La actual fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, confirmó a BioBioChile su candidatura al puesto de fiscal nacional.

La carrera para suceder a Jorge Abbott ya está abierta. La persecutora con casi 20 años de experiencia en el Ministerio Público devela su visión de la entidad y sus propuestas.

Autonomía, igualdad ante la ley y trabajo a nivel de macrozonas, son parte de los puntos claves que Mansilla busca fortalecer en el caso de llegar a liderar la Fiscalía Nacional.

Nacida en Santiago pero criada en Talca, la fiscal destaca su paso en regiones al indicar que trabajar en fiscalías pequeñas, medianas y grandes le ha aportado una visión más amplia y entendida del trabajo del organismo, en conjunto a otras instituciones.

En sus manos está uno de las causas de corrupción más grandes del país en los últimos diez años, luego de Penta y SQM: el caso Luminarias, también conocido como LED o Itelecom. Con 19 imputados y una veintena de municipios en la mira, dice que en los delitos de cuello y corbata debe caer “todo el peso de la ley”.

Punto de partida

– ¿Por qué decidió postularse al cargo de fiscal nacional?

La razón fundamental es la convicción que tengo de que el rol de la fiscalía es fundamental, es gravitante en el contexto del sistema de justicia penal. Y evidentemente el o la fiscal nacional, estando a la cabeza de la institución, puede cumplir ese rol. Es decir, en la relación que tiene con la coordinación del sistema de justicia, viendo a la fiscalía como parte de un sistema de justicia penal que debe trabajar de la mano, tanto de las policías, de las instituciones y órganos auxiliares, pero también de la mano del Gobierno. Es decir, de las autoridades que tienen que ver tanto con la seguridad pública, como con la persecución penal en general.

Creo, en definitiva, que cuento con las competencias, con la experiencia y el conocimiento para poder ejercer esta labor. Yo soy fiscal hace 19 años en el Ministerio Público. Comencé como fiscal adjunto el año 2003 en Concepción, luego me fui a la fiscalía local de Rancagua, ejercí dos jefaturas en la región de O’Higgins y bueno, desde hace cuatro años soy fiscal regional de Ñuble. Me tocó la instalación de la naciente región y creo que todo eso, toda la experiencia que he adquirido durante estos años me permiten tener una mirada como protagonista de lo que ha significado, tanto la instalación de la reforma procesal penal en 2003, a partir de la instalación de la octava región y hasta la experiencia que tengo ahora como jefa de una región.

– ¿Qué balance hace de la gestión del ex fiscal nacional, Jorge Abbott?

Yo creo que el fiscal nacional Jorge Abbott tuvo un país muy distinto al que tenemos hoy. Fue un fiscal que fue elegido hace ya siete años, y creo que la realidad con la que él trabajó es muy distinta a la que existe hoy. Hoy existe una sociedad mucho más empoderada que también exige más de sus autoridades y, por lo tanto, creo que en ese sentido, la labor que va a tener el nuevo fiscal va a ser precisamente trabajar en relación con estos fenómenos actuales. Sobre todo con los de la nueva delincuencia que tanto preocupan a la ciudadanía, y que tienen que ver con fenómenos delictuales importantes.

Creo que la gestión del fiscal Abbott fue una gestión no exenta de complicaciones, pero creo que son las complicaciones que podría enfrentar cualquier autoridad a cargo de una institución tan importante como el Ministerio Público. Por lo tanto, creo que eso le va a tocar a el o la nueva fiscal nacional. Implica, entonces, tener la templanza para poder enfrentar esos desafíos que se vienen y que tienen que ver, como digo, con el momento histórico que estamos teniendo, con los nuevos fenómenos delictivos que estamos enfrentando.

– ¿Es crítica respecto a las reuniones que, en su momento, se le cuestionaron a Abbott con personas que estaban siendo investigadas por financiamiento irregular en la política?

El exfiscal Abbott se ha referido a esas reuniones y creo que es a él a quien tienen que preguntarle. Creo que, de todas maneras, es fundamental que todas las elecciones, no sólo de fiscal nacional, sino que de todas las autoridades, cuenten con la mayor transparencia de manera que no hayan dudas respecto a cómo ocurren esos nombramientos, especialmente en el caso de la fiscalía. Creo que, en definitiva, el exfiscal Abbott ha dado explicaciones contundentes respecto al verdadero tenor de aquellas reuniones y creo que es él quien tiene que dar cuenta de aquello. Lo que me corresponde a mí, es hablar sobre la gestión de mi trabajo y sobre lo que pretendo hacer para la fiscalía de aquí al futuro.

