La pelea por la licitación de cédulas y pasaportes continúa. Pese a que el Registro Civil el pasado 15 de noviembre readjudicó el concurso a la empresa Idema, en reemplazo de la Unión Temporal de Proveedores (UTP) Aisino, las disputas en el Tribunal de Contratación Pública (TCP) están lejos de acabar.
Y es que el consorcio Sonda-Thales, tercero en la evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora de la licitación, presentó el pasado 1 de diciembre una demanda de impugnación en el TCP contra la resolución que adjudicó la licitación a Idemia, actual proveedor del servicio.
En concreto, la firma chileno-francesa expone que dicho acto administrativo es “ilegal” y “arbitrario”. Esto, agregan, pues habría vulnerado cuatro principios que rigen la contratación pública: legalidad, estricta sujeción a las bases, igualdad de oferentes y transparencia.
“Adjudicar con tal premura a Idemia, sin verificar si dicho oferente efectivamente cumple con todos los requerimientos especialmente técnicos (…) es un despropósito”, señala la demanda. Y agrega: “La oferta de Idemia adolece de importantes falencias y no consulta al menos 56 requerimientos técnicos claves para los intereses y seguridad nacional”.
Los incumplimientos de Idemia, según Sonda-Thales, son de carácter técnico. Van desde los módulos de atención de usuarios hasta el de biométrica, firma electrónica y seguridad. Este último, un elemento clave que tuvo a la vista el Registro Civil a la hora de dejar sin efecto la licitación a la UTP Aisino.
“(…) Tal como ocurrió con la UTP Aisino, podría el SRCel, con posterioridad a la adjudicación tomar conocimiento de que Idemia no cumple. Se debe tener especial consideración que en el contrato actual Idemia tiene fuertes falencias en estos aspectos ya que es un sistema que fue implementado hace ya varios años”, ahonda la acción legal.
La demanda de impugnación de Sonda-Thales ingresó al TCP el pasado 1 de diciembre. La solicitud es clara: dejar sin efecto la resolución que readjudicó la licitación de cédulas y pasaportes a Idemia y retrotraer el concurso hasta el inicio del proceso de admisibilidad y evaluación de ofertas.
Ante la nueva arremetida de Sonda-Thales, el tribunal solicitó informe al Registro Civil respecto a los hechos que fundaron la demanda antes de tomar una decisión. Esta nueva pelea en sede administrativa enfrenta a la empresa que resultó tercera en el proceso de evaluación v/s la segunda.
En el gobierno existe el temor que esta nueva acción avance. No quieren que -una vez más- el conflicto vuelva a Palacio. Esto porque la actual relación con Francia -en relación a licitaciones- se encuentra en una compleja situación por la demanda presentada a inicios de 2021 por la empresa gala Groupe ADP y Vinci Aeroports por la negativa del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de extender el contrato de concesión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
La moderación China
Había tres escenarios, dos en suelo nacional y uno en estadio internacional. Ellos eran: ir de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, presentar una demanda de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública, o ir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi). Hasta ahora, ninguno ha sido activado.
Es más, los plazos para accionar alguna acción legal en el país ya expiraron, lo que abre la pregunta: ¿qué pasó con Aisino? Fuentes cercanas a la multinacional china aseguran que los asesores legales de la UTP prepararon una batería de alternativas para disputar la licitación. Se trabajó durante días.
Y que la recomendación era clara: ir al TCP en contra de la resolución que dejó sin efecto la adjudicación al consorcio chino-alemán y en contra de la readjudicación que mantuvo el servicio en las manos de Idemia, solicitando además suspender el concurso.
Los argumentos en ambas acciones, según conocedores, iban en la línea que el Registro Civil habría vulnerado la ley de procedimientos administrativos, junto a que ambas resoluciones se encontraban “mal fundadas”.
“Si el Registro Civil se equivocó debió invalidar el procedimiento de evaluación y retrotraer la licitación o dejarla sin efecto. En vez de eso le aplicaron una ‘resolución tipo ley del mono’ sin ajustarse a la ley ni a las bases”, comenta una fuente cercana al proceso
El otro fundamento está relacionado con la carta que la institución que dirige Sergio Mierzejewski hizo llegar a UTP en la que solicitó una serie de antecedentes previo al 15 de noviembre. Esta misiva, agregan fuentes cercanas al consorcio chino-alemán, “hacía alusiones generales a inconsistencias, no específicas”. Fue recién en la resolución que dejó sin efecto la adjudicación a Aisino cuando, comentan, se dieron a conocer los fundamentos detrás
Al final, explican cercanos a los chinos, la compañía entendió que las razones para tomar la decisión -por parte del gobierno chileno- fueron más políticas que técnicas y por esto prefirieron no presentar acciones para defender su posición.
De esta forma, se prefirió -por ahora- no generar un conflicto diplomático entre ambas naciones. No obstante, no se descarta la posibilidad de que alguna empresa parte de la UTP pueda, en un futuro, demandar al Estado buscando una indemnización ante el Ciadi.
Fuentes de gobierno indicaron que efectivamente desde la embajada de China en Chile no refirieron más a la licitación de pasaportes y cédulas de identidad, pero para ellos la explicación es simple: en este minuto muchas empresas chinas están participando en diferentes licitaciones, las que son por montos mayores a la del Registro Civil, y esto ha generado que los representantes del gobierno chino en Chile han estado en constante contacto con miembros de la Cancillería y otros ministerios para tener información del avance de cada una.