En al menos dos oportunidades se intentó notificar —sin éxito— al suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, de la querella de capítulos en su contra por el delito de violación de secretos. Se trata del caso originado tras la filtración de una escucha telefónica de una causa por tráfico de drogas al abogado y protagonista del caso Audio, Luis Hermosilla Osorio.
El líbelo fue ingresado para su tramitación el 20 de febrero recién pasado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Witter. La persecutora busca que la Corte de Apelaciones de Coyhaique declare admisible los capítulos, permitiendo así la formalización y solicitud de medidas cautelares personales para persecutor.
No obstante, la causa en el tribunal de alzada no ha tenido el avance esperado. Esto, luego de que el Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte de la misma y se encargó de la diligencia, no pudiera dar con el paradero del fiscal para notificarlo. Finalmente, en el tercer intento, lo consiguieron.
Mientras tanto, y pese a estar suspendido de sus funciones desde septiembre, cada mes el fiscal regional continúa recibiendo su sueldo de $9,4 millones de pesos más una asignación por zona que, en Aysén, equivale a un extra del 210% del sueldo base. Es decir, otros $2,2 millones cada 30 días ($11,6 millones en total).
De acuerdo con fuentes de este medio que conocen del proceso, Palma Guerra se mantendrá suspendido hasta que termine la indagatoria.
“Tengo ene escuchas”
De acuerdo con los antecedentes que fundan la presentación del Ministerio Público, en la investigación se comprobó que Palma Guerra “mantenía un constante flujo de mensajería instantánea a través de la plataforma WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla Osorio, a lo menos desde el año 2018″.
En este escenario, específicamente el 20 de febrero de 2022 a las 16:10 horas, el fiscal Palma le envió al citado abogado penalista la copia de un audio que contenía una escucha telefónica entre dos de los nueve imputados en la causa por tráfico de drogas. Mismos cuya detención en ese mismo momento estaba siendo controlada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
“Tengo ene escuchas (…) Tal vez el colega (defensor del imputado por tráfico que vinculado al estudio de Hermosilla) no cacha el detalle… pero es impresentable. Ingenieros de Vitacura traficando 20 kilos de coca para Aysén”, le escribió Palma a Hermosilla justo antes de enviarle el archivo de audio.
La misma pista, ofrecida como prueba por el Ministerio Público, sería reproducida en la audiencia recién a las 18:13 horas de ese mismo día, más de dos horas después de que Hermosilla —y muy probablemente también los abogados defensores vinculados a su estudio que actuaban en la causa— lo tuvieran en su poder.
Subordinado lo delató
El accionar del fiscal Palma fue confirmado por el abogado asesor de la Fiscalía Regional de Aysén, Álvaro Pérez. En su declaración del 1 de octubre de 2024 el funcionario detalló que, mientras participaba de la audiencia por Zoom, el fiscal regional “acudió en diversas ocasiones a su oficina para informarse de su desarrollo, tomando una fotografía del monitor”.
Pérez añadió que su superior le consultó si los abogados defensores que participaban de la audiencia trabajaban para Hermosilla. Acto seguido, le solicitó copia de la escucha telefónica de la investigación.
“Esta declaración corrobora que el imputado Carlos Palma Guerra se mantenía en contacto vía mensajería durante la realización de la referida audiencia con el abogado Luis Hermosilla Osorio”, planteó la fiscal regional de Los Lagos en su escrito.
El envío de la evidencia protegida por el secreto de la investigación, añade el escrito de Fiscalía en contra de Palma, se produjo en el contexto en que Palma “prevaliéndose de su posición como fiscal regional, realizó un activo seguimiento de la audiencia en las dependencias de la Fiscalía Regional”.
A juicio del ente persecutor, con su actuación, el fiscal regional de Aysén —suspendido de sus funciones desde septiembre de 2024— cometió el delito de violación de secreto sancionado por la justicia con una pena de hasta presidio menor en su grado máximo.
Los intentos fallidos
Como sea, la querella de capítulos no ha pudo avanzar como se esperaba y por tanto la formalización del fiscal Palma tendrá que seguir esperando. Esto último, luego de que la notificación del fiscal, encomendada a un funcionario del Consejo de Defensa del Estado (CDE), no haya podido materializarse en un tiempo acotado.
En rigor, durante las primeras semanas de marzo el empleado público se presentó en dos oportunidades en la parcela registrada como domicilio particular del fiscal Palma para completar la diligencia, pero no ha tenido éxito.
En la primera oportunidad, el 7 de marzo a las 11:25 horas, el representante del CDE informó que no pudo realizar la notificación “debido a que en el referido domicilio aparentemente no había persona alguna en su interior que acudiera a mis reiterados llamados”.
Algo similar ocurrió el 10 de marzo a las 10:35 horas, cuando nuevamente llegó hasta el mismo domicilio. Después de que nadie respondiera a sus llamados, el funcionario conversó con una vecina, quien le confirmó que Palma vivía ahí.
“En el sector me entrevisté con persona de sexo femenino quien excusó identificarse, y quien manifestó a este receptor que el domicilio corresponde a don Carlos Palma, pero no fue posible acreditar que en lugar se encontrara el recurrido”, reza el documento ingresado al tribunal de alzada coyhaiquino.
Finalmente, en un tercer intento, este lunes —casi dos meses después de la presentación de la querella de capítulos— pasado el mediodía la diligencia se completó con éxito.
Al haberse demorado la notificación se retrasó la fecha en que se producirán los alegatos de las partes en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Ello, a su vez posterga la decisión del tribunal y, en consecuencia, la eventual formalización de cargos y dictación de medidas cautelares en contra del fiscal regional.
BBCL Investiga intentó en reiteradas oportunidades tomar contacto con el fiscal Palma para que explicara las razones por las que no había podido atender antes la diligencia en su domicilio. Sin embargo, no fue posible ubicarlo telefónicamente.
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