La crisis de Sartor sigue avanzando cada día más en dirección hacia Azul Azul. En el marco de la liquidación forzosa solicitada por BCI Corredor de Bolsa contra el grupo financiero, sus representantes sumaron una petición adicional: revocar la compraventa secreta del 90% de las cuotas que Michael Clark le compró a Sartor S.A.
Dicho proceso de liquidación —en simple, la quiebra— fue solicitado por la corredora el pasado 9 de enero ante el 13º Juzgado Civil de Santiago, el cual fue acogido a trámite el jueves. Tras ello, al final del día viernes sumaron formalmente la demanda de acción revocatoria concursal subjetiva.
En esta última acción legal, ejecutada por el abogado Ignacio Ried Undurraga, lo que buscan es finalmente poder pagarse de una deuda de Sartor con BCI que a la fecha alcanza los $5.724 millones. Y en definitiva así saldar el compromiso de pago vendiendo en el mercado las cuotas del fondo que hoy controla la concesionaria del Club Universidad de Chile.
“Entre gallos y medianoche”
Clark se erigió como el amo y señor de la U el pasado 13 de diciembre, cuando ejecutó una cuestionada maniobra por medio de su sociedad Inversiones Antumalal, propiedad de él y su esposa Andrea Toro, con la que se hizo con todas las cuotas del Fondo de Inversión Privada (FIP) Tactical Sport.
Un cambio significativo que sacó a Sartor S.A de la propiedad del club, quienes hasta entonces tenían el 90% del FIP. Clark antes poseía un rol secundario, con sólo un 10%. De modo que indirectamente se transformó en el controlador absoluto de Azul Azul, con un 63% de la concesionaria.
Precisamente es ese traspaso el que busca revertir la corredora. “Sartor S.A. vendió a Antumalal entre gallos y medianoche la totalidad de las cuotas de que era titular en el Fondo de Inversión Tactical Sport; teniendo la compradora pleno conocimiento del mal estado de los negocios de Sartor S.A”, alega en su demanda.
Curiosamente, la compraventa se ejecutó al día siguiente que BCI Corredores perdió la paciencia y les comunicó unilateralmente el término del contrato que los unía, para así luego proceder a cobrar la referida deuda.
Asimismo, los demandantes apuntan al triple rol de Clark como presidente de Azul Azul y, a su vez, como miembro del directorio de Sartor y controlador de la compradora Inversiones Antumalal. Para ellos, la transacción “debe ser revocada por ser un acto que va en directo perjuicio de los acreedores, realizado entre partes relacionadas que sabían o debían saber la consecuencia de la fuga del principal activo (de Sartor) para responder de sus responsabilidades”.
La prenda de la discordia
Toda la pugna tiene su origen a fines de 2024 tras el proceso de auditoría que inició la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a Sartor Administradora General de Fondos S.A., propiedad del grupo financiero, y que detectó situaciones de conflictos de interés que iban contra la ley.
A partir de ahí los problemas no hicieron más que acrecentarse. A mediados de noviembre la CMF les ordenó suspender los aportes a los fondos que administra y un mes más tarde derechamente les puso la lápida ordenando su cierre definitivo, para lo cual les designó un liquidador.
La pelea con BCI inició a propósito de la primera medida del organismo regulador. Ambas entidades tenían desde 2016 un Contrato de Operaciones de Compraventa a Plazo de Valores, informalmente llamadas “simultáneas” en la jerga financiera, en la que Sartor S.A. se comprometía a pagar las cuotas de dos fondos gestionados por Sartor Administradora General de Fondos (AGF). El vencimiento de dicho acuerdo estaba pactado para el 4 de diciembre, pero en realidad no era un problema, pues solían renovarse por un nuevo periodo.
No obstante, a raíz de la suspensión ordenada por la CMF, el 20 de noviembre BCI Corredores le informó a Sartor S.A. que las “simultáneas” no iban a ser renovadas y cumplido el plazo deberían pagar el precio correspondiente: $5.699 millones.
De acuerdo a BCI, el pago no llegó. Para intentar zafar, Sartor propuso saldar la deuda con una prenda sobre las cuotas del FIP Tactical Sport, en ese momento propiedad del grupo financiero y mediante el cual ostentaban el 63% de Azul Azul.
