Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este miércoles su Informe Final N° 247, de 2024, que confirmó una serie de irregularidades en convenios entre una serie de municipios y la Fundación Daya, creada por la hoy diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y su cónyuge Nicolás Dormal.
Tal como reveló en junio pasado BBCL Investiga, dicha fundación percibió casi 380 millones de pesos —provenientes de las arcas públicas— a cambio de dotar a 14 municipios de un fármaco a base de cannabis. ¿El problema? El ente fiscalizador detectó que sólo dos comunas recibieron la totalidad de las dosis comprometidas. Otro par obtuvo un número menor a lo acordado y 11 se quedaron, simplemente, con las manos vacías.
Entre los hallazgos destacó también que el laboratorio involucrado en la elaboración del fitofármaco en cuestión no contaba con permiso del Instituto de Salud Pública (ISP).
La investigación al “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”, comenzó luego que la Contraloría recibiera dos denuncias por un posible incumplimiento en las rendiciones de cuentas de la organización.
Dicha indagatoria auditó los convenios que se suscribieron entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla.
En simple, mediante dichos acuerdos, los municipios financiarían en forma conjunta los costos de la iniciativa. Aquí figuran la infraestructura, materiales, equipamiento, insumos, cultivo, recursos humanos, gastos generales y elaboración del medicamento.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. Además, los resultados de la investigación también serán puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado para los fines que en derecho correspondan.
Incumplimiento de convenios
Uno de los hallazgos de la auditoría reveló que, si bien los convenios y las transferencias de recursos a la Fundación se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se tuvo la certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del ISP, la que se obtuvo en 2018 para la elaboración provisional de 7.200 dosis.
También se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y 2 obtuvieron solo una parte de las dosis. No obstante, algunos de los municipios afectados no dieron cuenta de haber exigido el cumplimiento íntegro de los convenios o, en su defecto, la restitución de los recursos transferidos a la Fundación Daya ante el incumplimiento del objetivo. De paso, tampoco ejecutaron acciones judiciales al respecto.
La CGR comprobó, además, incumplimientos por parte de algunos gobiernos locales respecto de las rendiciones de cuentas. Por ejemplo, no exigirlas a la Fundación con la periodicidad establecida en la normativa; no requerir los comprobantes de ingreso y egreso de los recursos recibidos por la Fundación y los gastos realizados; y no contar con los respaldos de los gastos rendidos.
A ello, se sumó la inexistencia y/o duplicidad de rendiciones en el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.
Además, las dosis producidas no estaban destinadas sólo al proyecto de Daya con las municipalidades, lo que implicó que las dosis no alcanzaran para cubrir lo establecido en los acuerdos, correspondiente al tratamiento para 2.300 pacientes por un año.
Los sueldos y la explicación de Fundación Daya
En la indagatoria salieron a la luz además los sueldos que recibieron Gazmuri y su esposo Nicolás Dormal. Ella en diciembre de 2015 cobró más de $2,2 millones. Él, en tanto, ese mismo mes percibió $1,7 millones. En marzo del año siguiente su liquidación aumentó a $2,3 millones.
Sobre este punto, desde Fundación Daya remarcaron a este medio que durante los meses que recibieron remuneraciones “ambos trabajaron con dedicación exclusiva para la fundación, siendo este proyecto la principal actividad de la organización en ese momento”. “Ambos estuvieron a cargo de su diseño previo, gestión y ejecución”, subrayaron en su momento.
En esa línea, afirmaron que “Nicolás Dormal es contratado el 1 de diciembre de 2015 por Fundación Daya para hacerse cargo de las operaciones del proyecto, renunciando a su trabajo previo, por el cual percibía un sueldo de casi el doble que lo que percibió en la fundación”.
En total, explicaron desde la fundación, Nicolás recibió 11 meses de sueldo y la actual diputada Gazmuri, 9 meses. De hecho, esta última renunció al cargo de presidenta de la organización y fue contratada como directora ejecutiva de la misma desde el 1 de noviembre de 2015 para hacerse cargo del proyecto.
Sobre las razones que llevaron a que la mayoría de los municipios no recibieran las dosis comprometidas, la respuesta de Fundación Daya apuntó a que, entre otras cosas, los municipios muchas veces no generaron “las condiciones” para la implementación del programa.
“Nos cuesta comprender la falta de gestión de algunos municipios, dado que se lograron todos los hitos necesarios, generándose las condiciones para que cada municipio implementara el programa de entrega de los tratamientos”, afirmaron.
Y añadieron que “este proyecto no fue una externalización de un servicio, sino que era un proyecto colaborativo de innovación que requería que ambas partes realizaran todas las acciones que estuviesen a su alcance para el éxito del mismo”.
Sea como sea, fuentes consultadas por este medio al interior de distintos municipios implicados apuntan a que ante la ausencia del medicamento, la organización entregó casi siempre respuestas evasivas. Incluso, fuera de micrófono, desde una de las casas edilicias que transfirió más de $30 millones sin recibir nada a cambio afirman que la sensación que hay es que fueron “víctimas de una estafa”.
