Fue su gran tarea de bienvenida. En poco más de un año de gestión, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, sociólogo de 41 años y militante de Comunes, fue parte fundamental del esfuerzo del Gobierno en conjunto con organizaciones sociales para lograr la aprobación del proyecto de 40 horas de semana laboral. “Calculamos que son aproximadamente 4 millones 50 mil las personas que se van a ver beneficiadas”, detalla.

Académico dedicado a investigar sobre el área laboral y presidente entre 2006 y 2007 de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile –donde conoció al Presidente Gabriel Boric–, es la primera vez que ejerce un cargo de este tipo.

Aunque evita criticar a las administraciones pasadas por la falta de modificaciones a la jornada laboral desde 2005 y prefiere centrarse en las políticas públicas que esperan llevar adelante, como el alza del salario mínimo y la intermediación laboral, sí detalla que faltaba coordinación en las instituciones a cargo Ministerio del Trabajo cuando arribaron para responder a los desafíos de la automatización y la inteligencia artificial: “Si tú no logras coordinar, las partes por separado pueden hacer su trabajo, pero el objetivo final, que es que esa persona se reconvierta laboralmente, no se cumple”, dice en conversación con BioBioChile.

“Uno todavía no alcanza a dimensionar los efectos positivos que va a tener la reducción de jornada”

–En 2005 había sido la última reducción de la jornada laboral, cuando pasó de 48 a 45 horas laborales semanales. De eso ya 18 años. ¿Se esperó demasiado para dar este paso?

La reducción de jornada laboral es una demanda histórica de todos los movimientos de trabajadores. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), su primera normativa tenía que ver con alcanzar la jornada de 8 horas diarias. Actualmente eso se logró con un proyecto que se inició tramitando el 2017 y que, en su momento, contó con bastante oposición. Hay que decirlo. Lo que nosotros valoramos es el impacto que va a tener esta reducción de jornada. Creemos que es muy significativo: estamos hablando de 5 horas de una jornada laboral de 45, en momentos que la propia ciudadanía empieza a valorar los tiempos de trabajo, de descanso, que le dedica a la familia. Por lo tanto, coincide con un anhelo ciudadano y de las organizaciones de trabajadores que empujaron por este proyecto.

En ese contexto, creemos que el impacto que va a tener en la sociedad chilena en términos de bienestar, y en cuanto a una serie de elementos asociados a la reducción de jornada, van a ser positivos.

–¿Pero no cree que hubo una negligencia al no repensar la jornada laboral antes?

Una de las características que tenía nuestro programa era justamente tomar demandas de la ciudadanía. Una de ellas fue la reducción de jornada laboral, que es de lo que nosotros nos podemos hacer cargo como Gobierno, habiendo asumido por primera vez.

–La productividad ha sido mencionada en el debate como clave para que esta transición a 40 horas semanales se dé sin sobresaltos. Pero también ha sido un punto recurrente en los discursos sobre cómo crecer en los últimos 10 años, y no parece haber avances en esa materia: por lo menos desde 2011 los datos no muestran que haya variado sustancialmente. ¿Hay algún motivo para ser optimistas esta vez o se trata de otra declaración de intenciones sobre la que, en realidad, sólo queda esperar que se alineen los factores económicos?

La discusión sobre productividad tiene múltiples factores y tiene que haber una respuesta integral. Al menos como Gobierno nos hemos hecho cargo con una agenda de productividad que se lanzó en enero, que tiene varias herramientas que debieran ir facilitando la reducción de trámites que se realizan en el Estado. Hay otras materias que tienen que ver, por ejemplo, con fortalecer las herramientas de fiscalización. También estamos trabajando en una agenda para ir transitando de la informalidad laboral a la formalidad. Particularmente en la discusión de 40 horas, revisamos toda la experiencia comparada y había dos claves para que proyectos como este funcionaran de buena manera, sin impactar el empleo y los salarios y mejorar la calidad de vida. Una fue la gradualidad, y por eso las cinco horas asociadas a estos cinco años. Otra de las claves es que la reforma se adapte a muchas realidades productivas.

