Ha pasado más de una semana desde que se viralizó en redes sociales un registro en el que un grupo de funcionarios de Gendarmería de Chile de la cárcel de Puente Alto golpearon a internos del penal mientras estos descendían por las escaleras del lugar en medio de un allanamiento.

Una vez conocidas las imágenes, autoridades de Gobierno y de derechos humanos llegaron al recinto penitenciario para conocer detalles de la situación, la que dejó un interno muerto horas antes de la golpiza en el contexto de una riña. Una de ellas fue el Comité para la Prevención de la Tortura (CTP).

En conversación con Radio Bío Bío, Sebastián Cabezas Chamorro, presidente del CPT, entrega detalles de las funciones del organismo, el que nació con la entrada en vigencia en abril de 2019 de la Ley 21.154, que designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPT).

“Mirar factores de riesgo que puedan propiciar tortura”

– ¿En qué consiste el Comité para la Prevención de la Tortura?

El Comité para la Prevención de la Tortura se crea como un órgano público el año 2019, y básicamente fue una respuesta a un compromiso que asumió Chile al firmar un tratado de derechos que es el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.

– ¿Cuál es la especialidad del Comité?

Lo que hace la ley 21.154 es crear un órgano, funcionalmente autónomo, que tiene una misión bien específica que es visitar todos los lugares de privación de libertad, llámese cárceles, unidades policiales, establecimientos de largas estadías de adultos mayores, psiquiátricos y residencias de infancia, para en sus visitas mirar factores de riesgo que puedan propiciar tortura o malos tratos para, una vez identificado, proponer salvaguarda o vías de protección para que la tortura y los malos tratos nunca ocurran. Ese es el propósito de la creación. La ley chilena es bastante particular porque designa a un órgano que ya existe, que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), del cual nosotros estamos adscrito administrativamente, pero esta función de prevención de la tortura solamente se puede cumplir en forma exclusiva a través del Comité para la Prevención de la Tortura.

– ¿En qué se diferencia el Comité al Instituto Nacional de Derechos Humanos?

Los órganos tradicionales de derechos humanos, como por ejemplo el INDH y también la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, están más vinculados con el ámbito de la protección de derechos que se hace sobre todo a través de la interposición de acciones judiciales, querellas, amparos, denuncias, etc. Los mecanismo nacionales de prevención contra la tortura nacen desde una aproximación o una perspectiva distinta. Básicamente tienen propósitos de a través de estas visitas periódicas y no programas, también a través de la entrevista con personas privadas de libertad, funcionarios públicos que trabajan estos lugares, de levantar la información para identificar factores de riesgo, y ese trabajo es un trabajo que tiene que ver más con el trabajo colaborativo, con el diálogo, más que con dinámicas judiciales de querellas, denuncias, etc., por tanto es una aproximación al fenómeno distinta que tiene que ver más con situarse antes que la situación de vulneración de derechos se produzca.

– ¿Cuáles son sus ámbitos de acción?

Hoy día, básicamente, el Comité estructura su trabajo en cinco áreas: una es el área penitenciaria, que básicamente tiene que ver con la situación de las personas privadas de libertad en cárceles; segundo, también tenemos un área de función policial, en que básicamente consiste en ver la situación de derechos de otras detenidas en custodia policial, ya sea en comisarías o cuarteles de la PDI; también tenemos un área de salud mental, que básicamente ve la situación de los pacientes psiquiátricos; también tenemos un área de infancia-adolescencia, que ve situaciones de niños, niñas y adolescentes en centros o residencias de protección de derechos, pero también en Centros de Justicia Juvenil; y finalmente tenemos el área de adultos mayores donde hacemos o para ver la situación de derechos de las personas mayores que están en los establecimientos de larga estadía de adultos mayores.

“Elevar los estándares”

– En su misión señalan que son un órgano dedicado a la prevención de la tortura y otros tratos inhumanos “para que todas las personas privadas de libertad reciban un trato digno y con respeto a los derechos humanos. Al respecto, ¿se respetan los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Chile?

Por supuesto que el Estado puede avanzar en elevar los estándares para ofrecer un trato digno a las personas privadas de libertad. Qué quiere decir esto, que de las visitas y de la información que ha levantado el Comité durante las visitas del año 2022, hemos observado, hemos constatado que hay situaciones que pueden favorecer o propiciar situaciones de vulneración de derechos en los lugares de privación de libertad. Y precisamente para eso el Comité existe, para identificar esas situaciones y tratar de revertirlas marcando los ámbitos de mejora que las instituciones eventualmente pueden emprender. Y así ejemplos pueden ofrecer las distintas áreas de privación de libertad, custodia o cuidado, por supuesto que hay situaciones de vulneración de derechos o que pueden propiciar situaciones de vulneración de derechos donde el Estado necesita, tiene que que avanzar para que se le ofrezca un trato digno a las personas privadas de libertad.

