Para el viernes 23 de agosto pasado, a las 11:00 horas en sala 902 del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, estaba fijada una audiencia reservada para discutir el levantamiento total o parcial del secreto de la investigación que lidera el fiscal regional Héctor Barros, de la Fiscalía Metropolitana Sur, en el caso del secuestro con homicidio del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
El acceso a la carpeta investigativa es una solicitud que ha hecho recurrentemente Juan Carlos Manríquez, el abogado de la familia del teniente en retiro. Sin embargo, dicha audiencia se suspendió. Fuentes cercanas al caso explicaron a Radio Bío Bío que ello se debió a que existen avances en la causa.
De hecho, la investigación contra el menor de edad de iniciales A.C., por prestar “cobertura” en el secuestro de Ojeda –y que está en internación provisoria desde el 4 de marzo–, fue reformalizada para precisar ciertos hechos, y la pesquisa fue cerrada el 27 de agosto.
En el mismo contexto, la acusación está contemplada para el próximo viernes 6 de septiembre, y para cerca de un mes después, el miércoles 1 de octubre, se fijó audiencia de juicio abreviado para el menor de edad, regulada en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal (CPP).
Radio Bío Bío pudo conocer que existiría un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa de A.C. para que éste acepte y manifieste su conformidad con los hechos, según establece la legislación del CPP (lo que no significa admitir la responsabilidad del delito).
Con esto, el menor de edad sería condenado por el delito consumado de secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, castigado en el artículo 141 inciso 5° del Código Penal, pero tendría a su favor dos circunstancias atenuantes: las de los numerales 6 (irreprochable conducta anterior) y 9 (colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos) del artículo 11 del mismo cuerpo legal.
Sobre esta base, A.C. tendría una condena de 5 años, que la cumpliría en internación por dos años y medio, y lo restante en libertad asistida, según lo regulado por la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente.
Una alternativa razonable para la madre del menor de edad, dicen conocedores del caso, quien teme constantemente por la seguridad y vida de su hijo, luego de haberse involucrado en el crimen.
La extradición pendiente
Todo esto, mientras sigue pendiente la extradición de Maickel Villegas Rodríguez, el ciudadano venezolano también imputado por prestar “cobertura” en el secuestro de Ronald Ojeda, y quien fue detenido en la frontera de Costa Rica el viernes 12 de julio, luego de intentar ingresar de forma ilegal desde Panamá.
Ese mismo día se le formalizó en ausencia, ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, para efectos de su detención previa y posterior extradición, lo que fue concedido por la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el 17 de julio.
Visto que no existe tratado bilateral de extradición entre Chile y Costa Rica, se aplica la legislación de este último país sobre la materia, que corresponde a la Ley 5.991 de 1976. El artículo 9 letra b) establece que mientras se tramita su extradición, Villegas Rodríguez puede estar detenido hasta por un máximo de dos meses.
Según fuentes que conocen el caso, la extradición se debiese concretar pronto, al filo del vencimiento del plazo, pues la detención fue decretada el 12 de julio y la Cancillería chilena solicitó formalmente la extradición el 22 del mismo mes.
Nuestro país ya tuvo una mala experiencia reciente: el de Frances Mary Shannon, la ciudadana de nacionalidad irlandesa involucrada en la “fuga del siglo” de reos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago en 1996, quien quedó en libertad luego de que Chile solicitara fuera del plazo su extradición activa a Croacia, lugar donde estaba detenida (hecho que motivó la apertura de un sumario al interior de la Corte Suprema).
La “cobertura” de Villegas Rodríguez y el menor de edad
Según relató el Ministerio Público en la audiencia de formalización en ausencia de Villegas Rodríguez, y que fue consignado por la sentencia del 17 de julio de la Corte de Apelaciones de Santiago a la que accedió Radio Bío Bío, él y el menor de edad A.C. “montaron un punto de vigilancia con la finalidad de prestar cobertura y asegurar el resultado” del secuestro de Ronald Ojeda, “permaneciendo en las cercanías del domicilio” ubicado en “calle El Molino 1755 de la comuna de Independencia, a bordo del vehículo Chevrolet Sail PPU RZVD-43 de color blanco”.
Una vez secuestrado Ojeda, quien fue transportado en el “Nissan Versa PPU LWVD-14, de color gris con baliza de color azul y caracterizado como falsos funcionarios de la PDI” –y en el que estaba abordo otro de los identificados, hoy prófugo, Walter Rodríguez Pérez–, tanto Villegas Rodríguez como A.C. se trasladaron en el Chervolet Sail “hasta el kilómetro 20 de la autopista Costanera Norte, comuna de Renca”. Allí y “como estaba planificado”, concurrió un “tercer vehículo que corresponde a un Hyundai i10 PPU SWSJ-44, al que también sube otro de los falsos policías”.
Otros tres sujetos identificados igualmente como falsos policías “suben al vehículo en que los esperaban los imputados Maickel Villegas Rodríguez y A.C., quienes los trasladaron, asegurándose que pudieran huir del lugar y evitar la detención, junto al vehículo Hyundai i10 en dirección sur por avenida General Velásquez (sic)”.
De acuerdo con la información que se maneja hasta el momento, Villegas Rodríguez tomó una fotografía de Ronald Ojeda para dejar constancia del éxito del secuestro. A quién envió la imagen es todavía una incógnita.
Diligencias rechazadas
Fuentes cercanas al caso señalaron a Radio Bío Bío que las solicitudes de diligencias de la familia Ojeda no han sido acogidas. La viuda pide un nuevo examen de ADN de los cabellos hallados en las manos de Ronald Ojeda y enviar al FBI la tercera huella levantada en evidencias.
Según la familia, ese rastro podría ser de un alto agente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), que se infiltró en Chile con información precisa que le habría facilitado la planificación y ejecución del crimen.
Según el fiscal regional a cargo del caso, Héctor Barros, existe un móvil político detrás del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda, en el que participaron personas relacionadas con el Tren de Aragua y que habría sido planificado desde Venezuela. A la fecha, el Ministerio Público no ha informado nuevos identificados del caso.
Refugio en Argentina
Tal como lo publicó en exclusiva Radio Bío Bío, Josmarghy Castillo y Mayra Ojeda, viuda y hermana del venezolano asesinado, solicitaron refugio al gobierno del Presidente de Argentina, Javier Milei, argumentando ser objeto de amenazas, riesgos e inseguridades en nuestro país.
Hasta el momento, fuentes entendidas con el caso reiteraron que el refugio ya fue concedido por el Ejecutivo trasandino, a la espera de algunos trámites internos para que la familia se instale definitivamente al otro lado de la cordillera.
