Marcela Sandoval, ministra de Bienes Nacionales y hoy por hoy única representante de Revolución Democrática en el gabinete del Presidente Gabriel Boric, analiza los pormenores de una nueva temporada estival y los desafíos que supone en esta época los problemas de acceso a playas, ríos y lagos.

De paso, comenta la decisión del exministro Giorgio Jackson de emprender acciones judiciales contra un empresario, la UDI y el senador socialista Fidel Espinoza. “Él está en su legítimo derecho de iniciar acciones judiciales y al menos como Frente Amplio nos parece una buena señal su reaparición”, afirma en entrevista con BioBioChile.

Asimismo, en medio de la polémica por las reuniones de ministros con empresarios en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, descarta tajantemente haber asistido a ese tipo de encuentros. “Las reglas en el Estado son muy claras, y por lo menos desde Bienes Nacionales las estamos cumpliendo”, subraya.

Acceso al mar y clasismo

—Para comenzar, quiero preguntarle de un tema muy en boga cada verano: el acceso a las playas. Vemos episodios nuevos en que alguien se cree dueño del acceso y no deja pasar hacia el mar, lago o río ¿En un fenómeno en aumento? A simple vista pareciera que es un fenómeno que ocurre cada vez con más frecuencia.

Es más bien estacional. Se incrementa acercándose como a la época estival, de vacaciones. Y también se exacerba cuando hay alguna denuncia viral. Lo vimos hace algunos años en el lago Ranco y ahora con el lago Budi. En general ahí aumentan las consultas, las denuncias. Y lo que hicimos nosotros este año fue un poco adelantarnos una semana y partir con una campaña más bien informativa, invitando a la gente también a que nos informara nosotros de accesos que no se hubieran fijado o si tenían dudas respecto a los obstáculos, los cobros que eventualmente se hacen. Y pusimos, como mensaje, que las playas son tuyas todo el año. En el fondo también hay que recordar que no es solo en la época estival donde hay que manifestar como esta inquietud, sino todo el año. Además, porque no tiene un foco meramente vacacional. También aquí los accesos son necesarios para los pescadores, para el turismo, para la actividad económica. No es sólo para quienes vamos a disfrutar de la playa, ríos o mares.

—Al margen de las cifras y la fiscalización ¿Cree que hay un dejo de clasismo en este tipo de enfrentamientos? En muchos casos se ve que es gente de alto poder adquisitivo que no quiere a gente común en “su patio”.

Yo diría que ha ido ocurriendo un fenómeno que se exacerbó con la pandemia y que tiene que ver con que mucha gente quiso salir de la ciudad e irse al campo o a bordes costeros. Y ahí lo que se ha dado efectivamente es que hay más propiedades instaladas en zonas alejadas. Entonces, evidentemente a veces hay colisión de derechos en términos de que tú quieres disfrutar solo, hay un interés más bien individual, pero la verdad es que el privilegio que tú tienes de tener una casa con vista al mar o de acceso a un río, no te da derecho a obstaculizarle a otro el acceso a ese lugar. Entonces, eso es lo que hemos querido como también incentivar acá. Se trata también de llevar como una convivencia sana.

Varios de los accesos que a mí me ha tocado visitar han estado en terrenos aledaños o privados. Entonces, ahí hay que generar un acuerdo mutuo, una conversación con el dueño del predio o de la casa que está al lado, para generar un acceso. Y en general te diría que la conversación con los privados es positiva. Entonces, no por una denuncia viral que se exacerba vamos a poder generalizar, pero sencillamente son ejemplos de lo que no hay que hacer.

—Por el otro lado, siendo abogado del diablo ¿Es legítima la molestia de estas personas en torno al cuidado de esos espacios? Porque en ocasiones ocurre que quienes los visitan dejan mucha basura y no cuidan el entorno.

Bueno, eso es real. Yo creo que es un mensaje para toda la ciudadanía que debemos enfatizar las autoridades. Si tú vas a un lugar y no hay recipientes para dejar tu basura, tus residuos, llévate tus residuos. Yo creo que es un mensaje permanente, porque si bien los municipios o las gobernaciones marítimas a veces instalan dispositivos, en zonas que son más alejadas eso no ocurre. Entonces, ahí la responsabilidad ciudadana es muy importante. O sea, una cosa es como garantizar el acceso y otra es cómo también resguardamos y llevamos una convivencia sana y parte del manejo de los residuos implica eso, por supuesto.

Sanciones y desalojos

—En el caso del lago Budi, que se hizo viral en los primeros días del año ¿Dialogaron con la protagonista del video? ¿Se buscó aplicarle alguna sanción por su actitud?

Hubo una conversación de parte del equipo de la Seremi de Bienes Nacionales con ella y con otro vecino, haciéndole ver que no le podían impedir a otros el acceso a ese lugar. Se han hecho también medidas de… porque a veces tú compras una propiedad y luego vas extendiendo tus dominios, sobre todo eso pasa en zonas alejadas. Ahí se midió, se fiscalizó si se cumple con el perímetro que efectivamente le corresponde a esta señora. Por eso decía que este era un buen ejemplo, porque efectivamente no es la reacción que uno esperaría. Son situaciones que pasan, y ahí ya las acciones judiciales que definirán las afectadas, también es resorte de ellas. Yo conversé con una de ellas, con una de las afectadas, y la verdad es que ella lo que buscaba es que más bien se lograra ese acceso, se informara la ciudadanía, y también hacer ver que ninguna persona en Chile puede ser objeto de discriminación e impedimento de acceder a un lugar como ese.

