Monsalve abraza el estado de excepción: "No tenemos ningún sesgo en desplegar todas sus herramientas"

Replantear. Revisar. Ajustar. Esos son los verbos que emplea el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para hablar de la visita que inicia este viernes junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, a la Macrozona Sur. Durante las últimas semanas la política del Gobierno se ha visto sobrepasada por las balas y el fuego. Los ataques han tenido como víctimas a camioneros, habitantes de la zona e incluso a un consejero electo del Partido Republicano cuya casa terminó agujereada por los disparos.

Para contener la escalada, Monsalve asegura que en la visita buscarán concordar nuevas medidas “que permitan un mayor control y responder de manera más rápida”.

“Los últimos hechos de violencia nos obligan a replantearnos, revisar, ajustar la forma en que se está desplegando el estado de excepción con el objeto de lograr un mayor control del territorio”, arguye.

En medio de presiones de la oposición por decretar estado de sitio, el subsecretario se muestra a favor de utilizar todas las herramientas disponibles en el estado de excepción, lo que significa “desplegar las fuerzas policiales y militares en todos aquellos lugares que se requiera para lograr el control del territorio y lograr mejores condiciones de seguridad”.

Al ser consultado por la posibilidad de colocar controles a la entrada y salida de la comunidad de Temucucui –que estaría dentro de los diálogos con la oposición–, el subsecretario del Interior no lo descartó.

“Vamos a colocar puntos de control donde, con la información de la cual disponen las instituciones militares y policiales, se considere necesario para lograr eficacia en la tarea de prevención y control de seguridad de la región de La Araucanía”, asevera en esta entrevista con la Unidad de Investigación de BioBioChile y Radio Bío Bío.

Manuel Monsalve: “La visita sirve para concordar nuevas medidas que permitan un mayor control”

–En el año ya van cerca de 400 atentados en la Macrozona Sur, con episodios graves en las últimas semanas, ¿producirá esto cambios en cómo se está implementando el estado de excepción?

Todas las cifras que tenemos, independiente de la fuente, indican que los hechos de violencia rural en la región de la Araucanía y la Macrozona Sur vienen con una tendencia al alza desde hace varios años, llegando al punto más alto el año 2021, con 1.685 hechos de violencia rural, que es la cantidad más alta que se ha producido en la historia. El año 2022 logramos disminuir esa cifra a 1.160, que es un 31% de disminución de los hechos de violencia rural. Pero el Gobierno no desconoce que en las últimas semanas y en los últimos dos meses ha habido hechos de violencia grave. Eso nos obliga por lo tanto a replantearnos, revisar, ajustar la forma en que se está desplegando el estado de excepción con el objeto de lograr un mayor control del territorio. Es uno de los objetivos que tiene el despliegue del estado de excepción, con el objeto de tener fundamentalmente una labor preventiva y una labor de respuesta más rápida a los hechos de violencia rural.

–Este viernes viajará a la Macrozona Sur, donde se reunirá con el nuevo Jefe de la Defensa Nacional en La Araucanía, el general Rafael Cabrera. ¿Cuáles son sus expectativas de esta visita?

Esperamos reunirnos también con el gobernador de la región de la Araucanía, parlamentarios y el delegado presidencial. La visita sirve para concordar nuevas medidas que permitan un mayor control, y por tanto, responder de manera más rápida al tipo de hechos de violencia que están ocurriendo en los últimos dos meses.

Recuerdo que hay una segunda línea de trabajo también muy importante: la persecución penal, en la cual el Gobierno ha mostrado un alto nivel de efectividad en conjunto al trabajo que hace el Ministerio Público. Hemos presentado más de 200 querellas desde que asumimos, con 233 condenas. Pero yo diría que el viaje de este viernes tiene que ver fundamentalmente con el despliegue del estado de excepción, y por eso, entre todas las actividades, es importante la reunión que tenemos con el nuevo Jefe de la Defensa Nacional. También en ese marco vamos a visitar una iniciativa que son las instalaciones para una nueva base militar en Curacautín.

–Usted habla de replantear el estado de excepción constitucional en la zona, ¿están considerando agregar más elementos al decreto que está en el Congreso Nacional?

