Superintendencia de Seguridad Social niega información sobre médicos imputados por licencias falsas

Tras repetidas solicitudes de transparencia, la Superintendencia de Seguridad Social (Suceso) ha negado entregar información respecto del grupo de médicos imputado por el fraude de licencias médicas más grande de Chile.

Los protagonistas son un puñado de galenos colombianos que arribaron a Chile para concretar un esquema de defraudación que superó los $26 mil millones de pesos. Todo se enmarca en el entramado delictual que comenzó en 2020, cuando Samir Rivaldo Hernández y su pareja Yesica Donado Alvis —líderes de la organización, según la indagatoria— montaron un negocio de licencias ideológicamente falsas que se extendió por dos años.

Pero la Fiscalía Metropolitana Oriente les siguió el paso y fueron formalizados a fines de 2022. La acusación que armó el Ministerio Público logró condenar a 12 profesionales parte de la trama delictual. Muchos de ellos cumplirán su pena en libertad vigilada, mientras que tres de ellos fueron expulsados del país.

En ese contexto, BBCL Investiga solicitó en dos oportunidades el número de licencias médicas autorizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, durante 2023 y 2024, respecto de más de 50 profesionales de la salud que formaron parte de la indagatoria.

Aquello podría dar eventuales luces de que el sistema siguió pagando licencias asociadas a los protagonistas de la investigación, pese a que ya había quedado en evidencia el sistema de venta orquestado bajo un esquema de “centros médicos” que nunca tuvieron sede física y sólo existían en el papel.

Sin embargo, la fiscal de la Suceso Patricia Soto Altamirano —mediante oficio— simplemente respondió “que no dispone en sus bases de datos” dicha información y tampoco cuentan con un filtro que permita identificar “los nombres de los médicos emisores de las respectivas licencias médicas apeladas”.

Todo ello, pese a que el requerimiento de este medio nunca solicitó incluir datos personales de los receptores, una razón por la que frecuentemente los servicios públicos niegan acceso a este tipo de información sensible.

Según dijo en su contestación el servicio liderado por Pamela Gana Cornejo, el sistema sólo considera el folio de los documentos reclamados y la identificación de los trabajadores o las entidades empleadoras.

Modernización digital destacada por el BID

En su respuesta, la Suceso destacó también la implementación, desde 2019, de un sistema de
Procedimiento Administrativo Electrónico (PAE) que permite simplificar los trámites requeridos por la ciudadanía.

Dicho proceso de modernización digital incluso les valió el reconocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021, pues aquello les permitió “enfrentar de buena forma la pandemia, manteniendo plena continuidad operacional en modalidad a trabajo a distancia”.

Pese a ello, aseguran que supuestamente cuentan con limitaciones para responder a la petición de BBCL Investiga: “No es posible asociar los nombres de los médicos que han emitido las licencias médicas que se han reclamado ante esta Superintendencia, dado que las mismas se asocian al RUT de los trabajadores o trabajadoras que realizan presentaciones, apelaciones o reclamaciones ante este Servicio, o eventualmente, de las entidades empleadoras o de las instituciones de seguridad, tales como las COMPIN o las Isapres”, remarcaron en su respuesta.

Funcionarios públicos en la mira

La trama volvió al ojo público luego que BBCL Investiga diera a conocer que miles de funcionarios públicos figuran en el listado de clientes de los médicos detrás del fraude. En la nómina se repite un grupo de 10 galenos colombianos perseguidos por vender licencias a quienes se lo requirieran sin ningún examen previo.

Dicha situación redundó en que instituciones sensibles para el Estado terminaran dándole descanso a funcionarios sin que se sepa si eran ideológicamente falsas o no.

El asunto golpea principalmente a entidades clave en el andamiaje del Ministerio de Educación, como Fundación Integra, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y varios servicios de educación pública (SLEP). También figuran otras de vital importancia para el Ministerio de Salud, como la Subsecretaría de Salud Pública, servicios de salud y un sinnúmero de hospitales.

La nómina también la engrosan decenas trabajadores de las municipalidades y sus respectivas corporaciones edilicias. Irónicamente, en menor medida, aparecen incluso funcionarios de Fonasa —organismo que paga las licencias— y Fiscalía, entidad que precisamente investiga este tipo de irregularidades.

Dichos antecedentes llevaron a las principales entidades apuntadas a tomar medidas. Tal como hizo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien anunció que los implicados —según corresponda— serán objeto de un sumario.