La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), endosó la responsabilidad a la empresa proveedora (Pirotecnia SPA y Hong Kong Rengo) luego que no se autorizara el esperado show pirotécnico de Año Nuevo en la ciudad. Junto con afirmar que buscarán una indemnización, le bajó el perfil a las críticas surgidas desde la oposición, en donde acusaron una “inoperancia” por la no realización de la actividad.

A su vez, descarta haber dado un ultimátum al Presidente Gabriel Boric para que el gobierno rechazara proyecto en Las Salinas. “Lo que ocurre es que cuando dimos el punto de prensa quedaban 72 horas para la resolución del Comité de Ministros”, explicó.

En tanto, apunta a una política de Estado más robusta para evitar las tomas de terreno, “porque eso tiene consecuencias gigantescas para la calidad de vida de las personas”.

“En Viña del Mar, de sus 124 km2, en toda su historia, menos del 2% se ha dedicado a la construcción de viviendas públicas”, menciona.

Reconstrucción tras incendio

-¿Cómo ha estado el tema de la emergencia y la ayuda para los damnificados por los incendios en Viña del Mar? ¿Qué es lo que más se necesita en estos momentos?

Ha sido una emergencia con un grado de complejidad significativo. Hay nueve puntos, al menos, que han sido siniestrados y hay una serie de dificultades geográficas y logísticas para poder llegar rápidamente. Ya hemos cumplido una semana y un día y tenemos buenos números. Es un trabajo social también que nos ha permitido vincularnos de manera concreta con las comunidades.

Puedo decirle que hoy día (viernes), hasta esta hora que estoy hablando con usted, tenemos el 90% de retiro de escombros; en la rehabilitación de nuestros servicios básicos tenemos el 100% del servicio repuesto de Chilquinta, el alumbrado público está en un 90% de rehabilitación; tenemos el 80% de los arranques reparados lo que significa que las personas en sus casas pueden acceder al agua.

Dispusimos 56 baños que están instalados con sus servicios respectivos, con más de mil voluntarios que llegaron desde diferentes organizaciones, fundaciones, del Injuv, del Ministerio que fueron coordinados por el municipio de Viña del Mar además de toda la coordinación y logística de los acopios y albergues. Ha sido un trabajo tremendo, obviamente siempre habrá cosas que mejorar, pero mi balance es que los equipos han dado todo de sí y siento un profundo orgullo de la rapidez con la que actuamos.

-¿Está satisfecha con la reacción de parte del gobierno central?

Hasta el momento hemos tenido un buen trabajo en equipo, obviamente estamos coordinando diferentes servicios. Cuando hay encuentros de equipos que se desconocen, muchas veces hay criterios que son diferentes pero que pueden conversarse y así hemos ido trabajando. Hay tres momentos: el control del incendio, luego pasamos a la etapa dos que es la rehabilitación de los servicios básicos y remoción de escombros y ahora vamos directamente a la etapa de reconstrucción.

En esta última etapa obviamente hay criterios que han estado establecidos probablemente en la última década a propósito de diferentes emergencias en el país, pero como ciudad con más campamentos y también con algunos criterios y avances desde nuestra entidad patrocinante municipal estamos compatibilizando para poder dar una respuesta más eficiente y mejor de la que se ha dado probablemente en las últimas décadas. Ahí estamos tensionando, en el buen sentido, en la posibilidad de contar con una mejor infraestructura.

Polémica por show pirotécnico

-¿Qué medidas tomarán como municipio luego que no se autorizara el show de fuegos pirotécnicos? ¿Buscarán una indemnización?

Absolutamente. Nuestro trabajo va a ir en dos líneas, siendo la primera administrativa, desde el punto de vista de ejecutar las boletas de garantía que cubren hasta el 90% del contrato, contrato que debo decir que no se canceló y la boleta corresponde al fiel cumplimiento del contrato, por lo tanto vamos a tener un ingreso por poco menos de 300 millones de pesos. Cabe recordar que esta licitación nosotros la publicamos a fines de agosto, no es algo que se hizo de último momento.

Dado que a nuestro juicio hubo una inatención por parte del proveedor a sabiendas de que el material con el que contaban no era el adecuado ni cumplía con los reglamentos complementarios de la ley de armas, nosotros vamos a iniciar todas las acciones correspondientes para perseguir su responsabilidad, eso es lo primero.

Por otro lado, estamos en contacto con el Ministerio de Economía, vamos a tener en las próximas semanas algunas reuniones para poder ver cómo podemos tener líneas para trabajar, avizorando algún mecanismo de contentación o trabajo pormenorizado con el comercio local de Viña del Mar y también de Valparaíso.

-El alcalde Jorge Sharp apuntó a una demora de las instituciones del Estado por haber reaccionado a una petición que se hizo desde el momento en que el municipio toma conocimiento de estos hechos. ¿Coincide con el alcalde?

