Latorre y ampliación de querella del gobierno a Llaitul pese a negativa inicial: "No es autogol"

“El que se presente ahora una querella más, tampoco es que va a solucionar el conflicto ni el problema. Es una medida más”, asevera el senador y presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, tras el libelo ingresado por el Ejecutivo en contra del líder de la CAM Héctor Llaitul.

El psicólogo señala a BioBioChile que si bien hay que usar la arista penal, a su vez se debe lograr una salida política a un conflicto histórico.

En esta entrevista, el congresista descarta de plano que el gobierno esté realizando intervencionismo de cara al Plebiscito del 4 de septiembre, indicando que si a la derecha le molesta que el Ejecutivo esté cumpliendo con su deber de informar sobre la propuesta de nueva Constitución, “es cosa de ellos”.

En ese sentido, se muestra confiado respecto al trabajo de Contraloría, ente que comenzó una investigación -tras la denuncia desde el Partido Republicanos- para determinar si efectivamente ha habido intervencionismo.

“La gran mayoría de estos requerimientos que se le hacen a Contraloría no van a quedar en nada”, espeta.

Ampliación de querella contra Héctor Llaitul

El gobierno amplió la querella ya presentada contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, echando pie atrás por lo informado en un comienzo. ¿Podría catalogarse como una “voltereta”?

Acá hay una ampliación de una querella, y hay que tomar en cuenta que estas son atribuciones del Ministerio del Interior, considerando no sólo, creo yo, las declaraciones sino que también los hechos que se ha adjudicado la CAM en este último tiempo, que son hechos violentos, con atentados, etc.

Y por lo demás no es nada nuevo, desde el primer atentado de la CAM el año ’97 en Lumaco han habido múltiples querellas por la Ley Antiterrorista, por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Llaitul ha estado preso en varias oportunidades, entremedio ocurrió también lo de la Operación Huracán. Y si bien hay que usar la arista penal, que por lo demás el gobierno la ha estado usando, también va a perseverar en una salida política a un conflicto histórico en donde hay una deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo-nación mapuche.

-Hay voces, como la del diputado Erick Aedo, quienes han mencionado que bajo el gobierno de Gabriel Boric se han cometido autogoles, como por ejemplo lo que pasó con la fallida visita de la ministra Izkia Siches a Temucuicui o lo del gabinete Irina Karamanos. ¿Considera que este tipo de situaciones puede ser considerado como un nuevo autogol?

No, para nada. Me tienen sin cuidado las declaraciones del diputado Aedo. No considero que aporten mucho, pero insisto: acá estamos frente a un tema que es complejo, el Ministerio del Interior está monitoreando y evaluando permanentemente el escenario y toma una decisión de ampliar una querella que, por lo demás, ya existía. Insisto en el punto que no hay nada nuevo, acá se amplió una querella que ya existía y no creo que sea un autogol, sino que el gobierno está intentando enfrentar un problema que es muy complejo y que también los gobiernos anteriores no han podido solucionar.

-¿A qué se debe esta demora que transcurrió desde que el gobierno mencionara que no ampliaría la querella hasta que finalmente sí tomo esta decisión?

Desconozco los motivos. Tendría que preguntarle al Ministerio del Interior. Pero mi impresión es que es errado poner el foco sólo en Llaitul o la CAM. Acá estamos hablando de distintas organizaciones que no responden a Llaitul y que están usando la violencia política, la vía de acción directa, y por tanto, en este caso, hay una ampliación de una querella. El gobierno está tomando decisiones hace rato en la Macro-zona Sur, con Estados de Excepción, con distintas medidas. El gobierno lleva recién cuatro meses, pero está tomando decisiones hace rato. El que se presente ahora una querella más tampoco es que va a solucionar el conflicto ni el problema, es una medida más.

