Por seis votos a favor y cuatro abstenciones fue elegida el pasado 5 de septiembre Consuelo Contreras Largo como directora del Instituto Nacional de Derechos (INDH) por el periodo 2022-2025. La ex consejera, designada por la sociedad civil, no es primera vez que ostenta el cargo, pues ya lo hizo de forma temporal entre 2018-2019, siendo reemplazada por Sergio Micco. El apoyo de los nuevos consejeros fue clave para su elección.

Para su primera entrevista en el cargo recibió a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío en su oficina, la misma que estuvo tomada por estudiantes durante ocho meses ubicada en Av. Eliodoro Yáñez, comuna de Providencia. La trabajadora social da cuenta de lo que espera sea el foco de su gestión: “Acercar los derechos humanos a la población”.

También analiza sus primeras semanas al mando del INDH. “El instituto en este minuto tiene muchísimos cargos de jefatura vacantes”, desclasifica. Ante la crisis de seguridad que vive el país, señala que “hay que buscar la forma de control del orden público y control de la delincuencia que no sea el balazo a la primera“. Sobre su antecesor, sin entrar en mayores detalles por respeto -según dice- indicó: “En las situaciones más críticas del instituto Sergio no se puso del lado de las víctimas“.

Antes de asumir la dirección, como subrogante, estuvo en la región de La Araucanía y visitó el penal de Angol, en el marco de la huelga de hambre que estaban realizando comuneros en el recinto. Al respecto, plantea que “hay que adecuar el reglamento penitenciario al Convenio 169 porque hay que entender que la población indígena de nuestro país tiene una cosmovisión distinta a la de los chilenos”.

– ¿En qué situación se encuentra el instituto actualmente?

El instituto se encuentra funcionando casi en su capacidad completa. Las oficinas regionales, me he reunido con todos los jefes regionales, están funcionando normalmente. (…) Lo que sí, el instituto en este minuto tiene muchísimos cargos de jefatura vacantes. Tenemos muchas jefaturas subrogantes, creo que tenemos solo dos titulares aquí en la oficina nacional. Falta el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, falta jefatura en la Unidad de Educación, en Planificación y Control de Programa, en la Unidad de Personas, y la jefa o jefe regional de Arica y Parinacota.

– ¿A qué se debe esto?

A renuncias y despidos ocurridos durante el periodo pasado a mi gestión. Estos cargos son electos por Alta Dirección Pública (ADP) y eso tiene un proceso. Entonces ya Alta Dirección Pública está empezando a llamar los concursos, pero son procesos lentos. Entonces, no es fácil trabajar con… No es imposible, pero es mucho mejor trabajar con las jefaturas titulares.

– ¿Cuál será el foco de su gestión?

Espero que esté dada por acercar los derechos humanos a los habitantes del territorio nacional. Que la gente, en general, conozca los derechos humanos, que se sienta interpretada por los derechos humanos, que sienta que el INDH es una institución que está para la protección y promoción de los derechos de todos los que habitan el territorio nacional. Entonces, eso es lo que espero que sea mi prioridad. Como sabes, no soy abogada, soy trabajadora social y por lo tanto para mí el trabajo de terreno es esencial. Esta no es una academia, no es una universidad, por lo tanto nosotros tenemos que acercar los derechos humanos a la población.

– ¿Y eso no es actualmente así?

No, sin lugar a duda no es así. Las encuestas que tenemos, encuestas nacionales de derechos humanos, la mayor parte de la población no ve como que el instituto es quien protege sus derechos. No hay una cercanía con la población, no hay… la gente tampoco conoce sus derechos humanos, no sabe a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos.

– ¿Cómo?

Por ejemplo, hay un derecho que está consagrado en normas ratificadas por Chile que se encuentran vigentes tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano que tiene que ver con un derecho civil y político, derecho civil fundamentalmente, que es el derecho a la libertad y a la seguridad personal que hoy día uno de los principales problemas que vemos en el país es el problema de la seguridad personal. Hoy día, tal vez, uno de los principales problemas que vivimos en el país es el problema de la seguridad. Ese es un derecho humano que está consagrado y que el Estado debe garantizar, entonces, mi pregunta es: ¿las policías que tenemos, como órganos y agentes del Estado, están contribuyendo de manera sustantiva a la protección de la libertad y seguridad personal?

