Fiscalía pide desafuero de gobernador de Ñuble para formalizarlo en causa por cohecho

El Ministerio Público solicitó el desafuero del gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo (Partido Socialista).

De acuerdo a información recabada por BBCL Investiga, al servidor público se le indaga en una causa por cohecho. Una primera querella presentada en su contra lo apunta por haber otorgado subsidios irregulares a tres familiares directos: su padre, su hermano y su tía. Todo ello pese a que no cumplían con los requisitos y mientras Crisóstomo era el delegado provincial del Serviu en Ñuble.

Según fuentes de este medio, en paralelo a ese cargo, el actual gobernador también dirigía la Inmobiliaria Pullay. Se trata de una empresa —liderada por el jefe regional hasta antes de ser elegido en su actual cargo— que está denunciada por irregularidades en la construcción de viviendas sociales en varias comunas de la zona: San Nicolás, San Fabián, Quirihue, Quillón, entre otras.

Según conocedores de la materia, a dicha compañía se le investiga por realizar cobros improcedentes de dineros provenientes del fisco, en concomitancia con otras dos empresas del rubro, la Constructora Firenze y Asesorías Acoge.

Solicitud de desafuero de Óscar Crisóstomo

La solicitud de desafuero fue ingresada por el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, ante la Corte de Apelaciones de la capital de Ñuble. El mismo tribunal de alzada acogió a tramitación la petición, por lo que solicitó un informe a Crisóstomo con sus descargos, dijo el secretario de la Corte, Gabriel Hernández.

En base a ello y a las alegaciones del Ministerio Público, la justicia deberá zanjar el futuro judicial del gobernador. Se espera que el Poder Judicial fije una audiencia pública para la segunda quincena de septiembre.

Crisóstomo fue notificado esta mañana en dependencias del GORE.

La causa actualmente se encuentra en calidad de reservada.

Gobernador bajo la lupa

Esta, en todo caso, no es la única investigación que se sigue contra Crisóstomo. Sin ir más lejos, en abril de este año, el Ministerio Público incautó el teléfono celular del gobernador en el marco de la (aún desformalizada) arista ProCultura.

Precisamente, el Gobierno Regional de Ñuble le asignó de manera directa un convenio por más de $260 millones a la fundación del psiquiatra Alberto Larraín.

El procedimiento incluyó el allanamiento del organismo para incautar diversas evidencias que estaban en poder de funcionarios de esa repartición pública.

Se espera que esta jornada el Gobierno Regional emita una declaración pública.