Ante el caos que ha generado el no pago de honorarios por 11 meses a funcionarios clave para la evaluación de las pensiones de invalidez, la Superintendencia de Pensiones (SP) ha puesto presión sobre los responsables para que la deuda se termine de saldar lo antes posible.
De acuerdo a un reporte de la institución al que tuvo acceso BBCL Investiga, hasta el pasado lunes la Fundación de Administración de Comisiones Médicas —entidad encargada de los pagos— contabilizó un retraso en 21 mil documentos, los cuales suman un total de $8.100 millones.
Todo por culpa de deficiencias de la fundación, especialmente en los sistemas informáticos que soportaban el proceso de pago y en los controles de dicho proceso.
Según lo recogido por la SP, a la fecha se han pagado más de $2.759 millones y se encuentran en proceso de validación bancaria pagos por otros $2.893 millones, lo que da un total de pagos de $5.653 millones, equivalentes a un 69,4% del total de los documentos en proceso de regularización.
No obstante, siguen pendientes unos 8 mil documentos (30,6%). Es decir, $2.498 millones. Respecto a ellos no ha sido exitoso el proceso de validación con los nuevos sistemas implementados, “de manera que para cumplir a la brevedad con los pagos se está efectuando un proceso manual de recuperación y validación de la documentación”, explicó la superintendencia.
Interconsultores a la deriva
La crítica situación afecta a los interconsultores, especialistas a los cuales recurren las comisiones médicas para realizar peritajes o exámenes, quienes no han recibido sus respectivos honorarios desde octubre de 2023.
En la práctica, se trata de funcionarios clave para la evaluación de quienes deciden tramitar una pensión de invalidez.
Dicha problemática ha tocado a una gran cantidad de profesionales desde Arica a Magallanes: médicos, psicólogos, asistentes sociales y laboratorios, quienes prestan sus servicios a las comisiones médicas que están presentes en todo el país.
A esta fecha, en el Registro Nacional de Interconsultores (RIC) están inscritos 720 médicos (principalmente especialistas), 206 instituciones (laboratorios clínicos, centros de imagenología y de otras especialidades), 120 trabajadores sociales y 63 psicólogos.
Por un lado, los médicos de las comisiones médicas reciben sus honorarios directamente desde la Superintendencia de Pensiones. Ellos determinan la invalidez de personas que se buscan pensionarse por adelantado como consecuencia de alguna enfermedad que les impide su capacidad de trabajo.
No obstante, basan sus decisiones en los análisis realizados por los interconsultores. Y el trabajo de este grupo no depende del Estado, sino de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM), que desde agosto pasado es liderada por su director ejecutivo Jorge Jorquera Crisosto. Se trata de una entidad privada que fue creada en 2018 para gestionar la red de locales donde se realizan las evaluaciones. Básicamente se financia con dinero de las AFP, aseguradoras y el Instituto de Previsión Social (IPS).
Al 31 de agosto de 2024, las prestaciones realizadas por los interconsultores equivalen a 98.690 consultas médicas de especialidad y 278.371 exámenes (de laboratorio, imagenología y otros procedimientos). Es decir, un total de 327.423 prestaciones de salud. A lo anterior se agregan 8.031 peritajes socio laborales.
Fiscalización de la Superintendencia
A la fecha, en medio de la extensa problemática, la SP ha fiscalizado a todos los actores del sistema para agilizar el proceso manual de recuperación y validación de la documentación que se encuentra realizando la FACM para la regularización y pago de aquello que se encuentra pendiente
Asimismo, señalaron que también están fiscalizando las mejoras para responder a cabalidad con las nuevas obligaciones con los prestadores.
En ese sentido, también realizaron fiscalizaciones para verificar que se dispongan los recursos financieros que permitan pagar las prestaciones pendientes en la medida que se vayan recibiendo y validando los documentos.
Adicionalmente, la Superintendencia enfatizó que han fiscalizado el proceso de regularización de pagos, el proceso de conciliación de documentos, el proceso de gestión de recursos financieros y el proceso de conciliación de documentos.
La situación ya había generado preocupación incluso en el Congreso, luego que en la Comisión de Trabajo del Senado los parlamentarios Alejandra Sepúlveda (IND) y Rodrigo Galilea (RN) reportaran decenas de casos en sus circunscripciones. Por esa razón, en la sesión de este miércoles, agendada para las 12:30 horas, la Superintendencia entregará explicaciones por lo sucedido, previo a una nueva jornada de discusión de la reforma de pensiones.