Según la corredora, acordaron los términos y Sartor aceptó vía mail el 6 de diciembre por la noche. Pero luego no llegaron a formalizar el trato a la oficinas de la Bolsa de Comercio de Santiago. El 10 de diciembre por la noche pactaron un nuevo contrato de prenda, con una garantía menor, pero Sartor los volvió a dejar plantados a la hora de firmar.
El jueves 12 BCI perdió la paciencia y les comunicó unilateralmente el término de la “simultánea”. De paso, les informó que para pagarse de la deuda iban a vender en bolsa las cuotas de los fondos de inversión que eran parte del contrato. De esa forma la corredora podría recuperar su dinero. Pero en realidad dicha amenaza no pudo ser ejecutada a raíz de la suspensión de Sartor AGF ordenada por la CMF.
“Un precio vil”
Menos aún sería posible cobrar la deuda luego de la cuestionada compra de Clark, la cual —incluso antes de la demanda de BCI— ya fue reprochada por la propia CMF, pues la transacción no se hizo mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
Una disputa al margen que el presidente de Azul Azul mantiene directamente con el ente regulador y que lo obligó a anunciar una estrategia para zanjar los incumplimientos.
En la acción civil del pasado viernes, la corredora apuntó contra la “solución” del mandamás de Azul Azul: “Ha anunciado su intención de realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) Azul Azul mediante un tercer vehículo societario, la sociedad MC Inversiones. Es decir, existe el riesgo de que el Fondo Tactical Sport, hoy bajo el control total de Clark, venda la totalidad de sus acciones Azul Azul en la OPA que está formulando la sociedad MC Inversiones, también controlada por Clark”.
O sea, es una movida que podría hacer desaparecer el fondo que BCI intenta recuperar.
“Como si lo anterior no fuera suficiente, esta compraventa se celebró a un precio vil, sin realizar oferta pública de adquisición de acciones, distrayendo así del patrimonio de Sartor S.A. el activo más importante que ésta tenía, en perjuicio de sus acreedores”, enfatizó la entidad demandante. Por todas esas razones, ellos creen que “se cumplen con todos los requisitos para decretar la nulidad” de la compra de Clark a Sartor.
En la práctica, buscan que la propiedad vuelva a manos de Sartor y se vuelvan a registrar las cuotas del fondo a nombre de ellos. Y en caso que Clark y Antumalal reclamen el dinero que ellos pagaron por las cuotas, pidieron que se haga la verificación del monto pagado. Y aún así, aunque lo logren demostrar, solicitaron que se posponga el pago hasta que primero se cumpla con los créditos de los acreedores.
Guerra interna en Azul Azul
Con todo, al margen de la disputa con la CMF y ahora con BCI, a Clark se le sumó otro flanco la semana pasada: una guerra judicial con los segundos mayores accionistas de Azul Azul. Daniel Schapira y su hijo Eduardo presentaron una querella contra él e Inversiones Antumalal por “fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones”.
La familia Schapira, dueña del 21,4% de la concesionaria, pidió que el Ministerio Público indague el caso y determine la responsabilidad criminal de Clark y Antumalal.
Adicionalmente, también levantaron suspicacias sobre la fecha de la compra secreta. “No deja de llamar la atención”, afirman, sobre todo porque la carta de BCI “llegó justo el día antes de que Sartor S.A. le vendiera a puertas cerradas sus cuotas del fondo a Clark en un precio de bicoca”. Y más aún considerando el rol de “director independiente” de Clark en Sartor AGF.
En respuesta, el aludido salió a defenderse. “Como ya he explicado antes, nuestras actuaciones han cumplido siempre con lo establecido en la ley”, insistió. Y sigue afirmando que nunca necesitó una OPA para su compra. De todas formas, consultado por BBCL Investiga, Clark evitó dar explicaciones sobre el punto más polémico: por qué Sartor ofreció poner en prenda las cuotas del fondo con que controlaban indirectamente a la U.
Para respaldar aún más su postura e insistir en que realmente nunca se necesitó una OPA, Azul Azul encargó un informe en derecho a Carlos Peña, abogado y rector de la Universidad Diego Portales. Mediante un reporte de 13 páginas, firmado el lunes pasado, el académico llegó a la conclusión de que “reprochar no haber efectuado una OPA o los deberes de informar una toma de control en la situación a que se ha referido este informe carece de justificación en el derecho vigente en Chile”.
Enviando corrección, espere un momento...