Entonces, si bien para una mayoría se reduce la jornada ordinaria –de lunes a viernes, una cantidad de tiempo diario–, en minería, en transporte, para las trabajadoras de casa particular, los embarcados y en otro tipo de trabajos, que tienen características muy específicas, la reforma reduce su jornada de manera particular. Ese conjunto de medidas nosotros esperamos que ayude a que las empresas puedan transitar sin ver disminuida su productividad.

–Pero, ¿cómo se debe administrar el grado de incertidumbre? Porque por un lado está lo que puede hacer el Gobierno y hasta dónde puede llegar su impacto, y por otro pareciera que también depende de cierto grado de incerteza del sector privado. ¿Cómo cree que hay que equilibrar esos factores para que la transición se dé de la manera más suave posible?

En el caso que le compete a Trabajo, creemos que tres han sido las claves, relevadas por el mundo sindical y el mundo empresarial. Una son los procesos de diálogo que llevamos adelante. Las indicaciones y lo que se termina aprobando es resultado de ellos. En segundo lugar, nosotros tenemos que hacer una serie de actos administrativos para entregarles certeza a los actores, tanto empresariales, como sindicales, porque es una ley que incorpora algunas normativas que los involucran. Eso implica que en los próximos meses vamos a tener un dictamen de la Dirección del Trabajo que profundiza sobre aspectos operativos. Eso creemos que ayuda mucho a los actores a anticiparse. A eso se suma también que a través de la Dirección del Trabajo y del Sence vamos a estar entregando acompañamiento, sobre todo a las pymes.

–Usted ha sido militante de partidos de izquierda desde hace décadas. Ahora que es subsecretario y tiene que ver estos plazos, por ejemplo, cinco años para implementar la ley, ¿no siente a veces impaciencia por la lentitud de los cambios?

Llevo más de 20 años de militancia. Cuando uno ha defendido ideas de transformación, uno de los valores que más tiene que cultivar es la paciencia. Las reformas de reducción de jornada no ocurren en todos los gobiernos. De hecho, en los últimos 20 años ha ocurrido solamente dos veces y, si tú vas atrás, son las dos únicas reducciones de jornada que ha habido en Chile desde que tenemos legislación laboral.

Por supuesto que uno, cuando dialoga con los sindicatos, con las organizaciones laborales, es legítimo que haya expectativas de que las reformas avancen más aceleradamente. Pero cuando uno es autoridad tiene que mirar todos los factores para implementar estas reformas. Lo importante es que se avanza. Lo que me da cierta satisfacción, después de muchos años bregando por este tipo de reformas, es verlas concretar. En este año de aprobación creo que uno todavía no alcanza a dimensionar los efectos positivos que va a tener en el país la reducción de jornada, y visto quizás desde una perspectiva de largo aliento esas ganas de que los derechos laborales avancen más rápido las vas a poder mirar en perspectiva.

¿Cuáles son los peligros? Que esto ocurra de manera muy acelerada, y por lo tanto, en ese intertanto, esas personas, que sus habilidades ya no son requeridas para esa ocupación que dejó de existir, no puedan reinsertarse nuevamente.

Giorgio Boccardo

“El peligro es que la automatización ocurra de manera muy acelerada”

–Cuando aparece el tema de la productividad siempre se vuelve sobre dos ejes: capacitación y tecnología. No obstante, con la difusión de Chat GPT pareciera que estamos despertando ante una nueva era con el desarrollo de la inteligencia artificial. El rápido progreso tecnológico amenaza también al empleo. Como experto en temas laborales, ¿cuáles cree que son los riesgos más importantes?

Siempre que hay transformaciones tecnológicas importantes y se introduce una tecnología muy disruptiva en los procesos productivos se generan cambios en los puestos de trabajo. Históricamente esto ha generado mucha incertidumbre en los propios trabajadores y trabajadoras, que ven sus puestos en riesgo. Esto ha pasado tres o cuatro veces en los últimos 200 años.

En Chile, la introducción de nuevas tecnologías tampoco es nueva, lleva bastantes años. Hoy día, por ejemplo, en la minería hay robots que entran automáticamente a las faenas y explotan los yacimientos. La banca tiene sistemas automatizados de guías de procesos administrativos, de inversión. Lo que ocurre, y que se puede observar en periodos más largos, es que, al mismo tiempo que ciertas ocupaciones quedan obsoletas, se generan nuevas ocupaciones.

