La audiencia de cautela de garantías de este miércoles, solicitada por la defensa del exsubsecretario Manuel Monsalve, terminó con una escena poco común: la fiscalía por un lado y la defensa por el otro subiendo al estrado del juez Ponciano Sallés Bastarrica. En conjunto, revisaron el WhatsApp de uno de los teléfonos de la exautoridad y, sin mirar el contenido, borraron varios chats. En particular, las conversaciones del imputado con su conyugue, sus dos hijas y uno de sus abogados.

Durante las indagatorias se logró acceder a tres celulares. El primer dispositivo fue entregado voluntariamente por el exdiputado el pasado 15 de octubre, y luego devuelto. El segundo fue incautado el viernes 18 de octubre, a un día de su renuncia al gobierno. Y el tercero en cuestión fue encontrado por la PDI en el domicilio de Monsalve; un equipo que hasta ese minuto no estaba en el radar de la Fiscalía Centro Norte.

Es específico, dicha disputa se realizó respecto de este último, cuyo debate prácticamente se extendió durante toda la mañana ante el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La defensa de Monsalve, integrada por Cristian Arias y Lino Dissi, quería obtenerlo de regreso.

El fiscal Xavier Armendariz, a cargo de la indagatoria, había decidido dejarlos en custodia del tribunal y no realizar las pericias, precisamente luego que los defensores cuestionaran la legalidad de la incautación de dicho aparato móvil.

Ellos apuntaron a que este último celular era un dispositivo nuevo que había comprado el pasado 16 de octubre, luego de la incautación que había sufrido de su otro equipo. Por tanto, argumentaron que en realidad las conversaciones en ese móvil tenían en su mayoría conversaciones con su familia y con sus abogados, las que ellos indicaron deberían ser reservadas para asegurar su derecho a defenderse.

Falta de razonabilidad

Respecto de lo anterior, cuestionaron que se hubiera realizado la incautación con la misma primera orden judicial. En ese sentido, plantearon que el uso de ésta carecía de razonabilidad y que debía tener límite, pues no era de interés si el equipo era adquirido posterior a la primera entrega de equipos.

No obstante, el magistrado afirmó que no es necesario una segunda orden si la primera era clara de lo que tenía que incautar. Y la primera ordenaba hacerlo sobre dispositivos móviles, en plural.

“Si el funcionario policial ejecuta mal esa orden no es necesario ejecutar una nueva orden. Son errores propios de las policías y deben ser corregidos por las policías”, remarcó.

Con ese punto despejado, el magistrado Sallés —después de un receso— volvió con una bolsa plástica, la cual contenía los teléfonos celulares en cuestión. En dicha instancia, el juez sacó y mostró los aparatos en la audiencia.

Ante dicho escenario, la defensa pidió que no se acceda a los chats con su cónyuge y sus dos hijas, además de los apuntes en su chat personal (algo que los usuarios de WhatsApp suelen hacer, cuando se envían mensajes a si mismos), pues en materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad. No fue necesario para los padres, pues los progenitores de Monsalve ya no están vivos.

“Jamás hubo autoencubrimiento”

El juez resumió dicho punto como una precaución ante “la existencia de conversaciones privadas eventuales, no se sabe, situaciones de autoencubrimiento, y conversaciones con familiares que eventualmente tendrían derecho a no declarar”.

Para permitir su derecho a defenderse, también se consideró a sus abogados defensores.

Eso sí, ante la determinación, Arias quiso hacer una aclaración: “No hemos sostenido que haya habido actividades de autoencubrimiento. Jamás hubo, en ese teléfono ni en la vida real”, afirmó.

Con todo, a las 13:13 horas, tras la decisión, los abogados se acercaron a borrar los chat ante la vista del juez. Tras un receso de prácticamente 20 minutos, Sallés retomó y reportó qué se hizo en el móvil.

Según dijo, los chats fueron eliminados sin que las partes vieran los mensajes. En los hechos, sólo tenía una videollamada con una hija y conversaciones con la otra. Mensajes a si mismo no habían. Y tampoco existía en el block de notas del teléfono nada que eliminar.

En otras redes sociales no había nada que eliminar tampoco. Acto seguido, a las 13:35 se entregó el aparato al Ministerio Publico para su pericia.

No obstante, el juez precisó que si aparecieran conversaciones con las personas indicadas habrá que borrarlas para que no tengan acceso a las mismas.

“Mucho de este inconveniente se produce, a juicio de este tribunal —por decirlo en términos blandos— por una incompleta ejecución policial”, enfatizó Sallés al cierre de su resolución.

Un temor implícito

Así terminó el primer encuentro en que las partes de este bullado caso se vieron las caras en tribunales.

A su salida, el fiscal Armendáriz evitó dar cualquier luz de cuándo podría llegar a ser formalizado Monsalve, tanto por la acusación de violación como otras adicionales por encubrimiento.

La defensa, en tanto, insistió en que Monsalve es completamente inocente.

Lo que nadie dijo en voz alta, pero que estaba implícito, es el temor de que los teléfonos del exsubsecretario se transformen en una nueva caja de pandora, tal como ocurrió con los chats de Luis Hermosilla que se filtraron en el marco del caso audio.

Todo lo anterior, considerando que dentro de los aparatos incautados hay conversaciones con el Presidente de la República, como también con los servicios de inteligencia, donde se podrían encontrar mensajes de análisis, estrategias y advertencias.