Un billón de pesos. Para quien lea esta cifra puede ser extraño dimensionarla. En el idioma castellano, un billón significa un millón de millones. Un uno, seguido de doce ceros.

Y por más inusual que suene ese monto, eso es lo que el GORE de Magallanes ha indicado que el Fisco “adeuda” a las regiones desde el año 2012: un billón seiscientos cuatro mil quinientos trece millones de pesos ($1.604.513.000.000).

Jorge Flies (ind.), la cabeza del gobierno recién mencionado, ingresó a la Contraloría General de la República una serie de oficios junto a la Asociación de Gobernadores. A través de estos, los jefes regionales aseguran que el Estado chileno no ha transferido caudales que corresponden a tres fondos: Fondo de Competitividad, los Fondos de Tributos y el Fondo de Apoyo Regional.

Este último, el FAR, es el monto más alto entre los oficios. Se trata de la también llamada “Ley Espejo del Transantiago”, o el “peso por peso del Transantiago”. En las misivas se indicó que $1.462.921.000.000 (un billón cuatrocientos sesenta y dos mil millones de pesos) aún no se transfieren a ningún gobierno regional.

Otros montos que siguen impagos a las regiones según advirtieron las misivas son $9.884.000.000 por tributos y rentas de destinación regional (referidos a impuestos de casinos de juego, concesión de zona franca, entre otros); $74.687.000.000 por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC – Regional); y $57.021.000.000 por el Fondo de Contribución Regional.

A modo de comparación, la partida destinada en el presupuesto de la nación para el año 2022 a todo el ministerio de Defensa ese mismo período será de $1.7 billones. Prácticamente la misma cifra que las regiones reclaman que aún no se les transfiere.

Otra perspectiva válida es mencionar que los montos serían cercanos al 2% de todo el dinero que gastará el Estado en este 2022.

Compensación impaga

¿Cómo se llegó a esa cifra? Estos fondos nacieron a partir de modificaciones de la Ley de Subsidio Nacional del Transporte Público. Esta se legisló el año 2009, y resolvió que anualmente, y de forma reajustable, se debía destinar $380.000 millones anuales desde la Ley de Presupuesto en partes iguales entre la Región Metropolitana y el resto de las regiones.

La primera intención de la ley era para “compensar los menores pagos que realizan los estudiantes en los servicios de transporte público remunerado de pasajeros”, como rezó su primer artículo.

Luego, el año 2013 esta se modificó, y se creó el Fondo de Apoyo Regional: la idea era que por cada peso que el Fisco chileno destinara al transporte público capitalino, se traspasara un monto equivalente al resto de las regiones (que se lo dividirían proporcionalmente), incluida parte de la Metropolitana donde este sistema no opera.

Por decreto, estos importes deben ser destinados en “grandes proyectos de desarrollo, de infraestructura general, transporte público, modernización y otros”, como renovación de buses y seguridad.

No obstante, esos montos “nunca se pagaron”, según indica el gobernador (s) y administrador regional de Magallanes Christian García: “Llegó plata, pero no el valor íntegro que correspondía, y tampoco en la oportunidad que correspondía. Hay un desfase”.

Y subraya que al revisar la ley de presupuestos, “si se comparan las cuantías que se entregaron para financiar el Transantiago a través de este subsidio especial, adicional, y además de la otra porción que corresponde por el mismo Subsidio Nacional del Transporte Público, uno puede constatar de que las partidas no están correctamente cuadradas”.

En los oficios se expresa que las regiones que registran mayores montos “sin pago” en total desde el Fisco a partir del año 2012 son la Metropolitana ($173 mil millones); La Araucanía ($157 mil millones); Bío Bío ($153 mil millones) y el Maule ($125 mil millones).

Radio Bío Bío consultó a organismos públicos acerca de estos oficios. Desde la Dirección de Presupuestos señalaron que “desde la creación del Fondo de Apoyo Regional (FAR) en 2013, la distribución de estos recursos a las regiones se ha realizado según la normativa vigente, a través de la Ley de Presupuestos de cada año, las cuales han sido aprobadas por el Congreso Nacional”.

Y sobre los requerimientos presentados a la Contraloría, dijeron que como institución se encuentran “actualmente en proceso de análisis y elaboración de las respuestas respectivas”.

Se consultó por las vías formales al ministerio de Hacienda sobre esta situación, pero manifestaron que el organismo indicado para responder es Dipres. En tanto, desde Subdere y Transportes no hubo respuesta.

“Realmente incomprensible”

El diputado y senador electo por Magallanes, Karim Bianchi (ind.), observó que también hizo una presentación en Contraloría para investigar esta situación. Asimismo, responsabiliza a los mismos gobiernos “que en su momento no hicieron nada”.

“Esta información la manejaban quienes en su momento fueron intendentes. Se valora el gesto ahora, pero es totalmente negligente la actitud de los Consejos Regionales, que ninguno haya dado cuenta de que existía este problema, o que hayan visto que cuando se entregaban los fondos anualmente no hayan revisado que esta situación sea así”, apuntó.

Bianchi también apuntó hacia Flies, que fue intendente de Magallanes “Yo valoro que haya hecho eso. Pero él fue intendente, entonces esa información la manejaba desde entonces. Lo mismo quien fue Seremi de Hacienda (García), que hoy es asesor de él. Entonces ahora, la libertad que les entrega no tener un cargo de confianza les permite hablar. Me imagino que antes cuando no podían hablar no podían decir que esto estaba faltando”.

García responde a esto: “Esta es la primera vez que los gobernadores son electos por la ciudadanía. Por tanto, responden a los habitantes de sus respectivos territorios, y no son un agente del Presidente de la República en los territorios. Si anteriormente un intendente hubiese hecho un reclamo de esta naturaleza, lo hubiesen despedido, porque le hubiera reclamado al Gobierno nacional. La gracia del cargo de gobernador electo es que exista una suerte de autonomía o independencia del poder central”.

Por su parte, la diputada por Magallanes Sandra Amar (ind.-ex UDI) calificó como “realmente incomprensible” la falta de claridad al respecto. “Cuando se discutió y creó la ley fue justamente con la idea de que las regiones no quedáramos en desventaja con respecto a Santiago”. Llamó a determinar responsabilidades.

En tanto, el senador y anteriormente presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta cuando se discutió la ley del Subsidio al Transporte Público, Francisco Chahuán (RN), manifestó que ha oficiado anteriormente para saber la cantidad de recursos que se invierten en el FAR, y que ha presentado iniciativas legales “que han sido declaradas inadmisibles”.

“Creemos sin lugar a dudas de que antes de que termine esta administración debe existir una rendición de cuentas respecto de cuántos recursos del fondo FAR se invierten en regiones, tal como han pedido parlamentarios de todas las bancadas”, cerró Chahuán.