Caso LED ¿y clases de ética?

– Usted llegó a vivir a Talca a temprana edad ¿cree que haber crecido en regiones influye, de alguna manera, en su trabajo como fiscal?

Sí, yo creo que sí (ríe). Lo que más ha influido en mi trabajo como fiscal ha sido conocer la realidad de distintas fiscalías y de distinto tamaño. Yo trabajé en la fiscalía local de Concepción, que en su momento, en 2003, era la fiscalía más grande que había en Chile. Posteriormente, en 2005, comenzó la reforma en la región Metropolitana y, claro, ahí comienzan a haber fiscalías de mucho mayor tamaño… pero el hecho de haber transitado, tanto por fiscalías grandes como, por ejemplo, la fiscalía de Concepción, o medianas e incluso pequeñas, como Graneros o Rengo, eso ha permitido que tenga una mirada, quizás, mucho más completa acerca del trabajo de fiscalía.

Pero además he tenido distintas especialidades. Yo comencé mi trabajo en la fiscalía de Concepción, como fiscal especializada en delitos económicos, y ahí estuve siete años trabajando. Luego en Rancagua me dediqué especialmente a los delitos de violencia de género, negligencias médicas y, posteriormente, también estuve a cargo de delitos sexuales y de droga.

Estoy muy interesada además en la persecución de los delitos de corrupción, uno de los sellos que ha habido en la región, desde que soy fiscal regional de Ñuble, ha sido precisamente la persecución de estos ilícitos. Al punto que se me designó como fiscal para investigar la causa LED, a nivel nacional.

Y eso me ha permitido conocer, mucho más a fondo, el fenómeno de la corrupción y también teniendo una visión nacional acerca de cómo trabajar un delito, que de haber sido trabajado de forma separada quizás no habría tenido los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora. Con 19 personas formalizadas en todo el país, con una veintena de municipios investigados por distintos delitos: soborno, cohecho, violación de secreto, delitos tributarios, delitos de responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, me ha permitido además trabajar en un amplio aspecto y con distintas policías. He trabajado con la Policía de Investigaciones, no solo con la Brigada de Delitos Económicos, sino con la Brigada de Corrupción, de Lavado de Activos.

Eso también me ha permitido tener un amplio espectro acerca de cómo se investigan estos hechos, además de trabajar con fiscales de distintas regiones, lo que me da una mirada, yo creo, mucho más profunda acerca de cómo funcionan las distintas fiscalías y cómo se desarrollan estos fenómenos a través del país.

– Justamente en el caso Luminarias, ¿ha identificado alguna dificultad específica para esclarecer la comisión de los delitos?

Una de las mayores dificultades que uno ve, cuando investiga estas causas de gran magnitud y de largo aliento, es la falta de recursos en algunos casos. Nosotros vemos que, a pesar de todo el esfuerzo que colocan las policías y los fiscales, nos vemos siempre limitados por la cantidad de recursos, ya sean recursos técnicos, recursos humanos, personas… Esto va de la mano con las peticiones que ha hecho, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Fiscales, en el sentido de que faltan fiscales en el Ministerio Público, pero además, al trabajar con las policías, al trabajar con Carabineros, uno puede ver que también existe esta falta de recursos en las policías.

A pesar del profesionalismo, del empuje que todos ponen en la investigación, estos ilícitos requieren de una mayor dotación y una mayor entrega de recursos para la investigación. Eso implica una visión sistémica, acerca de que no es sólo el Ministerio Público, sino que es el Ministerio Público, las policías, los organismos auxiliares como el Servicio Médico Legal, etcétera, que requieren evidentemente de una mayor cantidad de recursos para todos estos nuevos fenómenos, que se van investigando. Por ejemplo, para trabajar en la causa LED nosotros hemos tenido que acceder a tecnología, a teléfonos celulares, a computadores, etc… que requieren, para establecer obviamente las redes delictuales, tanto los organigramas como las asociaciones ilícitas, requieren de estos recursos. Si bien es cierto que la policía cuenta con ellos, hay muchas más investigaciones en el resto del país que también lo requieren. Y eso causa algunas dificultades para la investigación, sin perjuicio de que, en nuestros casos, con todo el empuje que hemos puesto, hemos avanzado creo de una manera exitosa.