El decreto ha generado un debate que creo que no le sirve al objetivo principal que tenemos. Se ha buscado instalar de manera persistente el concepto de “acotado” a propósito del estado de excepción. Nosotros no tenemos ningún sesgo en desplegar todas las herramientas que nos permite el estado de excepción para garantizar seguridad. Basta recordar que en ningún gobierno anterior, independiente de que se haya decretado estado de excepción, por ejemplo, había bases adelantadas. Esto demuestra que no queremos un estado de excepción acotado, no queremos restringirlo, queremos desplegar las fuerzas policiales y militares en todos aquellos lugares que se requiera para lograr el control del territorio y mejores condiciones de seguridad. Basta decir que nunca había habido bases militares como en Contulmo, en Tirúa, en Capitán Pastene, o en Lumaco, o en Curacautín. El decreto ha generado siempre ese debate y quedamos de revisarlo para ver si una modificación en las redacciones puede despejarlo.

¿Cercar Temucuicui?

–Usted dice que no hay problemas con utilizar todas las herramientas que entrega el estado de excepción constitucional. En los pasillos del Congreso se comenta que se estaría considerando posicionar militares cerca de la comunidad Temucuicui y establecer checkpoints para ver quién entra y quién sale. ¿Qué hay de cierto en la medida?

El despliegue de las fuerzas militares tiene puntos de control. No tiene mucho sentido, a veces, tener puntos fijos, porque una vez que uno instala el punto fijo, es conocido dónde están las fuerzas policiales y militares. Por tanto, evidentemente, eso permite, justamente a los que cometen hechos de violencia, planificar hacerlo donde no están. Por lo tanto, los puntos de control, en general, son puntos de control móviles. Durante el periodo del estado de excepción, del 18 de mayo a la fecha, se han hecho más de 200 mil controles, controles de identidad y controles vehiculares. Y, por supuesto, en la visita de este viernes vamos a evaluar dónde es más estratégico, de acuerdo a la información que tienen las instituciones del Estado, colocar puntos de control. Y, obviamente, no voy a decir dónde esos puntos de control se van a instalar.

–Pero se hablaba incluso de cercar Temuicuicu y hacer estos controles. ¿Eso está descartado?

Ni el Gobierno ni las fuerzas militares tienen la tarea de cercar ningún territorio. Lo que sí tienen la tarea es de colocar puntos de control en todos aquellos lugares donde se consideren necesarios para prevenir o controlar hechos de violencia. Si uno mira los datos, podría también distinguir respecto a lo que ha venido ocurriendo en diferentes zonas. En la provincia de Arauco ha habido una disminución sustancial de los hechos de violencia de manera sostenida y permanente. Esos logros no son tan significativos en la provincia de Malleco. Y, por supuesto, hay comunas en particular donde se concentran los hechos de violencia, como, por ejemplo, Ercilla, Collipulli y Victoria. Evidentemente, eso requiere mayor presencia policial y militar en los mismos puntos de control. Pero los puntos de control finalmente se definen por parte del Jefe de la Defensa Nacional, de acuerdo a la información policial e inteligencia que tienen las instituciones del Estado.

–¿Pero no descarta checkpoints a la entrada y salida de Temucuicui?

Vamos a colocar puntos de control donde, con la información de la cual disponen las instituciones militares y policiales, se considere necesario para lograr eficacia en la tarea de prevención y control de seguridad de la región de la Araucanía, así como de la región del Bío Bío.

–El diputado Mellado cuando habla con los medios de comunicación utiliza la palabra “acorralar”. Entonces, ¿cuál sería el concepto correcto, por así decirlo, en caso de que se llegase a tomar esa decisión?

El concepto correcto, diría yo, es tener puntos de control que garanticen eficacia, tanto en la tarea preventiva como los controles de seguridad.

Manuel Monsalve: “No creo que las facultades del estado de sitio resuelvan ninguno de los problemas de la Macrozona Sur”

–La oposición ha insistido en que se decrete estado de sitio, ¿es una posibilidad para el Gobierno?