No he escuchado las declaraciones en particular del alcalde, pero creo que es un procedimiento bien complejo porque, en el fondo, como le digo, el proveedor se está proveyendo de engaños para torcer una licitación pública. Las licitaciones públicas son regladas, uno no puede dejar de adjudicar a alguien que dice cumplir todos los requerimientos. Nosotros contratamos un servicio de “bajo ruido”, eso se hace con venta libre, se presume que no hay un mal almacenamiento del polvorín, por ejemplo. Uno no puede contratar algo que vaya en contra de la normativa pública, entonces se engaña y tuerce el sistema de licitación para adjudicarse este servicio.

Hay comunicaciones internas con el gobierno central, en este caso con la Dirección General de Movilización Nacional que es la que empieza a avizorar que el proveedor era el mismo que en años anteriores había almacenado este polvorín sin tener las condiciones adecuadas, y a nosotros se nos notifica de lo que está ocurriendo a finales de noviembre, entonces nos queda sólo un mes y en el fondo no tenemos la capacidad de encontrar otros proveedores porque el cambio de reglamento fue hace un par de semanas y efectivamente podríamos en algún momento analizar si esto podría haber sido aprobado después.

-Los diputados Gustavo Benavente y Flor Weisse (UDI) señalaron que “ha quedado en evidencia la inoperancia con la que han actuado ambos alcaldes”, insistiendo en que “tuvieron todo el año para fiscalizar esta situación y buscar una alternativa, y sin embargo no lo hicieron”.

No le respondo a ellos, pero me parece que es algo que puede pensar cualquier persona que en el fondo no tenga conocimientos de cómo se proceden las fiscalizaciones de los artefactos explosivos. El único organismo que puede generar un proceso de fiscalización de artefactos explosivos es la Dirección General de Movilización Nacional. Lo único que tienen que hacer los municipios es celebrar un contrato con un servicio de fuegos artificiales.

Nosotros contratamos un servicio, no contratamos un tipo de polvorín específico. El proveedor dice tener las condiciones adecuadas y la única forma para nosotros de contrastar esa información es al momento en que la Dirección Nacional de Movilización Nacional, único servicio público que tiene la potestad y la capacidad técnica de revisar esos rotulados y una serie de cuestiones técnicas, lo haga. Nosotros no podemos, con el personal municipal, fiscalizar el rotulado y manipular artefactos explosivos. Seguramente es información que desconocían las autoridades parlamentarias.

Legislación sobre especulación inmobiliaria

-¿Cómo se podría avanzar en una legislación sobre la prohibición de especulación inmobiliaria con bosque nativo arrasados por el fuego?

Yo haría una distinción porque hay dos cosas grandes. Una es la especulación inmobiliaria y otra cosa tiene que ver con la ley que prohíbe construir en sitios siniestrados, y hay que hacer distinciones. A mi juicio, no se debería volver a construir nuevas casas, hogares e infraestructuras, ya sea irregulares, loteos irregulares de casas o condominios, etc, en lugares siniestrados por dos razones: primero, porque puede ser un aliciente o un incentivo perverso por los valores del suelo, por cuanto vale un suelo siniestrado una vez que eso ocurre. Por otro lado, la necesidad de la restauración ecológica. Esos lugares necesitan tener un proceso de restauración ecológica fundamental.

En el derecho comparado, en países de Europa como España, por ejemplo, no se permite tener tenencia de suelo porque se considera un bien escaso, digamos, sin utilizarlo por décadas.

-El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, acusó una presunta intencionalidad de constructoras en los incendios forestales en la zona. ¿Cómo toma esos dichos?

Respecto de lo que yo pienso, puedo decir que entiendo que en Chile, podría equivocarme y por lo mismo me podría corregir un agrónomo o alguien del rubro forestal que conozca de esto, no existen incendios naturales porque son causados por acciones antropogénicas. Aquí hay la participación de una persona en el desencadenamiento de los incendios.

Ahora, la intencionalidad para generar daño es algo que obviamente responde a un organismo persecutor y de investigación como es el Ministerio Público y en este caso enviamos un fiscal con dedicación especial a investigar este tipo de casos, pero es algo complejo de esclarecer y espero que se puedan entregar herramientas y se legisle al respecto.

Llamado en torno a la cobertura periodística

-Usted hizo un llamado respecto a la cobertura periodística en torno a los incendios. ¿Cuál es su principal crítica?

No sé si es crítica…

-¿Observación?

Sugerencia, porque una no es periodista y puede estar muchas veces equivocada, y a mí no me parece que tenga que hablar sobre protocolos o éticas que corresponden a otros profesionales. Pero aquí, no sólo para los incendios sino que para las emergencias en general, hay que tener prudencia y tratar los temas con delicadeza.

Yo creo que muchos periodistas lo han hecho y han tenido el suficiente sentido del cuidado, a excepción de algunos ejemplos que de seguro tampoco creo que exista una mala intención, sino que muchas veces la misma práctica lleva a que algunas cosas se puedan sacar de contexto y por ese tipo de cosas, en el fondo, hay que tener ciertas prácticas y manuales de cuidado en torno a cubrir hechos en momentos de emergencia.