Acusaciones por intervencionismo

-A propósito de estas discusiones que se han dado, el diputado Andrés Jouannet dijo que “el Presidente está en campaña y aquí en este país no está gobernando nadie”. ¿Cómo toma estas declaraciones?

Creo que tampoco contribuyen mucho, me tienen sin cuidado las declaraciones del señor Jouannet, quien fue intendente del gobierno de la Nueva Mayoría en La Araucanía. No sé si hizo mucho o su gestión habrá sido muy significativa cuando fue intendente. Él era partidario de la Democracia Cristiana y entiendo que ahora está en la bancada del Partido Radical. El gobierno está gobernando, de hecho hizo un anuncio muy importante sobre el Copago Cero, que es algo que beneficia a 5 millones de personas y además avanza en el cumplimiento de un compromiso programático y avanza en la dirección de construir y fortalecer un sistema público de salud gratuito para los usuarios de Fonasa, que son la gran mayoría del país.

Eso es gobernar, es gobernar para la gente, es gobernar en materia de derechos sociales. No creo que sea una medida de campaña, sería irresponsable hablar de aquello. Es un compromiso programático. Estaba en nuestro programa de gobierno. Lo mismo está haciendo con el plan Chile Apoya Invierno, aprobándose un bono de manera transversal por todas las fuerzas políticas para enfrentar de mejor manera el invierno, justamente para las familias más vulnerables ante el aumento en el costo de la vida.

Estamos en un contexto de inflación económica, de crisis económica internacional, con una guerra en Ucrania, etc, y eso afecta a la economía global y chilena. Y el gobierno, a pesar de eso, está tomando decisiones que benefician a la gente. Como el aumento del salario mínimo, como el Plan Chile Apoya, como la extensión del IFE laboral, la extensión del postnatal, el gas a precio justo, el Copago Cero. Todas esas son medidas que el gobierno está llevando adelante en muy poco tiempo. Lleva recién cuatro meses y me parece que es muy irresponsable el diputado Jouannet cuando dice que el gobierno está dedicado a hacer campaña. El gobierno está cumpliendo un mandato frente a un Plebiscito que es histórico en el que hay voto obligatorio y esperamos que vote mucha gente el 4 de septiembre.

El gobierno está cumpliendo el mandato y el deber de informar para que la gente conozca el texto de la Nueva Constitución y la gente vote informada como le parezca votar. Si eso le molesta al diputado Jouannet o le molesta a la derecha es cosa de ellos, pero el gobierno está cumpliendo un mandato y un deber con proactividad y con voluntad política, pero eso no es hacer campaña, eso es cumplir un mandato.

-¿Cómo toma el anuncio de Contraloría respecto al inicio de una investigación por la denuncia de parlamentarios de derecha por un eventual intervencionismo electoral?

Yo confío en Contraloría, es un organismo autónomo. Cuando nosotros fuimos oposición a Piñera llevamos muchas veces al gobierno a Contraloría por sospechas o dudas. En algunos casos nos encontraba la razón en distintas materias y en otras no, y eso es normal. Que la oposición ejerza su rol de fiscalización y la Contraloría haga su pega de fiscalizar los recursos públicos, la probidad y que el gobierno esté cumpliendo con el mandato de prescindencia. Eso implica no gastar recursos públicos en favor del Apruebo, implica que los funcionarios de gobierno no hagan campaña en favor del Apruebo en horario laboral, implica una serie de cosas que tiene que fiscalizar ese cumplimiento.

