Un tema de conversación de pasillo recurrente en la Convención Constitucional durante estos días, en una de sus semanas más polémicas, es la Consulta Indígena y su ejecución. Este proceso comenzó el pasado 24 de enero y está contemplado que acabe el 1 de abril. Su principal objetivo es incluir a los pueblos indígenas del país en la deliberación de normas constitucionales de forma vinculante.

Y es que sus primeras estimaciones presupuestarias causaron conflictos y reacciones tanto desde dentro como fuera del órgano. Las cifras que entregaba la Mesa directiva fueron cambiantes en cortos lapsos de tiempo: se pasó de $1.400 a $1.500 millones, rematando el 27 de enero con la suma de $2.400 millones para su funcionamiento.

Esto generó críticas incluso desde el Gobierno: “(El monto de $1.410 millones) excede con creces la disponibilidad presupuestaria con que cuenta actualmente la Convención Constitucional”, indicaron en un oficio Juan José Ossa y Máximo Pavez, ministro y subsecretario de Segpres, respectivamente.

No obstante, el pasado 29 de enero, consultada por Radio Bío Bío, la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros, indicó que “el presupuesto exacto aún no está definido”, y que tanto el Departamento de Administración, Finanzas y Transparencia, la Secretaría Administrativa y la Secretaría Técnica de Participación y Consulta Indígena trabajaban “para estimar el presupuesto exacto”.

Finalmente, Quinteros confirmó la jornada de este martes a este medio de qué forma se financiará el trabajo de la Consulta Indígena en adelante.

“No existen montos específicos” para financiar la Consulta Indígena, “porque va a depender del tipo de gastos que se incurra, de la cantidad de ese gasto y las decisiones administrativas que se tomen al momento de poder distribuir los gastos”, aseveró la presidenta.

Empero, la constituyente de Movimientos Sociales Constituyentes adelantó que se utilizará una parte no determinada de tres subtítulos presupuestarios correspondientes al año 2022: el subtítulo 21, de contratación de personal, para apoyo en participación ciudadana “en todos sus ámbitos”, “fundamentalmente el subtítulo 24” de participación ciudadana, que cuenta con $261.000.000; y que van a “revisar” cuánto del subtítulo 22, de bienes y servicios de consumo se iba a utilizar.

“Esos subtítulos están destinados efectivamente para ser ocupados durante el primer trimestre (de 2022), y esperamos ocuparlos de la mejor y más eficiente manera para lograr nuestros objetivos”, constató la convencional independiente.

Con todo, el cronograma final de la Consulta Indígena contempla tres etapas: “Difusión de información y educación sobre proceso de participación y consulta”, del 24 de enero al 4 de marzo; “Diálogo y deliberación propia”, también del 24 de enero al 4 de marzo; y “Acuerdos, Sistematización e informe del proceso”, del 28 de febrero al 1 de abril.

Sin inyección

Además, Quinteros aseguró que “por ahora” no solicitarán una inyección de recursos desde el Ejecutivo: “No está contemplado por ahora solicitar financiamiento al Gobierno. El proceso de Consulta Indígena y su financiamiento es crucial para esta presidencia (su administración) y hemos procurado trabajar responsablemente en ello”.

Así también, se ejecutará parte de la transferencia de $974 millones realizada al Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) el 31 de diciembre de 2021, antes del término del año fiscal.

“La transferencia realizada al CUECH va a ser utilizada en participación en general, es decir, popular, indígena y las instancias de participación propias de la Convención”, expresó la presidenta.

Este monto que hoy está en las arcas del CUECH es el monto que el vicepresidente Bassa calificó como “ahorro”. Esto último fue refutado por el informe del mes de diciembre de 2021 emitido por la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional.

“(…) La redistribución de recursos tramitada durante el mes de diciembre no supone un ahorro por parte de la Convención Constitucional, en circunstancias que se realiza sobre montos que fueron incrementados en el mes de septiembre, no respecto a los recursos que fueron inicialmente entregados (a la Convención)”, rezó el documento.

Recortes

¿Cómo se pasó de requerir $2.400 millones a solo utilizar parcialmente algunos subtítulos? En primera instancia, la respuesta está en la reunión que celebró la Mesa junto a los ministerios Segpres, Educación, Desarrollo Social y Culturas, Artes y Patrimonio el pasado 28 de enero.

En esta, Quinteros presentó el detalle del presupuesto y explicó entonces que se iban a requerir, luego de distintos recortes, $1.439 millones, casi un 38% menos.

Los ajustes se basaron en, por ejemplo, bajar la remuneración de traductores. Esto significó una reducción de un 26% en el ítem de difusión. Otra disminución fue del 40% en “diálogo y deliberación”: se logró al bajar el número de comunas donde se realizarán los encuentros presenciales a 232, así como también disminuir las remuneraciones del personal destinado a apoyar esa etapa.

Pero desde entonces, según aseguran fuentes dentro de la Convención Constitucional, se hicieron cálculos considerando el convenio de colaboración que suscribieron los Gobiernos Regionales con el órgano constituyente. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también comprometió ayuda.