¿Cuáles son los peligros? Que esto ocurra de manera muy acelerada, y por lo tanto, en ese intertanto, esas personas, que sus habilidades ya no son requeridas para esa ocupación que dejó de existir, no puedan reinsertarse nuevamente. Por lo tanto, ahí nuestro desafío es más bien establecer procesos de reconversión laboral que se anticipen a estos cambios y llegar a tiempo con la política pública.

–¿Cómo tiene que ser ese proceso de reconversión?

Tiene que ir por planes de capacitación, de cualificación, pero también con otra cosa que es bien importante. Por lo menos en otros países en donde me tocó conocer la experiencia, como Alemania, estos procesos de reconversión que, por ejemplo, ocurrieron en la industria automotriz, la propia empresa, con apoyo del Estado, inició planes de reconversión laboral, donde esos antiguos mecánicos automotrices pasaron a ser técnicos en software. Pero eso se hizo con diálogo social. Los problemas importantes se producen cuando una empresa equis inicia estos cambios y a veces genera desempleo. Cuando eso ya se produce significa que no llegamos a tiempo.

–Un estudio del Observatorio del Contexto Económico de la UDP publicado en febrero reveló que el 25,6% de los ocupados en 2020 estaba en alto riesgo de automatización. ¿Podríamos ver un aumento exponencial del desempleo ante esta transformación?

Hay que hacer una precisión: más bien lo que está en riesgo son determinadas habilidades laborales en específico. En algunos casos los riesgos de automatización afectan al puesto de trabajo y en otros a las características del trabajo, que cambian porque hay cosas que hace alguna tecnología. Entonces, no necesariamente son iguales a pérdidas de puestos de trabajo. Por lo tanto, esos porcentajes hay que verlos con precaución. Como he dicho, lo importante es llegar a tiempo.

–¿En qué consiste el plan que han desarrollado?

Nosotros actualmente en el Ministerio estamos trabajando una reactualización de la política de intermediación laboral que permite a una persona que, por ejemplo, está buscando trabajo, ingresar a la Bolsa Nacional de Empleo, va a recibir las ofertas laborales, pero también nosotros vamos actualizando su currículum e inmediatamente, a través del Servicio Nacional de Capacitación, podemos saber cuáles son las competencias que tiene. A través de Chile Valora también se pueden ocupar sus cualificaciones y certificados. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que a través de algunas herramientas tecnológicas podemos acercar a determinados empleadores con trabajadores y hacer un match de habilidades. En otros casos este mismo proceso lo hacemos a través de los diálogos directamente con los sectores económicos, porque es la manera más rápida. Por ejemplo, tenemos abierta una conversación con los empleadores y sindicatos de la minería.

“Quizás la principal brecha que hemos logrado resolver es la coordinación”

–Pensando que hubo una huelga de Walmart del 2019 que planteaba el problema de la automatización y pérdida de puestos de trabajo, así como una huelga en LitoralPress durante 2017 en que también fue tema, ¿estaba la política pública en esta área atrasada cuando ustedes llegaron al Gobierno o iba en buen pie?

Al menos cuando llegamos echamos de menos una política más integral. Porque aquí tienes que coordinar hartos servicios. Tienes el Servicio Nacional de Capacitación, tienes la Bolsa Nacional de Empleo, que te procesa toda la oferta y demanda laboral, tienes Chile Valora, que es el organismo que certifica tus habilidades laborales, y a eso además hay que sumarle que toda esa política, todas esas herramientas, nosotros encontramos que no estaban lo suficientemente coordinadas y, en algunos casos, estas funciones estaban duplicadas.

Lo que hicimos fue ordenarlas en una sola institucionalidad y a partir de ello creamos aquí, en el Ministerio, la División de Empleo, que es la que las coordina. Quizás la principal brecha que hemos logrado resolver es la coordinación desde estos grandes servicios, que llegan hasta la Oficina de Empleo de una municipalidad, la OMIL. Si tú no logras coordinar toda esa institucionalidad, las partes por separado pueden hacer su trabajo, pero el objetivo final, que es que esa persona se reconvierta laboralmente, no se cumple. En 2022 fue la primera tarea que realizamos, para que el usuario que llega al Ministerio entre por una ventanilla única y pase por todo este proceso, con el resultado de que haya sido intermediado de buena manera.

