Los derechos de las diversidades sexuales están bajo amenaza, con un aumento de las muestras y discursos de odio a nivel nacional, y la derogación de leyes y políticas públicas fuera de Chile. Estas son las razones que, en conversación con Radio Bío Bío, esgrimieron desde el Movilh y OTD para la creación del “Espacio de Trabajo LGBT”. Esta instancia, que también responde al posible escenario de un próximo poder legislativo de mayoría conservadora, busca establecer acuerdos entre las organizaciones especializadas en el tema y los partidos políticos para lo que queda del gobierno liderado por Gabriel Boric.
Hasta el momento, las organizaciones participantes son cinco, sumándose a las dos anteriormente nombradas el Movimiento de la Diversidad Sexual (MUMS), la fundación Iguales y ACCIONGAY. En cuanto a los partidos, quienes ya se encuentran trabajando junto a las organizaciones en este nuevo espacio, son el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Liberal (PL), Evolución Política (Evópoli) y Demócratas (D), situación de unidad entre organizaciones de diversidad sexual y partidos políticos inédita en nuestro país.
Los acuerdos buscan concretar una agenda de trabajo para lo que queda de este gobierno –que debiese finalizar el 11 de marzo de 2026– con el objetivo de dejar vigente la Ley José Matías –relacionada a la convivencia escolar –, avanzar en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), dejar un texto de ley contra discursos de odio y mejorar la Ley Antidiscriminación.
El acuerdo
La idea nace inicialmente desde Movilh, concretándose su primera acción el pasado 27 de agosto con la firma de un acuerdo por parte de las organizaciones y partidos políticos en el Congreso Nacional de Valparaíso, iniciativa impulsada “en un contexto donde el debate legislativo sobre los derechos LGBTIQ+ está estancando desde el 2022, mientras en paralelo se ha exacerbado la discriminación, los discursos de odio han aumentado explosivamente y las voces que históricamente venían apoyando a los derechos de la diversidad sexual y de género se han replegado del espacio público”, de acuerdo a lo publicado por Movilh en su página web.
De tal manera, a pesar de las organizaciones haber trabajado en conjunto en el pasado para fines puntuales, hoy la novedad es el trabajo unificado junto a las conversaciones con los partidos políticos para lograr los cuatro objetivos. Esto es “una base sustancial de la unidad del mundo LGBT en Chile, que es inédito”, describió en conversación con Radio Bío Bío Rolando Jiménez, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
“Lo que yo veo que cambia ahora con este espacio que estamos formando tiene que ver con el tema de los partidos políticos, que a través de ellos se establezcan estos compromisos precisamente porque ya trasciende desde la organización hacia los tomadores de decisiones y así avanzar efectivamente en políticas públicas”, afirmó Ignacia Oyarzún, presidenta de Organizando Trans Diversidades (OTD).
Respecto a los fines específicos del espacio de trabajo, estos son cuatro.
En primer lugar, poder dejar vigente la Ley José Matías, la cual nace a partir del suicidio del joven trans de 15 años José Matías Guevara en 2019 tras sufrir hostigamiento en su establecimiento educacional, proyecto que llegó al Senado en 2022 y busca reglamentar la convivencia escolar.
En segundo lugar, reformar la Ley 20.609 –también conocida como Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio– para entregarle la capacidad de hacer estudios, recomendaciones, proponer políticas públicas y se asuma la defensa integral de víctimas de discriminación.
En tercer lugar, avanzar en la Ley de Educación Sexual Integral “para recuperar la gestión del tema en términos políticos y de comunicación”.
Y en cuarto lugar, discutir una ley que sancione los discursos de odio. “Se confunde y se reclama la emisión de esos discursos de odio como parte de la libertad de expresión o religiosa, pero estas tienen como límite la dignidad humana y los derechos humanos de la población en general. Ahí habrá que hacer un ejercicio muy democrático para construir una ley que no ponga en peligro ni la libertad de expresión ni tampoco la religiosa”, explicó Jiménez.
En ese sentido, el espacio busca “generar las condiciones para llevar nosotros la iniciativa de la agenda LGBT y no dejar la mano en los de la derecha o los republicanos”, recalcó el vocero de Movilh.
Clima político riesgoso
“El clima político está muy complejo desde el punto de vista de la odiosidad que hemos visto en las redes sociales, en los discursos de odio de representantes populares a través de los medios de comunicación, que termina por legitimar muchas veces los crímenes de odio que se han incrementado en el último tiempo”, comentó la directora de OTD.