– ¿Qué cree usted?

Que no. No porque no quieran, sino porque no tienen la formación ni tienen las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, el Estado debe hacer un trabajo con las policías de reforma, de cambio, que les permita actuar en este nuevo escenario. Una cuestión que todo el mundo sabe es que ha ingresado el crimen organizado al país, las policías chilenas nunca se han enfrentado al crimen organizado, requieren de una formación distinta apegándose a los derechos humanos y eso es importante. La otra vez hice una clase en la Escuela de Especialidades de Carabineros, en el curso de formación de derechos de instructores de derechos humanos, y cuando me preguntaban qué es lo que hay que hacer, les decía (que) la regla uno en materia de derechos humanos es no hacer daño. Por lo tanto, hay que buscar la forma de control del orden público y control de la delincuencia que no sea el balazo a la primera.

– ¿Cómo compatibilizar la mayor presencia policial con no cruzar la línea violatoria de derechos humanos?

No soy experta en seguridad, soy en derechos humanos. Hay que formar a Carabineros en materia de derechos humanos, a las policías, porque también Investigaciones actúa en el control del delito y en la persecución. Por lo tanto, hay que formarlos en materias de derechos humanos de tal manera que ellos conozcan los estándares que no deben cruzar. Recoger las denuncias, no discriminar, no torturar, son cuestiones… No necesitas torturar para un interrogatorio, no puedes torturar, es ilegal, es violatorio de la ley torturar para interrogar. (…) El país cambió, la realidad cambió, no solo porque hay mayor violencia en la comisión de delitos, sino porque hay otras violencias que se empezaron a denunciar y que antes era de la puerta de la casa para adentro.

– Hay también un cambio cultural después del 18 de octubre…

Hay que considerar todos estos cambios que se han producido, que cambió el observador no la realidad. Este tema de la violencia de género o la violencia hacia niños, niñas y adolescentes es brutal. Entonces, también cuando hablo de acercar el instituto y los derechos humanos a la ciudadanía, estoy hablando de que las mujeres se empoderen, de que las madres y los padres aprendan que hay otros sistemas de control de la conducta, o de enseñanza distintas a la golpiza o a la descalificación. El país tiene que empezar a cambiar y el instituto tiene que jugar un rol clave en ese sentido.

– ¿Por qué cree que aún existe esta distancia entre el instituto y la ciudadanía?

Porque en el país hay una cultura que ha puesto a los derechos humanos… les ha puesto ciertos límites para que sean conocidos por la ciudadanía en general. Acciones como haber sacado educación cívica y otras materias del currículum escolar han impactado fuertemente en esto. La baja en la calidad de la educación también ha impactado fuertemente en esto, y por lo tanto esas son cuestiones que están ya culturalmente arraigadas en el país y que hay que empezar a botar. Y esto no es solo tarea del instituto, es tarea también de los distintos órganos del Estado: Ministerio de Educación, de Salud, Vivienda, todos tienen algo que decir en materia de derechos humanos.

– Desde que usted asume, ¿en qué situación se encuentra el diálogo con los poderes del Estado?

Hay diálogo a nivel regional, hay diálogo súper fluido con los distintos órganos del Estado. En el nivel central estaban un poco cortadas las… no cortadas, pero era más difícil la relación y ahora estamos sin problema con los distintos órganos y aparatos del Estado. De hecho, el 27 tenemos una reunión con el Presidente de la República, una reunión del consejo en pleno con el Presidente de la República, y ya hemos tenido reuniones con ministros, estamos participando en el comité interministerial de derechos humanos del Gobierno donde hay distintos ministerios.

– Con el Ejecutivo, ¿cómo estaba la relación anterior a su llegada a la dirección?