– Si llegase a ser fiscal nacional ¿sería ese uno de sus enfoques? En el fondo, ¿pronunciarse respecto a la falta de recursos y quizás buscar la forma en la que haya más para investigar de una manera más especializada?

Sí, mire, yo creo que no es sólo esa la necesidad. Es muy importante tener en consideración la cantidad de recursos con la que cuenta el Ministerio Público, piense que cuando se hicieron estudios acerca de la cantidad de causas que tenía que tener un fiscal se habló de 1.250 causas aproximadamente, por fiscal. Hoy estamos hablando de un ingreso de 2 mil a 2 mil 200 causas por fiscal. Por tanto, es evidente la falta de recursos en ese tema. Además de que el fiscal no trabaja solo, trabaja con un equipo de trabajo, con abogados asistentes, funcionarios del Ministerio Público. Y las policías, evidentemente, también requieren de aquello.

Pero también creo que no solamente es importante pedir o solicitar más recursos para las fiscalías, sino también trabajar en la profundización de la coordinación y especialización en materia de trabajo de distintos fenómenos criminales que deben ser abordados no de manera parcelada, sino que a nivel país. Hemos visto exitosos procedimientos que han ocurrido en el último tiempo, por ejemplo, en la Macrozona Sur. Vemos que en la Macrozona Norte, a través de los fiscales regionales de aquél lugar, están trabajando coordinados para efectos de abordar fenómenos que se relacionan, por ejemplo, con la migración, algunos fenómenos que tienen que ver con el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas de grandes cantidades… Por lo tanto, la idea, creo yo, en mi caso y también lo que esperamos los fiscales regionales, y yo en este caso como candidata a fiscal nacional, es avanzar en una especialización o institucionalización del trabajo a nivel de macrozona. Abordar las investigaciones a través de macrozonas, yo creo que es cómo se pueden obtener mejores resultados.

– Volviendo al caso Luminarias, hoy, gran parte de los imputados están con cautelares distintas a la de prisión preventiva ¿correcto?

Sí…

– ¿Considera que se pudo hacer algo mejor para asegurar esta cautelar a los imputados?

Cuando comenzó la causa LED, la mayoría de los imputados estuvieron en prisión preventiva. Estuvieron más de un año en prisión preventiva. Pero obviamente la causa ha ido avanzando, también ha habido cooperación de algunos de los imputados y eso, evidentemente, va originando las medidas cautelares. Pero eso no tiene que ver con lo que viene más adelante, que es el juicio y con las posibles penas. De hecho, nosotros ya acusamos en una de las aristas, y en el 100% de los imputados se pidieron penas de crimen. Estamos hablando de penas de más de 5 años y un día (de cárcel), hacia arriba. Por lo tanto, tiene que ver más bien con cómo se va desarrollando la investigación, cómo se va avanzando en los distintos antecedentes que se van aportando. No solo obviamente con los imputados, sino también en lo que se va avanzando durante la investigación.

– En base a los antecedentes que se tienen actualmente ¿cree que el caso podría terminar sin penas de cárcel?

Mire, por lo que vemos hasta ahora, yo creo que eso es difícil. Bueno, también obviamente los imputados tienen defensores y también tienen sus propias teorías del caso, pero, por ahora, lo veo complejo. Lo digo hasta ahora, no sabemos qué va a ocurrir más adelante con la causa. Además tenemos que tener en cuenta que las decisiones están puestas en los tribunales, y son ellos quienes, ponderando los antecedentes que entrega el Ministerio Público y las defensas, toma las decisiones respecto a los delitos y años que puedan establecer para una determinada pena.

– En el fondo, entonces ¿no se puede descartar que termine en clases de ética?