—También se han registrado casos de tomas de terrenos fiscales, como uno que fue desalojado hace pocos días en las cercanías del Lago Ranco ¿Cómo se trabaja para que ese desalojo sea efectivo y no vuelvan a tomárselo?

Es un tema bien complejo para Bienes Nacionales, porque a nosotros nos toca resguardar la propiedad fiscal, tenemos un catastro de la propiedad fiscal en todo Chile, y efectivamente actuamos por fiscalización, pero también por denuncia, pero no actuamos solos. Entonces, una vez que identificamos una ocupación irregular, informamos a la Delegación Presidencial Regional respectiva, y ellos estudian el caso, convocan a Carabineros, o a quien corresponda. A mí me ha tocado ir al norte, por ejemplo, desalojos que son más complejos, y donde actúa también Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, porque inmediatamente se abre un expediente y una investigación, sobre todo en temas que tienen que relacionarse con la seguridad, más allá de asentamientos precarios.

—Entonces…

En general, Bienes Nacionales tiene como práctica dentro de su protocolo actuar antes de que ocurra una instalación, un asentamiento propiamente tal, ¿y esto por qué? Porque a nosotros no nos corresponde hacer la derivación de esas personas, y hay otros ministerios que intervienen, y nosotros tenemos que actuar con mucha cautela, sobre todo cuando a veces hay familias que llegaron a ese lugar, y por diversas causas, a veces loteadores brujos y inescrupulosos que venden terrenos, en fin, y que arriendan terrenos fiscales, llegaron ahí.

Entonces, en general, nosotros actuamos cuando hay terrenos que han sido demarcados, ocupados, pero que no tienen fines necesariamente residenciales, sino como lo que pasó en el Cerro Chuño, en el sector que desalojamos había indicios de bodegaje, de ventas ilegales, ese era el tipo de indicio que se encontró. Entonces, ahí actuamos porque, evidentemente, están ocupando terrenos fiscales. En general, no son desalojos violentos, se planifican con mucho tiempo, pero claro, no están exentos de haber algún tipo de conflicto en el lugar cuando ocurren.

Evaluación ambiental 2.0: “No significa en ningún caso flexibilizar las leyes”

—Otro hito de esta semana en su cartera tiene que ver con un lugar que fue muy emblemático durante el estallido social, como la iglesia de Carabineros, que ahora fue entregada al Arzobispado de Santiago ¿Qué implicancias tiene este traspaso? ¿Cómo surgió la idea?

Esta iglesia es muy antigua, es de 1876, siempre estuvo en manos de la iglesia, y de ahí en 1981 se entregó a Carabineros. Después, con el estallido social, fue siniestrada tres veces al menos, se identificaron incendios y, bueno, el deterioro es mayúsculo. Luego de eso, Carabineros el año pasado, en abril de 2023, desestimó seguir con esa destinación, sobre todo por razones económicas, pues el costo de la reconstrucción y la reparación era muy alto, y ellos decidieron prescindir de su uso y volvió al fisco. Y ahí nosotros, como Bienes Nacionales, en conjunto también con la Delegación Presidencial y la Municipalidad de Santiago, evaluamos distintas medidas de seguridad, que los vecinos también estaban pidiendo, porque al estar abandonado ese lugar, se convirtió en una ocupación irregular, había también focos de incendio, microtráfico, en fin. Y nosotros pusimos como Bienes Nacionales una reja perimetral y pagamos un dispositivo de seguridad, que le dio garantía a los vecinos que pudieran transitar tranquilos por ese lugar.

Y empezamos a tener conversaciones con el Arzobispo de Santiago, que se acercó a Bienes Nacionales, mostrando interés de recuperar esa iglesia, que es histórica para ellos, para la iglesia, y pensando también en restaurarla y, evidentemente, que vuelva a tener el carácter para lo cual fue construida hace décadas, en 1800. Y ahí decidimos darle este permiso al arzobispo y ellos ahora inician un camino hacia la reconstrucción. Nosotros, como Bienes Nacionales, vamos a encabezar una mesa de trabajo, porque, evidentemente, este es un permiso de uso a largo plazo, pero sigue siendo un bien fiscal. Entonces, no podemos abandonar cómo se va a reconstruir la iglesia.

—Esta semana el Presidente presentó el proyecto de sistema inteligente de permisos y evaluación ambiental 2.0, usted estuvo presente ¿Desde qué ámbito colabora el Ministerio de Bienes Nacionales en esas propuestas?