Esto, sumado a la cooperación prometida por los ministerios que participaron de la reunión ya mencionada hicieron disminuir en gran medida la cifra de los casi $1.400 millones para llevar a cabo el proceso.

Todo esto lo confirmó la presidenta Quinteros este lunes en la Comisión Derechos de los Pueblos Indígenas: además de anunciar la creación de una “unidad de gestión de apoyo a la Secretaría de Participación y Consulta Indígena”, dijo que se consiguieron fondos del PNUD para contratar personas para ayudar “con la difusión, implementación de la estrategia”, además de múltiples reuniones “con Educación y Desarrollo Social”.

Por último, remató con una estimación: la consulta se financiaría en una proporción aproximada del “60% por los GORES y municipios”, y el “40% por la Convención”.

Atrasos en cronograma

A pesar de que el puntapié inicial de la Consulta Indígena se dio el pasado 26 de enero en el cerro Santa Lucía (o Huelén), varios constituyentes que son parte de la Comisión de Participación Indígena critican el poco avance del proceso a la fecha.

“Efectivamente estamos atrasados”, dice Angélica Tepper (ind.-RN). “Hay un atraso desde diciembre y lamentablemente la Secretaría Técnica no está comunicando los avances y qué se está haciendo”.

A esa crítica, suma que “se enteran por la prensa” de los montos, y no saben más detalles de difusión: “No sabemos nada de monto. Nos enteramos por la prensa. Nos llegamos un afiche para reenviarlos de forma digital, pero no sabemos quiénes van a estar en los territorios trabajando, a qué personas se contrataron”. Y remata: “Yo creo que si no llegamos a una cantidad razonable de comunidades de personas, esto va a ser un fracaso, obviamente”.

Tanto Eduardo Cretton (UDI) como Manuel José Ossandón (RN) reprochan la calidad del proceso comparado con otras consultas indígenas realizadas en el pasado:

“Yo te diría que esto no es una consulta, porque no hay etapas de acuerdo”, subraya Cretton. “Es un mecanismo de participación de pueblos originarios que se trata de maquillar como si fuera consulta, con tal de que nosotros cumplamos con los estándares internacionales de los tratados que hoy Chile tiene fijados”.

“Según me dicen, una consulta indigena debiese a lo menos desarrollarse en dos años. En este caso quieren hacer una consulta en el plazo que resta (hasta abril). Por lo tanto, veo un serio riesgo de que el día de mañana alguien pueda objetar esa consulta”, espetó Ossandón.

La exvicepresidenta adjunta y convencional del pueblo colla, Isabel Godoy, asumió que hay un atraso, pero valoró la dirección de Quinteros:

“(La Consulta Indígena) partió atrasada y tarde. Pero yo rescato el esfuerzo que ha hecho la presidenta Quinteros por sacar adelante un proceso que estaba botado, tirado. Me saco el sombrero con ella, porque ella tomó el proceso en las manos.

Enseguida, Godoy criticó la administración de Elisa Loncón y a “su grupo”, los constituyentes de escaños reservados que apoyan a la expresidenta, confirmando que hay una división dentro de los escaños reservados.

“(Quinteros) hizo lo que no hizo Elisa Loncón. Ella siendo indígena, aportilló el proceso. Él y su grupo provocaron este atraso. Y ellos son los causantes de este atraso. Ahora ella dice que quiere garantizar los derechos de los pueblos, que quiere que la consulta se realice, que hayan acuerdos, que los principios que hay se materialicen en derechos. Pero al comienzo no tenían ese discurso”. Y añade: “Los escaños estamos divididos. Hay nueve convencionales de escaños reservados que están con Elisa Loncón: Millabur, Catrileo, Tiare Aguilera, Lidia González, Fernando Tirado, Félix Galleguillos, Isabella Mamani”.

En tanto, según fuentes internas en el órgano, es evidente que no hay avances en cuanto a la comunicación y difusión del proceso.

Un ejemplo práctico, comentan al interior, es que la cuenta oficial de Instagram de la Consulta recién comenzó a subir material este fin de semana.

Según el cronograma de la Consulta, la semana del 24 al 31 de enero se debia contratar el personal para el despliegue territorial, y en la del 31 al 07 se tenía que iniciar la “capacitación de facilitadores y colaboradores”, como digitadores y monitores.

En añadidura, en cuanto a difusión y educación, el desarrollo del plan de comunicaciones y difusión de la consulta, la producción de insumos audiovisuales y radiales, de piezas gráficas y la publicación de todo esto, debía comenzar también el 24 de enero.

Sobre esto, Quintero aseguró que “ya está en curso la etapa de difusión del proceso y se están creando piezas audiovisuales para su difusión en las redes sociales de la Convención Constitucional”, así como ya funciona “el equipo territorial que está difundiendo el proceso a sus pares”.

Además, constató, la “Secretaría de Comunicaciones de la Convención inició esta semana envíos de información a regiones, coordinando medios locales y comunitarios, y organismos colaboradores”.

En suma, negó cualquier atraso en el proceso: “La Consulta ha empezado sus etapas en las fechas correspondientes”.