Dichos sobre ollas comunes

-Durante este año y medio de gestión le ha tocado enfrentar momentos complejos, como cuando tuvo que aclarar sus dichos sobre las ollas comunes realizadas en 2020, cuando relacionó –en parte– el financiamiento de éstas con narcotraficantes. ¿Se arrepiente de esos dichos?

Yo creo que en todo el ejercicio de los cargos públicos pueden haber cuestiones relativas a lo que se dice que se dijo, a cuestiones sacadas de contexto, a mantener la prudencia en ciertos espacios y aquí a mí me cabe decir lo siguiente: nosotras hablamos en un contexto en el que el Estado estaba ausente y es algo que todos los chilenos y chilenas saben, que cuando el Estado está ausente este tipo de sucesos pasan y hay información pública de lo que pasó en Chile.

Es información que si usted la googlea puede verificarla a lo largo de Chile cuando se desencadenó uno de los momentos más trágicos que fue la pandemia. Cuando el Estado no está ocurre que este tipo de organizaciones toman el control de esos territorios y a eso nos referíamos. Y en ese sentido es importante que se aclare eso y que no se repitan cosas fuera de contexto.

Descarta haber dado ultimátum a Boric

-En septiembre, por el tema de saneamiento en Las Salinas, le dio un ultimátum al Presidente Gabriel Boric de 72 horas por ese proyecto, porque dijo que perdería la confianza del Presidente luego que el Comité de Ministros aprobara el proyecto y no lo rechazara como se pidió en su momento. A raíz de eso, ¿perdió efectivamente la confianza del Presidente?

Yo no le puse un ultimátum al Presidente de la República, eso es un error.

-Pero se habló de las 72 horas.

Lo que ocurre es que cuando dimos el punto de prensa quedaban 72 horas para la resolución del Comité de Ministros. Es completamente diferente la hipótesis que usted me plantea, nunca se le impuso un ultimátum, se elevó el hecho de que quedaban 72 horas para la resolución de un conflicto por un plazo legal que yo no le puse al Presidente. El Comité de Ministros sacó una resolución que nosotros estamos a la espera todavía de poder leerla.

Hay una aceptación parcial de una denuncia que, en el fondo, lo que esperamos es que se haga lo mejor para Viña del Mar y en ese sentido hay que tener en consideración la opinión de organizaciones ambientales, de la comunidad viñamarina y hacer un trabajo con algún tipo de ética y dedicación que yo entiendo que en el último año no se hizo, no se insistió en tener una vinculación del municipio con ese tipo de proyectos en términos de trabajo con los residentes y vecinos, algo tan importante a la hora de decidir proyectos que van a cambiar el destino urbanístico de una localidad. Me parece que es algo básico.

-¿Y cuáles son sus expectativas?

Que el proyecto que salga de ahí sea conciliado con la comunidad viñamarina, porque debe dejar de ocurrir que llega un proyecto y la gente no conozca bien los efectos o eventualmente las consecuencias. La comunidad tiene que tener un rol participativo en la toma de decisiones, no nos pueden llamar a votar cada cuatro años y que esa sea la única opinión vinculante que tengamos. El destino y desarrollo de las ciudades en los próximos cincuenta años es estratégico y vital, las condiciones han cambiado, hay una emergencia climática, hay aumento de los riesgos que tiene una emergencia en los cambios y condiciones climáticas de las ciudades. Es importante que la comunidad tenga acceso a esa información.

Regularización de terrenos

-El campamento Felipe Camiroaga acusó trabas y demoras por la regularización de terrenos. ¿Cuál es la postura del municipio?

Nosotros tenemos toda la disposición de trabajar con todos los municipios. Ustedes saben que el ente que regulariza esto es el Serviu junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Nosotros tenemos un trabajo muy bueno en diferentes proyectos, con la Entidad Patrocinante hemos adjudicado varios proyectos de micro erradicación en diferentes lugares de Viña del Mar y estamos esperando. El Felipe Camiroaga, ha tenido proyectos con diferentes asesores independientes. Estamos a la espera que puedan hacer su ingreso. Les mandamos una carta solicitando que puedan ingresar a la Dirección de Obras Municipales y estamos a disposición completamente de las ideas que puedan tener.

-¿Cuál es la postura del municipio respecto a la toma de terrenos?

Hay que distinguir, eso es lo primero de todo. En Viña del Mar, de sus 124 km2, en toda su historia, menos del 2% se ha dedicado a la construcción de viviendas públicas. La inversión pública en vivienda en la ciudad ha sido muy poca y cubre el 1,7% del territorio total útil para poder construir y eso es parte de los análisis que hemos hecho.

Nosotros esperamos que en algún momento exista una política de Estado robusta, de manera tal de poder evitar las tomas de terrenos, porque eso tiene consecuencias gigantescas para la calidad de vida de las personas, para el medio ambiente, para la lucha que han tenido por regularizarse y tiene que existir una respuesta diferente para tener resultados diferentes y hoy día nosotros tenemos que llegar antes. El Estado de Chile tiene que llegar antes.