Nosotros somos firmantes, varios ministerios somos firmantes. Si bien esta iniciativa legal la lidera Economía y Medio Ambiente, lo que nos corresponde a nosotros siempre es proveer de suelo fiscal para proyectos productivos. O sea, por ejemplo, en la estrategia de litio, a nosotros se nos solicita polígonos de terreno fiscal que puedan ser acordes para esto. Lo mismo para la materia energética, para el almacenamiento de energía renovable, también para la estrategia del hidrógeno verde. Esos son como algunos ejemplos, pero nosotros siempre estamos disponiendo terreno fiscal para concesiones de proceso productivo. Entonces, para nosotros, cuando se presenta un proyecto, ingresa a Bienes Nacionales, hay varios factores que entran en juego: uno de ellos es la evaluación ambiental, pero también la relación con las comunidades indígenas. Nosotros hacemos consulta indígena como Bienes Nacionales para que efectivamente estos proyectos tengan asidero y no resistencia en la comunidad, que se respeten todas las reglas en definitiva.

Lo que buscan estos permisos sectoriales, esta actualización que ha liderado Economía y Medio Ambiente, no es flexibilizar las normas, sino más bien reducir la burocracia, que muchas veces los flujos administrativos hacen que los plazos sean muy largos. Nosotros estamos en otra mesa de trabajo viendo, por ejemplo, concesiones marítimas y Cultura está en otros trámites que tienen que ver con el Consejo de Monumentos. Son los trámites que demoran más años y que nuestro gobierno ha visto en ello una oportunidad de reducir plazos y eso evidentemente reactiva la economía.

—Tras el anuncio, agrupaciones como Greenpeace cuestionaron la propuesta. ¿Fue hecha a la medida de la industria, como dicen ellos?

Yo insistiría en un punto. Acá el mandato ha sido no flexibilizar la norma, ambiental sobre todo, sino acá el tema es más bien de la gestión administrativa, de cómo efectivamente podemos reaccionar y trabajar mucho más eficientemente. Y eso no significa en ningún caso flexibilizar las leyes que hoy día resguardan los temas medioambientales.

Sandoval y reaparición de Jackson: “Como Frente Amplio nos parece una buena señal”

—Ya a nivel más político, fue una semana de tensiones entre sectores del oficialismo tras las acciones judiciales de Giorgio Jackson. Usted en particular, como la única ministra RD del gabinete ¿Cómo ha percibido esa situación?

Nuestro gobierno ha tenido una opinión bien seria respecto a todos los temas que durante meses se han ido denunciando respecto al caso convenios, se han ido judicializando, se han entregado todos los antecedentes. El exministro Jackson sin duda es una figura muy importante para la política chilena y sobre todo para nuestro sector, para el Frente Amplio. Él está en su legítimo derecho de iniciar acciones judiciales y al menos como Frente Amplio nos parece una buena señal su reaparición.

—Tanto en los partidos oficialistas como dentro del propio gobierno ¿Cuál cree que sería la forma más apropiada de zanjar esas tensiones?

¿Tensiones de qué tipo?

—Las tensiones que se han generado entre el propio Frente Amplio y el PS, por ejemplo, respecto a las acciones judiciales contra el senador Fidel Espinosa. ¿Cómo salir de esta discusión y volver a reenfocarse en la unidad del oficialismo?

Eso es un pronunciamiento que le corresponde más bien a los dirigentes de los partidos políticos. Yo soy ministra de Estado y una de las cosas que el Presidente ha enfatizado en cada reunión que tenemos como gabinete ministerial, es que en el periodo de tiempo que nos queda como gobierno la gestión es lo que debe guiar nuestro trabajo. Tenemos que mostrarle al país que somos un gobierno eficiente, que efectivamente estamos haciendo las cosas bien, en el plan de emergencia habitacional, en las prioridades de reactivación económica, y en ese sentido el foco que tenemos como ministros es la gestión, una gestión orientada hacia la ciudadanía y hacia las prioridades que ya tiene la gente. Otros pronunciamientos de otro tipo le corresponderán a los partidos, parte de la coalición.

Zalaquett y reuniones con ministros

—Al margen, otra polémica que han protagonizado varios ministros es respecto a las reuniones con empresarios ¿Qué opina usted como ministra de los encuentros en la casa de Pablo Zalaquett?

El gobierno ha sido muy claro en que todos los ministros debemos responder a las normas, y los ministros que asistieron a esa reunión ya han dado las explicaciones. Yo en mi caso recibo muchos lobby con distintas autoridades, con empresas, con organizaciones, dada la naturaleza de mi función, y en eso estoy enfocada, y en eso nosotros acá en el Ministerio Nacional estamos cumpliendo.

—¿Fue invitada usted en alguna ocasión a esos encuentros?

No.

—Naturalmente, en algunos sectores ha generado bastante crítica esta situación. ¿Usted considera, como dicen los críticos, que esto es como una especie de cocina o algo por el estilo?

No me voy a pronunciar sobre eso, pero te insistiría que las reglas en el Estado son muy claras, y por lo menos desde Bienes Nacionales las estamos cumpliendo. Nosotros acá en Bienes Nacionales respetamos las medidas de probidad y transparencia, y eso es lo que el gobierno y nuestro Presidente ha liderado desde el primer momento.