Sugeriría leer lo que dice la Constitución. Porque la Constitución en su artículo 43, en el inciso segundo, cuando habla del estado de sitio, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que permite el estado de sitio? Permite limitar el derecho a la locomoción. También lo podríamos hacer con el estado de excepción. Permite limitar el derecho a reunión. También lo podríamos hacer con el estado de excepción. En esos aspectos no agrega nada. La única diferencia, entonces, es que permite la detención de personas en lugares distintos a los recintos penitenciarios o carcelarios. Y yo no creo que esa facultad adicional resuelva ninguno de los problemas que hoy día tiene la Macrozona Sur.

–Entre las hipótesis de por qué han aumentado los delitos en la zona está la política de persecución del Gobierno que usted mencionaba. ¿No le parece que siguiendo esta estrategia, a menos que haya diálogos con las comunidades y ciertos sectores que están ahora llevados por la violencia armada, esto podría seguir escalando?

Este es el primer Gobierno donde los hechos de violencia se logran disminuir. Por supuesto, no estamos conformes con la disminución, porque nos gustaría que no hubiera ningún hecho de violencia, pero constatamos las cifras. La permanencia de este conflicto ya por, en la práctica, más de dos décadas, con presencia de hechos de violencia, demuestra que la violencia hay que enfrentarla, pero también hay que tratar de entender sus razones, sus causas. Creemos que entre las causas hay un rezago en materia de la presencia del Estado en la zona. Por otro lado, basta decir que la principal reivindicación del pueblo Mapuche y de muchas comunidades tiene que ver con la demanda de tierras.

Por lo tanto, todas esas son las líneas que el Gobierno está llevando adelante: estado de excepción en materia de seguridad y persecución penal; Buen Vivir en materia de inversión social e inversión pública; Comisión para la Paz y el Entendimiento para abordar la demanda histórica de tierras.

¿Heredero de Aleuy?

–Usted ha tenido un rol preponderante en cuanto a seguridad en la Macrozona Sur, al igual que uno de sus correligionarios y predecesores, Mahmud Aleuy, quien se preocupó especialmente, entre otros temas, de delitos que asoció a ciertas comunidades como el robo de madera. ¿Cree usted que es un heredero de Aleuy?

Es muy difícil ser heredero de alguien. A lo más soy heredero de mi mamá y de mi papá, con suerte. No, no me considero en ningún caso heredero. Creo que cada subsecretario enfrenta seguramente un contexto completamente distinto. Por ejemplo, en el contexto que nosotros hemos estado, mi presencia en el terreno, yo diría, es claramente distintivo de lo que es habitualmente el desarrollo, el rol del subsecretario del Interior. Y creo que además la vivencia que yo tengo de la zona hace también que tenga una mirada distinta, tal vez respecto al conflicto particular de la Macrozona Sur.

“Yo estuve 30 años de mi vida en la provincia de Arauco, por lo tanto no, no me considero para ser franco heredero del subsecretario Aleuy. Valoro el trabajo que han hecho los subsecretarios del interior en el pasado, pero yo soy el subsecretario del Interior del Gobierno del presidente Boric”.

Manuel Monsalve

–¿Pero estaba en lo cierto Mahmud Aleuy cuando hablaba acerca del tema del robo de madera, en tiempos en que fue bastante cuestionado también por sectores del actual Gobierno por ese punto en particular?

Los gobiernos se miden por las decisiones que toman. Nosotros promovimos, mientras éramos Gobierno, sacar adelante la ley del robo de madera. Hemos presentado querellas porque consideramos que detrás de los hechos de violencia hay organizaciones criminales que se dedican a hechos violentos, pero que también tienen mecanismos de financiamiento. Nos parece que eso hay que perseguirlo, y por tanto hay que tener eficacia en materia de persecución penal. Un tercio de las personas que han sido condenadas por las querellas que ha presentado el Gobierno están vinculadas al robo de madera. Y yo creo que hemos sido bastante eficaces en contener ese delito, en debilitarlo. Y en que varias de las estructuras de las personas que se dedicaban al robo de madera están hoy día o detenidas, o formalizadas, o condenadas. Respecto al robo de madera, o al robo de cosecha, o al tráfico de drogas, la conducta del Gobierno es una sola: son delitos, los delitos se persiguen y se sancionan.

