El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal, en contra de quienes resulten responsables, por el delito reiterado de malversación de caudales públicos pertenecientes a la Municipalidad de Cerro Navia.
Los hechos materia de la presentación -a la que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile- se remontan al periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016, cuando la casa edilicia era presidida por el entonces alcalde Luis Plaza (RN).
En dicho lapso, la Contraloría General de la República realizó una auditoría que detectó numerosas y millonarias irregularidades en la Corporación de Desarrollo Social de la comuna.
De acuerdo al documento publicado en 2017, la mayoría de las anomalías encontradas daban cuenta de gastos desembolsados por la administración local sin el respaldo suficiente.
Allí figuran honorarios a profesionales, pagos asociados a traslados de estudiantes, salidas pedagógicas, entre otras actividades y servicios, que -como ya se dijo- no contaban con los antecedentes que acreditaran las prestaciones.
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Los 5.200 millones
Sin embargo, eso no fue todo. La Contraloría también descubrió el “extravío” de más de 5 mil millones de pesos de las cuentas bancarias habilitadas para el manejo de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Es decir, dineros entregados para supuestamente mejorar la calidad de educación de alumnos vulnerables.
Según estableció la investigación, la municipalidad debía mantener en sus tres cuentas del Banco Chile un remanente que ascendía a poco más de $5.217 millones.
¿El problema? Cuando la Contraloría las revisó, sólo encontraron la escueta cifra de… 261 mil pesos.
Monto que claramente no se condice con los dineros que la casa edilicia debía mantener en su poder y cuyos directivos no pudieron aclarar.
El secretario general de entonces dijo no tener antecedentes que aportar, mientras que la directora regional de la Superintendencia de Educación, entidad que debía fiscalizar el uso correcto de los recursos, se limitó a comprometer una fiscalización posterior.
Al CDE
Los hallazgos llevaron a la Contraloría a poner los antecedentes ante el Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
El primer organismo inició una investigación, mientras que el segundo interpuso la presente querella acogida a tramitación este martes.
En la acción legal, ingresada ante el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, se dan cuenta de las anomalías detectadas en 30 escuelas de la comuna y se solicitan una serie de diligencias.
Entre ellas, se pide al Ministerio Público despachar instrucción particular a la Policía de Investigaciones de Chile.
Ello, a fin de indagar y realizar los peritajes correspondientes que aclaren el destino de los 5.200 millones.
Asimismo, la petición incluye oficiar al Laboratorio de Criminalística de la PDI, “a fin de que realice un peritaje que determine el monto total de los dineros defraudados”.
“Tarda pero llega”
Consultado el actual jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo, aseguró que “sin dudas nos alegra que por fin comiencen a materializarse las distintas denuncias que hemos presentado incluso antes de que asumiera como alcalde, ya hace cinco años”.
En esa línea, sostuvo que entregarán toda la ayuda posible para el esclarecimiento de los hechos y que “la justicia tarda pero llega”.
“Cinco años han tardado en el Consejo de Defensa del Estado analizar los documentos y antecedentes y confirmar, darse cuenta, del enorme daño que se realizó a Cerro Navia (…) en la administración anterior, liderada por el exalcalde Luis Plaza y Marcelo Torres”, fustigó.
Y agregó: “Lamentablemente estas personas todavía no son juzgadas por la justicia, todavía andan libre por las calles y eso no debe ocurrir. Las sanciones deben ser ejemplificadoras para dar una señal clara: en ninguna comuna del país nunca más deben ocurrir actos de corrupción”.
Requerido Luis Plaza, afirmó que “en julio de 2015 se entregó la educación al ministerio y ubicaron ellos un coadministrador, entonces estaría bajo la responsabilidad de quienes quedaron a cargo de la administración de esos recursos”.
Así, indicó que su gestión no tuvo ninguna vinculación con las irregularidades develadas por la Contraloría y que las acusaciones en su contra son “absolutamente falsas”.
La Florida
Este querella se suma a otra estampada por el CDE ante el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, también por malversación de caudales públicos en la Municipalidad de La Florida.
Todo ello, ante el déficit de un total de $20 mil millones.
Según la presentación, Contraloría realizó una auditoría de control financiero en la Corporación Municipal de La Florida (Comudef) desde enero de 2016 y fines de junio de 2017 por los recursos de aporte municipal y fondos externos del Ministerio de Educación y de Salud.
En concreto, se evidenció que los aportes municipales no fueron ingresados a las cuentas corrientes creadas para ello, por lo que se determinó la “imposibilidad de detectar el destino de los fondos”, según lo consignó El Mercurio.