No es muy fácil, porque los consejeros, consejeras, no participamos activamente del rodaje interno del instituto. Está en el director o directora radicada todo lo que es administración del sistema. Nosotros nos juntamos, el consejo se reúne una tarde a la semana, y lo que hace fundamentalmente es revisar posturas y acordar ciertas cuestiones muy de política general del instituto.

Interna

– ¿Se encontró con atrasos en informes o balances, cuestiones sin aprobar?

Sí, me encontré con varias cosas que tuve que aprobar que eran de la gestión anterior. Y tal vez las cosas más atrasadas con las que me encontré fueron dos concursos de Alta Dirección Pública. (…) Habían concursos guardados hace nueve meses que había llegado la terna y que no se había llevado al consejo, eso creo que es una de las cosas con las que me encontré que más me preocupó, porque me preocupa que estén vacantes los cargos y finalmente tuvimos que declarar desierto ese cargo.

– Hoy está conformando equipos…

Sí. Para mí los jefes de primera línea, que son los electos por ADP, tienen que tener un conocimiento cabal de los derechos humanos, no importa la jefatura que cumplan.

– Por su experiencia.

Si esta es la institución del Estado de Chile a cargo de la protección y promoción de los derechos humanos en el país, necesito que todos sean conocedores de los derechos humanos. Aquí puede llegar gente a aprender pero son los que empiezan a trabajar, pero los jefes tienen que tener conocimiento de derechos humanos y los perfiles no estaban en esa línea.

– ¿Cómo evalúa la gestión de Sergio Micco?

En general enfrentó las preguntas y contesto, pero Sergio Micco es un consejero del actual consejo, y en ese consejo somos colegas; en ese consejo somos todos iguales, por lo tanto a mí no me corresponde como directora del instituto evaluar su gestión, le corresponde al consejo, y el consejo no ha hecho ese ejercicio. Por respeto a la dignidad del consejero Micco no me voy a pronunciar al respecto, pero creo que no corresponde. Ahora, puedo decir que no voté por Sergio Micco para director y algo que le dije a él, por eso lo puedo decir, y lo dije en reunión de consejo, creo que en las situaciones más críticas del instituto Sergio no se puso del lado de las víctimas, y ponerse del lado de las víctimas es jugársela por las víctimas, creo que ese es el rol de un defensor de derechos humanos.

– ¿Ese momento álgido sería lo que pasó posterior al 18 de octubre?

Exactamente.

– Usted firmó una carta que planteaba deficiencias o diferencias en la gestión de Sergio Micco donde se pedía su salida.

Fui firmante de esa carta por tanto me tengo que hacer cargo de lo que ahí dice. (…) Pero en relación a su renuncia, también hable con Sergio previo a que se le hiciera llegar la carta, y le señalé que en el caso de Lorena Fries y mío, ambas cuando se renovó el consejo dejamos el cargo aunque nos quedaran más días. Y lo hablé con él, le dije es bueno, es sano, que si llega un nuevo consejo uno le de la libertad a los nuevos consejeros, porque se cambian las mayorías, cambian las visiones. (…) Dar un paso al costado para que ese consejo pueda elegir, a lo mejor lo reeligen, a lo mejor no, pero eso es importante hacerlo. Eso se lo dije, me parecía que era parte de la tradición del instituto y fue su decisión no hacerlo. Y por eso resultó esta carta solicitándole la renuncia.

– ¿Por qué cree que este nuevo consejo lo elige?

La decisión de mi elección, que fue algo muy conversado, no fue espontáneo obviamente, cualquiera puede ser director o directora del instituto, todos tienen credenciales en materia de trayectoria de defensor y defensora de derechos humanos, sin embargo creo que por las condiciones en que estaba el instituto, que había perdido credibilidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que estaba aún más lejano de la ciudadanía de lo que había estado antes, había ahí como un quiebre, se pensó que yo era la que tenía más experiencia en direcciones institucionales, que ya conocía el instituto y que tenía además de una trayectoria defensora de derechos humanos tengo experiencia en gestión institucional, y eso es importante.

Contingencia

– ¿Usted cree que posterior al 18 de octubre en nuestro país se violaron de forma sistemática los derechos humanos?

