La carrera para convertirse en el próximo fiscal nacional entrará en una nueva etapa el próximo lunes 7 de noviembre. Y es que aquella jornada comenzarán las audiencias frente al Tribunal Pleno de la Corte Suprema de los 17 postulantes en el proceso de elección que busca al sucesor de Jorge Abbott.

Terminadas las exposiciones -de 10 minutos- se confeccionará la quina. Cada ministro emite voto por tres candidatos, los que luego se ordenan en las cinco primeras mayoría que finalmente son comunicadas al Presidente de la República. Luego, este último saca su carta la cual propone al Senado. Queda paño que cortar.

Pero mientras tanto, durante el desarrollo del concurso, hay quienes piden mayor transparencia en el mismo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que sucedió con Abbott que entre gallos y medianoches visitó casas de senadores e incluso, según reconocimiento de operadores judiciales, estuvo en encuentros privados donde se abordó las crisis generada por las platas negras en la política.

Bajo este contexto, uno de los que pide mayor transparencia es Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), quien en entrevista con Radio Bío Bío llama a las instituciones que participan del proceso a “contribuir” en pro de mayor nitidez.

“Cada candidato debiera presentar, incluso voluntariamente y sin que se lo exigiera una ley, sus principales antecedentes en cuanto a trayectoria, formación, sensibilidades políticas o criterios de política criminal, un programa de trabajo, sus eventuales conflictos de interés en todo tipo de materias, y en general sus antecedentes”, dice.

“Deberían primar y conocerse los antecedentes de cada candidato”

– Han pasado tres fiscales nacionales y sus respectivas designaciones. Al respecto, ¿es un proceso transparente la elección de fiscal nacional?

No… Pero al menos hay consenso de que debería ser muy distinto sobre todo después de la última elección. Como en cualquier concurso deberían primar y conocerse los antecedentes de cada candidato y los criterios de selección que usan quienes hacen la quina o toman la decisión final y nada de eso pasa, quedando una sensación muy inadecuada y que a estas alturas nadie en Chile quiere tener.

– ¿Qué modificaciones le haría para la elección?

Hay temas más profundos y estructurales, como por ejemplo si el fiscal nacional debe ser una autoridad unipersonal, si es que debe durar ocho años o si es que debe ser mediante una quina elegida por la Corte Suprema, etc., pero en lo que respecta la elección propiamente tal, todos los antecedentes de los candidatos deberían estar a la vista. Si es que el Consejo para la Transparencia tuviera competencia sobre el Ministerio Público, a estas alturas todos los candidatos ya tendrían una ficha técnica bien documentada con su trayectoria, formación, eventuales conflictos de interés, propuestas de trabajo, y antecedentes en general para que todo el mundo pudiera estar haciendo un escrutinio de ello. Mientras eso no pase, aunque todos estemos de acuerdo que ese es el estándar y es es el óptimo, acceder o no a esa información va a depender de los actores involucrados, y no me refiero solo a los candidatos, sino que al propio Ministerio Público que podría facilitar la información respecto de los candidatos que son internos; de la Corte Suprema, que podría explicitar los criterios con que va a evaluar y que también podría fundamentar su voto, o sea, y que podría ser explícito los votos de cada candidato mediante una justificación del mismo y en las etapas posteriores del propio senado y el propio Presidente de la República.

– ¿Cree qué hay voluntad de la clase dirigencial del país para modificar el proceso de nombramiento?

Yo creo que esta es una de las pruebas de fuego de la capacidad y del compromiso de nuestras principales autoridades e instituciones para realmente generar un nuevo Chile, más transparente, con mayores estándares de probidad, con procesos más limpios, sin trenzas, sin cocinas, sin conflictos de interés, sin que las mayores decisiones dependan de llamados de teléfono de los cuales no quedan registro en ninguna parte, influencias de grupos, etc. En este proceso participan las instituciones y las autoridades más relevantes del país, o sea, Ministerio Público, fiscales, Senado, Corte Suprema, Presidente de la República, y cada uno de ellos entregando o exigiendo información en forma voluntaria puede contribuir a este proceso y al ánimo que existe en Chile respecto de lo que realmente queremos y que es lo que a nivel más profundo se llaman cambios constitucionales.

“Prueba de fuego”

– Luego de los vicios que se conocieron en la designación de Jorge Abbott, hace siete años, ¿hay hoy día más transparencia para cómo enfrentar este tipo de nombramiento?

Lo que hay es una conciencia transversal de que los estándares del proceso anterior no se pueden repetir y que fueron una mancha de aceite que se extendió por todo el periodo de Abbott y que manchó a toda la institución y a toda la política de persecución criminal del país, y por lo tanto es fundamental recuperar las confianzas. Por eso te digo que como se haga este proceso es también, en cierta forma, una prueba de fuego de cómo esos estándares han cambiado o si las cosas van a seguir siendo igual hasta que… quizás cuándo hayan cambios legales que demoran mucho más y que probablemente tampoco se terminen haciendo. Esta es una elección que tiene múltiples consecuencias y que debiera ser mirada con mucha atención por la ciudadanía, no solo porque son ocho años más del destino del Ministerio Público, sino porque muestra qué tipo de brújula y qué tipo de sed de valores tienen de verdad las principales autoridades del país en materia de transparencia, aumento de probidad, conflicto de interés, etc.