Con el tipo de delitos que nosotros hemos formalizado y los delitos a los cuales yo le he hecho mención, es muy difícil que podamos terminar en una salida alternativa. Ni siquiera lo vemos como un escenario posible. Así es que, eso yo lo descarto completamente. Ahora respecto a lo que usted me señala en relación a la clase de ética, yo no tengo conocimiento de esa causa, pero lo que he sabido a través de la prensa es que, en definitiva, son algunas condiciones que se impusieron en una salida alternativa y que dependen, no solo del fiscal, sino también de lo que decida el tribunal. Entiendo que en ese caso, habría sido una condición que habría impuesto el tribunal.

Crimen organizado, corrupción y delitos de cuello y corbata

– De ser fiscal nacional ¿cómo enfrentaría el crimen organizado?

Yo creo que el crimen organizado obviamente implica esfuerzos adicionales para ser enfrentado. Primero, como ya lo dije anteriormente, se requieren mayores recursos, eso es claro. Y así creo que lo ha entendido también el Gobierno, se ha anunciado la inyección de recursos en todo lo que tiene que ver con temas de seguridad pública y creo que parte de esos recursos deberían también ir al Ministerio Público.

Creo también que es fundamental trabajar con las policías, pero con una especialización y con un acento especial en afrontar la triada, la gran triada que son armas, delitos violentos y droga. Creemos que ahí es donde hay que poner el acento. Trabajando, como decía, no que cada fiscalía regional investigue su propio fenómeno, sino que entender que este es un fenómeno transversal que ocupa gran parte o una buena parte del país.

Creo que en esto hemos avanzado como fiscalía y creo que podemos hacer mucho más. Eso es, con el uso de tecnologías, es decir, mejoras en el uso de las tecnologías y buscando adelantarnos a los nuevos fenómenos y al delito que es, en cierta forma, móvil. No siempre nos vemos enfrentados a los mismos fenómenos, vemos que van avanzando. Como se dice, los delitos van un poco más adelante que nosotros y por lo tanto, lo que tenemos que hacer como fiscales es adelantarnos a esos fenómenos en la medida de lo posible y aprender de las experiencias que hay en otros países respecto a cómo se enfrentan.

– ¿Cómo enfrentaría la violencia en la Macrozona Sur?

Creo que es un tema muy complejo, que va mucho más allá de sólo la persecución penal. No sólo lo he dicho yo, también lo han dicho otras personas. Evidentemente es un tema que tiene que ver con demandas históricas, las que fiscalía no puede enfrentar. Pero sí tenemos un tema de seguridad y de persecución, el cual tenemos que afrontar.

Pienso que como fiscalía hemos aprendido, yo lo he visto a través del trabajo mancomunado que realizan los fiscales de la Macrozona Sur, que lo mejor es la coordinación. La mejor forma de saber cómo están ocurriendo los delitos y poder perseguirlos de mejor manera, es perseguirlos como un fenómeno que ocurre en una determinada zona del país, y que obviamente, las policías también lo han entendido de esa forma.

Creo que podemos desarrollar planes de persecución penal. Creo que los hay, pero hay que ir mucho más allá, y adelantarnos evidentemente a lo que viene en relación a aquello.

– ¿Qué opinión tiene de la persecución de los delitos económicos en Chile?

Pienso que la fiscalía hace un gran esfuerzo en la persecución de delitos económicos, de hecho hay unidades especializadas dentro de la fiscalía nacional, que constantemente están apoyando a los fiscales en ese tipo de ilícitos. Creo que la delincuencia que se llama “de cuello y corbata”, debe ser perseguida, tal y como ocurre con los otros delitos. Lo importante es contar con las herramientas legislativas, es decir, el trabajo en la persecución de ilícitos, no solamente de tipo económico, sino la mayoría de los ilícitos tienen que ver con el trabajo que nuestros legisladores hacen en relación a cómo se tipifican esos delitos y a las penas que se les aplican. Una importante cantidad de delitos como el de estafa, por ejemplo, es posible terminarlos en una salida alternativa. Creo que es importante que como fiscalía logremos comunicar que no todos los delitos van a terminar con un imputado en prisión preventiva o una sanción de esa envergadura, pero creo que los grandes delitos económicos, es decir, como en el caso LED, en empresas que se dedicaban al soborno de funcionarios públicos a través de todo el país, efectivamente tiene que caer todo el peso de la ley.

– Usted trabajó en el Centro de Atención Integral a víctimas de delitos violentos en Talca…

Cuando era bien jovencita (ríe).

– En los inicios, quizás, de su carrera…

En el 2001 y 2002.