A sus palabras la siguió Jiménez quien puso énfasis en cómo con la llegada de nuevos gobiernos conservadores a nivel internacional, se ha recaído en una situación peligrosa para los derechos de las diversidades sexuales.
“En el Gobierno de Madrid, ya se derogó la ley de identidad de género, en Argentina de Milei desapareció el Instituto Nacional contra la discriminación y se eliminó el Ministerio de la Mujer, en Italia, la ultra derecha en el gobierno le quitó los fondos a todos los programas que tenían que ver con educación sexual, identidad de género y orientaciones sexuales diversas. Y así en países donde se han recortado libertades y se han derogado o asfixiado económicamente las políticas públicas”.
Así estaría existiendo un aumento de la criminalidad contra personas LGBT en países como España, Estados Unidos y Brasil, siendo este último “el país en Latinoamérica con mayor índice de ataque hacia personas trans”.
Sin embargo, a nivel nacional la situación también habría empeorado en el último tiempo, con incremento en los índices de violencia hacia las personas LGBT y discursos de odio.
“La efectividad que tienen las políticas públicas en la población LGBT es muy limitada precisamente porque hay un tema que es la discriminación estructural donde la aplicación de las normativas se va a ver con los funcionarios públicos que van a estar en contacto con la población. Y en ese sentido el trabajo que podemos hacer también es importante para poder hacer ese ese ‘switch’ con la sociedad”, indicó Oyarzún.
Jiménez por su parte destacó la gravedad de que muestras de odio se estuviesen dando por parte de autoridades y legisladores, y apuntó específicamente a miembros y ex miembros del Partido Republicano, como al diputado Johannes Kaiser:
“Por ejemplo, en todas las sesiones de la Comisión donde participa la diputada Emilia Schneider, que es una mujer trans, el señor Kaiser, que es diputado de la República, se otorga el derecho de violentar la Ley Antidiscriminación y la Ley de Identidad de Género: la trata de varón, le dice ‘el diputado’”.
En ese contexto, el vocero de Movilh destacó la necesidad de “la unidad de todos los progresistas para garantizar que podamos seguir avanzando y contener, si es que así es necesario, una ofensiva de un futuro gobierno de ultraderecha donde los republicanos tengan la posibilidad de conducir la política que ese gobierno implemente”.
Actual y próximo gobierno
Consultados respecto a los avances en materia LGBTQI+ del actual gobierno, los representantes del Movilh y OTD expresaron decepción.
“Se enredaron demasiado en hacer diagnóstico, hacer conversatorio, y no construyeron cuestiones que realmente aportaran y fueran sustanciales. Esa confusión nos costó dos años y medio de inacción. Ahí está el lío que tenemos con la Comisión Investigadora del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, que se podría haber evitado si, como nosotros venimos insistiendo hace 2 años con el Ministerio de Salud, se hubiesen creado los protocolos y se hubiese definido integralmente una ley de salud trans”, apuntó Jiménez.
Oyarzún compartió la opinión afirmando que “ha habido buenas intenciones, pero la ejecución ha sido deficiente según lo que necesitábamos las comunidades”. “Por ejemplo, esperábamos que en este gobierno a través del reciente CENSO, se establecieran mecanismos para efectuar preguntas que fueran acordes, preguntar sobre orientación sexual e identidad de género, pero lo que hizo el INE fue omitir todas las recomendaciones de la sociedad civil: dejó fuera del CENSO a personas homosexuales, a personas trans menores de 18 años, se omitieron a personas de orientaciones sexuales diversas. Hubo un montón de errores”.
Jiménez se sumó a las palabras de la directora de OTD: “Precisamente esa falta de datos desde el Estado es una muestra concreta de que no ha habido políticas públicas efectivas, porque sin datos no puedes hacerlas. Si no tienes clara a cuánta población va dirigida una política pública, evidentemente no va a tener efectividad. Entonces esto muestra la inactividad y omisión del Estado respecto a temáticas tan importantes para nuestras comunidades como lo son los derechos fundamentales”.
Sin embargo, aclaró que las críticas a la eficiencia del actual gobierno no han impedido poder colaborar activamente con los partidos oficialistas.
“Nosotros en este periodo hemos decidido dar vuelta a la página, para con el gobierno establecer una relación más dialogante, porque la amenaza de la ultra derecha es de tal magnitud que aquí necesitamos la unidad de todos los demócratas”, concluyó.
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