El embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo (48), rectificó el pasado 11 de diciembre su Declaración de Patrimonio e Intereses (DIP) a raíz de una solicitud realizada por la Contraloría General de la República.
De acuerdo a una revisión realizada por BBCL Investiga, el expresidente de Revolución Democrática y otrora vocero del Frente Amplio (FA) transparentó por primera vez su red familiar, incluyendo sus hermanos, hijos y suegros.
En tanto, también añadió un detalle clave en el apartado de potenciales “fuentes de conflicto de interés”: el RUT de la Fundación Rumbo Colectivo, la ONG ligada al FA de la que es miembro fundador.
Si bien cuando asumió el cargo en 2023 no declaró su nexo con dicha institución, sí lo añadió en marzo de este 2024. La semana pasada simplemente añadió el número de identificación para que “sea más fácil cruzar datos”, explicó tras ser consultado por este medio.
Eso sí, recalcó que eso último lo hizo de forma voluntaria, pues el requerimiento de Contraloría sólo le reprochó que no había declarado su red familiar.
“Los embajadores estamos en categoría de jefes de servicio. Yo no lo había entendido así, porque la jefa del servicio es la subsecretaria de Relaciones Internacionales. Eso me pidió rectificar el sistema en una revisión de rutina y, al hacerlo, tuve que agregar los familiares”, señaló.
La familia de Depolo
Si bien públicamente los nombres de sus vínculos familiares quedaron reservados en la declaración, en efecto sumó a sus hermanos mayores Adolfo (52) y Paola (57).
Según constató BBCL, el primero es abogado de la Universidad Católica y desde 2014 se desempeña como juez del Segundo Juzgado Civil de Concepción. Además es docente de derecho en la Universidad del Desarrollo y la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
En la zona ha participado de fallos de notoriedad pública, como el año pasado, cuando en su calidad de magistrado ordenó pagar una millonaria indemnización de $300 millones a la familia de Sergio Mardoff, joven desaparecido en marzo de 2005, cuyo cuerpo estuvo por más de tres años en el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción como NN.
Por esa razón estableció la falta de servicio del Ministerio Público y del SML por no haber realizado las diligencias de cotejo que habrían permitido identificar el cuerpo, que fue encontrado en abril de 2015.
Paola, por su parte, es docente y jefa del Departamento de Ciencias del Colegio Marista de Rancagua, en la región de O’Higgins, donde se ha desempeñado por más de 25 años. En tanto, evitó mencionar a sus padres, pues ya no están vivos.
Suegros con historia
A raíz de su matrimonio con Tania Cadima Gallardo (47), con quien pactó separación de bienes, también declaró a sus suegros como parte de su red familiar extendida: Víctor Cadima Zamora y Tatiana Gallardo Casanga.
Él aparece oficialmente en la nómina de personas reconocidas como víctima de prisión política y tortura. De acuerdo a los registros, en 1983 fue detenido por Carabineros mientras se realizaba una actividad cultural en Pudahuel.
Desde la época de la dictadura ha sido artista gráfico y trabajador cultural independiente. Según el archivo del Museo de La Memoria, “junto a un colectivo de autogestión y disidencia política fundó en 1977 el Taller Sol, espacio de resistencias culturales que se mantiene en actividad hasta la fecha. Su labor por muchos años estuvo enfocada al diseño y la realización gráfica, generando un importante cuerpo de carteles y afiches”.
Asimismo, “por su rol en las organizaciones populares y su vinculación con el movimiento poblacional fue perseguido por la dictadura, viviendo la prisión política y la relegación. Desde el Taller Sol participó de diferentes instancias organizacionales como la Unión Nacional por la Cultura, la Asociación de Trabajadores de la Cultura y el Coordinador Cultural. En la actualidad continúa enfocado en el archivo del Taller Sol y participando en diferentes instancias comunitarias y barriales, siempre bajo las premisas de autonomía, autogestión y memoria”, remarca el registro del museo.
Por su parte, tanto su esposa como su suegra han estado ligadas a la Sociedad Yanes y Gallardo Limitada, con actividades de 1999 bajo el nombre de Conclave Producciones, bajo cuya denominación prestaron servicios por varios años en el sector público.
Sin embargo, ni la productora de ellas ni el taller del suegro han sido beneficiados con fondos fiscales durante el actual gobierno.
Rumbo colectivo en la mira
En tanto, la Fundación Rumbo Colectivo —fundada por Sebastián Depolo y otros militantes RD— ha tenido meses convulsionados el último tiempo. Hoy por hoy cuenta con un directorio compuesto por nombres estrechamente ligados al Frente Amplio y al oficialismo, como el exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada; o la exministra de Justicia, Marcela Ríos, que salió del cargo en medio de la polémica por los indultos presidenciales a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.
Pero al margen de eso ha sido apuntada indirectamente en el marco del Caso Convenios. De acuerdo a versiones de prensa, el think tank frenteamplista registró entre sus colaboradores y aliados a la Fundación Democracia Viva, protagonista del escándalo que más ha golpeado a La Moneda.
Rumbo Colectivo fue presidida entre 2020 y 2022 por Javiera Martínez, actual directora de la Dirección de Presupuestos, quien en su tiempo también fue pareja de Daniel Andrade, el principal impulsor de Democracia Viva.
En ese contexto, existen registros de varias actividades conjuntas entre Rumbo Colectivo y Democracia Viva, entre ella una Escuela Constituyente, realizada en marzo y abril de 2022 en el marco de la Convención Constitucional y que contó también con la colaboración de la Municipalidad de Maipú.
Y si bien la querella de diputados del Partido Republicano solicitó aclarar si hubo transferencias de dinero entre Rumbo Colectivo y Democracia Viva como organismo colaborador, al menos en los registros oficiales la primera no recibió pagos directos desde instituciones públicas.