El 2 de marzo del año pasado los rancagüinos y machalinos vieron sorprendidos cómo alrededor de ambas ciudades funcionarios de la Fiscalía de Alta Complejidad asistían a allanar diez inmuebles, entre ellos, la Municipalidad de Rancagua, la Corporación Municipal educacional, empresas particulares y el domicilio del ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz.

Las diligencias respondían a una investigación en curso en contra del ex militante socialista formalizado el 9 de abril de este año por cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavados de activos, quien se encuentra en prisión preventiva por ser considerada su libertad “peligrosa para la seguridad de la sociedad” y la medida “necesaria para el éxito de la investigación”.

Las indagaciones comenzaron tras las denuncias de cuatro concejales a Contraloría, ente que a través de un informe emitido a finales de diciembre de 2022, advirtió sobre una serie de irregularidades que ascendía a cifras millonarias.

En el documento se advirtió sobre contratos directos sin justificación por $317 millones, tratos directos sin cotización previa por $2.000 millones, pagos por servicios no ejecutados por $11 millones, pagos en exceso por $30 millones, multas pendientes por $71 millones, pagos a trabajadores sin justificación por $45 millones, etc. En resumen, y según lo indicado por la Fiscalía en la audiencia en que se fijó la prisión preventiva, serían $2.300 los millones defraudados por el ex alcalde.

Sin embargo su defensa niega que los hechos por los que se le acusa a Godoy sean constitutivos de delito, y que la libertad de este sea un peligro para la sociedad, y este jueves asistirán a la segunda sala de la Corte Suprema para exigir la libertad de Godoy, a cambio de una medida cautelar menos gravosa mientras continúa la investigación.

Consultado por radio Bío Bío, su abogado, Hugo Zamorano Galán señaló que: “No se puede considerar la libertad de nuestro representado un peligro para la seguridad de la sociedad, luego de 7 meses de investigación , ampliado el plazo tres veces sin que el Ministerio Público pueda cerrar la investigación, nuestro representado tiene derecho a un juicio oral donde se podría acreditar que los hechos que se le imputan no son constitutivos de delito en atención a que no ha intervenido en ninguna de las compras públicas referidas en la formalización”.

Los argumentos para su liberación

El primer intento de la defensa para solicitar la modificación de la medida cautelar impuesta a Godoy fuera de las apelaciones al Juzgado de Garantía de Rancagua, comenzó con una apelación a la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, la cual fue rechazada el 17 de octubre. Ese mismo día, se ingresó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Talca, el cual también fue rechazado ocho días después.

En aquellos documentos, Zamorano argumentó que no existió el delito de lavado de activo en ninguno de los cuatro tipos de conducta expuestas por la Fiscalía; que en la carpeta de investigación se acredita que Godoy no tuvo participación en el delito de malversación de caudales públicos; que delito de cohecho será objeto de discusión en juicio oral pero sería, en el peor de los casos, el único delito por el que accedería a alguna pena, y que, por lo tanto, habría faltado argumentación suficiente para la decisión sobre la medida cautelar del ex alcalde.

En síntesis, Zamoranó alegó que los magistrados que rechazaron la apelación habrían vulnerado el derecho a la libertad personal y seguridad individual del imputado, al fundamentar “la necesidad de cautela sólo en cuestiones formales, como el número de hechos formalizados y la supuesta gravedad de la pena asignada a los delitos, en circunstancias que prácticamente la totalidad de ellos resultan de un error de los antecedentes de la investigación, o derechamente desacreditados con los antecedentes expuestos por la defensa o , hechos respecto de los cuales esta Ilustrísima Corte de Apelaciones no tiene competencia”.

Sin embargo, en siete páginas tres ministros de la Corte de Apelaciones de Talca coincidieron en rechazar el recurso, argumentando que lo dictado por la Corte de Apelaciones de Rancagua se encontraba suficientemente fundado, y que se mantiene el presupuesto material y la necesidad de cautela que motivaron el establecimiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva.

Pero a Godoy todavía le queda una instancia más: la Corte Suprema, a la cual su defensa acudió el pasado 30 de octubre con un nuevo recurso de apelación, volviendo a esgrimir los argumentos anteriormente planteados.

Es así como este lunes Ricardo Blanco Herrera, Presidente de la Corte Suprema, fijó agregar extraordinariamente y en lugar preferente en la tabla de mañana de la segunda sala del máximo tribunal la audiencia, en que ya se han anunciado para alegar a favor de la defensa, Hugo Zamorano, quien hablará durante 20 minutos, y en contra del recurso, el abogado Pablo Berwart Tudela.