Nosotros tuvimos un debate muy teórico, en el consejo el debate se centró fundamentalmente en la doctrina del derecho.

– Hay una palabra clave que es la sistematicidad…

Las normas de derechos humanos lo que señalan es que para que sea un crimen de lesa humanidad se deben dar dos variables pero no son excluyentes. Puede darse una, la otra o las dos, que es masivas o/y sistemáticas. Para que sean sistemáticas tiene que haber un contexto (…) que indica una cierta organización, pero mi argumento fue el tema de la masividad. Creo que la cantidad de personas que sufrieron daño ocular es extremadamente alta y ya la Sociedad Oftalmológica de Chile señaló en la Cámara de Diputados, cuando íbamos en los ciento y tantas personas con daño ocular, que deberían declarar emergencia sanitaria y llegamos a los 400. Entonces, como vengo de otra disciplina creo que hay que hacer un análisis de la cantidad de personas y el tipo de afectación a los derechos humanos, creo que hay que hacer un estudio para ver si hay masividad. Si la violación a derechos humanos fue masiva, no necesita ser sistemática para ser un crimen de lesa humanidad, basta con que sea masiva.

– ¿Cree que existen presos políticos?

El tema de presos políticos es un tema que el consejo tampoco ha llegado a una decisión al respecto. Los presos políticos no son solo los presos de conciencia, el concepto de prisión política va mucho más allá que los presos de conciencia. (…) El problema del país es la alta cantidad de prisión preventiva, ese es el tema que más preocupa. Independiente de la causa por la que haya sido detenida una persona , el que se mantenga como medida cautelar por 1 año o 2 años prisión preventiva me parece que es insostenible. Con cárceles abarrotadas, las condiciones carcelarias son horrorosas, no puede ser que la medida cautelar a la que primero apela sea la prisión preventiva y eso es lo que hay que cambiar. Independiente de la causante por lo que haya ingresado.

– ¿Ha conversado con la ministra de Justicia para ver el tema de las prisiones preventivas?

No todavía. Me he reunido con ella y hemos hablado de otros temas, pero todavía este tema no lo hemos enfrentado, el tema carcelario.

– La semana previa a las fiestas patrias los estudiantes volvieron a la calle ¿Qué le parece estas manifestaciones?

Me parece interesante y me gusta ver a los jóvenes movilizados. (…) Estoy de acuerdo con la manifestación social en materia de demanda de derechos, sobre todo cuando son derechos humanos, porque nadie puede defender mejor los derechos que uno mismo, uno tiene que empoderarse en la defensa de sus propios derechos. Sin lugar a duda el derecho humano a la manifestación es a la manifestación pacífica, y creo que aquí también hay que avanzar en los contenidos en materia de derechos humanos.

– Las mismas manifestaciones traen consigo violencia.

No justifico la violencia, sin lugar a duda, pero quiero explicarme la violencia, porque si no me trato de explicar la violencia no vamos a poder terminar con ella.

– El Presidente Boric dijo en su intervención ante la ONU que en Chile durante el estallido se violaron los derechos humanos. ¿Cómo toma esa declaración?

Me parece bien, me parece muy bien que él reconozca que hubo violación a derechos humanos durante el estallido porque las hubo. O sea, de hecho, el instituto y el consejo, que no ha podido llegar a acuerdo respecto de la sistematicidad, sí reconoce que hubo graves violaciones a derechos humanos en el país durante el estallido social. ¿Qué necesitamos ahora? Una política integral de reparación, el Estado debe poner al servicio de las personas víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos una batería de dispositivos que les permita reparar el daño causado. Eso es clave. (…) Fortalecer, por ejemplo, los PRAIS, los programas PRAIS que son los que han atendido violación de derechos humanos históricamente y esta institucionalidad hay que fortalecerla porque la democracia no asegura que no haya violación a derechos humanos y el Estado tiene que estar preparado para que cuando viola derechos humanos reparar ese daño causado.

Cárceles

– ¿En qué situación se encuentra la relación del instituto con las comunidades mapuches?

