El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación penal contra el notario Gabriel Guerrero González, quien —tal como reveló BBCL Investiga— enfrenta, a lo menos, dos sumarios en la Corte de Apelaciones de Talca por adeudar cotizaciones y pagar los sueldos de sus trabajadores “en cuotas”.
Según fuentes de este medio, la indagatoria contra el fedatario titular de la Séptima Notaría de la capital del Maule se abrió luego de que el propio tribunal de alzada derivara antecedentes al órgano persecutor para perseguir penalmente a Guerrero.
Los nuevos antecedentes contenidos en el expediente administrativo —que hoy revela BBCL Investiga—, exponen que Guerrero tampoco pagó el arancel ni remitió al Registro Civil las transferencias de vehículos motorizados durante más de un año. Esto se suma a lo publicado en un artículo previo de la Unidad de Investigación de Bío Bío, donde se reveló que su desorden financiero acumulaba deudas de arriendo, gastos comunes y créditos bancarios.
El cómputo final de su morosidad llegó a más de $760 millones.
La nueva deuda
Los hechos derivaron en la apertura de un cuaderno de remoción contra Guerrero y en su suspensión. La propia Corte de Apelaciones de Talca ordenó esto último tras ver el actuar del notario. Fue el fiscal judicial de la Corte, Óscar Lorca, quien descubrió que Guerrero no pagó las cotizaciones e imposiciones de sus trabajadores durante todo un año.
También fue él, quien en su informe final se percató que durante 2023, y los primeros dos meses de 2024, el funcionario no pagó el arancel por las transferencias de vehículos motorizados que ingresaban a la notaria. Por si fuera poco, tampoco remitía los antecedentes al Registro Civil, entidad que formaliza el traspaso de un auto a otro dueño.
“Menoscabo evidente”
Así las cosas, la causa penal fue derivada a la Fiscalía Local de Talca, donde se le indaga por apropiación y distracción de cotizaciones. Todo ello, en relación con el hecho de no pagarle a sus 15 trabajadores las cotizaciones e imposiciones. Sólo esa deuda sumaba más de $40 millones de pesos.
Esta situación significó para sus trabajadores un “menoscabo evidente”. Ellos mismos lo catalogan así y el tribunal también. De partida, porque no pueden solicitar créditos ni postular a subsidios. Tampoco pueden acceder a atenciones de salud. Todo —apunta la Corte— por culpa de la mala administración de Guerrero:
“Afectó gravemente los derechos laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores, además de la fe pública, prestigio e imagen del Poder Judicial, al existir un ministro de fe que mantiene deudas superiores a sus ingresos”.
Pese a todos los gastos impagos que tiene, información contenida en el expediente en su contra revela que sus ingresos durante 2023 fueron, en promedio, más de $40 millones mensuales. Es decir, $484 millones anuales.