“Detener el crimen organizado constituye una obligación del Estado si quiere preservar la democracia”

–El Gobierno presentó el año pasado el primer Plan Nacional Contra el Crimen Organizado. ¿Cuál era el estado de las políticas para frenar este tipo de actividad criminal cuando llegaron al Gobierno?

Cuando asumimos identificamos inmediatamente que el crimen organizado era una amenaza para la seguridad interior del país, y que no había una política destinada a enfrentar esa amenaza. No había siquiera un plan y presupuesto para combatir el crimen organizado. Lo que hace el Gobierno durante el año pasado es llevar adelante la construcción de una política, que se le entrega al Presidente, construir un plan con 103 iniciativas divididas en 10 ejes de acción, y logra conseguir un presupuesto que se expresa en la Ley de Presupuestos del Año 2023.

–En vista de las evaluaciones que han hecho, ¿de qué calibre considera que es la amenaza que representa el crimen organizado para el país?

El crimen organizado se dedica principalmente al tráfico de drogas, pero también al tráfico ilícito de migrantes o a delitos tan graves como la trata de personas, al contrabando, al tráfico de armas, al sicariato. Por lo tanto, es un tipo de delito que debe ser perseguido con severidad porque puede colocar en cuestión, además, a las instituciones del Estado. Porque cuando el crimen organizado se instala, inmediatamente corrompe a las instituciones del Estado para sobrevivir.

–En materia legislativa, ¿qué iniciativas esperan concretar al respecto?

Sacamos la ley contra el narcotráfico. Está ad portas de firmar el Presidente la Ley Contra el Crimen Organizado. Estamos tramitando la ley de inteligencia, que también es un elemento muy importante para el combate de este tipo de amenazas a la seguridad interior del Estado. Presentamos 35 indicaciones en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Nos reunimos con su presidente para poder concordar el itinerario del trámite legislativo de ese proyecto de ley. Estamos tramitando el proyecto de ley de ciberseguridad. Por lo tanto, tenemos una agenda contra el crimen organizado.

–El mes pasado se lanzó el Plan Calles Sin Violencia, ¿cómo se diferencia de lo que se ha venido realizando con el Plan Nacional del Crimen Organizado?

En el caso del Plan Calle Sin Violencia hay un objetivo específico. El delito de homicidio en particular viene con una tendencia al alza desde el año 2015-2016, sin que nadie lo haya podido detener. Y la pregunta, por lo tanto, que se hace el Gobierno, es ¿cuál es el problema que tenemos? Tenemos un alza de homicidios; tenemos, en torno al aumento de homicidios, un aumento de las armas de fuego para cometer el homicidio; tenemos un aumento de los imputados desconocidos. O sea, se comete el homicidio y en el 50% de los casos no se logra, en el sitio del suceso, recabar información suficiente para tener una sospecha de quién fue el autor de esos homicidios. Por lo tanto, tenemos una amenaza también a la seguridad de las personas. El Plan Calles Sin Violencia tiene un fin: contener el alza de homicidios.

–¿Cuál es entonces la metodología para enfrentar ese problema a través el plan?

Llegamos a la conclusión de que hay que tener una visión objetiva. Esto significa que hay que llegar lo más rápido posible al sitio del suceso. Tiene que llegar un fiscal al sitio del suceso. Tienen que llegar profesionales a levantar testimonio, antecedentes, evidencias, para lograr mayor eficacia en lograr detener a quienes cometen los homicidios. En el tipo de homicidios que se están cometiendo con presencia de armas del fuego, ya no hay una persona detrás del homicidio. Hay una estructura criminal violenta. Por lo tanto, aclarar los homicidios también significa sacar estructuras criminales violentas de la calle y llevarlas a la cárcel.

–¿Deberían haber cárceles para cabecillas del crimen organizado?

Sí, por supuesto. Quiero recordar que yo estuve hace dos o tres días con el subsecretario de Justicia en Gendarmería. Firmamos un convenio para transferirles cerca de 5.000 millones desde el presupuesto de crimen organizado que tiene el Ministerio del Interior a Gendarmería de Chile. Lo digo para afirmar la importancia que le damos a la seguridad carcelaria en materia de la lucha contra el crimen organizado. Aislar a los líderes de organizaciones criminales es una tarea esencial. Si no, normalmente esos líderes y esas organizaciones toman control de los recintos carcelarios, corrompen a las instituciones como Gendarmería y cometen delitos dentro y fuera de la cárcel. Eso no se puede permitir y eso significa tener módulos y cárceles de alta seguridad. Si uno mira las experiencias comparadas, como el caso de la lucha contra la mafia italiana, y en el contexto también de América Latina, tener cárceles de alta seguridad constituye un desafío indispensable.

