El pasado 3 de agosto, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley del Royalty Minero, con la que busca recaudar recursos de la minería para potenciar el desarrollo de algunas regiones del país. “Vamos a seguir avanzando con más descentralización (…) distribuyendo de manera más justa la riqueza que generan las y los trabajadores”, afirmó el mandatario durante ceremonia en Mejillones, comuna de la Región de Antofagasta.

La nueva ley establece un nuevo esquema tributario a los grandes explotadores mineros, de los cuales sus ventas provengan en más de un 50% del cobre y que tengan una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino por año. Para este grupo, habrá una tasa de 1% sobre sus ventas anuales del mineral.

Aun de acuerdo con Boric, a partir de 2024, de todo lo recaudado, cerca de 450 millones de dólares serán distribuidos para que puedan impulsar el desarrollo de comunas y regiones del país por medio del Fondo de Comunas Mineras, que será entregado a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins; el Fondo para la Productividad y Desarrollo; y del Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial. Los dos últimos repartirán el resto de los beneficios económicos.

Autor del proyecto de ley que tramitó en el Congreso Nacional por cinco años, el senador Esteban Velásquez (FRVS) conversó con BioBioChile y comentó sobre la importancia y los beneficios que la actual ley podrá llevar al norte del país. Además, criticó al gobierno de Sebastián Piñera, de quien, según el parlamentario, escuchó en la época que “no les interesaba, no iban a respaldar nunca al royalty minero y no creían en eso”.

— Explíquenos en qué consiste la Ley del Royalty Minero y por qué ella es importante.

El royalty minero es un derecho, una compensación que deben recibir los territorios en razón de la extracción y explotación de un recurso no renovable. Los países desarrollados, en algún momento, reflexionaron y dijeron: ‘bueno, en nuestro territorio, cada vez que se extrae un recurso no renovable, se empobrece’. Las mineras, sobre todo privadas, dejan los relaves mineros, dejan los acuíferos, los ríos prácticamente secos, y una cantidad de enfermedades broncopulmonares, cancerígenas…

Lo virtuoso en la legislación minera chilena es el llamado ad valoren. Un porcentaje por las ventas brutas del cobre, un incremento que va a recibir el país a partir del próximo año.

— Y es una ley que nace en regiones…

Sí, es posible que leyes como esta tengan sentido regionalista porque este proyecto lo trabajamos con la paciencia que correspondía. En otras palabras, podemos decir que desde el norte de Chile llega la Ley del Royalty Minero con la paciencia y la inmensidad del desierto. Para nosotros, la roca tenía valor y hoy día, efectivamente, se ha reconocido que esa roca tiene un valor de un recurso no renovable como el cobre. Este proyecto, que fue una moción parlamentaria, pudo ser escuchado por un gobierno que probablemente se sensibilizó por este tema.

— ¿Por qué no hubo avances en la tramitación del proyecto durante el gobierno Sebastián Piñera?

El gobierno del presidente Piñera fue bien franco, y lo digo con mayúscula. Me fue dicho personalmente que no les interesaba, no iban a respaldar nunca al royalty minero y que no creían en eso. Ellos le llamaban royalty a un impuesto específico de la minería. Cuando ocurrió el terremoto de 2010, hubo un pequeño aumento de ese impuesto, pero en razón de la invariabilidad.

— ¿Por qué la llegada de Daniel Núñez a la presidencia de la comisión de Hacienda fue fundamental para que el proyecto avanzara?

Sin duda, la mirada de sectores progresistas, como en el caso del senador Núñez, quien también es representante de una región minera y que ya en la Cámara de Diputados respaldaba este proyecto del Royalty Minero, ayudó. Los presidentes de las comisiones son los que colocan en tabla los temas a tratar, son los que pueden dilatar, acelerar la tramitación. Así que en eso provocó diálogo con la oposición, con el gobierno. Le puso la fuerza necesaria al proyecto. Creo que el senador fue un aporte fundamental en esta discusión.

— ¿Cómo fueron las negociaciones con el Ministerio de Hacienda?

El ministro (Mario) Marcel y su equipo asesor fueron convenciéndose cada vez más sobre el proyecto. Lo vi defendiendo en un principio porque, más allá de las cantidades importantes de recursos nuevos para el país, defendimos la revalorización de nuestros recursos naturales, que a veces son pura materia prima como concepto. Pero nos damos cuenta de que somos dueños de aquello y, sobre todo, los recursos no renovables, son extraídos y empobrece nuestro país.

— ¿El ministro Marcel cometió un error al haber bajado el royalty minero del 3% al 1%?

Notamos en la conversación con los colegas senadores que no había ninguno que tuviese una crítica de fondo al 2% o 3%. Lo que hubo es que en algún momento la empresa minera privada no quería que existiera el concepto ad valoren. Incluso, entendí por las palabras de los representantes de las empresas, que estaban dispuestos a que las utilidades subieran un tanto más, pero que no se incorporara este concepto.

Lo que hablábamos nosotros cuando planteamos el 3% ad valoren es porque, en estudio comparado, era un promedio. En algunos Estados se cobran 5% o 7%. Nos decidimos por el 3% viendo los valores de la economía de nuestro país y lo que era más conveniente. Creo que sí, en ese sentido, el ministro Marcel pudo haberse atrevido a haber aumentado el concepto ad valoren, sin duda.

— ¿Qué inversiones deben ser prioritarias para el norte del país y que ahora los royalties podrán beneficiar?

Pertenezco a Antofagasta y en esta región creemos en una descentralización con autonomía política y fiscal. Sin autonomía fiscal y económica, políticamente vamos a estar siempre dependiendo de los gobiernos de turno, y a rato resulta indigno que tengamos que depender de un ministro, de ser amigo del ministro, de ser amigo de los asesores del ministro para que a 1.500 kilómetros nos digan qué proyectos nos van a entregar financiamiento en una región tan estratégica como la de Antofagasta. En ese marco es que nosotros estamos buscando instrumentos para tener la autonomía fiscal necesaria.

Y, sin duda, la educación, la tecnología, la innovación, el medio ambiente, yo diría que son áreas que se deben buscar nuevas fórmulas productivas para que haya otras vocaciones cuando mañana se acaben estos recursos no renovables.

— El Fondo Comunas Mineras considera US$55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera. ¿Usted considera que estos dineros podrían terminar en corrupción, como lo que sucedió en el caso Tierra Amarilla, por ejemplo?

Cuando hay recursos frescos y recursos tradicionales, sin duda que los mecanismos de fiscalización tienen que potenciarse. Nosotros también hemos presentado iniciativas que están en las distintas comisiones, sobre el fortalecimiento de agendas de probidad. En ese sentido hay que darle mayores atribuciones a la Contraloría y también es necesario más recursos humanos. Además, es necesaria buena regulación y endurecer las penas a aquellos que cometen actos y delitos de corrupción.