La abogada integrante de la Corte Suprema, Pía Tavolari Goycoolea, fue obligada a fines de noviembre recién pasado a rectificar su declaración de patrimonio, luego de que no trasparentara su participación en AES Andes.
La decisión fue adoptada tras una denuncia reservada que acusaba una “omisión y clara infracción” a la normativa que rige a los ministros y profesionales que componen el máximo tribunal del país.
De acuerdo a la presentación, la jurista sólo había incluido en su última declaración de patrimonio e intereses, de marzo de este año, su propiedad en Tavolari Abogados SpA, con el 33,3% de las acciones, y en Tavolari Goycoolea Ltda., con el 99%.
Es más, tampoco había indicado su participación en AES Andes en las publicaciones previas, de 2022 y 2023.
Según se lee en el libelo, simplemente navegando en internet se puede hallar que Tavolari es accionista de la empresa generadora eléctrica, como aparece en el sitio web de la Comisión para el Mercado Financiero.
Producto de la denuncia, el fiscal judicial del máximo tribunal del país solicitó un informe a Tavolari. En él, la abogada reconoció que existían “errores” en su declaración vigente de patrimonio e intereses y efectuó una rectificación el 26 de noviembre, en la que incluye una participación por el equivalente a $567 mil en acciones.
¿Quién es Pía Tavolari?
Pía Tavolari es abogada integrante del máximo tribunal desde 2021, lo que significa que, sin ser nombrada ministra, actúa como jueza en causas específicas. Es hija de Raúl Tavolari, conocido jurista que fue ministro de Justicia durante la primera administración de Sebastián Piñera.
Durante los tres años en que ha estado en la Suprema, la abogada ha participado de las tres primeras salas, incluida la Tercera, que revisa asuntos constitucionales y contencioso-administrativos.
Notoria por sus fallos liderados por el exministro Sergio Muñoz —hoy destituido del Poder Judicial—, a la Tercera Sala llegan los recursos de protección por temas medioambientales.
Como integrante de la Segunda Sala, que analiza casos penales, Tavolari redactó la sentencia que absolvió a tres ejecutivos de Enap, condenados en primera instancia, por las intoxicaciones masivas ocurridas en Quintero y Puchuncaví en agosto de 2018.
Al margen de sus labores como abogada integrante, elaboró un informe en 2022 para el Ministerio del Interior por $10 millones, que sirvió de sustento a una fallida apelación del organismo en la causa Huracán, de acuerdo a La Tercera.
Zona de sacrificio
AES Andes S.A., en tanto, es una de las empresas de generación eléctrica más importantes del país, con 3.753 MW de capacidad instalada, lo que representa el 12,1% del mercado nacional, según la última memoria de la compañía.
Entre sus centrales de generación, la firma era dueña hasta la semana pasada del Complejo Termoeléctrico Ventanas, que es parte del cordón industrial Quintero-Puchuncaví, conocida zona de sacrificio.
La planta ha sido sancionada en reiteradas ocasiones por episodios de contaminación en la zona. De hecho, tan sólo en mayo pasado, la Superintendencia del Medio Ambiente le impuso una multa de $168 millones por no reducir sus emisiones durante una alerta ambiental emitida en 2023.
La rectificación de la declaración de patrimonio e intereses de Tavolari fue comunicada por el fiscal judicial de la Corte Suprema a la presidenta subrogante del ente, Gloria Ana Chevesich, el pasado 28 de noviembre.
BBCL Investiga intentó conversar con Pía Tavolari, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta de parte de la abogada.
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