–¿Esa integración la da por cumplida?

Hemos ido avanzando con el diseño de esta nueva institucionalidad, estamos en un proceso de revisión de muchos de los programas de capacitación que tiene el Sence. Parte de la oferta pública se va a empezar a lanzar durante este 2023. Pero es un proceso de mejoramiento constante. El diseño que tenemos planificado esperamos que se despliegue durante este Gobierno, pero hay muchas de estas medidas que están ocurriendo.

Giorgio Boccardo: “La ley de teletrabajo requiere una revisión más profunda”

–Con esto nos enfrentamos a problemas que antes quizás eran impensados. Por ejemplo, en 2017 el sindicato de LitoralPress se fue a huelga pidiendo un alza salarial y fueron reemplazados por procesos automáticos. A pesar de que en ese momento la Inspección del Trabajo cursó una multa, la ley no contempla explícitamente el escenario del reemplazo de funciones mediante inteligencia artificial. ¿Se requiere una mayor protección de los trabajadores ante estas posibilidades?

Es clave poder tener herramientas en el Código del Trabajo que den cuenta de la transformación tecnológica y productiva. En ese sentido tenemos varios desafíos. Por ejemplo, hay una ley de teletrabajo en el código laboral, que con la pandemia nos dimos cuenta de que requiere una revisión más profunda. El derecho a la desconexión no está lo suficientemente normado, fruto de que las tecnologías difuminan las barreras de la jornada, del tiempo de trabajo, el tiempo de descanso. Se requiere una revisión permanente para que este tipo de situaciones se minimicen o no ocurran.

–También ha ocurrido en ciertas empresas de retail que la automatización ha significado la transformación a puestos multifuncionales, con una precarización en cuanto a la cantidad de actividades, todas muy distintas, que tienen que realizar los trabajadores.

Es clave que estos procesos de reconversión –y por eso es importante la política pública por un lado y, en segundo lugar, el papel que puede jugar la organización sindical– estén amparados en el marco de trabajo decente, que es el que el país ha adquirido con distintos convenios internacionales que ha ratificado. Particularmente lo que ocurrió en el retail fue que se establecieron ciertos tipos de contratos de polifuncionalidad que en algunos casos específicos la Dirección del Trabajo los declaró como ilegales y cursó múltiples multas en los últimos años. Pero esos son casos donde más bien, como ha señalado la Dirección del Trabajo y distintos fallos de cortes laborales, hay una ilegalidad del contrato.

Nosotros hemos recibido regularmente a todas las organizaciones sindicales del retail, con las cuales hemos dialogado tanto los problemas de cambio tecnológico y estos contratos polifuncionales, así como otras materias que han significado que le demos un sentido de urgencia a esta política.

–¿Es este el mayor reto que enfrentan los trabajadores chilenos a futuro?

El diseño de toda la política pública y el avance del programa laboral del Presidente Boric busca, primero, enfrentar los dilemas de la automatización y la introducción de tecnologías en el proceso de trabajo. Es una línea que asumimos como una oportunidad. Y para ello, estamos construyendo parte importante de esta política de intermediación laboral. En segundo lugar, los compromisos que tenemos como Estado de transitar a una matriz energética limpia también están significando desafíos. Por ejemplo, de cierre de centrales a carbón en distintos puntos del país, para los cuales este modelo de intermediación laboral está aplicándose en estas situaciones respecto al calendario que está definido hasta el 2030.

Y tercero, debemos abordar un desafío sociodemográfico importante, que tiene que ver con el envejecimiento de la población. La lógica de la reforma previsional responde justamente a esta tercera transición y con la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Esas tres grandes transformaciones implican una serie de políticas públicas y orientan el sentido de urgencia con el que estamos trabajando.

–¿Se han planteado como Gobierno posiciones más duras, frente a la eliminación de ciertos empleos, como establecer un mínimo de puestos para trabajadores en empresas de gran tamaño?

Estos debates no son nuevos en términos de temores que genera la introducción de una tecnología muy disruptiva y estos vaticinios del fin del trabajo. Exceptuando la pandemia, lo que tú observas en Chile y en el mundo es que la fuerza de trabajo no ha detenido su crecimiento. Lo que sí ocurre es que en sectores productivos específicos y en ocupaciones específicas hay puestos de trabajo que dejan de existir, como también ocurrió hace 50 y 100 años, que uno ve empleos que parecen sacados de una película del pasado.