Al mismo tiempo confío en que el gobierno también está cumpliendo ese mandato, que no hay corrupción de por medio, que no hay recursos públicos involucrados en favorecer la campaña del Apruebo, aunque todo el mundo sabe cómo va a votar el Presidente Boric y que los partidarios de este gobierno están comprometidos con la nueva Constitución y el proceso constituyente. Pero otra cosa es usar los recursos públicos. Yo creo que la gran mayoría de estos requerimientos que se le hacen a Contraloría no van a quedar en nada, van a quedar finalmente infundados, no va a haber nada relevante, tal como por ejemplo cuando los diputados del Partido Republicano, con el ultraderechista Johannes Kaiser, fueron contra la alcaldesa de La Pintana Claudia Pizarro y no encontró absolutamente nada, rebotó en todas las denuncias que hizo y creo que la única llamada de atención que le hicieron fue por haber hecho un tuit a favor del Apruebo en horario laboral, una cosa menor que no implica una trasgresión de nada. Ella está a favor del Apruebo pero no está poniendo los recursos públicos a favor de la campaña. Yo creo que va a pasar lo mismo a nivel del gobierno central pero me parece que en una sociedad democrática Contraloría tiene que hacer su pega y yo confío en ese organismo.

Rol de la ministra Siches

-¿Qué opina del desempeño que ha tenido la ministra Izkia Siches en estos meses?

Creo que le tocó asumir un ministerio muy complejo, es muy valiente al asumir ese cargo, es la primera mujer además en ser ministra del Interior. Es una ministra que además viene del área de la salud, que no tenía experiencia previa en temas de seguridad pública y que le toca asumir en un gobierno con múltiples desafíos y crisis heredadas del gobierno anterior en materia de delincuencia, de violencia, de crisis migratoria, de la crisis en el Wallmapu, en la Macro-zona sur, también en el aumento del narcotráfico y el crimen organizado.

Todas esas son crisis que se vienen incubando en Chile, acumulando y creciendo hace años y que el gobierno anterior fracasó rotundamente en enfrentarlas, a pesar que tenían gente muy experimentada en Interior. Y para atrás también, con los gobiernos de la Concertación. Uno podría nombrar la crisis de Carabineros por ejemplo, que se viene incubando hace muchos años atrás, con distintos ministros del Interior que son grandes políticos que cumplieron esa labor, no se dieron cuenta de la corrupción que había en el alto mando. O de los problemas de formación en la institución, o de cómo la institución fue perdiendo cada vez más legitimidad, con problemas de violaciones a los derechos humanos y que en el Estallido Social se agudizaron.

Entonces, creo que a la ministra le toca asumir en un escenario muy complejo, muy difícil. Ella es una persona muy inteligente, que aprende rápido, que ha sabido reforzar sus equipos de trabajo, hacer cambios para adquirir mayor experiencia y me parece que está enfrentando de manera adecuada un ministerio que en cualquier gobierno, y particularmente en este, con todas las crisis heredadas, es un fierro caliente. Obviamente lleva pocos meses, se está empoderando todavía creo yo en el cargo, y cuenta hasta el momento con el respaldo y la confianza del Presidente y eso es lo que cuenta. Todos los ministros y ministras están siendo evaluados permanentemente por el Presidente y es él quien tiene la facultad de hacer cambios.

-Pero considerando lo complejo que es este Ministerio y que además es uno de los más expuestos, ¿no cree que en estos meses se han cometido errores no forzados?

Yo creo que sería ingenuo decir que no se pueden haber cometido errores, ella misma ha reconocido errores comunicacionales. O por ejemplo lo del famoso viaje a Temucuicui, hay distintos errores de ese tipo. Insisto en el punto, ministros muy avezados políticamente y con mucha experiencia política en ese ministerio se han quemado, han cometido errores, no han sabido resolver conflictos sociales, han tenido que salir, renunciar o han sufrido acusaciones constitucionales, etc. Es un ministerio muy complejo.

Hay un debate al respecto sobre separar las funciones y así, por un lado, crear un Ministerio de la Seguridad Pública que esté 100% dedicada a los temas de delincuencia, de prevención, de persecución y enfrentar el orden público y delincuencia, y por otro lado, un ministro más político, una especie de jefe de gabinete que cumple la Ministra del Interior, y eso podría ayudar a que no sea tan sobrecargada de responsabilidades y de exposición este ministerio, porque en el fondo la ministra Siches tiene que estar liderando el gabinete en términos políticos, y por otro lado tiene que estar encima de los temas de orden público y seguridad que son difíciles de abordar.