La relación entre el instituto y las comunidades siempre ha sido buena, sobre todo de las oficinas regionales. (…) Ahora, el problema es muy complejo. Visité, efectivamente, un penal donde había un poco más de 20 comuneros en huelga de hambre, que llevaban muchos días en huelga de hambre, se veían ya muy decaídos. Y el tema de las personas privadas de libertad, las personas mapuches privadas de libertad, creo que es un tema que hay que resolver rápidamente. Y rápidamente significa adecuar el reglamento penitenciario al convenio 169 de la OIT, que está ratificado y se encuentra vigente. Y hay que adecuar eso porque con eso se soluciona el 90% de los problemas carcelarios que tenemos con la población mapuche. Cuando hablé con ellos me decían que ellos no estaban pidiendo libertad, no era que estuvieran pidiendo que los liberara, que ello lo único que pedían es que respetaran su dignidad y su cosmovisión.

– Con lo que ha pasado en las cárceles, extorsión, y los informes que se han ido conociendo, ¿cree que es anti derechos humanos tener una cárcel de alta seguridad como la que se está por reinaugurar? Se publicó durante la semana parte de un informe del Departamento de DD.HH. de Gendarmería en un medio de circulación nacional.

Habría que ver cómo va a funcionar todo el sistema, pero lo que hay que tener claro es que cuando una persona es condenada a prisión, el derecho que se ve conculcado ahí es el derecho a la libertad ambulatoria. Pero no los otros derechos, no su derecho a la educación, a la salud, a la participación, a vivir su espiritualidad, su religiosidad, todas las otras gamas de derechos que existen que están consagrados en las distintas normas internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, cualquier prisión debe entregar las condiciones para que las personas puedan ejercer esos otros derechos que no están conculcados por la justicia.

– ¿Cree que es violación a los derechos humanos mantener a privados de libertad de altísima peligrosidad en celdas con cámara 24 hrs monitoreados, encerrados 22-23 horas?

Lo veo muy preocupante. No podría decir a primera que hay violación a derechos humanos, pero son casos dignos de estudiar y de mirar con atención si hay violación a derechos humanos. Lo que sí no me cabe la menor duda que atenta contra la dignidad de la persona, que deshumaniza, y creo que una de las cuestiones fundamentales para restablecer los lazos sociales, pacífico, solidario es humanizar. (…) El no tener contacto con otros, deshumaniza. Y eso también lo encuentro muy violento.

– En países como Nueva Zelanda, Italia, los regímenes para este tipo de perfiles de criminología son de esta forma. El país se compara mucho con naciones desarrolladas, entonces, ¿usted podría decir que las cárceles europeas, para internos de alta connotación pública, también constituiría esta misma falta de deshumanización?

Sin lugar a duda. Donde ocurra esto es lo mismo, no importa el lugar geográfico, además los derechos humanos son transnacionales, no importa donde uno esté los tiene igual. Ahora, tienen que haber en materia de estándares en derechos humanos el aislamiento no puede ser permanente, tiene que haber un tiempo acotado, conocido, si es que se requiera algún tipo de aislamiento que no puede ser un tiempo prolongado porque eso afecta psicológicamente a las personas, afecta su integridad. Entonces, entiendo que hay personas muy peligrosas, pero tienen que haber otros sistemas de control y a eso me refiero con que la necesidad de investigar, de modernizar, de ir buscando las mejores formas de control de estas personas.

– ¿Qué le parece el caso de Mónica Caballero? En Europa fue condenada por colocación de artefacto explosivo, en Chile investigada por lo mismo. ¿Es entendible tener acceso a internet y cursar una carrera?

Lo que decía anteriormente, las personas que están privadas de libertad tienen algunos derechos conculcados, fundamentalmente su derecho a la libertad ambulatoria. Pero no su derecho a la educación o a la salud, por lo tanto ojalá todos pudieran acceder a carreras técnicas, a carreras profesionales, a oficios dependiendo de sus intereses y sus capacidades porque eso nos ayuda a avanzar en procesos de reinserción social.