– ¿Cómo evalúa el trato que entrega el Ministerio Público hoy a las víctimas? ¿Cree que hay que hacer un cambio en esta área?

Yo creo que la fiscalía hace un tremendo esfuerzo en dar protección a las víctimas y a los testigos, pero obviamente yo creo en la mejora continua. Creo que siempre se puede mejorar. Sobre todo, porque estamos viendo que hay un nuevo tipo de fenómeno delictual mucho más complejo. Me estoy refiriendo a bandas delictuales como las que hemos visto operando en el norte del país, como el Tren de Aragua, donde evidentemente las medidas de protección tienen que ser de gran envergadura y tienen que ser eficientes y en el momento. Tienen que ocurrir muy rápido.

Creo que la fiscalía ha trabajado, ha tenido una evolución importante y positiva en la protección de víctimas y testigos, pero siempre podemos hacer mucho más y obviamente para ello también se requiere de recursos. Nosotros tenemos un presupuesto anual para protección de víctimas y testigos y creo que parte de la prevención tiene que ver también con los recursos.

Hace unos días atrás se inauguró la entrevista videograbada (para evitar la revictimización) en la región Metropolitana y eso ha sido un proyecto que ha venido con recursos sólo del Ministerio Público. Es decir, nosotros mismos hemos enfrentado esto con la ayuda de las policías, con la ayuda de Carabineros, con la ayuda de la Policía de Investigaciones, pero yo diría con muy pocos recursos para afrontar esto y ha desviado el trabajo. Por ejemplo, de víctimas, de algunos profesionales e incluso de abogados asistentes y de fiscales en esto. Sin duda es una mejora para el trabajo con la declaración de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), pero se requiere evidentemente que se tome en consideración que estas nuevas formas que son para mejorar la persecución penal también vengan con recursos adicionales. Y obviamente, la Unidad de Víctimas y Testigos también lo requiere.

Sin duda creo que hemos mejorado, en mi región trabajo con una Unidad de Víctimas y Testigos que es muy profesional, pero con gente que le pone mucho empeño, mucho empuje, pero además, que saben muy bien de su trabajo y eso se replica a nivel nacional. Pero evidentemente -y vuelvo al punto- creo que siempre podemos mejorar teniendo en consideración los nuevos fenómenos delictuales que están ocurriendo hoy en el país.

– Algo que se ha visto, quizá no tanto en nuestro país, pero sí en otros, es el tema de cómo afecta la corrupción al Ministerio Público. ¿Qué cambios sugiere implementar para evitar que esto ocurra?

La fiscalía desde hace un tiempo está trabajando con un sistema de integridad del Ministerio Público que precisamente establece todo un sistema para evitar la corrupción al interior de la institución: medidas de protección, medidas de seguridad a los denunciantes, ofreciendo también alternativas distintas para que cada funcionario, si ve algo, haga algo.

Creo que hemos avanzado en el fortalecimiento de las medidas para evitar que exista corrupción al interior del Ministerio Público, sin embargo, ninguna institución está ajena a que esto pueda ocurrir y, en ese sentido, lo que yo creo es que, además de avanzar en sistemas de integridad, hay que también repensar el sistema de investigación que se produce respecto de algunas denuncias que se efectúan a fiscales. Quizás estableciendo una unidad especial que se dedique a hacer este tipo de investigaciones, ya sea respecto de fiscales regionales, ya sea respecto a fiscales adjuntos o funcionarios. Y que pueda dar una señal hacia el exterior de mayor transparencia en las investigaciones que se realizan dentro del Ministerio Público.

“¿Puede ser esta la oportunidad para una mujer?”

– ¿Considerando que -aparte del caso Luminarias- quizá no ha liderado muchos casos grandes, cree que tiene la experiencia suficiente para liderar el Ministerio Público?

Además del caso Luminarias, yo he tenido a cargo otras investigaciones. Por ejemplo, tuve a mi cargo el primer foco internacional de robo de cables a red ferroviaria de Tren Central, que también fue una causa que tuvo buenos resultados.

Tuvimos 12 imputados condenados, logramos bajar de manera sustancial el robo de cables en Tren Central y ese foco investigativo estuvo a mi cargo. Y ahí, en este caso, estamos hablando de un delito distinto al de corrupción que es el delito de robo.

