La nueva contralora Dorothy Pérez, confirmada el lunes en el cargo por el Senado tras casi un año en la subrogancia, emitió su primer dictamen como titular de la Contraloría General de la República (CGR). En concreto, resolvió dejar en manos de los tribunales de justicia el debate sobre la “confianza legítima” de los funcionarios públicos empleados bajo la modalidad de “contrata”.

Mediante la resolución, firmada ayer miércoles por la ratificada autoridad, la entidad se desligó de las habituales disputas respecto a “la configuración de la confianza legítima en las contratas”, pues —a juicio de la CGR— dicha materia “ha devenido en litigiosa”.

Se trata de un problema recurrente y que los funcionarios públicos suelen considerar como un factor de precariedad laboral. Todo ello porque las distintas instituciones del país, cuando incorporan a un trabajador, los hacen firman contratos de duración anual y que cada año están sujetos a renovación. Es decir, a contrata.

En dictámenes previos de 2016, 2018 y 2021, la propia Contraloría había determinado que las “continuas renovaciones de las contratas —desde la segunda al menos— generan en los servidores la confianza de que tal práctica será reiterada en el futuro”. Una definición que había sido respaldada también por la Corte Suprema, que señaló inicialmente que el plazo necesario para dicha determinación era de dos años.

No obstante, desde 2022 el máximo tribunal ha sostenido en reiterados fallos que dicho principio opera sólo después de cinco años de trabajo bajo la modalidad de contrata, razón que llevó a la Contraloría a emitir la reciente determinación.

A reclamar a tribunales

Ante la situación anterior, considerando el retirado criterio de la Suprema, Contraloría determinó que el debate sobre el plazo que daría origen a la confianza legítima es una “materia que devino en litigiosa”.

En concreto, la institución fiscalizadora recalcó que el dictamen fue emitido de acuerdo al artículo N° 6 de la Ley Orgánica Constitucional de la CGR, que prohíbe intervenir en “los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que hubieren sido sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia”.

En simple, afirmaron que dichas disputas tendrán que ser resueltas por los tribunales.

En la práctica, Contraloría explicó que muchos funcionarios suelen recurrir a Contraloría para que se declare su “confianza legítima” tras dos años a contrata, pero que las entidades públicas han entendido —en contrapartida— que “a dichos servidores no les asiste tal protección”.

Aquel escenario ha dado lugar a una controversia cuya resolución compete a la justicia, lo que a juicio de la CGR se confirma por las múltiples acciones judiciales en curso.

“Un retroceso”

José Pérez, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fue uno de los primeros en salir a cuestionar el cambio de criterio.

A primera hora, durante la madrugada de este jueves, acusó que el “nuevo dictamen de la Contraloría termina con la jurisprudencia administrativa sobre la confianza legitima, precarizando aún más la estabilidad del empleo en el Estado”.

Lo propio hizo el abogado Alberto Pretch, miembro del directorio de Transparencia Internacional, quien destacó que “este cambio de Contraloría es gigante. De ahora en adelante únicamente a tribunales cuando se alegue confianza legítima”.

Pasado el mediodía, en tanto, el titular de la ANEF volvió a arremeter contra la determinación. La actual contralora “deja sin efecto la confianza legítima y el alcance de recurrir a este ente fiscalizador”, afirmó, por lo que con dicho dictamen ahora sólo quedará acudir a la justicia. “Ese es el fondo”, dijo.

“Entendemos que esto es un retroceso. Nos golpea”, admitió.

No obstante, enfatizó que en la negociación sectorial entre la ANEF y el gobierno, cuyo protocolo firmaron con los ministerios de Hacienda y Trabajo en septiembre pasado, “uno de los capítulos trata sobre cómo abordamos la confianza legítima para un aspecto, por ejemplo, de rango legal”.

Por lo tanto, afirmó que esto es “una oportunidad también para avanzar en una norma legal que ayude a declarar este principio de estabilidad en el empleo de manera permanente”.

Con todo, recalcó que ahora tienen la obligación de asumir la coordinación sindical “frente a hechos que rechazamos rotundamente y que golpean a este empleo precario que tenemos los funcionarios en el Estado. Contrata y honorarios”.