-Eso es lo que han abordado exministros del Interior como Jorge Burgos. ¿Por qué no se ha avanzado en esa dirección? ¿Ha habido falta de voluntad política?

Es un debate abierto que por lo demás existe en otros países del mundo, es para profesionalizar mucho más la labor de seguridad, las políticas de seguridad que sean basadas en evidencia y que tengan gente dedicada 100% a aquello. Y es un debate que está en el Parlamento, no es responsabilidad del gobierno. Ha avanzado lentamente y además estamos ad portas de un cambio constitucional entonces claramente pueden haber, por decirlo así, cambios importantes en la estructura que podría derivarse de la nueva Constitución respecto a este tipo de materias. Pero es un debate abierto, hay pro y contras en este asunto.

Lo mismo respecto a un tema bien particular que está en Interior que tiene que ver con la política de drogas. Normalmente el Conace, y el Senda ahora, están en el Ministerio del Interior y en muchos países se separan las funciones. Por ejemplo todo lo que tiene que ver con la prevención del consumo de drogas, el tratamiento de usuarios con consumo problemático de drogas, tiene que estar más bien en el área de la salud y ser abordado como una política de salud pública y en coordinación con educación también por las políticas de prevención, pero que quede en el Ministerio del Interior la persecución del narcotráfico y no solamente al eslabón más débil del microtráfico en las poblaciones sino que ojalá la persecución a las grandes organizaciones de narcotráfico, la trazabilidad del dinero, el lavado de dinero, crimen organizado, las armas, etc, que es lo que efectivamente amenaza a la seguridad pública y la convivencia en una sociedad democrática, y eso sí tiene que estar en el Ministerio del Interior.

Ese tipo de debates están hace mucho tiempo en Chile y no se han abordado. Yo tuve una reunión con la ministra Siches hace unas semanas y me decía que estaban pensando en hacer ese cambio para que toda la parte de política de drogas que tiene que ver con las personas y los consumidores se aborde desde una perspectiva de salud pública y haya un cambio ahí.

Estado de Excepción

-Hablando del Interior, ¿qué balance hace del Estado de Excepción en la Macro-zona Sur?

En el gobierno anterior hubo, si no me equivoco, seis meses de Estado de Excepción en donde efectivamente disminuyen algunos delitos de connotación pública por la presencia militar y el cumplimiento a la labor de las policías, pero una vez que tú retiras a los militares lo que ocurrió es que vuelven a aumentar los delitos. La pregunta de fondo es si el Estado de Excepción va a ser excepcional, de manera transitoria por un periodo de tiempo acotado, o va a ser algo permanente, porque claramente el Estado de Excepción por sí solo no soluciona los problemas de fondo. Puede que temporalmente disminuyan los delitos pero no los elimina del todo. Vemos atentados todas las semanas a faenas forestales, fundos, etc. Eso viene ocurriendo en Chile desde el año ’97 cuando ocurrió el primer atentado forestal en Lumaco, y esto no es sólo la CAM ni sólo Llaitul, hay distintas organizaciones.

Pero el asunto de fondo sigue ahí latente entonces esa es una evaluación que hay que hacer. Por eso que el gobierno ha insistido en un plan más integral, es decir, por un lado con Estado de Excepción para resguardar las rutas, que fue parte la solicitud que se hizo desde los camioneros que cortaron las rutas al comienzo cuando hubo un paro al primer mes de gobierno, y se toma la medida del Estado de Excepción, disminuyen los delitos, pero al mismo tiempo el gobierno presenta un plan integral que se llama Plan Buen Vivir, sobre el que uno podrá decir que no es del todo suficiente pero es algo diferente a lo que hizo el gobierno anterior y eso se está implementando.

