El caos en la evaluación de las pensiones de invalidez continúa. En septiembre pasado, los interconsultores, especialistas a los cuales recurren las comisiones médicas para realizar peritajes o exámenes, llevaban prácticamente un año sin el pago de sus honorarios. Por ese entonces se reportó que la deuda había alcanzado los $8.100 millones y que se mantenían pendientes pagos por casi $2.500 millones.
Pero hoy por hoy la situación está peor. Los nuevos catastros oficiales, realizados por la Superintendencia de Pensiones, apuntan a que en realidad el agujero llegó hasta los 17.900 millones. Y por ende la cifra pendiente de pago es mayor a la estimada hace tres meses. Según dijo el superintendente Osvaldo Macías ante la Comisión de Trabajo del Senado, a mediados de noviembre aún faltaban por saldar $4.468 millones, el 26% del total.
A fines de mes, en tanto, la propia institución respondió mediante un oficio —solicitado por la senadora Alejandra Sepúlveda— y reportó un pendiente de $3.700 millones (21%).
“Ha costado regularizar”, admitió Macías el mes pasado. En tanto, el 15 de noviembre se reunió con la directiva de la fundación para instarlos a que cumplan con los pagos a la brevedad.
“Está avanzando una investigación para ver si procede una eventual sanción a las administradoras previsionales (AFP), que mandatan a la fundación. Una vez que tengamos todos los antecedentes, eventualmente se formularán las sanciones que correspondan”, remarcó en ese entonces.
“Esta Superintendencia continúa fiscalizando este proceso”, dijo la Superintendencia vía oficio al Senado.
AFP e IPS al rescate
Para cumplir con su responsabilidad de financiamiento, las AFP han aumentado la entrega de fondos a la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM), entidad encargada de los pagos a los interconsultores.
Según se desprende de los últimos estados financieros informados por las administradoras de fondos, revisados por BBCL Investiga, a septiembre de 2024 han transferido un total de $8.863 millones a la FACM, casi el doble de los $4.873 millones traspasados durante todo el 2023. De hecho, $1.200 millones de los correspondientes a este año fueron transferidos como cuotas “extraordinarias”.
En detalle, la que más ha aportado es Provida ($2.704 millones), seguida por Habitat ($1.979 millones), Modelo ($1.464 millones), Capital ($1.297 millones), Plan Vital ($712 millones), Cuprum ($587 millones) y UNO ($118 millones).
Cada institución aporta de forma proporcional al uso que hacen sus afiliados del sistema. La Fundación de Administración de Comisiones Médicas, que desde agosto pasado es liderada por su director ejecutivo Jorge Jorquera Crisosto, es una entidad privada que fue creada en 2018 para gestionar la red de locales donde se realizan las evaluaciones.
Básicamente se financia con dinero de las AFP, aseguradoras y el Instituto de Previsión Social (IPS). La participación de esta última entidad, en particular, inició luego de la creación de las pensiones básicas de invalidez, que se pagan con cargo al Estado, razón por la que sólo durante este 2024 le ha transferido a la fundación más de $6.400 millones.
Directorio bajo presión
Quienes lideran actualmente la FACM están estrechamente relacionados al mundo de las AFP y el sistema de pensiones. Con ellos se ha reunido precisamente la superintendencia del rubro, para buscar alguna forma de acelerar los pagos aún pendientes.
El directorio de la FACM es encabezado por Constanza Bollmann Schele, actual gerenta general de la Asociación de AFP.
En tanto, Jorge Jorquera Crisosto, director ejecutivo de la fundación y también miembro del directorio, a su vez se desempeña como director de Servicios de Administración Previsional S.A. (entidad más conocida como Previred). En el pasado, en tanto, también fue gerente en AFP Capital.
A ellos le siguen directores fundamentalmente ligados a las administradoras de fondos, tal como Alejandro Bezanilla Mena, gerente general de Habitat; Eduardo Vidal Pérez, director de Modelo; Miguel Silva Abarca, Chief Financial Officer (CFO) de Plan Vital; María Trinidad Donoso, gerente de operaciones de Provida; además de María Loreto Aubá, actual directora de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y subgerenta de Asuntos Corporativos de Cuprum.
El nombre de esta última llama particularmente la atención, pues fungió como gerenta general de Argentum, una AFP de “papel” con la que Cuprum realizó una fusión en 2015, lo que les permitió obtener beneficios tributarios por US$180 millones. Es decir, el Estado dejó de percibir esa millonaria porción de impuestos gracias a una triquiñuela legal.
Disolución paralizada
El método de funcionamiento de la fundación ha generado ruido incluso desde antes de los problemas administrativos e informáticos que desencadenaron la crisis, que a la fecha tiene a cientos de profesionales sin recibir el pago de sus honorarios.
Lo anterior, puesto que la FACM es una entidad fundamental para la evaluación de las pensiones de invalidez, pero su fiscalización no recae directamente en la Superintendencia de Pensiones ni ningún órgano estatal.
En ese contexto, la Fundación Valídame, entidad que trabaja en favor de los derechos a la seguridad social y a la salud, pidió a mediados del año pasado la cancelación de la persona jurídica de la Fundación Para La Administración de Comisiones Médicas, “por ser dicha figura jurídica contraria a la constitución y la ley”.
Según detalló Juan Carlos Pizarro, presidente de la fundación, “las AFP no pueden tercerizar una función exclusivamente conferida a ellas en el DL 3500 de 1980. En simple, sería lo mismo que usted tercerizara sus obligaciones de sufragio obligatorio en un RUT adicional, asunto que sería catalogado inmediatamente como inconstitucional”.
A su parecer, “así han actuado las AFP, creando figuras jurídicas para delegar responsabilidades indelegables y quedarse sin fiscalizador para las actividades del personal administrativo al interior de la FACM”, que maneja los expedientes de los solicitantes de pensiones de invalidez.
En ese sentido, explicó que la FACM está en tierra de nadie, pues la Superintendencia de Pensiones no tiene facultad para fiscalizar fundaciones y el Ministerio de Justicia no puede fiscalizar entidades ligadas a la seguridad social por falta de competencia.
Con todo, Valídame realizó la petición ante la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio de Justicia para que fuera derivada al Consejo de Defensa del Estado y se pudiera abrir la causa de cancelación de personería jurídica en un tribunal competente. No obstante, según señalaron a este medio, el trámite no ha registrado avances.
Por su parte, consultada la FACM por estos nuevos retrasos, comprometieron una respuesta a BBCL Investiga, pero que al cierre de esta publicación no llegó.
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