– Una de sus funciones es realizar visitas a lugares de privación de libertad. ¿Cuántas han realizado este año?

El CPT, la ley que lo crea es del año 2019, después los primeros integrantes del Comité llegan el 2020, y ahí inmediatamente la implementación se topó con la pandemia, por tanto eso relentizó y dificultó un poco la puesta en marcha, pero sin embargo se ocupó ese momento para hacer un trabajo que es fundamental, y ese trabajo estuvo asociado a la elaboración de pautas y protocolos para hacer las visitas a los lugares de privación de libertad. (…) El 2021 se empezaron a hacer las primeras visitas, pero ya con la integración en régimen del Comité, es decir, el comité de expertos completo compuesto siete expertos y expertas, más el equipo de apoyo completo que asciende a un número de 15 funcionarios y funcionarias, ya empezó, se elaboró un plan de visita, y este año aproximadamente ya hemos hecho una 55-60 visitas en las distintas áreas de privación de libertad las cuales trabajamos.

– En una columna publicada esta semana señaló que la “violencia institucional existe”. ¿Existe?

La violencia institucional existe y es un fenómeno que se invisibiliza bastante. Si uno eventualmente quiere tener como una proyección de la ocurrencia, la prevalencia de la tortura y los malos tratos especialmente en contexto de la privación de libertad, es cosa de mirar algunos casos que algunos son bastante famosos y que dan cuenta de esta realidad. Ahí en la columna, por ejemplo, hacíamos mención al caso del funcionario de carabineros Francisco Arzola Ruiz que realizó torturas reiteradas a personas que ejercían el comercio ambulante en la comuna de Estación Central; los casos del Sename, de la pequeña Lissette (Villa), también dan muestra de ella; pero también otros casos en otros espacios de privación de libertad. Generalmente los casos de tortura o malos tratos se asocian a la cárcel y a las unidades policiales, ¡no!, esto también existe en otros espacios, como por ejemplo, hospitales psiquiátricos. (…) La violencia institucional en cárceles, unidades policiales, psiquiátricos, establecimientos de larga estadía para adultos mayores, existe y por eso es tan importante el trabajo preventivo, porque nuestro propósito y nuestra convicción es que todos estos casos debieran, primero, poder prevenirse antes que lamentarse.

“Órgano de colaboración”

– ¿Con qué instituciones ustedes se relacionan en el proceso de monitoreo?

Con las autoridades que están a cargo de los lugares de privación de libertad. Nosotros como nos concebimos como un órgano de colaboración, de cooperación, es clave la relación que tenemos con las autoridades que están a cargo de los lugares de privación de libertad, custodia, cuidado, y son ellos con los primeros que nos relacionamos.

– ¿Quiénes son?

Gendarmería, los servicios de salud, las policías, las dos policías, PDI, Carabineros, el Senama, el Servicio Nacional de Adultos Mayores, Servicio de Mejor Niñez, y también actualmente en el nuevo Servicio de Justicia Juvenil que se ha implementado este año, el anterior Sename.

– ¿Cómo son tomadas por las instituciones con las que trabajan las recomendaciones que realiza el Comité?

Ahí el trabajo de prevención ofrece la posibilidad de tener una buena recepción porque nuestro trabajo es bien convocante. Como te explicaba, nuestra intención no es judicializar o generar un conflicto a partir de los hallazgos que hacemos, sino que una vez que nosotros encontramos ámbitos de mejora, hacemos una propuesta de trabajo conjunto, y esa aproximación, y esa metodología que es súper novedosa es bien convocante para las autoridades que están a cargo de los lugares de privación de libertad, custodia o cuidado. A la pregunta, la recepción ha sido positiva.

– ¿Ha realizado alguna institución a la que han dado recomendaciones dichas modificaciones?

