Otra de Michael Clark: fiscal ordena tomarle declaración tras "negarse a cumplir orden de tribunal"

El Ministerio Público ordenó a la PDI tomar declaración al presidente de Azul Azul, Michael Clark, luego de que éste se negara a entregar antecedentes al ente persecutor respecto de los contratos de la Universidad de Chile con casas de apuestas.

A través de un oficio fechado en noviembre recién pasado, la fiscal del caso, Rossana Folli, instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) ubicar al cuestionado timonel de la concesionaria laica, para que aclare los vínculos del club con auspiciadores pertenecientes a la industria ilegal de juegos.

La diligencia fue solicitada a petición de Polla, firma de beneficencia querellante en la causa, cuyo representante reprochó en duros términos a Clark: calificó su actuar como “insólito”, “ilegal” y “contrario al ordenamiento jurídico”.

“No serán aportados”

Tal como reveló BBCL Investiga, el ahora socio mayoritario de la sociedad anónima que rige al club universitario ya había sido citado por la PDI y fiscalía a mediados de julio de 2024, ocasión en la que simplemente no se presentó. En su lugar, envió a una abogada para que compareciera por él.

“Hasta el año 2023 estuvo vigente un contrato suscrito entre Azul Azul S.A. y una empresa que representaba la promoción y publicidad a la marca ‘Betano’ en el mercado. Este se firmó en diciembre de 2021 por otros dos apoderados clase A de la compañía, por lo que, don Michael Clark no tiene mayores antecedentes sobre su contenido”, aseguró sin dar luces de los agentes de la casa de apuestas.

Y sentenció: “En cuanto a otras publicidades con casas de apuesta, no puedo referirme a ello, ya que no cuento con los antecedentes. Finalmente, quiero señalar que, respecto de los contratos suscritos entre Azul Azul S.A., y las empresas de apuestas en línea, estos no serán aportados por el momento”.

“Ilegal”

La decisión de Clark no cayó bien en Polla, empresa legal que —tras la irrupción de las casas de apuestas ilegales— calculó una pérdida patrimonial de más 200 millones de dólares. A través de su abogado, Andrés Ortúzar Gjuranovic, lanzaron una ofensiva para que esta vez el empresario sí aportara la información que le había sido requerida.

“En relación con esta diligencia, lo cierto es que ésta no sólo no se realizó, sino que, incomprensiblemente, concurrió a declarar un tercero distinto al requerido, quien se presentó como mandataria judicial del propio testigo, señalando explícitamente que no aportaría la información requerida”, criticó el querellante.

“El testigo citado se negó a dar cumplimiento a lo ordenado por un Tribunal de la República (…) Este hecho no sólo es ilegal (pues la obligación legal de concurrir a declarar en el curso de una investigación penal no es delegable como mejor sabe la Sra. fiscal), sino que representa una evidente y clara displicencia para con la autoridad del Ministerio Público y con lo ordenado por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago”.

Oficio de Polla a la fiscalía

La solicitud fue acogida por Folli, quien inmediatamente despachó una instrucción particular a la PDI para que Clark declare, “particularmente en lo que concierne a los contratos celebrados con Betano”.

La idea es que el timonel azul identifique a las personas naturales y jurídicas que representan a la casa de apuestas que fue auspiciadora de la U. De este modo, deberá entregar “los instrumentos en que constan los contratos y comunicaciones con dicho casino ilegal”.

Milad y Mossa no se quedan atrás

La misma diligencia se despachó respecto del presidente de la ANFP, Pablo Milad. El propósito es que indique la identidad de los representantes legales de las compañías del rubro que han celebrado convenios y auspicios con el ente rector del fútbol chileno. Asimismo, la orden incluye que sea interrogado respecto de los protocolos de prevención de delitos de la Asociación y aporte todas las comunicaciones con Betsson.

En una línea similar deberá ser inquirido el presidente de Blanco y Negro S.A., Aníbal Mossa, además de los representantes de Audax Italiano, Palestino, O’Higgins, La Serena y Coquimbo Unido, entre otros clubes.

Por último, la persecutora también ofició a TVN, Chilevisión, ESPN y Canal 13 para que respondan los requerimientos de información que ya había hecho el Ministerio Público, pero que no habían sido atendidos por las estaciones televisivas.

La pesadilla de Sartor

En el intertanto, Clark ha debido afrontar otra situación más crítica en la dirección de Azul Azul, en particular tras la crisis que azota desde mediados de noviembre a Sartor, hasta hace poco la principal controladora del club.

Desde entonces, la administradora general de fondos del grupo financiero ha estado bajo la lupa de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), y en diciembre recibió el golpe de gracia del ente regulador, pues ordenó su cierre definitivo.

Aquel escenario ha dejado en jaque a la U y obligó a Clark a mover piezas. En una operación en las sombras, desplazó a Sartor de la propiedad del club y se erigió como el accionista mayoritario.

Y si bien públicamente ha dicho que lo hizo para aislar a la U de los problemas de Sartor, lo cierto es que terminó metiendo a Azul Azul en nuevos problemas. Una vez se hizo pública la compra de Clark, la CMF cuestionó la opacidad de la operación y le señaló que para concretarla debió haber realizado una Oferta Pública de Adquisición (OPA), de acuerdo con la normativa que rige a las sociedades anónimas.

Con todo, dicha movida lo ha obligado en las últimas semanas a dar una serie de explicaciones al regulador, transparentando detalles del inesperado cambio de propiedad en la U. A su vez, entre la víspera de Navidad y Año Nuevo, dos directores ligados a Sartor renunciaron a Azul Azul.

La última respuesta, del martes pasado, está siendo precisamente revisada por la CMF, entidad que ha deslizado incluso la posibilidad de sanciones a la sociedad anónima a raíz de incumplimientos en el cambio de propiedad.