“Chile debe tener una política migratoria ordenada, segura y responsable”

–A propósito de crimen organizado, usted mencionaba el tráfico de migrantes y la trata de personas. Para los chilenos ya es habitual el nombre del tren de Aragua. Es una organización que se beneficia económicamente principalmente de estos delitos, que están asociados a temas migratorios. ¿No le parece a usted que esta política migratoria que plantea tantos problemas para entrar al país a una población desesperada, con problemas también en el camino a la regularización, no ha sido un fomento para las ganancias de estas organizaciones criminales?

En el caso migratorio son cerca de 6 o 7 millones de venezolanos que salieron de su país. Por supuesto esto constituye una oportunidad para organizaciones criminales, porque junto con cobrar se captura personas, niñas, niños, para la trata de personas, y se les ocupa para ingresar drogas o para ingresar armas. Por eso creo que es muy relevante que el Gobierno haya tramitado la reforma constitucional de infraestructura crítica. El desplazamiento de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas ha permitido contener el ingreso irregular de personas. Hay una cifra que entrega la Unidad de Coordinación Estratégica del Norte –donde están Carabineros y la Policía de Investigaciones– y que da cuenta de que la detección de ingreso irregular por la frontera norte cayó 56%. La presencia de las Fuerzas Armadas permite no sólo contener el ingreso irregular, sino controlar rutas. Hay que recordar que a las Fuerzas Armadas se les entregó facultades para hacer control de identidad, para hacer registro y para detener.

–¿Pero no ha sido una política migratoria que en el fondo como efecto no deseado ha fomentado la inseguridad al generar esta fuente de ganancias tan importante para estas bandas?

El ingreso a un país siempre tiene que ser regular. No podemos normalizar el ingreso irregular.

–Sí, pero la política migratoria puede tender a la regularización. Por eso existen las regularizaciones extraordinarias y existe la política migratoria.

Pero hago la distinción. El que eventualmente un país decida tener procesos de regularización de migrantes, no significa validar el ingreso irregular por la frontera. Y lo primero que tiene que hacer un país es controlar su frontera. Después podrá tomar decisiones de política migratoria. La política migratoria se construyó durante el año 2022, se le entregó al Presidente de la República y el Presidente de la República la está revisando para eventualmente promulgarla. Y por lo tanto Chile debe tener una política migratoria ordenada, segura y responsable. Pero eso no es contradictorio a la obligación de controlar la frontera y evitar el ingreso irregular. Porque el ingreso irregular frente a una crisis migratoria de 7 millones de ciudadanos siempre puede haber. Y por lo tanto si nosotros no controlamos la frontera, le damos espacio al tráfico ilícito de migrantes o a la trata de personas.

–¿Qué importancia tiene en ese sentido el empadronamiento biométrico anunciado por el Servicio Nacional de Migraciones?

A partir del 30 de junio vamos a lanzar el empadronamiento biométrico. Porque un país tampoco puede aceptar que haya 150 mil o 200 mil ciudadanos en su territorio de los cuales no sabemos nada. No tenemos su huella, no tenemos su rostro, no tenemos su nombre, no sabemos quiénes son, no sabemos si tienen eventualmente antecedentes en su país. Vamos a instalar 70 puntos de empadronamiento en Chile que van a estar en dependencias de la Policía de Investigaciones. 14 van a estar en la Macrozona Norte. No es una política de regularización, pero sí vamos a invitar a quienes han ingresado irregularmente en Chile a empadronarse. O sea, a que sepamos su identidad, su rostro, su nombre. A partir de ese conocimiento uno podrá tomar decisiones políticas. Pero lo primero es garantizar la seguridad del país y no podemos garantizar seguridad si no sabemos quiénes están en el territorio nacional. Por eso es que el empadronamiento es tan importante.