Hemos tenido una buena acogida, y el ejemplo más cercano que tengo es el trabajo que hoy día estamos haciendo con Carabineros de Chile. Cuestiones de muy distinta índoles, pero que es increíble el impacto que generan en la prevención de tortura y malos tratos. Te doy un par de ejemplos, nosotros hemos recomendado como una buena práctica que exista una demarcación de la zona donde se realiza el registro de vestimenta superficial, demarcación que de justo el tiro de la cámara, en los recintos que hay cámara. Eso por supuesto implica un costo que es un menor para la institución de hacer una demarcación, ya sea con pintura o con señaletica reflectante donde solo en ese lugar se pueda hacer el registro de vestimentas. ¿Y por qué es importante? Porque ahí siempre está grabado por una cámara así nos aseguramos que no hayan desnudamientos, no hayan registros intrusivos, y eventualmente eso también puede generarse como una protección salvaguarda para la persona que está en custodia policial y está siendo registrada. Esa recomendación que la hemos hecho ha sido muy bien acogida por la institución.

“El Estado tiene que maximizar sus esfuerzos”

– ¿Ha fallado el Estado en la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, custodia o cuidado?

Nosotros creemos que sí. Efectivamente nosotros, si uno mira en términos generales, del punto de vista de las políticas públicas, de eventualmente acciones que se pueden implementar para generar un trato digno, un buen trato a las personas privadas de libertad, nosotros sentimos que siempre las personas privadas de libertad son los últimos y quedan en la fila. Y ese sentido por eso existe el Comité para la Prevención de la Tortura, existe un órgano especializado como nosotros para poner de manifiesto que las personas privadas de libertad, como todo el resto de los seres humanos, merecen un trato digno, que son personas que están bajo la custodia, bajo el rol de garante del Estado y de sus instituciones por tanto el Estado tiene que maximizar sus esfuerzos para eventualmente eliminar cualquier posibilidad de que esas personas sean objeto de malos tratos, incluso de situaciones más graves de tortura.

– A dos años de promulgada la ley con la que se creó el Comité, ¿qué falta para seguir dicha misión?

Del diagnóstico del trabajo que hicimos, que fue un trabajo muy importante, y también de las visitas que hemos hecho, nos damos cuenta que teniendo en consideración que en Chile aproximadamente existen 3.000 lugares de privación de libertad en los distintos ámbitos de la privación de libertad, custodia, cuidado, por supuesto que a nosotros nos encantaría hacer hacer más de esas 50-60 visitas que estamos haciendo al año. Nos gustaría hacer muchas más visitas para de alguna manera levantar información de todos los ámbitos culturales, regionales, territoriales que existen en el país. Nosotros sabemos que quizás los problemas que tiene una persona privada de libertad en Valdivia no van a ser los mismos problemas que tenga una persona privada de libertad en Arica, por lo mismo del punto de vista de nuestro mandato, y también, y esto es súper importante, de las obligaciones internacionales que asumió Chile en la materia, nos gustaría mucho tener más recursos para tener un equipo más potente para eventualmente tener un mayor despliegue en el territorio nacional.

– ¿Con quién se relaciona el Comité a nivel político?

Hasta ahora nuestra relación con las autoridades políticas o con el nivel central de la administración del Estado ha sido muy buena, porque básicamente nosotros a través de mirar realidades específicas en distintos lugares del país vamos encontrando patrones, y en función de esos hallazgos nosotros levantamos esos temas a la autoridad central para que podamos encontrar soluciones de carácter estructurales, cultural, que puedan favorecer de una cultura de respeto a los derechos humanos. Por tanto, como te contaba, por supuesto además de relacionarnos con las autoridades a cargo de los lugares de privación de libertad, en esa dinámica la relación y la vinculación con la autoridad política también es bien importante, y hasta ahora, por ejemplo, la relación que hemos tenido con el Ministerio de Justicia, Desarrollo Social, ha sido positiva porque entienden o ven en nosotros un aliado, el cual les puede indicar cuáles son los énfasis, cuáles son las áreas donde eventualmente uno puede encontrar soluciones para darle un trato digno a las personas privadas de libertad.

– ¿Por qué proteger los derechos de las personas privadas de libertad?

Todos los seres humanos somos iguales en nuestra dignidad y derechos, por lo mismo el Estado debe promover y proteger de manera igualitaria los derechos de todos y todas. Los derechos de las personas privadas de libertad no son la excepción. Es más, respecto de ellas el Estado tiene un rol especial de garante, es decir, debe preocuparse especialmente del respeto de su integridad personal. Esto es clave en varios sentidos, puesto que favorece la construcción de una cultura de la paz y respeto a los derechos humanos y también fortalece la legitimidad y la percepción que la ciudadanía tiene de las instituciones.