Este jueves fue acogida a trámite una denuncia criminal por fraude al fisco contra el presidente Gabriel Boric y todos quienes resulten responsables, a raíz de la truncada adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado. Debido a que se trata de los actos de un funcionario público, la fiscalía está obligada a abrir una indagatoria.
La acción fue presentada el miércoles en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Raimundo Palamara —militante del Partido Republicano— en representación de la fundación Fuerza Ciudadana.
En la presentación, se argumenta que la compraventa de la casa de Guardia Vieja 392 en Providencia no se debía realizar por ser una de las propietarias la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende —nieta del expresidente—.
Así, Fernández, al tener la calidad de colaboradora del presidente, está inhabilitada para celebrar contratos con el Estado, al igual que su tía, la senadora Isabel Allende.
A pesar de ello, el pasado 30 de diciembre se firmó el contrato de compraventa del inmueble por un valor $933 millones, en el que un abogado actuó representando a la secretaria de Estado, la senadora y a los demás propietarios.
Al conocerse públicamente la negociación y tras cuestionamientos, el Gobierno decidió tirar del freno de emergencia antes de que la documentación llegara a Contraloría para la toma de razón.
Aunque la compra se detuvo, Palamara argumenta que la participación del presidente Boric sí se concretó, al firmar el decreto del Ministerio de Bienes Nacionales que autorizaba la operación.
“Una vez que se cometió el acto, se firmó el decreto, se comete el delito, más allá de que ahora se quiera retrotraer o se retrotrajo”, comenta Palamara.
Por tratarse de los actos de un funcionario público en el ejercicio de su cargo, el Ministerio Público no puede hacer uso del llamado “principio de oportunidad”, que le permite desestimar las denuncias antes de iniciar una indagatoria. Es decir, la fiscalía tendrá que abrir una investigación por los hechos.
Además, Palamara presentó una denuncia ante Contraloría contra Maya Fernández, argumentando que debe cesar de su cargo al haber celebrado indebidamente un contrato con el Estado.
Un museo frustrado
Este lunes el presidente pidió la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, debido a la fallida operación.
La compra era parte de un plan para abrir dos casas museo en Providencia, en los inmuebles donde vivieron los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende.Mientras el proceso de adquisición del inmueble de Guardia Vieja 392 se detuvo, en el caso de Aylwin se concretaría la compra de dos propiedades contiguas en Arturo Medina 3678 y 3684, por un valor de $1.300 millones por ambas.
Los actuales propietarios de los inmuebles son Miguel y Mariana Aylwin Oyarzún.