agravado en el caso Aigo y condenados a tres años de prisión en suspenso (no efectiva). Era julio del 2014.

Pero en noviembre de ese año, poco menos de cuatro meses después, fueron absueltos por otro tribunal, aduciendo fallas en el procedimiento.

“El juicio por el asesinato de Aigo quedó impune. Los dos guerrilleros chilenos nunca fueron capturados. El asistente irreductible de la senadora electa Cristina Fernández, el neuquino Oscar Parrilli, apoyó políticamente al intendente Fernández y a su hijo. Y después avaló la entrega de tierras a mapuches radicalizados de San Martín de los Andes”, rezó una crónica de noviembre de 2017 en el diario trasandino Clarín.

Las críticas al procedimiento siguieron apareciendo: el fiscal Manuel González, que también llevó la causa, denunció en el reportaje de 24/7 “graves falencias” del juez que llevó la causa. “En primer lugar, era un juez civil”, dijo, para luego rematar que “Juan Marcos Fernandez fue entrevistado al menos en tres oportunidades por su abogado y por su padre”, situación que sería irregular según González.

Asimismo, el persecutor subraya que el abogado defensor estuvo en la declaración testimonial, otro hecho fuera de lo común.

El fiscal González fue requerido para participar en este reportaje. No obstante, declinó hablar en la grabadora con La Radio.

Aldo Aigo, hermano de José Aigo, comentó a Bío Bío sobre el caso:

“Los fiscales de Neuquén han hecho un gran trabajo. Han estado acompañándonos como familia. Actuando, pidiendo que se investigue, pidiendo allanamientos. Los que no han estado a la altura son los jueces. Generalmente entre los jueces argentinos hay poca gente muy coherente. La mayoría de los jueces tienen una ideología de apoyar mucho al delincuente”, lamenta.

Eternos 10 años

José Eduardo Aigo nació el 2 de abril de 1972. Los amigos en el cuerpo de policía le decían de cariño “El gordo”. Sus cercanos, “Cochele”, mote que le puso su abuelo cuando niño. En mayo del 2012 hubiese jubilado, dos meses después de ese fatal encuentro con la guerrilla chilena. Tenía una hija y un hijo, hoy mayores de edad.

Marcela Aigo, su hermana, relató que su niñez, así como gran parte de la vida de sus hermanos, entre ellos Cochele, se desarrolló en una comunidad mapuche. Sus padres son originarios de este pueblo. De hecho, hasta antes de la pandemia visitaban Chile regularmente.

Cochele tenía planes para cuando cumpliera los 25 años de servicio, edad donde se permite el retiro pensionado en el cuerpo policial argentino: trabajar en el campo, su gran pasión.

Así lo recuerda su compañero de trabajo, Juan Fuentes (50). Se conocieron con Aigo en el curso de policía durante el año 1992. Se hicieron amigos inseparables.

— “Él tenía una personalidad muy linda. Su familia era del campo, y él no perdía esa mística. Su amistad era muy transparente. Muy inteligente y observador, que lo ayudaba en el trabajo, en la forma de tratar con la gente. Era muy querido”, rememora. “Él cuando pedía vacaciones no era para descansar. Era para hacer una changa (un “pololito”, como se diría en Chile). Le gustaba mucho la parte de campo”.

Para los amigos, amigas, familiares y cercanos al sargento José Aigo, estos 10 años se han hecho eternos.

El mismo Juan Fuentes, amigo en el cuerpo policial, no se explica cómo pasó una década sin respuestas.

— “Yo esperaba una respuesta al otro día de que esto pasó. La captura de estos dos asesinos, o tres, contando al chofer. Pasaron diez años. Es una procesión. Algo de no poder creer, que no se sepa nada de estas dos personas. La justicia no da las respuestas claras que tiene que dar. Las mismas repeticiones de todos los años”.

Para los padres de los hermanos Aigo, Clarissa y José, también ha sido un proceso muy doloroso. Marcela, entre lágrimas, aclara que no participarán de este reportaje, dado que es muy doloroso para la familia, sobre todo cuando se acerca el aniversario de esa noche de marzo en Neuquén.

Y fieles a sus raíces, comenta que sus padres buscaron ayuda espiritual en un machi chileno: Víctor Caniullán, de Carahue.

— Lo hemos visitado allá en el lado chileno. Él ha ayudado mucho a la salud de mi padre, con nuestra medicina ancestral. Es alguien que nos ha acompañado mucho como familia.

Marcela recuerda que el machi les dio un consejo.

— Él nos pidió que dejemos descansar a mi hermano para que pueda aclararse todo. Mi hermano nos pide descansar. Que, para que todo se pueda aclarar, tenemos que soltar su alma.

A diez años del crimen de José Aigo, su hermana no ha encontrado justicia por la vía común, la de los procedimientos, allanamientos, indagatorias. Pero aún quiere creer en algo:

— “Nosotros queremos obtener justicia. Porque más allá de que el alma de mi hermano descanse, uno como sociedad necesita tener una respuesta. Pero aparte, una esperanza de creer un poquito aunque sea en la justicia. Que si no es la justicia terrenal, que sea la justicia divina. Pero creer un poquito, aunque sea