Ahora, los resultados son lentos de ver, están relacionados con obras públicas, con agua potable rural, con diálogo con las comunidades, con restitución territorial, etc, y todo eso es lento pero hay un plan y se está implementando. Acá la cuestión de fondo es si es que en una sociedad democrática nos tenemos que acostumbrar a la presencia permanente y no excepcional de los militares en asuntos de orden público, porque las propias fuerzas armadas han dicho que están ahí para la defensa nacional, no para perseguir la delincuencia o resolver problemas de orden público, y menos cuando hay conflictos políticos entre el estado de Chile y el pueblo mapuche que están pendientes y que son deudas históricas que todavía no se resuelven.

-Hemos visto como, por ejemplo, desde Chile Vamos se han mostrado críticos por la forma en que se ha aplicado la medida con el carácter de “acotado” para resguardar las principales rutas. ¿Cómo lo toma usted?

Esa crítica la han hecho desde un principio, yo creo que hay gente en Chile Vamos que es muy nostálgica de la presencia de los militares y les gustaría que estén en todas partes, en Temuco, en Concepción, haciendo controles preventivos de identidad, que ojalá estén de manera permanente en labores de orden público. Yo creo que hay un sector de la derecha que le gusta la presencia de los militares en la calle. Pienso que no tiene ningún sentido, la misma ministra ha dicho que esto es un Estado de Excepción en el que hay coordinación entre la autoridad civil y las fuerzas armadas en términos de resguardo de las rutas, pero que la labor policial de perseguir los delitos que se cometen le corresponden a Carabineros, a la PDI y al Ministerio Público. No es la labor que le corresponde a las fuerzas armadas.

-En lugares como Tirúa hay personas que se sienten totalmente abandonadas precisamente por el tema de los delitos que se cometen en las rutas. ¿No cree que quizás la fuerza policial ordinaria se pueda estar sintiendo sobrepasada? En BioBioChile hemos podido conversar con personas a las que les han quitado sus camiones y se los han quemado a las 3 de la tarde en Tirúa.

Las fuerzas armadas están desplegadas en esas zonas y el actual Estado de Excepción tiene la posibilidad de movimientos tácticos en zonas donde pueden haber más conflictos y que exista más presencia, para resguardar justamente la seguridad de las rutas. Pero eso no tiene que ver con ampliar el Estado de Excepción, tiene que ver con una capacidad más bien operativa, con una inteligencia, con un diseño, con prevenir y poder desplegar las fuerzas de manera efectiva. Ahora, quien debe perseguir los delitos no son los militares, la debe hacer la policía, Carabineros y la PDI, porque de lo contrario entramos en otra lógica. México lo hizo al igual que Colombia, involucrando a los militares en la persecución del narcotráfico o perseguir delincuencia y orden público y eso no terminó bien, porque los conflictos terminan escalando. El remedio termina siendo peor que la enfermedad muchas veces.

Extender medida en la región de Los Ríos

-Desde la oposición han surgido críticas por el hecho de que el gobierno se niegue a extender el Estado de Excepción en la región de Los Ríos. ¡Cuál es su postura?

La decisión la tiene que tomar el gobierno en base a los antecedentes que hay. Yo insisto en el punto en que la oposición puede plantear que hay que llevar militares a todas partes, hay quienes plantean que hay que llevarlos al norte, otros que hay que combatir el narcotráfico con militares, otros que hay que llevarlos a las periferias de Santiago o Valparaíso, etc. Yo creo que el punto es que el gobierno tiene que ir monitoreando con información y con inteligencia. Entiendo que estuvo el subsecretario Monsalve en la zona y si bien han habido aumento de atentados a faenas forestales, sobre todo en la región de Los Ríos, no ameritarían por ahora, en cantidad, para llevar a las fuerzas armadas a dicha región. Y además, entiendo que ha sido consultado con autoridades locales y había posiciones bastante divididas al respecto en términos de lo que podría implicar el trastocar la vida cotidiana en la zona.