Con la mano frotándose la cara, mirada concentrada y un tono duro y recriminatorio, la jueza Patricia Michelle Ibacache Toledo (52) del Séptimo Juzgado de Garantía ha intervenido frecuentemente en las jornadas de formalización del caso Muñeca Bielorrusa, cuestionando a la Fiscalía y acusándolos directamente de vulnerar el principio de objetividad y estar improvisando en la presentación de los cargos.
La instancia –que va ya en su séptimo día– tiene como imputados a Gonzalo Migueles –pareja de la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco– y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. La investigación se basa en un presunto cohecho, soborno y lavado de activos vinculado a fallos del Máximo Tribunal a favor del consorcio Belaz Movitec.
Mientras que para algunos los reproches, el detallismo y las dudas de la jueza muestran un nivel alto de exigencia y prolijidad en la causa, otros piensan que la balanza se encuentra inclinada a favor de los acusados por no haber puesto énfasis en la ruta del dinero de las coimas, y por comentarios de que la jueza habría favorecido anteriormente a cercanos de la Corte Suprema cuando trabajaba en los tribunales civiles.
Esto al haber sido ella quien nombró a un joven e inexperto Manuel Valderrama Escobar –hijo del ministro de la Corte Suprema con el mismo nombre– en una polémica causa arbitral cuando era secretaria del 25° Juzgado Civil de Santiago.
El actuar del abogado en el arbitraje lo llevó a enfrentar una querella por prevaricación, cohecho y apropiación indebida, en que se le acusaba de incluso haber recibido dinero por debajo de la mesa de una de las partes. A esta, se le sumó otra por parte del Servicio de Impuestos Internos por no haber declarado $229 millones, dinero recibido como honorarios en el juicio.
Aunque fue formalizado por los delitos tributarios, la causa por los tres primeros delitos finalmente se cerró sin acusación formal, a pesar de tener lista la minuta y pruebas para formalizar un primer fiscal que luego fue reemplazado. Las sospechas hablan que el rol de su padre tuvo mucho que ver con su absolución.
Durante la misma causa, la defensa de la parte que acusaba favorecimiento hacia la otra, acusó a Ibacache de ser parte de ello, por haber la secretaria rechazado una solicitud para suspender el procedimiento que llevaba Valderrama sin respetar los plazos mínimos, decisión que fue luego removida por la Corte de Apelaciones.
El nombramiento de Valderrama
En los pasillos de los tribunales civiles, se hablaba sobre cómo se paseaba el Supremo Valderrama para presentar a su hijo como un buen candidato para ser nombrado como árbitro, potestad que recae en los secretarios de los juzgados.
Así, habría llegado a Michelle Ibacache cuando se desempeñaba como secretaria del 25° Juzgado Civil de Santiago, nombrando ella el 12 de noviembre de 2015 a Valderrama junior como árbitro de la disputa entre la Compañía Minera Santa Laura y la familia Padilla Arellano en la partición de un terreno, juicio que prometía grandes ganancias para quien fuese asignado en la causa.
Teniendo en cuenta el monto discutido, la decisión llamó la atención: Valderrama estaba recién titulado y no poseía mucha experiencia en el rubro, comparado con otros árbitros disponibles que prometían un mejor desempeño.
Ibacache había llegado en 2014 a aquel puesto, yéndose seis años después al Juzgado de Letras de Colina y aterrizando el 2023 como jueza en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se discute hoy la trama bielorrusa.
El inicio de la causa penal
La mañana del 29 de marzo de 2017 en unas oficinas ubicadas en la calle El Golf fueron detenidos Manuel Valderrama, Carlos Lagos Herrera –abogado de la Compañía Minera Santa Laura– y los cuatro hermanos Padilla Arellano, por haberse visto involucrados en una riña.
La razón de la pelea era que se habría llevado a cabo el remate del terreno a pesar de estar la causa suspendida y que Valderrama tenía una recusación pendiente en su contra, aparentemente sin informar a los Padilla.
De acuerdo a la acusación, alrededor del mediodía, Valderrama fue puesto en libertad y sin hacer un nuevo llamado, habría decidido continuar con el remate, con los Padilla aún detenidos. Desde las 17:00 se hicieron las nuevas subastas con la sola presencia de Valderrama y el abogado de la Minera. Otra irregularidad, tres horas antes de realizarse el remate ya se habían enviado las nuevas escrituras de los nuevos dueños a una notaría.
Los delitos
La causa llegó a las manos de Marcelo Carrasco, fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte. Durante su investigación pidió una serie de diligencias, entre ellas, la apertura de las cuentas bancarias de Valderrama y el expediente físico del juicio arbitral, elementos claves para determinar los delitos de los que se sospechaban.
El 22 de abril de 2024, el fiscal Carrasco solicitó que se fijara una fecha para formalizar a Valderrama por los delitos de prevaricación y apropiación indebida –sumando después el delito tributario–; y a abogados de la minera prevaricación y cohecho.
Así, en la detallada minuta preparada por el fiscal Carrasco para la formalización, se habrían identificado millonarios pagos a Valderrama desde la Minera y su abogado, que no estaban respaldados en el expediente ni se había informado a la contraparte. Asimismo, Valderrama habría retenido indebidamente parte de los fondos que debía traspasar al tribunal, discusión aún abierta en tribunales civiles.
Cambio de fiscalía y relaciones
Sin embargo, esta formalización nunca se llevó a cabo. ¿La razón? Una presentación realizada por los abogados de los querellados en que solicitaron remover la causa de la Fiscalía Centro Norte por un aparente conflicto de interés con la Minera por parte del fiscal regional Xavier Armendáriz.
La solicitud fue realizada ante la Fiscalía Nacional, la cual era liderada por Ángel Valencia, quien fue defensor de Valderrama en el inicio de la misma causa, por ello, la decisión de los requerimientos recayeron sobre el Fiscal Nacional Subrogante, Héctor Barros. En la ocasión, se decidió traspasar la causa a la Fiscalía Oriente, liderada por Lorena Parra, quien es considerada una persona de confianza de Manuel Guerra, ex fiscal regional de aquella fiscalía y defensor de Lagos en esta causa.
A punto de cumplirse la fecha en la que se debía formalizar a los imputados, el caso llegó entonces a las manos del fiscal Felipe Sepúlveda, quien se desistió de formalizar al indicar que requería más tiempo para estudiar los antecedentes. La esperada formalización, nunca llegó.
Más de un año después de este momento, el pasado 29 de agosto, sí se formalizó a Valderrama solo por el delito tributario por no haber declarado ante el Servicio de Impuestos Internos los honorarios recibidos por el juicio arbitral, los cuales ascendían a $229 millones. De acuerdo al SII, el perjuicio por no haber pagado los impuestos respectivos fue de $118.545.696.
En la audiencia, se le ofreció la suspensión condicional del procedimiento –alternativa que pone en pausa la causa a cambio de una condición – a cambio de pagar en 12 cuotas mensuales solo la mitad del perjuicio causado, castigo “blando” de acuerdo a distintos abogados consultados, quienes afirmaron que en estos casos la suspensión solo se da a cambio del pago del perjuicio completo.
El pasado 10 de septiembre, Sepúlveda indicó que la fiscalía había decidido no perseverar con las acusaciones de los otros delitos, respecto a los cuáles sí se habían identificado antecedentes para formalizar en la Fiscalía Centro Norte. Así, quedó fijada para el 28 de noviembre la audiencia para comunicar la decisión de no perseverar, cerrándose oficialmente la causa.
Enviando corrección, espere un momento...