Más que algún mínimo de personas que vayan a poder trabajar en una empresa, el escenario actual es más bien cómo, por un lado, entregamos herramientas para que esas personas estén permanentemente cualificadas y que siempre, por más que haya nuevas tecnologías, se aseguren condiciones decentes y salarios dignos. Así, por ejemplo, hace pocos días se anunció el alza al salario mínimo, que es nuestra política de mejoramiento de los salarios como forma de asegurar que esos cambios tecnológicos vayan acompañados de derechos laborales.

“Con un buen proceso de conversación siempre hay espacio para encontrar buenos acuerdos”

–Se viene ahora la negociación del salario mínimo. A partir de su experiencia con las 40 horas, ¿qué aprendió acerca del trabajo de conversaciones con los parlamentarios que cree que les podría servir?

Lo primero es que los proyectos de ley, cuando vienen precedidos de diálogo y legitimidad social, avanzan de manera más importante. En el caso de las 40 horas, no solamente fue el diálogo con la CUT y la CPC, que es lo más visible. Fue un diálogo con más de 200 organizaciones de Arica a Punta Arenas. Eso implicó entender cómo funcionaba cada una de las distintas realidades productivas y ver dónde le aprieta el zapato cada uno. Te permite construir la respuesta de política pública adecuada.

Sobre el diálogo en el Parlamento, muchas veces nos quedamos en los grandes titulares, pero cuando tú pones la pelota al piso te das cuenta de que la solución a veces es mucho más concreta. También, siempre tener claro que sean proyectos de ley que permitan a todos los actores que participaron en la reforma poder plantear en qué avanzaron. Ese equilibrio, que no es sencillo, requiere un trabajo de hormiga, de no dar ninguna conversación por dada. Incluso desestimando esa idea a priori de que para qué vas a ir a hablar con este sector, tú sabes lo que ellos piensan. Hay que ir igual y hay que conversar.

A veces te encuentras con sorpresas y con disposiciones, que pasa muchas veces por ser sólido técnicamente, mostrar que es una demanda ciudadana, pero al mismo tiempo lograr, en una situación que donde quizás lo que uno ve de fuera es que lo que prima a veces es la polarización, dar señales a la ciudadanía: que el Ejecutivo, que el Parlamento, en algunas cosas que son de relevancia, nos podemos poner de acuerdo. Por lo menos mi aprendizaje es que con un buen proceso de conversación siempre hay espacio para encontrar buenos acuerdos cuando los acuerdos, y esto para mí es lo más importante, expresan los distintos intereses sociales que participaron de ese proceso.

Giorgio Boccardo: “Para nosotros en Comunes el escándalo del pago a asesores ya pasó”

–Su partido, Comunes, ha sufrido un fraccionamiento fuerte tras la expulsión de Karina Oliva y seis militantes, más otros que han optado por seguirlos. ¿Qué tipo de partido espera que sean de ahora en adelante?

Comunes es parte de una generación que viene hace más de dos décadas bregando por transformaciones en Chile. Estamos trabajando para que Comunes sea un aporte en ese esfuerzo, que hoy día está en el Frente Amplio, que también está enraizado en distintas organizaciones sociales. Estamos trabajando también para que esas expresiones del mundo social, popular, se expresen en la política. Nosotros queremos que Comunes sea un instrumento para ello también, al mismo tiempo que varios estamos hoy día en posiciones del Ejecutivo para empujar el programa de Gobierno por el cual fuimos electos.

–¿No le preocupa que el nombre de Comunes haya quedado asociado al escándalo del pago a los asesores de Karina Oliva?

Para nosotros eso ya pasó. En algunos casos, significó el pronunciamiento del Tribunal Supremo del partido que tomó sus definiciones. Las distintas instancias del partido están haciendo un trabajo permanente con el Servel para poder ir resolviendo las situaciones que quedan pendientes. Pero creemos que finalmente los partidos los hacen las personas y esas personas, como por ejemplo las que hoy día estamos empujando el programa y estamos generando avances, son las que dan legitimidad a las organizaciones.