“Estas salidas alternativas no están de acuerdo con la gravedad de los hechos que se están investigando y generan una sensación de impunidad”. Con estas palabras, Enzo Morales Norambuena, abogado querellante en el caso Cajas de Alimentos, criticó la decisión de la Corte de Apelaciones de confirmar este miércoles la suspensión condicional del procedimiento respecto al empresario Jorge Venegas López, formalizado en 2022 por fraude al fisco, cerrando así definitivamente su implicación en el caso.
El tribunal rechazó los escritos de 22 y 10 páginas presentados por María José Venegas Beas, abogada procuradora fiscal de Iquique, y Morales, quien actuaba como abogado particular, reafirmando que las condiciones para la libertad de Venegas serían: el pago de $20.826.600 al Fisco en 18 cuotas, la fijación de domicilio con la obligación de informar cualquier cambio y la prohibición de rebajar el pago a ningún título tributario.
Venegas fue formalizado en diciembre de 2022 por fraude al fisco junto a otras 14 personas, entre ellas el ex intendente de Tarapacá, Miguel Quezada Torres (UDI), y la actual consejera regional de Tarapacá, Daniela Solari Vega (Ind.).
En su caso, se le acusaba de haber sido uno de los beneficiados en un millonario sobreprecio detectado por la Contraloría en la compra de cajas de alimentos adquiridas por la Intendencia Regional de Tarapacá durante la pandemia. De acuerdo con la querella inicial, Venegas, a través de la empresa Sociedad VyL Deportes Limitada, habría adjudicado la venta de 7.650 cajas por un valor de $391.527.000, con un sobreprecio de $74.304.350. Sumado a los contratos con otros dos proveedores (DID Sonido y Compañía SPA y Lorena Barrientos Ramírez), la Contraloría calculó un sobreprecio total de $232 millones en un primer proceso de entrega de cajas y de $828 millones en el segundo.
Sin embargo, tras negociaciones con la Fiscalía, el monto a devolver quedó fijado en poco más de $20 millones, cifra que correspondería al sobreprecio calculado por el Ministerio Público y no a los $70 millones argumentados por los querellantes. En conversación con Radio Bío Bío, Venegas afirmó que su intención siempre fue llegar a juicio oral para demostrar su inocencia y que “nunca hubo delito”, pero tras más de cuatro años de investigación, decidió aceptar la oferta de la Fiscalía por razones laborales y de tiempo.
Cabe aclarar que las condiciones pactadas en este tipo de salida alternativa no implican una admisión de culpa. Esta busca que el procedimiento se suspenda por un período de tiempo, siempre que el imputado cumpla con las condiciones impuestos por el tribunal, siempre y cuando la pena que pudiese imponerse al imputado no fuese mayor a 3 años de privación de libertad y no haya sido condenado antes por crimen o simple delito.
“Nosotros siempre hemos dicho desde el día uno que no hay delito. Hicimos un trabajo, se hizo una cotización y se entregó lo que correspondía hasta el último día que duró el servicio”, sostuvo.
“Tomo esta alternativa para darle un cierre definitivo a esta desagradable situación y poder seguir trabajando de forma normal. Siempre hemos buscado eso. Entregamos toda la información y documentación para que esto fuera lo más transparente posible y se aclarara todo”, agregó.
Los otros acusados en el caso Cajas de Alimentos
El acuerdo entre Venegas y el fiscal de delitos económicos Juan Zepeda Elgarrista lo suma a la lista de los seis imputados que han accedido a este tipo de salida alternativa en el caso Cajas de Alimentos.
Según Venegas, la Fiscalía le ofreció la suspensión condicional hace algunos meses junto a Dimitri Díaz Neira y Ricardo Percic Becerra, socios de DID Sonido, pero él la rechazó en un primer momento. Sin embargo, aceptó la oferta cuando se le presentó una segunda oportunidad. Los otros dos empresarios ya habían accedido al acuerdo en diciembre de 2024. En ambos casos, los abogados querellantes se opusieron, pero la decisión fue ratificada por la corte en enero de este año.
Distinto fue el desenlace para Lorena Barrientos Ramírez, quien vendía colaciones en la Intendencia Regional y fue acusada de haber prestado su nombre para la adjudicación del contrato a Juan Carlos Ayala Brito y Ximena Ciudad Varela, dueños de la empresa Ciudad Eventos, que estaba inhabilitada para contratar con el Estado. Barrientos fue condenada en un juicio abreviado en febrero de este año a tres años de cárcel y al pago de una multa de 21 UTM (aproximadamente un millón y medio de pesos) por fraude al fisco.
De las 15 personas inicialmente formalizadas en la causa, una ya fue condenada, seis aceptaron salidas alternativas y ocho enfrentarán juicio oral. La audiencia de preparación, en la que se presentarán pruebas y la Fiscalía formulará su acusación, comenzará el próximo 25 de marzo a las 10:00 horas. El juicio podría extenderse por varios meses.
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