– ¿Qué propone el Consejo para la Transparencia al respecto?

El Consejo para la Transparencia tiene facultades y tiene un mandato de proponer reformas legales para aumentar la probidad en el país. Además, toda la razón de ser de la transparencia es que la gente cuente con los antecedentes necesarios y en forma oportuna sobre las materias de más alto interés público y no se me ocurre otra que tenga más interés público que la elección de fiscal nacional. Los cambios que se deben hacer son bastante obvio y hay mucho que se puede mirar de la experiencia comparada, pero por lo pronto cada candidato debiera presentar, incluso voluntariamente y sin que se lo exigiera una ley, sus principales antecedentes en cuanto a trayectoria, formación, sensibilidades políticas o criterios de política criminal, un programa de trabajo, sus eventuales conflictos de interés en todo tipo de materias, y en general sus antecedentes.

– ¿Cuáles?

Todavía es tiempo y podría ser una gran diferencia entre los distintos candidatos que ellos mismos, desde ya, explicitaran toda su trayectoria y sus proyectos, sin necesidad de que haya que forzarlos a ellos, porque además muchos de esos antecedentes van a salir igual. El Ministerio Público se ha caracterizado por una práctica de filtrar información a la prensa, no quiero decir cherry picking, pero en forma selectiva y a veces con objetivos muy precisos, y en una elección donde hay 17 candidatos y ninguno se vislumbra como un nombre obvio es posible que esto se transforme en un pequeño House of Cards donde en forma incompleta o interesada distintas facciones empiecen a sacar trapitos sucios al sol o diversos antecedentes de los distintos candidatos, algunos verdaderos y algunos falsos, pero no es la forma que debiese ser. La información debería estar toda a la vista, porque quien se mete en esto tiene que aceptar ser escrutado y criticado como pasa en muchas partes, pero debiera ser en forma fiable, completa, oportuna y en igualdad de condiciones.

“Los criterios de decisión no van a ser los 10 minutos de exposición”

– Tras la confección de la quina que realiza la Corte Suprema, ¿usted cree que debería institucionalizarse por transparencia que los cinco candidatos expusieran públicamente ante el Congreso?

Primero vamos a la etapa de la quina. Creo que este es un extraordinario momento para la Corte Suprema, probablemente de todas las instituciones que participan en el proceso sea la que la ciudadanía tenga más o deposite más confianza. Además se dan dos elementos: primero, que durante todo el proceso constituyente señaló que no le interesaba tener este tipo de obligaciones y prefería concentrarse en su trabajo jurisdiccional, el trabajo de nombramientos se ha dicho que no le interesa, que feliz que lo asuma otra institución; y en segundo lugar, porque tienen una tradición histórica de fundamentar su voto y de explicitar los criterios, ya sea en forma individual o colectiva, por los cuales prefirieron o votaron por un candidato o por otro. Evidentemente los criterios de decisión no van a ser los 10 minutos de exposición que cada candidato tendrá frente a ellos, y sería muy bueno que explicitaran a lo menos someramente por qué se prefirió a uno y otro, porque en caso de que ello no suceda van a quedar flotando por los próximos ocho años fantasías o sospechas del tipo ‘este quedó porque es masón’, ‘este otro lo metieron porque era de la trenza de fulanito o porque es amigo de mengano’, y eso no puede ser, y eso no le hace bien a nadie.

– ¿Deberían transparentarse las conversaciones entre los candidatos y el Senado?

Antes que eso, debería haber un proceso mucho más largo, más público, más completo de escrutinio, preguntas, de examinación de cada uno de los candidatos. Esta es una decisión sería e importante y requiere muchísimo más tiempo y atención que el que se le está dando. Pretender que no van a haber llamados por teléfono o conversaciones informales, o intermediarios, o amigo del amigo que llame al senador para recomendarlo es una fantasía, eso siempre va a existir, pero la relevancia de esos llamados es mucho menor cuando ha habido un proceso formal, institucionalizado de escrutinio, de consulta, con participación de la sociedad civil, con información real y dura de candidato, con debates públicos, periodísticos, etc. Los políticos funcionan mucho mejor cuando la opinión pública los está mirando y acompaña el proceso, y todavía estamos a tiempo para que eso suceda.

– Desde lo administrativo, recursos, decisiones, ¿le falta transparencia en el Ministerio Público?

Definitivamente sí. Y esa es una de las razones por las que prácticamente todos los informes y propuestas que se han lanzado desde hace años piden someter al Ministerio Público a un mecanismo de control externo como el del Consejo para la Transparencia. No hay claridad suficiente sobre la justificación de sus decisiones; no siempre la gente o los interesados pueden acceder a la información en forma oportuna, y de hecho este proceso de elección, donde probablemente mucha gente esté pidiendo antecedentes de los candidatos, puede ser una prueba de ello. Pero yo creo que incluso en la parte penal tampoco hay una cultura del escrutinio público, del derecho de la comunidad a estar informado de parte del Ministerio Público. Por cierto que parte de las investigaciones debe ser secreta, pero eso no significa que no podamos saber nada hasta el inicio del juicio oral, con ese criterio casos como el de Caval o el del financiamiento (irregular) a la política recién los estaríamos conociendo en este momento. Desde la lógica de la rendición de cuenta, propia de una democracia madura, al Ministerio Público le faltan muchas décimas para tener una buena nota.