14 tratos directos con organismos dependientes del Poder Ejecutivo ha obtenido desde 2012 el estudio Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann (BACS), del que es socio el abogado Miguel Schürmann, representante del presidente Gabriel Boric. Se trata de siete contratos establecidos antes de que asumiera el mandatario y otros siete durante la presente administración, por un total de $380 millones.
El estudio ha asesorado a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a la Subsecretaría del Interior, a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, tanto durante el Gobierno de Gabriel Boric como en las pasadas administraciones de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, de acuerdo a documentación pública revisada por BBCL Investiga.
Así, por ejemplo, en noviembre del año pasado, sin mediar concurso público alguno, la Superintendencia de Pensiones pagó $60 millones a BACS para que la asesorara en el proceso sancionatorio y eventual reclamación jurisdiccional de las sanciones por el caso Aridum.
Además, destacan cinco contratos con la FNE por $145 millones, la mayor parte de ellos antes de la asunción del mandatario.
Del caso La Polar a las asesorías a los organismos del Estado
Fue en 2021, una semana y media antes de la primera vuelta presidencial, que Gabriel Boric le entregó un poder de representación a los abogados Jaime Winter y Miguel Schürmann, abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho Penal de la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn, Alemania.
Antes de representar al mandatario, Schürmann había participado en casos de revuelo mediático, como el de la muerte de 20 personas en la Autopista del Sol en 2010, que terminó con un acuerdo reparatorio para su representado, Gonzalo Marambio, jefe de operaciones de la empresa; y en el caso La Polar, en el que fue parte de la defensa del exgerente de Servicios Financieros, Miguel Chaves.
Pero más allá de su actividad litigando para personas privadas, Schürmann también tenía ya convenios de asesoría para organismos públicos a través del estudio del que es socio, BACS.
La primera asesoría de la empresa fue prestada en 2012 a la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera por 50 UF, algo así como 2 millones de pesos hoy en día.
Cinco años después, la firma comenzó a prestar servicios a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), mediante dos contratos de trato directo de $56 millones en 2017 y 2018, y otros dos por $18 millones y $15 millones en 2019 y 2020.
Posteriormente, en 2021, se registraron dos pagos de la Dirección General de Concesiones del MOP por $15 millones cada uno.
Durante el Gobierno del presidente Boric, BACS siguió en relaciones con organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Así, el 11 de marzo de 2022 —mismo día en que asumió el mandatario—, se emitió una resolución exenta de la Fiscalía Nacional Económica determinando las condiciones de un trato directo con BACS por alrededor de $11 millones.
Además, durante 2022 la consultora fue contratada por la Subsecretaría del Interior por un monto cercano a los $5 millones y por la Dirección General de Concesiones del MOP, en dos tratos directos de cerca de $35 millones cada uno.
Sin embargo, los contratos más importantes durante este periodo han sido los de la Superintendencia de Pensiones.
El caso Aridum
En sólo seis años, el fundador de Aridum Asesorías e Inversiones SpA aseguraba que había convertido $10 millones en $1.686 millones. Hacia octubre de 2023, la empresa se había posicionado como una suerte de Felices y Forrados 2.0.
Su negocio consistía en prestar asesorías masivas en relación a la Cuenta 2 de las AFP —que es voluntaria—, sugiriendo cambios de corta duración del fondo E, de menor riesgo, al fondo A, de mayor riesgo. Estos movimientos generaban ganancias, según la asesora, por el desfase entre la fluctuación de los valores del mercado y el momento en que estos se veían reflejados en los fondos de las aseguradoras.
La especulación promovida por Aridum, con potencial de desestabilizar los fondos, fue frenada en seco en octubre de 2023 por la Superintendencia de Pensiones, que instruyó el cese inmediato de las operaciones de la firma.
Mediante trato directo, la superintendencia pagó $60 millones a BACS para que asesorara a la institución en el proceso sancionatorio y eventual reclamación jurisdiccional de las sanciones contra Aridum.
Además de este caso, el organismo ha pagado a la firma durante este periodo $20 millones y $38 millones para defender al superintendente por una sanción del Consejo Para La Transparencia y para evaluar si se debía presentar una denuncia contra administradoras por hechos que había develado la División Financiera.
¿Vía legal?
El nombre de Schürmann volvió a estar en la palestra esta semana, luego de que La Moneda detallara que fue él quien pesquisó la denuncia por difusión de imágenes íntimas ingresada contra el presidente Boric.
Las diligencias desplegadas por el abogado del mandatario levantaron una serie de sospechas respecto de cómo obtuvo acceso a los antecedentes de esa causa. Y aunque desde el Palacio de Gobierno han insistido en que todo se hizo por la vía legal, la Fiscalía anunció una investigación por un eventual “acceso ilegal o indebido” a la información que resguardaba el Ministerio Público.
Aparte de los órganos que dependen de la administración central, BACS ha realizado asesorías a las municipalidades de Maipú, Lampa, Mostazal, La Florida, Renca y Estación Central.
La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó hablar con Miguel Schürmann para conocer sobre su experiencia prestando servicios a organismos del Poder Ejecutivo, sin obtener respuesta hasta el momento. De igual manera, la Superintendencia tampoco ha entregado detalles de su relación con BACS.
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