Pero además, como fiscal adjunto me tocó investigar casos de alta complejidad, también en lo que tiene que ver con materias de femicidio, delitos contra niños, niñas y adolescentes, también delitos económicos en Concepción. Por lo tanto, creo que tengo las competencias para poder afrontar cualquier tipo de investigación.

No se requiere sólo ser fiscal de una gran fiscalía, como alguna de las metropolitanas donde ocurren fenómenos de mucha más intensidad. Creo que cuento con las competencias, dada mi experiencia como fiscal en estos casi 20 años que llevo en el Ministerio Público.

– ¿Cree que la Fiscalía Nacional es un fierro caliente? En el sentido, de que es una entidad fuertemente cuestionada que podría estar sujeta a cambios en una eventual nueva Constitución.

Yo creo que la Fiscalía Nacional es una institución fundamental dentro del país y creo que como tal, debe ser una institución que tiene que ser protegida. Creo que es importante para el sistema democrático -realmente lo creo- tener una fiscalía que sea robusta, que cuente con la adecuada autonomía para poder investigar a todos y todas sin distinción de ningún tipo y, por lo tanto, creo que es fundamental, es importante, que mantenga al menos esos pilares fundamentales.

Estuve trabajando en la comisión que se estableció para el trabajo incluso con la Convención Constitucional y trabajé en eso precisamente haciendo presentaciones que son públicas, además, ante la secretaría de las comisiones, estableciendo y defendiendo de cierta forma la composición de la Fiscalía Nacional. Creo que la composición actual le da a la fiscalía independencia para poder investigar y obviamente la autonomía como un valor fundamental en lo que tiene que ver con la investigación penal y la persecución penal en el país.

– ¿Considera que se le abre la cancha al cargo ahora que se supo de la bajada del fiscal Armendáriz y la abogada Santibáñez al concurso para ser fiscal nacional?

No, para nada. Yo creo que los candidatos que hasta el momento han sonado, de adentro y de afuera de la institución, cuentan con todas las competencias para poder dirigir el Ministerio Público y no me compete a mí pronunciarme sobre aquello.

Ahora a quien tenemos que escuchar es a la Corte Suprema, cuando decida quiénes son las cinco personas que deben estar en la quina y después obviamente a las autoridades, en este caso al Presidente de la República y al Senado cuando les toque decidir la mejor o el mejor candidato para que dirija los destinos del Ministerio Público de aquí a los próximos ocho años.

– ¿Cree que cuenta con los apoyos de la Corte Suprema y del Gobierno?

No me corresponde a mí decir si voy a tener el apoyo o no de la Corte Suprema y del Gobierno. Yo creo que la Corte Suprema tiene la sabiduría para poder elegir a los mejores candidatos y candidatas y así también lo va a tener -sin lugar a dudas- el Presidente de la República y el Senado cuando tengan que elegir a la mejor o al mejor candidato para que sea la próxima o el próximo fiscal nacional.

– ¿Cree que es momento de que Chile tenga una fiscal nacional mujer?

Qué difícil, porque justo soy mujer (ríe). Yo creo que lo relevante no es el género, si es hombre o mujer. Yo creo que obviamente -y nadie lo puede desconocer- estamos en un momento histórico, lo vimos en la Convención. La paridad de género es fundamental, donde evidentemente las mujeres han demostrado contar con las competencias para poder hacerse cargo y estar a la cabeza de instituciones tan importantes como lo son la fiscalía, lo vemos ahora también en el Gobierno con la ministra del Interior… Es decir, vemos que efectivamente las mujeres están teniendo un lugar y eso, obviamente, lo celebro, sin duda, yo soy la cabeza de mi Fiscalía Regional.

Creo que no depende, evidentemente, de si es mujer o hombre. Pero sí estamos en un momento histórico y social en que podemos las mujeres evidentemente ocupar estos cargos, creo que siempre hemos estado capacitadas para hacerlo, pero ahora hay una mayor sensibilidad a esto y creo que sí.

Han habido tres fiscales nacionales que han sido hombres… ¿Puede ser esta la oportunidad para una mujer? Sí, pero tiene que ser la mejor, la que tenga las mejores competencias para poder dirigir los destinos de la Fiscalía Nacional sin duda.